miércoles, 14 de diciembre de 2011

Banco Sabadell dice que la pérdida esperada en la CAM se acerca a 17.000 millones

MADRID.- El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha asegurado que la pérdida esperada en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) "se acerca más a 17.000 millones de euros que a los 5.500 millones" que baraja el Banco de España tras la auditoría de la entidad alicantina realizada para el supervisor por Ernst & Young.

   Guardiola no quiso precisar en mayor medida la pérdida potencial en la caja intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio y adjudicada al Sabadell en subasta competitiva el pasado 7 de diciembre, pero bromeó con que entre dichas cifras está la de 12.000 millones de euros.
   El Banco Sabadell cuenta con un Esquema de Protección de Activos (EPA) sobre una cartera problemática de activos de la CAM por 24.000 millones de euros, entre crédito promotor, suelo, edificios y obra en curso, así como préstamos para compra de vivienda y refinanciaciones, entre otros activos.
   Para cubrir esta pérdida potencial se utilizarán en un primer lugar las provisiones constituidas sobre los activos de la caja alicantina por valor de 3.900 millones de euros. Asimismo, y durante un plazo de diez años, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, asumirá el 80% de dichas pérdidas potenciales, mientras que el 20% restante correspondería a Banco Sabadell.

El juzgado acuerda el cierre del aeropuerto de Ciudad Real durante un año por sus 'ínfimos ingresos'


CIUDAD REAL.- La titular del Juzgado de Primera e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real ha decidido la suspensión de actividades del aeropuerto de Ciudad Real durante un año ante "los ínfimos ingresos" que presenta.

   Según el auto de la juez, los mínimos ingresos "impiden la satisfacción de los acreedores y hace que se incrementen los mismos y también sus deudas".
   Con esta decisión, la juez da respuesta positiva a la petición realizada por los actuales administradores concursales, que unían la petición de cierre a un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), aunque sobre este tema la juez no se pronuncia expresamente.
   Esta decisión se toma después de que la única compañía que operaba en el aeropuerto, Vueling, dejara de hacerlo el pasado mes de octubre y en plena aplicación de un ERE que afecta toda la plantilla.
   El auto, que señala que se mantendrán las labores de mantenimiento de las instalaciones, indica que la decisión temporal de suspensión de actividades se toma "sin perjuicio de ulteriores prórrogas o el alzamiento de las medidas, atendiendo al devenir de los acontecimientos y a las circunstancias que concurran en lo sucesivo".
   El cierre temporal del aeropuerto de Ciudad Real se apoya, según la juez, en el hecho de que, si siguiera activo, "se incrementarían enormemente el importe de los créditos a satisfacer y, en consecuencia, la masa pasiva del concurso de acreedores, teniendo en cuenta la escasa viabilidad económica concurrente en el momento presente".
   El cierre, según se explica, se hará efectivo en el momento en el que se haga la pertinente tramitación administrativa.

Una infraestructura privada

  La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha recordado que el aeropuerto es una infraestructura privada sobre la que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencia.
   A preguntas de los medios después de comparecer en las Cortes regionales, la consejera ha recalcado que "el Gobierno regional ya tomó la decisión que tenía que tomar, que era disolver la sociedad pública que se había creado para promocionar el aeropuerto de Ciudad Real".
   Una sociedad que, según ha apuntado, supuso un gasto de casi cuatro millones de euros y que "no consiguió cumplir su objetivo" de promover la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real.
   Según la responsable regional de Fomento la "preocupación" que el Gobierno regional tiene por el dinero público y por su "buen" empleo determinó que esa sociedad, que sí era de su responsabilidad, "lo que había hecho era, en definitiva, enterrar cuatro millones de euros del contribuyente sin conseguir nada".

Piden en Facebook la vuelta del promotor inmobiliario socialista Juan Luis Martínez, expulsado por las ejecutivas regional y local

CARTAGENA.- Más de 160 personas, agrupaciones socialistas y colectivos sociales, se han agregado en poco menos de 15 días a la página puesta en marcha por simpatizantes y militantes del PSRM-PSOE exigiendo la vuelta del que fuera portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, el promotor inmobiliario Juan Luís Martínez Madrid, expulsado por la Ejecutiva Regional y Local del PSOE, que dirigen Pedro Saura y Antonio Martínez Bernal, respectivamente.

