jueves, 4 de agosto de 2011

Los interventores del Banco de España se reúnen con la comisión de control y los sindicatos de CAM

ALICANTE.- Los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para realizar la nacionalización de Caja Mediterráneo (CAM) han mantenido este jueves reuniones informativas con los miembros de la comisión de control de la entidad y con los sindicatos, según han confirmado fuentes de la caja.

   El primero de los encuentros se ha producido en la mañana de este jueves con la comisión de control con "total normalidad", forma parte de la ronda de reuniones y contactos abierta desde el pasado 22 de julio con directivos, trabajadores y sindicatos para explicar cuál es la situación de la entidad y el nuevo criterio de trabajo.
   La comisión de control es el órgano que tiene encomendada la supervisión y vigilancia de la gestión del consejo de administración y de sus comisiones delegadas, cuidando que dicha gestión se desarrolle con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera, según han recordado las mismas fuentes.
   Al contrario de lo ocurrido con el consejo de administración --que fue cesado con la llegada de los interventores del Banco de España--, la comisión de control de CAM mantiene sus funciones.
   Este órgano está por presidido por Juan Ramón Avilés Olmos, y cuenta con José Manuel Uncio Lacasa en la vicepresidencia, y con  María Asunción Martínez, en la secretaría. Los vocales son Isabel María Cambronero; César Fernando Estrada; Arcadio Juan Gómez;  Francisco Grau; Juan Ramón Gual; María Dolores Mataix y Raúl Serrano Moll.
   Por la tarde, uno de los interventores, José Antonio Iturriaga, se ha reunido también con los representantes sindicales de los trabajadores, quienes le han trasladado su preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo una vez sea subastada la entidad, según han detallado fuentes de SICAM, sindicato mayoritario en la entidad.
   Para ello, los sindicatos han reiterado su deseo de que cualquier medida de recorte de empleo que la nueva propietaria pueda adoptar sea antes consensuada con los trabajadores.
   Así mismo, en este encuentro Iturriaga ha flexibilizado las restricciones impuestas en los primeros días de nacionalización a los directivos de las sucursales, de modo que podrán coger unos días de vacaciones, "de manera organizada para mantener un buen servicio al cliente".

El presidente de APBA aboga por la conexión de mercancías por Madrid porque lo requieren las navieras

ALGECIRAS.- El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, ha manifestado que los operadores de la zona, como Maerks, Cosco o Hanjing, "requieren una conexión con Madrid a través del ferrocarril para llevar sus mercancías a Europa".

   En rueda de prensa, Morón, que ha presentado las actividad puerto-ciudad, ha valorado la visita del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, a la zona de la Bahía de Algeciras y la necesidad de contar con el eje ferroviario central.
   El dirigente portuario ha querido dejar claro que "de lo que hablamos es de una línea de mercancías, no de pasajeros", por lo que la conexión con la capital y posterior salida de mercancías a la península y el viejo continente es algo "que demandan todos los sectores el portuario y también las grandes industrias".
   Morón ha reiterado que la ciudad algecireña es un enclave fundamental para la entrada y salida de mercancías "tanto como origen y destino a Marruecos", del que dijo tiene "un conducto natural", como es la conexión ferroviaria entre Algeciras, Madrid y Francia.
   "Es el trayecto que defendemos" ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, que ha agradecido la visita de Morlán y su compromiso expresado en el Consejo Económico y Social local, así como ante el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

El Ayuntamiento Moratalla necesitará hasta 8 años para poder equilibrar el presupuesto

MORATALLA.- El municipio murciano de Moratalla necesitará un plazo "no muy corto" de tiempo, entre seis y ocho años, para poder salir de números rojos y equilibrar el presupuesto, ya que se enfrenta a una deuda de las arcas municipales que supera los 28,5 millones de euros.

