martes, 15 de noviembre de 2011

Diego de Ramón pide investigar la veintena de sociedades inmobiliarias de la CAM en el extranjero

MADRID.- El abogado responsable de la denuncia contra la antigua cúpula de la CAM, Diego de Ramón, ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue a las 21 sociedades dedicadas al sector inmobiliario radicadas en el extranjero que controlaba la entidad para averiguar el destino de los más de 4.000 millones de euros de 'agujero' patrimonial, según la ampliación de denuncia presentada este martes.

   En concreto, la entidad tenía en 2010 un total de 1.700 millones de euros en participaciones directas e indirectas en 119 empresas o sociedades, de las que 52, el 43%, estaban vinculadas al sector inmobiliario.
   Una decena de estas últimas eran sociedades vinculadas a la promoción de viviendas, complejos turísticos y hoteles en México, Costa Rica, Polonia y Marruecos. La CAM también tenía varias sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán y otras inscritas en Holanda, vehículo para acceder al territorio 'off-shore' de las Antillas holandesas.
   El abogado denuncia que el Banco de España no ha destituido al antiguo secretario general de la CAM José Pina Galiana, que era responsable de la gestión económica, y llegó a ocupar 49 cargos en 27 de estas sociedades. Actualmente mantiene nueve puestos en ocho de estas empresas.
   El Banco de España impuso un despido disciplinario a la exdirectora general María Dolores Amorós el pasado mes septiembre por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.
   En concreto, Pina era consejero delegado de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, participada al 30% por la CAM y radicada en México, que percibió un crédito de 114 millones de euros de la entidad que todavía no ha devuelto.
   Por otro lado, De Ramón pide a la Audiencia Nacional que requiera a la Reserva Federal estadounidense (FED) que se persone en el proceso penal para que explique las emisiones de deuda ordinaria en dólares americanos de cerca de cuatro millones de euros realizadas por la filial de la entidad CAM US Inance entre 2007 y 2008, cuando todavía no había estallado la crisis económica.
   El denunciante pide que se investiguen las sociedades, bancos e instituciones financieras norteamericanas que compraron esas emisiones, si las garantías eran suficientes y qué comisiones se pagaron a los gestores. La sociedad CAM Global Finance, radicada en las Islas Caimán, también emitió deuda de la entidad.
   El abogado pide al juez que determine si los gestores de la CAM se excedieron en emitir deuda, ya que este año cuenta con vencimientos de deuda de 225 millones de euros, en 2012 le vencen otros 827 millones de euros y en 2013 tendrá que hacer frente a 1.196 millones de euros.
   Por otro lado, el denunciante pide que se investigue si los antiguos gestores de la CAM incluyeron en las cuentas anuales de 2010 un total de 199 millones de euros de beneficio procedentes de las comisiones cobradas a los clientes para alcanzar un beneficio de 223 millones de euros cuando habían ganado 24 millones.
   Además, recuerdan que la entidad cuenta aún con 114 millones de euros de créditos vivos concedidos a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control a intereses muy bajo o, incluso, al 0%. Por último, piden que se determine el destino de más de 60 millones de euros que tenían que ser dedicados a la obra social.
   El pasado viernes, el Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y otros altos cargos por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental en la gestión de la entidad, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio.

Más de medio centenar de representantes de la cultura y la universidad dan su apoyo a Costa Morata (IU)

MURCIA.- Más de medio centenar de personas independientes relacionadas con el mundo de la cultura, la universidad y el sindicalismo han firmado un manifiesto a favor del cabeza de IU-Verdes al Congreso por la circunscripción de Murcia, Pedro Costa Morata, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   El manifiesto ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa por el catedrático de Educación Pedro Guerrero; la forense y doctora en Medicina Faustina Sánchez, y el profesor del departamento de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU) Miguel Ángel Esteve.
   Guerrero ha destacado la "valentía y coherencia" de Costa Morata en la lucha antinuclear y en la defensa de los servicios públicos, y ha manifestado su deseo de que el candidato ocupe un escaño en el Parlamento en la próxima legislatura.
   Además, ha animado a las personas "que creen en la decencia política" a que voten a IU-Verdes para acabar con el "gansterismo" y lograr "una izquierda fuerte y clara" que luche contra los efectos del sistema capitalista.
   Por su parte, Estévez ha afirmado que personas con la trayectoria de Costa Morata "no abundan", por lo que el hecho de que no obtenga representación en el Congreso de los Diputados "sería un gran desperdicio".
   Faustina Sánchez, por otro lado, ha recordado que el cabeza de lista de IU-Verdes fue uno de los artífices que impidió la instalación de una central nuclear en la Región de Murcia, por lo que le ha agradecido su labor en la lucha ecologista.
   En la presentación también han estado presentes los candidatos al Congreso Victoria Rodríguez y José Francisco Bellod; el coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, así como los concejales José Ignacio Tornel y Esther Herguedas.
   Tras la rueda de prensa, Costa Morata ha agradecido a los firmantes del manifiesto su generosidad y ha aseverado que estos últimos días hasta la celebración de las elecciones el próximo 20 de noviembre "pueden ser decisivos".

