miércoles, 27 de julio de 2011

El Banco de España, obligado a gestionar una entidad mexicana de crédito inmobiliario

MADRID.- La nacionalización de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha provocado que el Banco de España pase a controlar el 100% de Crédito Inmobiliario, una sofol mexicana que la entidad alicantina compró en 2009. La compra, realizada tras la quiebra de Lehman, obligó a la CAM a un desembolso de 145 millones de euros, cifra que posteriormente aumentó en otros 150 millones a través de una ampliación de capital.

Una compra que un abogado español, Diego de Ramón, considera sospechosa de lavado de dinero, por lo que ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio Banco de España una investigación rigurosa, según www.americaeconomica.com

El Banco de España decidió la semana pasada intervenir la CAM, la entidad española con peor ratio de solvencia, para capitalizarla con la aportación de 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y abrir posteriormente un proceso para adjudicarla al mejor postor, según ha indicado la institución en un comunicado oficial.

La actividad de Crédito Inmobiliario, que se encontraba hace tres años entre las cinco primeras Sofoles de México, está centrada en la concesión de líneas de financiación para empresas y particulares, tanto a clientes ya implantados en México como a particulares y empresas españolas que tengan intención de desarrollar su actividad en ese país.

No en vano, como destacó la CAM en un comunicado en 2009, “la adquisición de esta sociedad es un paso más en la labor que desarrolla la Entidad para acompañar a los clientes en sus procesos de expansión fuera de nuestras fronteras”.

Las cosas no salieron como planeaban los gerifaltes de la CAM. Tal como señala MadridCapital.com, la CAM tuvo que invertir esos 150 millones de euros para cubrir las enormes pérdidas que Crédito Hipotecario tuvo por la crisis de las hipotecas subprimes que azotó EEUU desde 2008 y por la escasa capacidad de financiación a que tenía acceso.

Es decir, el mismo año que la caja española compró la firma mexicana, tuvo que “tapar” un agujero extra provocado por las pérdidas de la recién adquirida empresa, que rondaba los 120 millones de euros. Una operación sospechosa que De Ramón considera que debería ser investigada por el la CNMV española y por el propio Banco de España.

Tras la nacionalización de la CAM, es la institución central española la que pasa a controlar Crédito Hipotecario. Los desmanes de la caja alicantina pueden convertirse en un dolor de cabeza para el Banco de España, que tendrá que decidir si se pone los guantes y rebusca entre las operaciones emprendidas en los últimos años por la CAM para averiguar si cumplieron con la legalidad.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de la delirante gestión de los directivos de la CAM se produjo tras comprar el parque temático Terra Mítica, en 2000, por 420 millones de euros. Cuatro años más tarde, en 2004, la caja intentaba venderlo por 70 millones.

Los nuevos administradores de la CAM intentan evitar la fuga de depósitos

VALENCIA.- Los nuevos administradores de la CAM nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) siguen tomando medidas para sanear la entidad y garantizar su viabilidad, y uno de los primeros asuntos que se ha abordado es la posible fuga de depósitos. 

Aunque lo cierto es que no se están produciendo las retiradas de efectivo que se esperaban tras la nacionalización -fue uno de los motivos por el que se concedió una línea de crédito de 3.000 millones a la caja-, los nuevos gestores saben que cualquier pérdida supone agravar la ya muy delicada situación de la entidad.

Por eso han dado orden de que todas las oficinas comuniquen diariamente las solicitudes de retiradas de fondos de cierta importancia para que un responsable de la entidad pueda ponerse en contacto con esos clientes y trate de convencerlos para que mantengan su saldo. También se ha pedido que se comuniquen los depósitos a plazo que venzan para intentar retenerlos, según el diario 'Levante'. 

Por otra parte,  Gestimed, la gestora de fondos y de sicav (sociedad de inversión de capital variable) de Caja Mediterráneo, ha sido una de las firmas del sector más perjudicadas en España por la fuga de capitales que se ha producido desde el inicio de la crisis económica en el verano de hace cuatro años.

Según publicaba el pasado lunes el diario económico Expansión, la firma de Caja Mediterráneo ha pasado de gestionar casi 2.500 millones de euros en junio de 2007 hasta los 562 millones que tenía en el mismo mes de 2011. Este descenso implica una caída del 75,6 %. Solo Caixa Penedés, con una disminución del 76,8 % tiene un peor registro que la caja.