   Así lo estima el alcalde de Moratalla (PP), Antonio García, que nada más aterrizar tras tomar posesión el pasado 11 de junio, se ha encontrado con esta situación que, según ha declarado, la desconocía hasta el momento.
   De hecho, ha manifestado que su antecesor en el cargo, Juan Llorente (PSOE), "decía que la situación no estaba bien, pero nunca dejaba entrever que fuera la que es". 
"Parecía que esto no iba con ellos, porque seguían gastando al ritmo que se iba gastando, como si los ingresos fueran los mismos y la situación económica no tuviera ningún problema", ha reprobado.
   En cualquier caso, ha subrayado que nunca pensaron que la situación del Consistorio "fuera tan alarmante", como lo pone de relieve el hecho de que las fiestas patronales que se han celebrado el pasado mes de julio, "todos los contratos de actuaciones las tenía firmadas el anterior equipo de Gobierno con fecha previa a las elecciones y algunas, incluso, después de celebrarse los comicios".
   No obstante, aunque la situación es "grave y complicada", ha desmentido, de forma tajante, que el Ayuntamiento de Moratalla esté en quiebra, ya que de ser así, "estaría cerrada dicha administración".
   Así, García ha abogado por "ponernos a trabajar para ver si somos capaces de salir adelante", para lo que se han puesto en contacto con entidades financieras y la Administración regional.
   La respuesta no se ha hecho de esperar, ya que el pasado 25 de julio, el regidor de Moratalla mantuvo una reunión con el presidente Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, a quienes les solicitó "ayuda directa económica" que se cifra en 1,2 millones.
   "En eso estamos", ha explicado, y ha añadido que tanto Valcárcel como el consejero "se mostraron preocupados por la situación y la entendieron, por lo que el Gobierno regional está adelantando la deuda que tiene reconocida con el Ayuntamiento".
   Entre las medidas a articular, ha hecho referencia a la elaboración de un Plan de Equilibrio Económico que, según ha avanzado, "estará perfilado esta semana para facilitárselo a las administraciones".
   Sin embargo, no será hasta después del verano, en septiembre, cuando se inicien todo el montante de medidas que se han elaborado, puesto que en agosto "sendas administraciones están prácticamente paralizadas".
   Algunas de las medidas que dicho plan recoge son las referentes al "equilibrio de las tasas", así como la necesidad de liquidez para poder seguir pagando.
   De lo que se trata, en definitiva, es de "reducir los gastos a lo estrictamente necesario y los ingresos, intentar actualizarlos". En lo que se refiere a las tasas, ha indicado el alcalde, "por ejemplo, el del servicio de abastecimiento de agua potable, del Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y recogida de residuos sólidos urbanos, pues están muy desequilibradas y desfasadas y tienen mucho déficit".
   A ello se une el hecho de que los ingresos que se tienen por el servicio "están muy alejados del equilibrio de los gastos que tenemos"; razón por la que, ha recordado, en el Pleno celebrado a finales de julio se aprobaron una serie de medidas consistentes en el aumento de la tasa de abastecimiento de agua potable, del Centro de Conciliación o de la Escuela Municipal de Música.
   No se trata de recortes, según ha especificado García, sino de "actualizar la situación y adaptarse, pero no es cuestión de dureza o no dureza".
   El planteamiento es "reducir gastos a lo estrictamente necesario y olvidarnos de los que no necesitamos, como las fiestas o servicios de obras que se tuvieran planeadas ejecutar pero que no sean necesarias", ha incidido.
   Por otro lado, se pretende "actualizar los ingresos que no se habían actualizado, ya que en los últimos cuatro años no había habido ninguna subida de tasas por ejemplo del servicio de abastecimiento de agua potable, dado que el recibo del agua no ha subido desde 2002 y tenía un déficit de 600.000 euros"; algo que ha tachado de "insostenible".
   Respecto a las fiestas patronales, aunque ha afirmado que habrá el próximo año, ha precisado que "serán las fiestas que los vecinos puedan pagar y no las que tenga que pagar la Administración Pública".
   Se contempla, igualmente, "reducir el consumo de energía y de combustible", medidas éstas que van en la línea de "reducir gastos a lo estrictamente necesario, porque si no nos ponemos serios con esta situación difícilmente vamos a salir de la misma".
   Para concluir, ha dejado claro que a los concejales y el alcalde "no hace falta bajarles el suelo porque no cobramos nada, ya que desde el 11 junio que tomó posesión el nuevo equipo de gobierno hemos renunciado a las asignaciones que se tenían por asistencia a órganos colegiados y no hay ninguna persona del equipo de gobierno liberada por el PP, frente a las dos personas que había con el PSOE".