   Hasta 16 agrupaciones locales del PSRM-PSOE, de Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Alquerías, Cieza, Cobatillas, Águilas, Yecla, Jumilla, Lorquí, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Moratalla, Santomera y Villanueva del Segura, se adherido a esta petición, así como el colectivo latino del PSRM y el grupo de Gays, Lesbianas y Transexuales del PSRM-PSOE.
   Asimismo, destacados miembros de la Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE, como la secretaria de Ciudades y Política Municipal, y actual Jefa de la Demarcación de Costas, Paca Baraza, el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández Gomariz, o el secretario de Vivienda y Urbanismo de la CER del PSRM, Alfonso Martínez Baños.
   Del mismo modo, la secretaria de Movimientos Sociales de la Ejecutiva Local de Cartagena, Belén Alcaraz también ha decidido apoyar la vuelta de Juan Luís Martínez, según han informado en comunicado de prensa
   Del mismo modo han querido apoyar esta iniciativa, personas del entorno del delegado del Gobierno, como su  Jefe de Gabinete y destacado miembro de la Ejecutiva Local de la Agrupación de González Tovar, Enrique Ayuso, así como varios concejales como Antonio Peñas, portavoz de las Torres de Cotillas; Choni Ludeña, de Moratalla y Joaquín Menarquez, portavoz del grupo socialista en Los Alcázares.
   Así como José Antonio Mira, portavoz socialista en Santomera; Leo Pérez de Puerto Lumbreras; Alfonso Vera concejal socialista de la Unión; la vicesecretaria general y concejala del consistorio lorquino, Marisol Sánchez Jodar; el secretario general y portavoz del PSOE de Águilas, Ramón Román Díaz; el secretario general y portavoz de Fuente Álamo, Antonio Jesús García Conesa y los concejales de Fortuna Juan Ángel Gomariz y Pepa Olmeda.
   También las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia han manifestado su apoyo al regreso de Juan Luís Martínez al PSOE, así, Juan Ángel Gomariz de Fortuna, actual secretario de organización de las JSRM se ha sumado a la iniciativa, y las agrupaciones de las juventudes de Lorca, Archena, Alcantarilla, Jumilla, Mazarrón y Lorquí.
   Los exdiputados nacionales Antonio García Pagán y Javier Mármol Peñalver, el exdiputado regional Jesús López García, de Caravaca, y exconcejales como Marcos Ros, de Murcia, Paquí Lopez. de Lorca, Paco Díez Torrecillas, de Cartagena y José Espinosa, de San Javier también han querido sumarse a la idea.
   Además, de varios miembros del grupo del manifiesto de militantes y simpatizantes del PSRM-PSOE, como Jesús González, Amelia Corominas, Gabriel García, Antonio Silvente y hasta una decena, que más suscriben la puesta en marcha de esta iniciativa.
   Estos miembros del PSRM destacan, asimismo, el apoyo recibido por el exsecretario general de UGT, Víctor Meseguer; el secretario general de FETE-UGT, Antonio Francisco Fernández y la secretaria de Relaciones Institucionales de UGT regional, Manuela Hernández.
   Esta iniciativa, subrayan, "no va en contra de nadie", sólo pretende fortalecer al PSRM-PSOE incorporando a su estructura a una persona, que tachan de "honesta, trabajadora y capaz", que durante su paso por el PSOE de Cartagena, "solo dejo trabajo y dedicación para combatir las políticas neoliberales del PP, y que fue injustamente sancionado por decir claramente los excesos, abusos y carencias, que han llevado a la organización de Cartagena a una situación insostenible".
   Ahora que tanto la Ejecutiva regional como la municipal de Cartagena van a ser renovadas, en breve, puntualizan, "debemos sumar y mejorar nuestra organización".
   Por ello, desde esta plataforma, concluye el comunicado, "vamos a trabajar por conseguir que el partido corrija un error que nunca debió producirse".

La recolección en la vendimia jumillana desciende un 20% con respecto a la campaña 2009/2010

JUMILLA.- Un total de 2.350 viticultores y viticultoras que tiene inscritos el CRDOP Jumilla han conseguido recolectar en la última vendimia 64,8 millones de kilos de uva con D.O., lo que supone un 20,8 por ciento menos que en la vendimia 2010. 