Por contra, en el segundo lugar de entre las gestoras que más patrimonio han ganado se encuentra la valenciana Nordkaap, presidida por Enrique Lucas y participada por el Banco de Valencia. Ha crecido un 283,7 %.

El citado rotativo apunta que la pérdida patrimonial de la CAM se debió a los reembolsos netos realizados por sus clientes, valorados en 2.076 millones en los últimos cuatro años, y no por la pérdida de valor de las carteras invertidas.

La salida de partícipes de Gestimed ha llegado por dos vías: el cambio de clientes a otras entidades, que llevan consigo el patrimonio invertido en fondos, y el trasvase de partícipes a otros productos de CAM, como los depósitos, que la caja ha primado de manera especial (hasta un 4%). La fuga de clientes se intensificó tras la ruptura del Banco Base con Cajastur en marzo y ante los rumores de entrada del FROB en su capital.

La agencia de medición de riesgos Moody's cree que la intervención de CAM no impide que siga siendo «vulnerable» ante las potenciales pérdidas que le podría ocasionar su «significativa exposición» al sector inmobiliario».

Moody's hizo esta consideración en un informe, en el que mantiene la calificación de la deuda a largo plazo de la CAM al nivel del «bono basura» y avisa de que podría aplicar nuevas rebajas porque todos sus ‘ratings’ tienen «perspectiva negativa».

La CAM prestó 200 millones a la Generalitat dos días antes de su caída

MADRID.- El destino de las cajas está irremediablemente unido al de sus gobiernos regionales y sus ayuntamientos de cabecera en la mayoría de los casos. Y da igual lo que pase con la caja, lo que importa son las finanzas de la comunidad.  Caja Mediterráneo (CAM) arrastraba desde hace más de un año una situación financiera más que delicada y se había salvado de la intervención porque acordó una fusión con Cajastur, Extremadura y Cantabria (que finalmente se rompió). Eso no fue impedimento para que el año pasado duplicara sus créditos a la Generalitat (el Parlamento regional nombra al 25% de sus consejeros) y los elevara de 224 millones de euros a 505 millones, según 'Público'.

Pero quizá lo más grave es que hace 20 días, en uno de los últimos servicios de Francisco Camps al frente de la Generalitat, acordó entregarleo más bien refinanciarle un crédito que le vencía ahora de 200 millones y que la Generalitat no podía devolver porque su situación financiera no se lo permitía. Ese pacto se firmó hace tres semanas, pero se entregó el miércoles pasado, sólo un día antes de que el Banco de España le entregara a la CAM la carta en la que le conminaba a presentar un plan para recapitalizarse o si no debía ser intervenida.
La caja, un día después de esa misiva y dos días después de haber entregado el préstamo millonario, reconoció que no tenía salida para elevar su solvencia y solicitó ser intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que le ha entregado una ayuda de 2.800 millones y le ha abierto una línea de liquidez, ante sus dificultades para conseguirla, de 3.000 millones.
Después de financiar sin problemas a la Generalitat, que pagará un tipo de interés del 4,75% anual en estos tres meses, es decir dos millones de euros, los clientes particulares tendrán ahora más dificultad para acceder a sus préstamos. Los interventores han obligado a revisar todas las operaciones de préstamo que están en marcha, con lo que varias se caerán.

Los gastos públicos para recuperar Lorca, en camino de no computar en el déficit de la Comunidad Autónoma

MADRID.- El Partido Popular ha acusado al Gobierno de falta de concreción y transparencia en las propuestas puestas sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), especialmente en la relativa al establecimiento de un techo de gasto, y ha calificado de "insuficiente" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie la mitad de las devoluciones que deben hacer las autonomías al Estado por los anticipos a cuenta de los ejercicios de 2008 y 2009.