Jáuregui no descarta investigaciones penales sobre la gestión en la CAM

MADRID.- El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defiende la elaboración de una ley que obligue a los altos directivos y miembros de los Consejos de Administración de las empresas a repartir parte de sus beneficios entre los empleados, una medida que evitaría abanicos salariales "obscenos" y que contribuiría a salir de la crisis de una manera más solidaria. Además, no ha descartado que se produzcan más investigaciones penales sobre los gestores de algunas de las cajas de ahorros.

    Jáuregui ha reconocido que "no es fácil" regular el sueldo de directivos y consejeros, pero ha adelantado que sería partidario de establecer algún "mecanismo" para evitar que el margen salarial sea "tan disparado y tan disparatado".
"A mí me parece que los abanicos de uno a mil son obscenos", ha afirmado.
   Por eso, en concreto, ha propuesto la elaboración de una ley que establezca que cuando los ingresos de altos directivos y miembros de Consejos de Administración de las compañías son "tan enormes", se imponga "la obligación de un reparto de parte de esos beneficios al conjunto de los empleados".
   En su opinión, ésta es una idea que "no habría que descartar" y que se podría "barajar políticamente en los próximos meses".
"Aunque no ha especificado si sugerirá que se incluya en el programa electoral del PSOE para las próximas generales, ha insistido en que no es algo "descabellado".
   Además, Jáuregui ha recordado una de las primeras medidas propuestas por el candidato socialista a estos comicios, Alfredo Pérez Rubalcaba, en materia económica, que habla de instaurar una tasa a los bancos para la creación de empleo.
   El ministro ha rechazado que con esta medida se esté "atacando" a los bancos y ha defendido que se trata de reclamarles que "colaboren" en la salida de la crisis, dado que son entidades con "gran influencia" en este asunto. A su juicio, esta medida no alteraría la confianza de los mercados ni en los sistemas financieros.
   De hecho, ha defendido que esta propuesta ya ha tenido un "primer efecto", ya que "un gran banco español" ha propuesto medidas para ayudar a pagar sus deudas a las personas y familias con menos ingresos. Esta "respuesta", ha afirmado, "no es más que consecuencia de que hay políticos y partidos que reclaman al sistema financiero que contribuya a una salida más solidaria".
   Además, ha incidido en que Rubalcaba ha planteado una medida vigente en "cinco grandes países europeos", con el objetivo de que los bancos "puedan contribuir precisamente a este tipo de salidas solidarias a la crisis".
   Preguntado por si no teme que el electorado no entienda que Rubalcaba proponga ahora nuevas medidas para crear empleo después de tantos años en el Gobierno, Jáuregui ha subrayado que el candidato socialista tiene "todo el derecho del mundo a presentar sus propuestas para una salida de la crisis, para un tiempo nuevo y cuatro años de futuro".
   En su opinión, el ex vicepresidente primero del Gobierno "no puede estar condicionado por lo que ha sido su tarea gubernativa en los años de la crisis más dura". "Me parece absolutamente legítimo, imprescindible. Es más, sería una vulneración de las reglas democráticas que no se permitiese a un candidato exponer sus propuestas para cuatro años", ha insistido.
   Por otra parte, en relación con la situación en que se encuentran las cajas de ahorros, el ministro ha defendido que el "saneamiento" del sistema financiero español se está haciendo "con mucho rigor y con mucha seriedad", como se ha visto en que "allá donde ha hecho falta intervenir, se ha hecho". A su juicio, el "saneamiento general" va a ser "uno de los grandes logros de la política reformista de este gobierno".
   Por el momento, ha rechazado que, fruto de este saneamiento, se vaya sumar alguna entidad más a Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur y Caja de Ahorros del Mediterráneo, intervenidas por el Banco de España.
   Además, también ha descartado la idea de que no se vayan a exigir responsabilidades penales o patrimoniales por las situaciones que han llevado a estas cajas a ser intervenidas y ha recordado que está habiendo "investigaciones penales en algunos casos". Incluso no ha descartado "que se produzcan en más".