   De esta cantidad, 2.083.205 kilos fueron de uva blanca y el resto de las variedades tintas, principalmente de Monastrell. Estos datos son de la campaña 2010/2011, pero en Jumilla no se registraban cifras similares desde la campaña 2005/2006.
   Esta merma obedece "al pedrisco que dejó sin cosecha en primavera a varias zonas de algunos de los municipios albaceteños que forman parte de la Denominación y a la escasez de agua que ha padecido esta zona".
   En cuanto a calidad, "de forma generalizada ha sido excelente ya que no ha habido incidentes climatológicos durante la vendimia, lo que al final ha redundado en una mayor concentración del fruto".
   Así, hasta el próximo 15 de diciembre son las 45 bodegas inscritas en la DOP Jumilla las que deben presentar, atendiendo a la entrada de uva con DO que hayan declarado sus viticultores, las que declararán al Consejo su intención de elaboración de vino con DOP Jumilla de la añada 2011 y una vez concluyan las catas que certifiquen la calidad de todos estos vinos y por tanto se califiquen como DOP Jumilla o no, se procederá a la calificación global de la Añada 2011.
   Los viñedos amparados a la zona de producción de la DOP Jumilla se extienden sobre una superficie de más de 26.000 hectáreas. La variedad principal y autóctona es la Monastrell, la cual representa el 80 por ciento de la superficie total del viñedo de esta Denominación.

UPyD afirma que el riesgo de quiebra de la autopista Cartagena-Vera "ejemplifica el despilfarro de las Administraciones"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado la situación de posible quiebra en la que se encuentra la concesionaria de la Autopista Cartagena-Vera como consecuencia del escaso tráfico que registra este tramo de la AP-7, y ha denunciado que la infraestructura "ejemplifica el despilfarro de todas las Administraciones".

   En este sentido, ha recordado que la obra fue licitada y adjudicada por el último Gobierno de José María Aznar, pero el PSOE, con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, la ejecutó e inauguró en un momento, 2007, en el que "ya se daban claros síntomas de la inviabilidad del modelo inmobiliario masivo que fue el que generó esta infraestructura fantasma".
   Sánchez ha afirmado que "no eran realistas las cifras iniciales de  un tráfico de casi 8.000 vehículos diarios , cuando en 2011 no han llegado ni a 2.000". Además, Sánchez ha sido también muy crítico con que a los 115 millones que costó la autopista "ahora haya que sumar otros ocho que Fomento ha comprometido como rescate a la concesionaria para evitar su quiebra".
   El coordinador regional de UPyD ha manifestado que "no es que haya habido un descenso de viajeros en la autopista como argumenta la concesionaria, sino que nunca se ha llegado a niveles rentables de tráfico, porque su construcción se basó en criterios puramente especulativos y no en criterios objetivos de intensidad de tráfico existente".
   Para concluir, Sánchez ha insistido en "que esto es algo que avalaron, primero el PP y luego el PSOE, manteniendo la idea de que el litoral se iba a llenar con miles de casas que deberían estar comunicadas a través de esta autopista  que ahora sólo tiene salidas a campos en barbecho. Ahora pagamos las consecuencias de un despilfarro, sin que nadie asuma sus consecuencias".

La Unión Europea dinamiza los permisos de trabajo y residencia para inmigrantes

ESTRASBURGO.- Los europarlamentarios votaron el martes a favor de que los inmigrantes legales tengan los mismos derechos y condiciones laborales que los ciudadanos de los países miembros del bloque.

En virtud de la nueva legislación, los extranjeros que residan o trabajen legalmente en el bloque tendrán un acceso a pensiones, seguridad social y servicios públicos similar al de los ciudadanos de la UE, además de las mismas obligaciones tributarias.
La norma recorta también la burocracia modernizando los permisos laborales y de residencia en un único procedimiento. Los países miembros conservan el derecho de aceptar o rechazar inmigrantes, pero deben tomar la decisión de garantizar al solicitante el permiso único en un plazo de cuatro meses.
"La directiva garantizará el sistema de un solo trámite, acelerando de esa forma los procedimientos tanto para el futuro empleador como para el inmigrante", dijo la comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmstrom, que propuso la legislación, en un comunicado.
"Claramente simplificará la vida de los inmigrantes que soliciten residir y trabajar en el UE", añadió.
El permiso único puede beneficiar a los temporeros de la agricultura y el turismo, además de a los trabajadores cualificados del sector corporativo que trabajen en multinacionales, dijo la Comisión.
Los países de la UE tienen dos años para acometer la directiva, que fue aprobada en el Parlamento Europeo el martes. Los 27 países ya han dado su aprobación a la norma.
Los europarlamentarios añadieron una cláusula que da a los inmigrantes el derecho a continuar recibiendo sus pensiones una vez hayan vuelto a su país de origen.
Los países miembros podrán imponer restricciones sobre pensiones a los trabajadores con contratos de seis meses o menos, y restringir los beneficios de vivienda a los extranjeros con trabajo.