   Al término de la reunión, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha ejercido de portavoz de las comunidades 'populares', mayoritarias en el CPFF tras las elecciones del 22 de mayo, y ha lamentado que el Ejecutivo no haya aceptado su petición de aplazar diez años las devoluciones que deben hacer al Estado de las liquidaciones negativas, algo que les permitiría ganar en liquidez para poder afrontar los gastos.
   Según ha censurado, el Gobierno les ha propuesto a cambio que cada comunidad financie la mitad de su deuda anual a través de un crédito del ICO a devolver en tres años, aunque no ha detallado la propuesta. "Es voluntario pero no soluciona para nada el problema de la devolución", ha advertido la consejera 'popular'.
   En el mismo sentido se ha manifestado sobre la regla de gasto, respecto a la cual todas las comunidades se han comprometido a aprobar una norma específica en sus respectivos parlamentos autonómicos en un plazo de seis meses. Sin embargo, Del Olmo ha recordado que éste es un compromiso que el PP ya llevaba en su programa electoral el pasado 22-M y ha acusado al Gobierno de cambiar su propuesta en el último momento.
   Según ha censurado, el Ejecutivo puso sobre la mesa este martes en una reunión de trabajo una propuesta "cosmética" que contemplaba una homogeneización del gasto de todas las comunidades y al comienzo del CPFF la ha cambiado por una norma "genérica" que les emplaza al mes de septiembre para concretar los detalles del acuerdo. Por ello, en una votación que la consejera castellanoleonesa ha calificado de "churrigueresca", las autonomías sólo se han comprometido este miércoles a llevar la propuesta a sus parlamentos.
   Además, ha criticado al Gobierno por no aceptar su petición de avalar las emisiones de deuda de las comunidades y no aceptar tampoco el pago de los fondos de convergencia, cooperación y competitividad reclamados en base al modelo de financiación autonómica y de los que dependen "una parte muy importante" de los ingresos de las autonomías.
   Del Olmo también ha dejado claro el compromiso de las comunidades del PP con el objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque ha explicado que sus comunidades se han abstenido en la votación debido a la "incoherencia clara y falta de información y transparencia" del Gobierno. ¿Cómo es posible fijar el objetivo de estabilidad sin conocer ni siquiera la financiación que recibiremos en 2012?", ha preguntado.
   Junto a la consejera castellanoleonesa ha comparecido el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Percival Manglano, que ha censurado el carácter "anómalo" de las propuestas y votaciones sobre regla de gasto, así como el contenido "deshilvanado" de la propuesta del Gobierno que "no está a la altura" del CPFF. Manglano ha advertido además de la "asfixia" a la que están sometidas las comunidades autónomas como consecuencia de los fondos que Estado "no está transfiriendo" y que les va a hacer llegar a una situación "insostenible" que va a hacer al Ejecutivo tener que tomar medidas "cuanto antes".
   Para Galicia, el balance es "un poco decepcionante" porque las comunidades autónomas no han conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de transferir los fondos de convergencia, que según éstas les corresponden en función del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno considera que cumple estrictamente.
   En cuanto a la propuesta de recurrir al ICO para financiar la mitad de las liquidaciones negativas de los anticipos, la consejera gallega, Marta Fernández Currás, ha apuntado que "a primera vista es notoriamente insuficiente frente a una petición que sin duda no lesionaba en absoluto las cuentas del Estado y habría sido más coherente con la situación económica", ha señalado en alusión al aplazamiento solicitado por el PP.
   Más optimista se ha mostrado el consejero extremeño, Antonio Fernández, quien ha valorado de forma "bastante positiva" para su comunidad las conclusiones del CPFF y ha constatado una "cierta flexibilidad por parte del Gobierno".  En concreto, ha manifestado su satisfacción por que el Ministerio se haya comprometido a estudiar utilizar como referente para la regla de gasto no sólo el PIB sino también el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas, como habían solicitado Extremadura y Canarias, con la adhesión de Andalucía.
   Por otra parte, en cuanto a la aprobación del plan de reequilibrio financiero de Extremadura para el periodo 2011-2013, ha señalado que a pesar de que lo había confeccionado el anterior Gobierno y considerarlo "poco serio" el nuevo Ejecutivo no sólo lo ha aceptado sino que se ha comprometido a "hacer lo posible para su mejor cumplimiento".
   Desde Aragón, Mario Garcés, ha lamentado que el Gobierno se haya negado a aceptar el aplazamiento de las devoluciones a cuenta pero ha celebrado la medida de financiarlos a través del ICO, una medida que ya ha adelantado que Aragón aceptará para "reducir carga financiera".
   La única representación del PSOE ha sido la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, que ha celebrado los acuerdos adoptados porque considera que están en "sintonía" con lo que pedía la región.
   Desde Cataluña, el consejero de Economía de la Generalitat, Andre Mas-Colell (CiU), considera "un progreso" la propuesta de financiación del ICO y ha recordado que había un "sentimiento general unánime" en todas las autonomías sobre la necesidad de aplazar el pago "provocado por las sobreestimaciones del Gobierno".
   El consejero canario, Javier González Ortiz, de CC, ha subrayado que el mensaje fundamental que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han lanzado en este CPFF, es que tanto el uno como los otros se han comprometido al control de las finanzas públicas, y éste es un mensaje "claro, positivo y unánime, que debe transmitir tranquilidad al conjunto de los mercados". En lo que respecta a la regla de gasto, ha defendido que el Estado deber ser "sensible" con Canarias.
   El consejero de Economía de Murcia, Salvador Marín, ha trasladado la petición de que los gastos derivados del terremoto de Lorca no se contabilicen en el déficit regional y ha desvelado que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha consultado esta posibilidad de forma informal en el ámbito de la Unión Europea y le han transmitido la posibilidad de llevarlo a cabo si la contabilidad se establece de forma separada. 
"Le hemos pedido que lo solicite para 2011 y 2012 y nosotros nos comprometemos a llevar esa contabilidad separada", ha garantizado Marín.