Equo se moviliza por la «abusiva» reforma de la ley electoral

MADRID.- «Más democracia y menos burocracia». Podría ser uno de los lemas que llevan coreando, desde el pasado 15 de mayo, alguno de los integrantes del colectivo «indignado», pero no, el mensaje es uno de los cientos que está colgando en su perfil de Twitter el partido ecologista Equo, que encabeza el exdirector de Greenpeace España, Juan Ignacio López de Uralde, y que recoge 'Abc'.

Él y el resto de miembros de la formación se han indignado sobremanera al recalar, días después de anunciar que están listos para participar en las elecciones generales del 20-N como «alternativa» al bipartidismo, en la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), aprobada el pasado mes de enero. En el tercer apartado de su artículo 169, la reforma legislativa dicta lo siguiente: «Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura».
¿Qué significa exactamente? Partidos como Equo, que no sientan todavía a ningún diputado en el Congreso de los leones, deberán salir a la calle entre los próximos días 27 de septiembre al 17 de octubre (un día después de la publicación del decreto de convocatoria de elecciones en el BOE, hasta 20 días después) para recabar las firmas del 0,1% del censo de cada circunscripción en la que quieran presentarse. Después, deben avalar ante notario estas firmas, en aras de que compruebe su veracidad, y posteriormente, registrarlas ante la Junta Electoral Central, que debe dar su «plácet» para que el partido «se estrene» en unos comicios generales.
Esta retahíla de requisitos ha provocado que la formación ecologista estalle, puesto que considera que se están poniendo «trabas a la participación» de más partidos, que abran el melón de la iniciativa política, «se está obstaculizando el pluralismo», y «se intenta mantener el "statu quo" político actual». López de Uralde, la exdirigente de Izquierda Unida, Inés Sabanés (que milita ahora en Equo) y el resto de integrantes del partido verde han comenzado su batalla particular, «preparando a la gente», porque «sacarán las mesas» a partir del 27 de septiembre a las calles, pero necesitan «que les ayuden». No obstante, aunque recaben las firmas, consideran un «escándalo» la reforma del mecanismo electoral porque los partidos que comienzan a organizarse y carecen de recursos económicos suficientes deben gastarse el dinero en el notario que valide las signaturas cuando, a su entender, la Administración goza de los recursos precisos para hacerlo. Por ello, piden a la Junta Electoral Central que sea «flexible», al menos, en la comprobación de las firmas.
«Si queremos presentarnos en todas las provincias, necesitamos recoger cerca de 40.000 firmas -calculan en Equo-, unas 4.500 en Madrid, o 1.776 en el País Vasco», dos de las circunscripciones donde Equo aspira a obtener mejores resultados en caso de concurrir el próximo 20 de noviembre. «Tenemos confianza en lograrlo», agregan.
Aun con todo, López de Uralde censura que «esta medida es un abuso», censura López de Uralde, e invita a una reflexión: «Es una reforma profundamente antidemocrática, que se ha aprobado casi sin publicidad y con el desconocimiento de buena parte de la población». Al menos, hasta ahora.