IU-Verdes pide convertir la AP-7 en una autopista pública

MURCIA.- IU-Verdes ha instado este martes al presidente del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, y al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que gestionen la rescisión del contrato con la empresa concesionaria de la autopista de peaje Cartagena-Vera, con el fin de convertirla en una infraestructura pública.

   El responsable de Infraestructuras de IU-Verdes, José Manuel López, ha indicado que el descenso del tráfico de vehículos en dicho tramo de la autopista AP-7 no le sorprende, y que en su momento su formación política ya alertó de que esta vía era "inviable" desde el punto de vista económico.
   Así, ha señalado que este "fracaso estrepitoso" es "una patata caliente más en el brasero de Valcárcel", al tiempo que se ha opuesto a que la AP-7 sea rescatada con dinero público.

Demasiada abortista en una región teóricamente tan católica como Murcia

MADRID.- La tasa de abortos en la Región de Murcia ha descendido de 14,99 registrados en 2009 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, a los 14,72 de 2010, aunque sigue siendo la tercera tasa más alta por comunidades autónomas, solo por detrás de Cataluña (15,20) y Madrid (14,77). 

   En cuanto a la situación por comunidades autónomas, señalan que "la situación ha sido dispar" ya que han aumentado ligeramente en la mayoría a excepción de Aragón (de 10,86 en 2009 al 10,74 en 2010), Cataluña (16,10 en 2009 al 15,20) y Murcia (14,99 al 14,72) en las que ha descendido la tasa de incidencia. 

Al igual que en años anteriores son las comunidades autónomas de Cataluña (15,20), Madrid (14,77), Murcia (14,72) e Islas Baleares (13,82) la que presentan las tasas más elevadas y Ceuta y Melilla (4,31), Galicia (6,46), Extremadura (6,47) y Castilla y León (6,62) las más bajas.

   En cuanto al resto de comunidades, de mayor a menor tasa se encuentra Andalucía (11,73), Aragón (10,74), Canarias (10,46), Principado de Asturias (10,42), la Comunidad Valenciana (10,07), Castilla-La Mancha (9,18) Cantabria (9,12), País Vasco (8,26), La Rioja (7,95) y Navarra (6,92).

Por grupos de edad, la tasa de incidencia se ha reducido en las menores de 25 años y ha aumentado en el resto en comparación con el año anterior. En el caso de las mujeres menores de 20 años la tasa ha pasado de 12,74 en el año 2009 al 12,71 en el año 2010, mientras que en el grupo de edad de 20 a 24 años se ha pasado de una tasa de 20,08 en el año 2009 al 19,82 en el año 2010. 

   Por el contrario de 25 a 29 años ha pasado del 16,02 al 16,34; mientras que de 30 a 3, que es donde se ha dado un mayor repunte, se ha pasado de una tasa de 11,63 a 12,09; en la franja de edad de 35 a 39 de 8,05 a 8,27; finalmente, en mayores de 40 es donde se presentan menores tasas se ha aumentado el número de abortos con una tasa de 3,36 a 3,50.

Presentan 369 enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012

CARTAGENA.- Los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia han presentado un total de 369 enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012. 