El ICO financiará a la CC.AA la mitad de la deuda que tienen que pagar en 2012

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha dicho que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) abrir una línea ICO para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009, lo que supone 2.500 millones de euros, de los alrededor de 4.800 millones previstos. Esta línea, a la que las comunidades podrán acudir de forma voluntaria, tendrá un plazo de amortización de tres años y se destinará a pagar a proveedores.

   En rueda de prensa, Salgado ha explicado que esta fórmula es "más razonable" que la petición del PP de que se aplacen las devoluciones de los adelantos a cuenta para dotar de más liquidez a las comunidades autónomas.
   Salgado ha argumentado que, en primero lugar, no deberían presentarse problemas de liquidez para las comunidades autónomas durante los próximos años, pero que "en caso de existir alguna dificultad se plantearía en 2012". A ello ha añadido, que estas devoluciones no computan en el déficit ni suponen por tanto un límite del gasto, con lo que su aplazamiento sólo puede servir para reducir el endeudamiento o pagar a proveedores.
   Por otro lado, ha señalado que esta medida, que de momento es sólo una propuesta, ya que requeriría una modificación legal, ha tenido una "razonablemente" buena acogida en primera instancia por parte de las comunidades autónomas, y ha avanzado que podría estar en marcha en 2012.
   Por otro lado, Salgado confirmado que las comunidades autónomas han aprobado "sin ningún voto en contra" la aplicación de una regla de gasto "individual" en cada una de ellas, una regla que habrán de concretar en una proyecto normativo en sus respectivos parlamentos en un plazo de seis meses.
   Salgado ha concretado que "conviene que la regla sea lo más homogénea posible" entre las comunidades y ha avanzado que para asegurarse de ello durante el mes de septiembre se llevarán a cabo reuniones en un grupo de trabajo para discutir unas posibles pautas.
   Si bien, Salgado ya avanzó que entre ellas estará la vinculación del crecimiento del gasto al crecimiento del PIB en años anteriores y a la estimación del crecimiento futuro del PIB nacional, a lo que habrá que sumar un objetivo de inflación no superior al 2%, frente al 1,75% propuesto inicialmente. Asimismo, reiteró que estas reglas deben ser coherentes con los ciclos económicos.
   Por otro lado, Salgado informó de que el CPFF aprobó el objetivo de estabilidad presupuestaria individual de las CC.AA para el periodo 2012-2014, que permite un déficit del 1,3% del PIB regional en 2012; del 1,1%, en 2013, y del 1% en 2014. Si bien, la aprobación de este plan se ha logrado con la abstención de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, algo a lo que Salgado ha quitado importancia diciendo que "cuando el PP no está en contra se abstiene".
   En este punto, Salgado ha señalado también que las comunidades autónomas tendrán en 2012 mayor capacidad de gasto, un margen que estimó en unos 12.750 millones de euros.
   Además, ha informado que durante la reunión se han aprobado los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana.
   Por otro lado, Salgado ha asegurado que durante la reunión ni siquiera se ha votado la petición de las comunidades autónomas de que el ICO avale la deuda de las comunidades autónomas, al ser "ilegal", pero si ha distribuido a cada una de ellas las entregas a cuenta en 2012.