Murcia experimenta la mayor caída de la cifra de negocios del sector servicios, con un -8,4%

MURCIA.- La cifra de negocios en el sector servicios en la Región de Murcia descendió un 8,4 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, la mayor caída por comunidades autónomas, casi ocho puntos más que la media nacional (-0,8 por ciento), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, la Región acumula un descenso de la cifra de negocios en el sector servicios del dos por ciento, el segundo mayor descenso por comunidades, por detrás de Andalucía, que registró un descenso del 3,8 por ciento, mientras que en el conjunto nacional experimentó un descenso del 0,6 por ciento.
   La ocupación del sector servicios registró en Murcia la segunda mayor caída, con un -2,2 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, solo por detrás de Castilla La Mancha (-2,5 por ciento), frente al descenso del 0,6 por ciento que experimentó este indicador a nivel nacional.
   En lo que va de año, la ocupación del sector servicios en la Región de Murcia ha decrecido un 2,3 por ciento, frente al descenso del 0,4 por ciento del conjunto del país.

Los trabajadores de Latbus cumplen el cuarto día de huelga sin avances en las negociaciones

MURCIA.- Los empleados de la empresa de transporte público Latbus han cumplido su cuarto día de huelga y han salido a las calles de Murcia en manifestación para reivindicar a la empresa el pago de las nóminas de septiembre y octubre, ya que no se han registrado avances en la negociación, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Tras las tres huelgas de la semana pasada, los empleados de la empresa han vuelto a reunirse en las cocheras de Latbus, donde han supervisado el cumplimiento de los servicios mínimos, que han salido con retrasos --algunos de más de hora y media-- "como consecuencia de la inspección y del agolpamiento a las puertas de los garajes", según los trabajadores.
   Posteriormente, los empleados han recorrido las calles de Murcia para protestar, en una manifestación que ha salido de El Rollo, ha pasado por las calles Floridablanca, Hernández del Águila, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta.
   Cano ha confirmado que este lunes tienen una reunión en el Ayuntamiento con el Grupo Municipal Socialista, pero ha dicho que la negociación "sigue atrancada y no ha registrado avances desde la semana pasada".
   "La empresa dice que no paga porque no le pagan, y las administraciones dicen que ya han dado el dinero", según Cano, quien critica que "se tiran el balón de unos a otros".
   Por todo ello, han anunciado que mantienen el calendario de movilizaciones, que continuará con una huelga el próximo jueves y el viernes.
   Fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio han confirmado hoy que la semana pasada se registraron "algunas incidencias" y han dicho tener constancia de que los servicios mínimos han llevado este lunes "retrasos".
   La Comunidad, a través de sus servicios de inspección, recaban la incidencias y redacta un expediente que trasladan a la empresa para que las solucione "y no vuelvan a ocurrir". En este sentido, puntualiza que se sanciona a la empresa "en función de la importancia de los incidentes".
   Y es que "es la empresa la que tiene que determinar las acciones para que se cumplan los servicios mínimos", según la Consejería, que ha precisado que su voluntad "es que se cumpla algún tipo de sanción si no se ha cumplido lo pactado", pero ha señalado que "todavía es pronto porque no ha concluido el expediente".
   De todas formas, ha dicho que los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma centran su actividad, sobre todo, en las horas punta, y no tienen listo su informe final hasta que transcurren los tres tramos previstos de horas punta y no hay datos fiables hasta el día siguiente.
   En cualquier caso, la Consejería ha sostenido su postura de "actuar como intermediarios para que las dos partes lleguen a un acuerdo y se reanude un cumplimiento normal de los servicios". En este sentido, puntualizan que su ánimo es que "se alcance un acuerdo y se paguen las nóminas".