   El mayor número de enmiendas presentadas, 248, corresponde al diputado de Izquierda Unida-Verdes y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Pujante. El principal Grupo Parlamentario de oposición, el Socialista, es autor de 89 enmiendas, en tanto que el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado 30.
   Además de estas enmiendas, presentadas separadamente, los tres grupos parlamentarios han rubricado dos enmiendas conjuntas. La Mesa de la Cámara se reunirá este miércoles para decidir la admisión a trámite de todas estas enmiendas, que empezarán a ser objeto de debate y votación en el seno de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en las reuniones que con este cometido darán comienzo el día 19 de diciembre.
   Los grupos parlamentarios de oposición también han  presentado enmiendas al otro proyecto de ley en tramitación, el de Medidas Fiscales y de Fomento Económico en la Región de Murcia para el año 2012, conocido como "de acompañamiento".
   En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 14, y el diputado de Izquierda-Unida-Verdes, 33; mientras que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 15.
   La proposición de Ley de Medidas Fiscales Extraordinarias para el municipio de Lorca, también en tramitación, ha recibido 33 enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular, 17 del Grupo Parlamentario Socialista, y 15 del representante de Izquierda Unida-Verdes.
   Tanto las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Acompañamiento como las formuladas a la proposición de Ley de Medidas Fiscales Extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011 serán también objeto de debate y votación en la Comisión de Economía Hacienda y Presupuesto.
   El dictamen resultante de la Comisión de Economía Hacienda y Presupuesto respecto a estas tres iniciativas legislativas, junto a las enmiendas reservadas en pleno, serán debatidas y votadas definitivamente en las sesiones plenarias convocadas para el día 22 de diciembre: por la mañana, el proyecto de Ley de acompañamiento y la proposición de Ley de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca; y por la tarde, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2012.

Archivan una denuncia contra el Ayuntamiento Cartagena al considerar que las obras del Molinete no han dañado patrimonio

CARTAGENA.- El titular del juzgado de instrucción nº 5 de Cartagena ha archivado las diligencias promovidas por Movimiento Ciudadano contra el Ayuntamiento de Cartagena al considerar que las obras ejecutadas en el parque arqueológico del Molinete no han causado daño alguno en el patrimonio histórico. 

   En su auto de archivo, el juez añade que esa inexistencia de daños queda patente en los informes de los arqueólogos supervisores de las obras y los informes del Seprona.
   La resolución judicial expone que las obras contratadas por el Ayuntamiento de Cartagena contaban con todos los permisos, licencias y estaban supervisadas por un equipo de arqueólogos y con todas las medidas de seguridad a fin de evitar posibles daños, según han informado fuentes municipales.
   De esta manera responde a la denuncia de Movimiento Ciudadano que dio lugar a una apertura de diligencias que han sido concluidas y las actuaciones archivadas.
   En cuanto a la denuncia por uso de maquinaria pesada y de hormigón en el cerro del Molinete, en el auto se hace constar que el uso de ese tipo de maquinaria es una práctica que en nada daña al Patrimonio Histórico y que su uso fue autorizado y supervisado por el equipo de arqueólogos.
   Además estima que su uso es habitual en excavaciones arqueológicas y no vulnera ninguna normativa ni constituye una infracción penal.
   Al respecto, el concejal del Área de Urbanismo, Joaquín Segado, considera que esta resolución judicial avala el rigor y la legalidad de las actuaciones municipales.
   "Una vez más la justicia confirma el interés del Ayuntamiento en proteger y conservar el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad", concluye.

Retegui dice que no estarían las empresas como están si hace dos años se hubiera atajado el despilfarro

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, puntualizó al secretario de Economía del Partido Popular de la Región, Javier Ruano, que quien ha venido reclamando un Plan de pago a proveedores, sistemáticamente, ha sido el Partido Socialista. 

   "No estaríamos ahora en esta situación, si hace dos años el Gobierno regional hubiera aplicado un acuerdo de Región, como el que propuso el PSOE, para aplicar un plan de austeridad, para atender a las empresas y para recortar en despilfarro y gasto corriente", apuntó.
   García Retegui indicó que el impago a las empresas de la Región, lo han venido denunciando las propias empresas, "que son las que están soportando esta lacra que ha llevado a muchos de sus trabajadores al paro y a muchas de ellas al cierre".
   La portavoz socialista se quejó de que lo que el PSOE sabe acerca del Plan de pago es lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación, "porque hasta la fecha, el consejero ni ha solicitado nuestra participación ni lo ha presentado en la Asamblea Regional para debatirlo y enriquecerlo".
   Añadió que "el señor Ruano lo que tendría que explicar también es por qué en los años de bonanza económica, cuando los ingresos de la Región de Murcia no eran un problema y había dinero para todo, se acumulaba deuda con las familias y con las empresas, sobre todo, desde el Servicio Murciano de Salud, deuda que venimos arrastrando desde entonces".
   La propuesta del PSOE es clara y contundente: seguridad jurídica, que el Plan del Gobierno regional no la tiene porque incumple la ley de Morosidad, que mandata una Directiva comunitaria; y, en segundo lugar, transparencia, porque así se exige cuando hay que pagar a muchas empresas  y establecer prioridades para el pago, así como evitar que recaiga el coste del pago retrasado sobre las empresas.
   García Retegui subrayó que quien ha puesto en duda dicho plan ha sido la patronal regional. "Consideramos que nuestra propuesta de apertura de un proceso de negociación con patronales, Cámaras de Comercio, sindicatos y organizaciones políticas es apuntar en la buena dirección para corregir un problema generado por el Gobierno regional, no sólo por un problema de ingresos sino por una mala gestión de los gastos".
   Begoña García Retegui reiteró que "es positivo que haya un plan de pagos, pero tiene que tener seguridad jurídica y el concierto de quienes tienen que cobrar. De lo contrario, será un plan inexistente que sólo contribuirá a crear más frustración entre las empresas".

