jueves, 26 de enero de 2012

Ecologistas revela la inviabilidad económica de la Marina de Cope tras una sentencia recurrida del TSJRM

MURCIA.- El macroproyecto turístico de Marina de Cope no se hará porque no puede ser rentable, según Ecologistas en Acción, que ha 'traducido' lo que puede suponer en la práctica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de mayo de 2011, que rechaza transformar determinados suelos protegidos para situar sistemas generales (viales y zonas verdes), que de este modo tendrían que construirse sobre la superficie destinada a viviendas. 

Esta sentencia, que estimaba parcialmente el recurso que presentó en 2006 la asociación Prolitoral, supone una merma del 15% en la edificabilidad total del complejo turístico en la costa virgen de Águilas y Lorca, según los cálculos del grupo conservacionista, lo que significa 440.000 metros disponibles menos.

De esta manera, y según un estudio urbanístico y legal de Ecologistas en Acción, la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope solo podría albergar 4.000 de las 9.000 viviendas previstas. «Se trata de una sentencia de muerte para la rentabilidad y la viabilidad económica del conjunto de la operación», señalaron. 
 
Es un «varapalo para las expectativas de edificación» y «la puntilla» al proyecto, según Pedro Luengo, coordinador del grupo ecologista, quien asegura que es el «hundimiento del macro-proyecto» y entiende la «retirada de Caja Murcia» como inversor porque «esto supone un mala inversión para cualquier promotor que pretenda obtener ganancias».
 
El proyecto urbanístico, que pretendía edificar 9.000 viviendas y más de 20.000 plazas hoteleras en 21 millones de metros cuadardos de costa virgen entre Lorca y Águilas, se verá así sensiblemente mermado con esa sentencia judicial.
El fallo judicial declara la nulidad de los artículos de las Directrices del Litoral de la Región de Murcia en los que se establece «que los nuevos sectores urbanizables colindantes con zonas afectadas por las categorías de Suelo de Protección Paisajística, Suelo de Protección Geomorfológica y Suelo de Protección de Cauces se incluya una parte de ellas como sistemas generales adscritos con el objetivo de su incorporación al patrimonio público de suelo».
 
Esto significa, según Ecologistas, que la modificación realizada en los planes urbanísticos de Lorca y Águilas para permitir la edificación en suelos protegidos ha sido declarada contraria a la propia Ley regional del Suelo.

La demanda fue presentada por Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral –integrado por Ecologistas en Acción, ANSE y Amacora– contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Consorcio Marina de Cope, integrado por el Ejecutivo regional, la Asociación de Propietarios y los ayuntamientos de Lorca y Águilas.

El portavoz de la organización ecologista, Pedro Luengo, y el abogado Eduardo Salazar interpretan que la sentencia confirma la condición de Parque Regional de la Marina de Cope y advierten de que el proyecto, tal y como se quedará con la decisión judicial, «es una sentencia de muerte para rentabilidad, para la viabilidad económica del conjunto de la operación». 
 
Y es que Luengo considera que «la retirada de Caja Murcia del proyecto» y «el fracaso» de la autopista Cartagena-Vera –sus propietarios han asegurado que están al borde de la quiebra– son otros duros varapalos para el proyecto turístico, «porque las expectativas de la venta y especulación de viviendas, como en el resto de proyectos fracasados en toda la Región de Murcia, es la que anima este tipo de iniciativas urbano-turísticas».
 
«Los inversores podrían dejar solas a las autoridades regionales y a los más empecinados propietarios», señala el portavoz de Ecologistas.

La asociación ecologista insiste en las posibilidades que Marina de Cope, espacio de costa virgen, ofrece al «turismo sostenible», al «turismo medioambiental» porque, según asegura Luengo, «tenemos informes de la Universidad de Murcia en los que se pone de manifiesto la puesta en valor de todo el territorio de Marina de Cope como espacio natural», dándole usos «ligados al turismo de naturaleza y al turismo rural», ya que cuenta con «importantísimos valores ambientales, geomorfológicos, paleontológicos y culturales».
 
La Comunidad Autónoma recurrió esta sentencia en el Tribunal Supremo, aunque no se espera una resolución «al menos en dos años», según Eduardo Salazar.

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