martes, 14 de febrero de 2012

De Ramón pide al Banco de España otra investigación sobre el Banco de Valencia

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha enviado hoy un escrito al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acerca de la comunicación  y traslado a la autoridad judicial (Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional) de los expedientes disciplinarios abiertos contra directivos y consejo de administración de la CAM por los presuntos delitos penales que podrían derivarse; solicitando, en consecuencia, que se identifiquen los criterios de selección, mérito y capacidad para la designación de los miembros de la dirección, control y empleados de la Obra Social y que se abra otra investigación, en iguales términos, respecto a los directivos del Banco de Valencia.

En el documento, el letrado murciano insiste en que la responsabilidad del hundimiento de la CAM debe extenderse a los máximos responsables políticos, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el expresidente de Valencia, Francisco Camps.
En su escrito, el abogado pide al organismo supervisor que traslade "todas las actuaciones" realizadas contra los directivos de la CAM desde 2008 al Juzgado de Intrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, que tramita una querella contra ellos desde el pasado mes de noviembre.
  De Ramón indica en su escrito que de los 49 expedientes sancionadores abiertos contra la cúpula y los miembros del consejo de administración y control de la CAM se derivan "graves irregularidades" que ocasionaron pérdidas de 2.713 millones de euros, entre las que se encuentran la concesión de 1.687 millones de euros en créditos sin garantías.
El letrado advierte al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al director general de Supervisión, Jerónimo Martínez, que, como funcionarios públicos, están obligados por ley a denunciar ante la Justicia los presuntos hechos delictivos derivados de sus investigaciones. 
El abogado recuerda que los directivos de la entidad intervenida por el Banco de España incurrieron en una presunta estafa al comunicar beneficios cuando presentaban pérdidas de 2.713 millones de euros al cierre de 2011. El querellante recuerda que "de haber dicho la verdad" los clientes de la caja no habrían invertido su dinero en las cuotas participativas, que ahora carecen de valor.
Además, considera que incurrieron en un presunto delito de falsedad documental al no reflejar las pérdidas en los informes de cuentas presentados ante el Banco de España, así como en un presunto delito societario al ocultar estos resultados a parte de los órganos constitutivos de la CAM.
Por otro lado, en el escrito se acusa a los antiguos directivos de la entidad de presunto abuso de poder y apropiación indebida por los sueldos millonarios y las pensiones vitalicias que se otorgaron.
El abogado considera, finalmente, que se produjo dejación de funciones en el control de la CAM por parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Instituto de Finanzas Valenciano y la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana. 
De Ramón pide al Banco de España que, en consecuencia, solicite al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. que llame a declarar a la ex directora general, María Dolores Amorós, así como al entonces presidente, Modesto Crespo, y al resto de miembros del consejo de administración de la Caja.
 

1 comentario:

Anónimo dijo...

A ver si éste iluminado se deja de zarandajas y pregunta por las prácticas heterodoxas de los que fue Cajamurcia. La policía pueden quedarse asustados,son no lo están ya.