Roca niega que interviniera en tramitar convenios en los que asesoraba

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha negado que interviniera en la tramitación de los convenios en los que asesoraba, asegurando que "no soy ni alcalde, que es el que firma el convenio; no soy secretario, que es el que informa jurídicamente, ni soy interventor, que informa económicamente", que son quienes, ha dicho, se encargan de los trámites posteriores a la firma de estos acuerdos.

   Roca ha comenzado la sesión del último bloque del juicio del caso 'Malaya', contestado a las preguntas del letrado de la Junta de Andalucía y señalando que "nunca he tenido ningún tipo de incompatibilidad para hacer mis negocios privados con mi trabajo en el Ayuntamiento", defendiendo ese trabajo de asesoramiento en determinados convenios urbanísticos suscritos con Aifos o Construcciones Salamanca.
   El principal acusado ha precisado que en la fecha en la que asesoraba "mi trabajo estaba mucho más desvinculado, porque no estaba asociado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)". Sí ha admitido que proponía convenios para que se incorporaran al planeamiento, pero ha insistido en que éstos "no tenían virtualidad, no eran más que un acuerdo de partes", incluso muchos "no llegaron a incorporarse".
   Así, Roca ha defendido que el equipo de Gobierno que presidió Marisol Yagüe, tras la moción de censura contra el que fue elegido alcalde en 2003, Julián Muñoz, decidió aplicar en los convenios que se firmaban el aprovechamiento medio exigido por ley "y no esa locura que instauró el señor Jesús Gil" y el letrado José Luis Sierra "de exigir el 50 por ciento" en cuanto a los aprovechamientos urbanísticos.
   En este punto, ha precisado que tras esa moción de censura el nuevo equipo de gobierno "apuesta por la legalidad" y ha recordado que se llegó a firmar un convenio con la administración andaluza para la redacción de un plan general "de ordenación y normalización", que se resolvió, ha dicho, por discrepancias entre ambas administraciones sobre la paralización de obras.
   Roca ha manifestado que el Ayuntamiento decidió que "no se va a hacer nada hasta que no se sepa cómo van a quedar las construcciones en el nuevo proceso de normalización, porque si se van a legalizar, no tiene sentido iniciar mil expedientes de paralización, de suspensión, de lesividad". "Esto no le gustó a la Junta de Andalucía", ha precisado.
   En este sentido, ha indicado que dicha institución "quería que se paralizaran obras, quería que se paralizara Marbella", lamentando la actitud de la Junta de Andalucía que "en algunos casos, impugna la licencia y por otro lado, legaliza o dice que lo que se ha construido es legal", ya en 2010. Ha apuntado que "no se puede estar yendo contra tus propios actos".
   El principal acusado ha indicado que "los tribunales han dictado unas sentencias, anulando unas licencias, que no se van a poder ejecutar porque hay un documento posterior que las legaliza", cuestionándose que "si se pueden legalizar, por qué se han denegado". Sí ha admitido que las licencias "hoy son contraderecho", insistiendo en que discutió con Gil por las decisiones municipales.