Las CC.AA aplicarán reglas de gasto y el ICO financiará parte de las liquidaciones pendientes

MADRID.- Las comunidades autónomas han aceptado aplicar reglas de gasto para contener su déficit, aunque no han acordado una fórmula concreta, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sigue reunido y en el que el Gobierno ha propuesto que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la liquidación negativa correspondiente a los años 2008 y 2009, que asciende a alrededor de 24.000 euros.

   Así lo ha avanzado la consejera de economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ha comparecido ante los medios en representación de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que, según ha dicho, han mantenido "una postura común".
   Del Olmo ha concretado que las comunidades se han comprometido a presentar a sus respectivos parlamentos una propuesta de regla de gasto en un plazo de seis meses, pero ha asegurado que casi todas las comunidades se han abstenido a la hora de concretar una fórmula, ya que el Gobierno ha presentado una nueva propuesta que no ha dado tiempo a analizar y que presentaba "incongruencias".
   En cuanto a la propuesta de que el ICO alivie parte de la deuda de las comunidades autónomas, la consejera del PP ha indicado que la medida es una "propuesta la aire" y "no solucionará los problemas de financiación" de las comunidades autónomas.
   Asimismo, la consejera 'popular' ha dicho que las comunidades autónomas se han comprometido con los objetivos de déficit, pero con una abstención casi mayoritaria, ya que "aún no tienen noción de los ingresos de los que dispondrán en 2012" y además consideran que el crecimiento previsto del PIB para 2012, del 2,4%, es "difícil de cumplir".
   Así pues, Del Olmo acusó al Gobierno de "falta de transparencia" a la hora de plantear los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Consell valenciano recalca que "no analiza el riesgo ni concede" las operaciones propuestas por el consejo de CAM

VALENCIA.- El Consell de la Generalitat Valenciana ha recalcado este miércoles que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) --órgano supervisor de las cajas-- autoriza las operaciones de crédito que Caja Mediterráneo (CAM) "le propone, siempre que cuenten con el informe técnico favorable y el acuerdo del consejo de administración", pero "no propone, ni analiza el riesgo de la operación, así como tampoco concede la operación".

   Según han informado hoy fuentes de la Generalitat, la responsabilidad de la concesión de esas operaciones "es plena y exclusiva" del consejo de administración de la caja, tal y como se le advierte en la correspondiente resolución.
   Desde la administración autonómica se ha pronunciado en estos términos en alusión a las informaciones publicadas acerca de que la Generalitat autorizó créditos al 0% al consejo de la CAM.
   Al respecto, han remarcado que la autorización del IVF "no implica pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la firma acreditada, así como sobre su capacidad de generación de recursos para atender puntualmente las obligaciones de pago contraídas con la caja", sino que "se limita a verificar la regularidad de la operación".
   Por lo tanto, el IVF "no propone, ni analiza el riesgo, ni concede" esas operaciones, dado que esas funciones competen a los órganos internos de la caja.
   Desde la Generalitat han destacado asimismo que, con la autorización del IVF y la aprobación del consejo de administración, "se da transparencia a estas operaciones y se previene del posible conflicto de interés que pudiera darse".
   Entre las distintas operaciones de este tipo existentes, figuran algunas a consejeros que son miembros de la plantilla, y pueden acogerse por tanto a convenios laborales específicos de la entidad, que "no requieren autorización administrativa por parte del IVF".
   También figura una línea de avales que "no llevan tipo de interés, pero sí comisiones por riesgo (0,80%) y apertura (0,20%)", han recalcado las mismas fuentes.
   Desde la Generalitat se han referido asimismo a otras dos operaciones autorizadas que, según los informes del IVF, una presenta un tipo de interés del euríbor más 0,85%, mientras que la otra es una operación --de modalidad Cuaderno 19-- que "tiene asignadas comisiones por presentación de recibos y por devolución, y que no es propiamente riesgo por no existir financiación".
   De acuerdo con la normativa vigente, las cajas de ahorro están obligadas a obtener autorización administrativa del IVF cuando efectúen operaciones de riesgo dinerario o de firma, así como transmisiones de cualquier bien o valor, con los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y el director general, o con personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.
   No obstante, esa limitación no es de aplicación a los créditos, avales o garantías cuya finalidad sea la adquisición de viviendas con aportación por el titular de garantía real suficiente, ni para la concesión a los representantes de los empleados de créditos acogidos a convenios laborales, aunque en este caso se debe contar con el informe previo de la comisión de control de la entidad.
   Así, se establece una autorización de forma genérica siempre que se cumplan tres condiciones: que el volumen global de riesgos alcanzado por el conjunto de los altos cargos y personas vinculadas sea inferior al 15% de los recursos propios de la caja, que el volumen de riesgos imputables al alto cargo afectado no exceda el 5% de ese límite global del 15% y que el importe de la operación propuesta sea inferior a 150.253,03 euros.
   Según las mismas fuentes, también se concede una autorización genérica a las operaciones que realicen las cajas con sociedades en las que el cargo de consejero o director lo desempeñen altos cargos de la entidad, en representación de la misma.
   Cuando la operación de riesgo está sujeta a autorización y ésta no se haya concedido de forma genérica, la caja debe solicitar la autorización previa del IVF mediante una propuesta que incluya las características y condiciones de la operación de riesgo, finalidad, concepto en que interviene el alto cargo afectado, clase de operación, importe, tipo de interés, plazo y régimen de amortización.
   Además, deben adjuntar el informe técnico que haya servido de base al consejo de administración para la aprobación de la operación, así como el certificado del acuerdo del consejo de administración por el que se aprueba la operación que se propone al IVF.