Roca argumenta que cobró de Aifos por asesoramiento para convenios urbanísticos

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha asegurado este lunes: "soy ingeniero y la construcción para mí no tiene muchos secretos" y ha intentado justificar el dinero recibido de la promotora Aifos en el asesoramiento que ofreció a la empresa para determinados convenios urbanísticos.

   Roca ha continuado contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción en el último bloque del juicio del caso 'Malaya', en el que se analizan las cantidades supuestamente pagadas por empresarios acusados y las presuntamente cobradas por el principal acusado y exediles de Marbella, cantidades que ha vuelto a desvincular de aprobaciones urbanísticas.
   Su declaración se ha centrado en buena parte de la sesión en el asesoramiento en dos convenios alcanzados con Aifos, uno el de Guadalpín Banús, con el que, según el fiscal, se pretende regularizar la situación de ese hotel; y un segundo, el de Guadalpín Village, para la ampliación de dicho establecimiento para hacer un complejo tipo Caribe, según Roca.
   Roca ha asegurado que los pagos fueron "en un 99 por ciento" siempre en la sociedad Maras Asesores y en efectivo, apuntando que hacía un recibí a Aifos "y yo me quedaba con copia", pero no facturaba. El dinero era llevado "siempre" por el acusado Francisco García Lebrón --director Comercial de Aifos-- y "siempre" lo recibía él.
   Asimismo, ha puntualizado que "no existía un contrato" para este asesoramiento, sino que "era verbal"; y ha añadido que la empresa Aifos tenía muchos vendedores y comercializadores, pero para los proyectos urbanísticos recurría a personal externo. De hecho, ha manifestado, "cuando me lo proponen es porque ellos no tienen esos conocimientos".
   El principal acusado ha negado que su asesoramiento implicara de algún modo la aprobación por el órgano municipal correspondiente de esos convenios, pero ha indicado que "lo que sí implicaba era la firma del convenio". "Implicaba que yo me comprometía a hacer un convenio que fuera asumido", ha apostillado.
   Respecto al convenio de Guadalpín Banús, ha rechazado que fuera de legalización, porque, ha dicho, "no legaliza nada, lo que propone es que ese exceso sea incorporado en un documento y si recibe la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía se legalice, cosa que finalmente pasó".
   "Ahora resulta que cuando lo hace Juan Antonio Roca o la corporación de Marisol Yagüe es un convenio de legalización y cuando con posterioridad la Junta de Andalucía habla con los promotores para legalizar y llega a un acuerdo, no es legalización, eso es ordenación urbanística", ha aseverado, insistiendo en que el objeto no era monetarizar el exceso de edificación.
   El exasesor de Urbanismo ha apuntado que lo realizado previamente se hizo con una licencia otorgada en 2002, "cuando Julián Muñoz era alcalde, en la que yo no intervine", y lo que hace la siguiente corporación "es precintar el edificio cuando se entera de que se ha construido más de la cuenta, abrir un expediente de disciplina e iniciar otro de revisión".
   Ha indicado que algunas anotaciones vinculadas al acusado García Lebrón eran de participación personal de éste en un negocio y no en representación de la promotora Aifos. Además, se ha analizado una operación con sociedades vinculadas a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, de la que, según ha dicho, no se lleva compensación y no hubo perjuicio.
   Sobre el empresario José Ávila Rojas, el principal acusado ha reconocido anotaciones en Maras Asesores en la cuenta AR y aportaciones por más de cinco millones, pero ha incidido en que son "por negocios privados", en los que "yo aporto parcelas y el señor Ávila Rojas, la construcción, y se pacta lo que se dice una aportación y se reparten las plusvalías o el beneficio que genere".
   Ha negado que estos cobros tengan que ver con aprobaciones de convenios y ha dicho que no intervino en el otorgamiento de licencias relacionadas con los negocios en común con Ávila Rojas en Marbella "y usted lo sabe", ha contestado al representante de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, con quien Roca ha vuelto a tener enfrentamientos dialécticos.
   Así, analizando determinados convenios de Ávila Rojas, el fiscal ha precisado que éstos se investigan en un juzgado de Marbella, mostrando Roca su sorpresa respecto a que la Sala encargada del caso 'Malaya' vaya a decidir "sobre unos actos que no sabemos si son justos o injustos". Su defensa ha instado a que el ministerio público clarifique este extremo. La declaración continuará este martes.