No desvela quien es JAG
Roca ha dicho que "no me pronuncié ni me pienso pronunciar" sobre las siglas JAG, que aparecen en un documento intervenido en la operación 'Malaya' y que se habrían relacionado con una persona vinculada al Cuerpo Nacional de Policía. Además, ha expresado que al inicio del juicio decidió junto a su letrada que su defensa "tenía que basarse en contar la verdad".
   Roca ha seguido contestando a las preguntas de las defensas. Así, Javier Saavedra, letrado del exalcalde Julián Muñoz, le ha preguntado en su interrogatorio sobre si el juez instructor le cuestionó en la investigación de la causa por lo que significaban las siglas JM, que los investigadores y las acusaciones vinculan al exregidor y que Roca ha asegurado en el juicio que se refieren a un asesor de la campaña electoral, que no está imputado.
   En este contexto, la defensa de Muñoz le ha preguntado respecto a si el juez también le inquirió "con alguna insistencia" por el acrónimo JAG, explicando el principal acusado que "en una comparecencia especial, me citó el instructor y el ministerio fiscal y me preguntaron sobre estas iniciales y no me pronuncié ni me pienso pronunciar porque no está imputada en esta causa la persona a la que responden estas iniciales".
   El primer juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, ordenó en su momento iniciar investigaciones tras encontrar en el registro del trastero de Roca anotaciones manuscritas sobre presuntos cobros y pagos y en uno de los documentos aparecía "un pago a favor de JAG a cargo de Roca por importe de 200.000 euros, cantidad que aparece recogida en la cuenta de enero de 2006 como 'particular' a favor de JAR --Juan Antonio Roca--".
   Así, el juez apuntaba a que "el citado JAG, persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía, pudiera haber sido gratificada por Juan Antonio Roca con una importante cantidad económica por facilitarle información valiosa sobre este procedimiento" y se indicaba que "la persona que se esconde bajo el acrónimo JAG es una persona que conoce la estructura policial y que está al tanto de las decisiones en el Cuerpo Nacional de Policía".
   En el trámite de cuestiones previas, el letrado que entonces defendía a uno de los empresarios acusados pidió que se incorporaran a la causa las investigaciones sobre JAG, apuntando que "en Internet introduce usted las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías, porque será o no será, pero con estos mimbres no se trata de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, parece sospecharse presuntamente".
   El fiscal Anticorrupción explicó en ese momento de las alegaciones que sobre este tema se dedujo testimonio, lo que dio lugar a un procedimiento separado "que terminó con auto de sobreseimiento y archivo" por parte del segundo instructor del caso 'Malaya', Óscar Pérez, por cuanto "la investigación no llegó a ningún lado".
   Este martes, cuando se cumple un año del inicio del primer bloque del juicio del caso 'Malaya', dedicado a la operación Crucero Banús, momento en el que comenzaron las declaraciones de los procesados, algunas defensas han preguntado a Roca por qué el cambio en su versión sobre los presuntos cobros de empresarios y los supuestos pagos a exconcejales. Roca ha dicho que este cambio "responde a una estrategia de defensa seria".
   Ha dicho que el motivo fundamental fue "que me enfrenté con este plenario con una nueva defensa, porque mi abogado había renunciado, y yo debatí bastante con mi nueva letrada cuál iba a ser la defensa y decidimos desde el primer momento que mi defensa tenía que basarse en contar la verdad", ha apuntado, explicando que "la verdad significa estar de acuerdo con la tesis que mantienen las acusaciones cuando esa verdad coincide con ellas y rebatirlas cuando no coinciden".
   "Ese nuevo planteamiento, que no quiere decir que al principio fuera contrario a decir la verdad, pero simplemente era no decir toda la verdad, fue decir que si esa verdad coincide con las tesis de la acusación las asumiremos y si no coincide, la rebatiremos", ha insistido el principal acusado, a quien una de las defensas le ha preguntado si no está adoptando una nueva posición jurídica "que le favorece", por el tipo penal que podría aplicarse.
   "Llevo seis años en prisión, no sé exactamente lo que me beneficia y lo que no me beneficia, en cualquier caso, yo creo que a Juan Antonio Roca aquí se le ha beneficiado muy poco, porque soy de las pocas personas acusadas por casos de corrupción que se ha tirado cuatro años y se ha agotado el plazo máximo de prisión preventivo que prevé la ley. No conozco otro caso", ha explicado el principal acusado en el caso 'Malaya'.
   Sobre Julián Muñoz, Roca ha indicado que en el tiempo que éste estuvo como regidor cuando Jesús Gil fue inhabilitado "Gil seguía siendo el que tomaba las decisiones" y "seguía ejerciendo como alcalde". "Y me consta que Julián Muñoz lo tenía como alcalde", ha manifestado Roca, al tiempo que ha precisado que en su caso él "seguía remitiéndole los convenios a Jesús Gil, aunque estuviera inhabilitado".
   Sobre la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, Roca ha aseverado que "nunca" le dijo ni a ella "ni a nadie" de dónde procedía el dinero que daba para mantener la cohesión del equipo de gobierno, tras la moción de censura en 2003, y ha negado que le diera ese dinero a cambio de alguna actuación en concreto como concejal emitiendo su voto en la comisión de gobierno o en el pleno municipal.
   Respecto a si le dio indicaciones sobre el sentido del voto ha señalado: "quien conozca a Isabel García Marcos sabe perfectamente que difícilmente accedería a algo así, no de mí, de nadie, pero de mí menos". Asimismo, el procesado ha rechazado que tratara o hablara con ella sobre asuntos urbanísticos relativos a convenios o licencias de obras.

