jueves, 2 de febrero de 2012

Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del Yak-42 contra el criterio del fiscal

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la investigación que instruía contra la cúpula militar del exministro de Defensa, el cartagenero Federico Trillo sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán. 

  El magistrado, que ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, reconoce en un auto hecho público este jueves "la gravedad de los hechos" investigados pero especifica que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuye a la "falta de preparación" de la tripulación.
   Tras apuntar que en la Audiencia Nacional sólo se ha investigado la presunta actividad delictiva de los imputados, "nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", Marlaska señala que no cabe atribuir a estos "una acción concreta omitida, intencional o imprudente relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral".
   El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.
   También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
   Tras señalar que ninguno de ellos "hubiese podido evitar el resultado" del vuelo siniestrado, el juez concluye que la causa del accidente no fue la adjudicación de esta operación a Namsa, su posterior subcontratación al broker Chapman Freeborn, "avalado por 30 años de experiencia en la aviación y en concreto en servicios en la zona",  ni la atribución del vuelo a la compañía ucraniana UM Air, propietaria del aparato.
  "La problemática del movimiento de tropas y su avituallamiento, encuadrado en el ámbito de la OTAN no puede estimarse generador de un riesgo añadido al que de por sí ya lleva cualquier operación militar en un escenario conflictivo", argumenta.
  En relación con las causas del desastre aéreo, el auto recoge las conclusiones del informe pericial elaborado por la Comisión Internacional de Investigación que analizó el siniestro para sostener que "no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave" las que lo provocaron sino "la preparación concreta de la tripulación".
  El magistrado indica, de hecho, que el avión se encontraba "en perfectas condiciones técnicas" y había pasado todos los controles de mantenimiento. "Era apto para volar", agrega antes de añadir que "disponía de combustible suficiente".
   En cuanto a la capacidad de los tripulantes, Marlaska refleja en el auto que estos "no habían recibido entrenamientos adecuados" y adolecían de "coordinación e ideas".
  "No consta que ninguno de los pilotos hubiera aterrizado previamente en el aeropuerto de Trabzon, caracterizado por una orografía montañosa", destaca el juez para añadir a continuación que carecían de "programas de formación" y se encontraba en una situación de "estrés y cansancio" que les llevó a perder la situación espacial.
   El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. El tribunal condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas. Las penas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Golpe moral

El presidente de la Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha calificado de "golpe moral" y "jarro de agua fría" el archivo de la causa judicial que se seguía en la Audiencia Nacional por la contratación del aparato, y ha anunciado que los allegados recurrirán el auto del juez Fernando Grande-Marlaska "con todas las fuerzas".
    Sencianes se ha preguntado cómo el juez ha decretado el sobreseimiento de la causa, en la que estaban imputados seis miembros de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo, si la Fiscalía apuntaba en su informe que todos ellos habían incurrido en "una conducta omisiva en la contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del aparato".
   "Vamos a luchar por la memoria de los nuestros porque murieron inútilmente, su muerte era evitable", ha señalado Sencianes antes de mostrarse "absolutamente convencido" de que los altos mandos militares tenían "dominio pleno" para haber podido evitar el accidente.
   Tras recordar que Grande-Marlaska también archivó la causa por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos y la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla, el portavoz de la asociación de familiares de las víctimas ha indicado su intención de "continuar luchando para que prevalezca la verdad y la honestidad".
   En este contexto, ha recordado que antes de que se produjera el accidente los militares denunciaron su "miedo a volar" en un aparato que calificaron de "tartana o chatarra", en el que "la carga no iba anclada o los pilotos bebían vodka durante el vuelo".
"Ese aparato nunca debió volar", ha concluido.

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