MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, ha resaltado la necesidad de que la sociedad en su conjunto "conozca que la justicia genera unos costes" que, en su opinión, tienen que llamar a la reflexión de todos, de cómo se puede hacer, ha dicho, "una mejor justicia, mucho más racional y eficiente".
Por ello, Martínez Moya ha apostado por la introducción de un copago en la Administración de Justicia, pero "no universal, sino racional, según sujetos y materias concretas", considerando oportuno que "se lleve en la segunda instancia, en las fases de recursos, pero también es bueno que se considere en el acceso a la primera instancia".
Martínez Moya ha explicado sobre este asunto que hay que diferenciar quién hace uso de un servicio público, como es la justicia, ya que si se utiliza "para resolver intereses privados, es bueno, conveniente y racional que se considere que la justicia quede compensada económicamente por el servicio que está prestando".
Martínez Moya se ha pronunciado así sobre el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles. Al respecto, el presidente del TSJ de Murcia ha llamado la atención sobre el hecho de que la justicia genere tres clases de costes.
En concreto, genera unos costes directos e indirectos, aunque ha subrayado que lo que "más preocupa" son los costes derivados de un "deficiente" funcionamiento de la justicia.
Y es que, ha advertido, "si la justicia es lenta genera una percepción por parte de la ciudadanía de lentitud o ineficacia". Esos costes, por ejemplo, derivan en que una empresa "no quiera llevar a cabo una instalación de su actividad económica, porque sabe y conoce y tiene prospecciones de que la justicia en España es lenta".
También provoca un "deficiente" funcionamiento de la Administración de Justicia. Es por ello por lo que ha considerado que "es bueno que el ciudadano sepa que la justicia genera unos costes sociales y por eso hay que racionalizar el sistema".
Unos costes que en el caso de una multa de tráfico, el litigio oscila entre los 1.700 y 2.000 euros, aunque hay reclamaciones que conllevan un montante superior; de manera que ha insistido en la necesidad de introducir "parámetros económicos" en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
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