Adicae convoca en Alicante una concentración de afectados por los "productos tóxicos" vendidos por la CAM

ALICANTE.- Adicae ha convocado este viernes una concentración de afectados por los "productos tóxicos" que, a su juicio, ha vendido Caja Mediterráneo, donde presentarán las primeras reclamaciones extrajudiciales y se exigirá una salida digna para todas las familias ahorradoras implicadas, según ha informado en un comunicado la asociación.

   Adicae va a proseguir  su campaña de "denuncia pública de estos productos" y ha anunciado su voluntad de "llevar el caso ante los Tribunales de Justicia en el caso de que los afectados no obtengan una solución real".
   Según la asociación, "una vez intervenida la CAM, los consumidores han ido tomando conciencia poco a poco de que no era precisamente un plazo fijo o un depósito seguro lo que tenían contratado, aunque así fuera comercializado en su momento".
   La noticia de la aprobación por parte del Banco de España de la oferta realizada en su día por el Banco Sabadell y, por tanto, la adjudicación a éste de la caja alicantina "no hace mención a un problema sangrante para miles de ahorradores alicantinos afectados por diversos productos tóxicos".
   Por ello, ha justificado esta concentración, en la que los alicantinos afectados por la actuación de la caja expresarán su "rechazo al trato que están recibiendo, denunciarán los abusos de los que han sido víctimas y reclamarán soluciones efectivas".
   Adicae ya denunció el 19 de octubre a 52 entidades bancarias españolas por comercializar indebidamente preferentes y demás productos tóxicos a miles de consumidores.

BMN pretende una reducción de costes salariales, rechazada por todos los sindicatos

MADRID.- Fuentes sindicales han asegurado que este martes han celebrado una reunión en Madrid todos los sindicatos de BMN, donde todas las centrales "han rechazado íntegramente la propuesta hecha pública por la empresa, pues supone una modificación de las condiciones laborales".

   Fuentes sindicales apuntan que BMN "pretende una reducción de costes salariales para lograr un ahorro de entre 30 y 35 millones, lo que supondría una modificación de los acuerdos laborales que existen actualmente por parte de las cuatro cajas que forman BMN".
   "Pretenden un ahorro pero negociando con la representación sindical unas nuevas condiciones laborales, a lo cual nosotros en principio nos oponemos, aunque habrá que seguir hablando", han agregado fuentes de CCOO.
 Por otra parte, CajaGranada-BMN ha asegurado que "mantiene intactos" los acuerdos alcanzados en materia de empleo y condiciones de trabajo con la representación sindical, suscritos el pasado día 14 de septiembre de 2010, por lo que ha asegurado que "no hay voluntad ni intención de adoptar ninguna decisión contraria a lo allí pactado", sino de "respetar todos los derechos".
   En una nota, la entidad asegura que el presidente de CajaGranada, y vicepresidente segundo de BMN, Antonio Jara, "reafirma su voluntad de velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre BMN y los representantes de los trabajadores". En ese sentido, ha dejado claro que "cualquier actuación o procedimiento que no se atengan estrictamente a dichos acuerdos laborales serán revisados y objeto de rectificación, en su caso".
   Ha reiterado que "más concretamente, la entidad se manifiesta una vez más comprometida con los principios que rigen el proceso de integración, esto es, cumplimiento de lo pactado con la representación sindical y respeto a los derechos de los trabajadores".
   La caja asegura que esta posición, "plena y unánimemente compartida por la dirección y la representación de CajaGranada-BMN, ha sido expresa y oportunamente trasladada a los representantes de los trabajadores y será aplicada con carácter general".