CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros en 2012 imponiendo tasas a las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad y las familias numerosas, mientras que "se niega a implantar el Impuesto de Patrimonio a los ricos", que supondría "21 millones de euros de ingresos a las arcas regionales".
En una rueda de prensa, Rosique ha tachado esta política de la Comunidad como "indecente" y recordado que ya pidieron la eliminación de estas tasas en el debate parlamentario presentando enmiendas. Comoquiera fueron rechazadas por el PP, la portavoz socialista ha anunciado que el PSOE ha presentado una moción este mismo jueves en la Asamblea Regional para exigir su eliminación.
Además, Rosique ha señalado que el PSOE va a utilizar el cauce que posibilita el reglamento de la Asamblea Regional para intentar que esta moción se pueda tramitar con carácter de urgencia, con lo que la Junta de Portavoces tendrá que pronunciarse al respecto.
Rosique ha recordado que la Ley de Acompañamiento, que fue aprobada en la Asamblea Regional con los votos mayoritarios del PP, fijaba tres tasas que afectan a los colectivos "más vulnerables" de la Comunidad Autónoma, como los dependientes, las personas con discapacidad y las familias numerosas.
Así, la tasa por expedición y renovación del título de familia numerosa "hay que pagarla cuando pidas la expedición del título y certificado del mismo". En concreto, este gravamen oscila entre los 25 euros si la categoría es especial o los 15 euros si es una categoría general.
Igualmente, ha reprochado que el Gobierno regional cobra diez euros por la renovación del título de familia numerosa, y pide cuatro euros por solicitar un duplicado.
La tasa por solicitud del reconocimiento y revisión del grado de dependencia, solo por su solicitud y acogerse a la Ley, cuesta 30 euros. Mientras que las tasas planteadas para el reconocimiento, revisión o certificación del grado de discapacidad oscila entre los 20 euros para la solicitud de reconocimiento, 20 euros para la petición de renovación y diez euros para la certificación.
Retegui ha insistido en que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros por estas tasas, tal y como consta en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
A su juicio, el Gobierno regional "tiene a la Comunidad Autónoma sumida en prácticamente una quiebra financiera y cree que metiendo la mano en el bolsillo de las personas con discapacidad, de las personas en situación de dependencia y de las familias numerosas va a resolver la irresponsable y grave situación a la que nos ha llevado la política del presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno".
Sin embargo, Rosique reprocha que la Administración regional "se niega a aplicar el Impuesto de Patrimonio, que supondría una recaudación para las arcas públicas ni más ni menos que de 21 millones de euros". Asimismo, recuerda que el Gobierno regional puede recurrir a otras figuras fiscales que el PSOE propuso en sus enmiendas como las "tasas a las grandes superficies y entidades financieras, entre otras".
Precisamente, ha recordado que el Impuesto de Patrimonio ya está siendo aplicado por otras comunidades, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, que se "oponía abiertamente a su aprobación pero que ahora ha tirado de él para conseguir una recaudación".
Para la diputada socialista "resulta inaceptable por indecente que el Gobierno regional demuestre tan desmedido afán recaudatorio hacia los colectivos más vulnerables, metiendo la mano en sus bolsillos para recaudar 735.800 euros, mientras se niega a aplicar en la Región el Impuesto de Patrimonio a los ricos que supondría 21 millones de euros de ingresos para las arcas regionales".
Más allá de las cuantías económicas, esta política "dice mucho del talante y de la ideología, de la insolidaridad y del carácter injusto de las políticas que el presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno tienen en la Comunidad de Murcia", ha añadido.
Cabe recordar que estas tasas también han merecido la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que las ha calificado como "injustas", además de considerar que "no se ajustan a la legalidad fiscal y por lo tanto son contrarias a la legislación tributaria básica".
El PSOE considera que estas tasas "incumplen la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que en su artículo 39.4 dice textualmente: "En todo caso, tendrán el carácter de gratuito los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía".
Rosique ha recordado que se trata de un punto que "sigue en vigor, ya que en ningún apartado de la Ley de Acompañamiento aprobada por el PP se dice que queda derogado". Por tanto, el PSOE se suma a la denuncia del CERMI, al considerar que "no cumple la legislación general básica", y añade que tampoco cumple la Ley de Servicios Sociales que "establece la gratuidad de estas solicitudes".
A su juicio, no tiene "ni pies ni cabeza que, para solicitar un derecho que establece la Ley, tenga que pagar simplemente por el hecho de acogerse al mismo, máxime cuando se trata de colectivos tan vulnerables".
Rosique ha recordado que los colectivos afectados "necesitan un sobrecoste para hacer frente a sus necesidades diarias, y precisan más recursos que una persona que no se encuentre en la situación en la que se encuentran estas personas".
Por tanto, defiende que lo que necesitan estos colectivos "son ayudas de las administraciones, y no la aplicación de tasas fiscales con un fin recaudatorio, es decir, que metan la mano en sus bolsillos".
Rosique ha mostrado su deseo de que el Gobierno regional "rectifique esta injusticia indecente e inaceptable", y estima que la vía más rápida para lograrlo es la vía institucional y política, mientras que el recurso contencioso-administrativo que se podría presentar "llevaría muchísimo tiempo".
Mientras se resuelve el procedimiento judicial, Rosique recuerda que los colectivos más vulnerables "seguirían pagando las tasas mientras no fuesen anuladas". Por ello apela a la reflexión del Gobierno regional y que corrija este "error".
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