El Estado puede imponer "límites presupuestarios" a las CC.AA., según el TC

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado que el Estado puede imponer "límites presupuestarios" en materias concretas a las comunidades autónomas, sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía financiera de los gobiernos regionales consagrada en la Constitución.

   Así se desprende de la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán en 2001 contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria de la misma, al considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña.
   Ambas leyes, que fueron posteriormente modificadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaban tanto al Estado central como a las comunidades autónomas a conseguir el 'déficit cero' en sus presupuestos y a un control más estricto del gasto público.
   Para el Tribunal Constitucional, la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una "orientación de política general que el Estado puede dictar", y añade que la autonomía financiera de las comunidades autónomas "no excluye la existencia de controles, incluso específicos".
   Según dictamina la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto a las administraciones públicas "encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario".
   Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas "la acomodación" de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.
   En conclusión, determina el TC, la impugnación debe ser desestimada, porque la imposición de límites de gasto a las comunidades autónomas no supone una vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña, máxime cuando el artículo 214 del Estatuto de Autonomía de la comunidad condiciona el establecimiento de límites para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria a los dispuestos por la normativa estatal y de la Unión Europea.

Según Moody's, la inyección del FROB no blinda a la CAM ante nuevas pérdidas

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's considera que, a pesar de la inyección de 2.800 millones recibida por Banco CAM por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el marco de la intervención de la entidad alicantina el pasado 22 de julio por el Banco de España, el balance de la institución financiera "continúa siendo vulnerable" a nuevas pérdidas.

   "Moody's cree que incluso con la inyección de 2.800 millones de euros del FROB, la base de capital del banco sigue siendo vulnerable a nuevas pérdidas esperadas bajo el escenario de análisis de Moody's, especialmente ante la incertidumbre de las perspectivas económicas de España y del sector inmobiliario, donde Banco CAM mantiene una exposición significativa", explicó la calificadora de riesgos.
   Asimismo, Moody's espera que este entorno operativo doméstico "muy complicado" debilitará el crecimiento y presionará a la baja sobre los márgenes, incrementando así los costes de financiación y las exigencias de provisiones, lo que probablemente limitará la generación interna de capital procedente de fuentes ordinarias.  
   Tras la intervención de la entidad alicantina el pasado viernes, la agencia de calificación ha retirado sus notas a la CAM y ha asignado una calificación 'Ba1' con perspectiva negativa a Banco CAM, equivalente al grado especulativo o 'bono basura'.
   "Tras la inyección de capital del Gobierno, los 'ratings' de la deuda senior y los depósitos de Banco CAM incorporan la opinión de Moody's de una moderada probabilidad de soporte sistémico para la entidad, lo que se concreta en una calificación que se sitúa un peldaño por encima de su 'rating' autónomo de fortaleza crediticia".
   No obstante, Moody's apunta que la perspectiva negativa refleja la perspectiva también negativa de la calificación 'Aa2' del Reino de España y la valoración negativa del perfil de crédito autónomo de Banco CAM.
   De este modo, la agencia advierte de que el perfil de crédito de Banco CAM podría verse sometido a presiones a la baja si se deteriora más de lo previsto su capacidad de absorber pérdidas y/o su posición de liquidez, especialmente en el caso de sufrir alguna restricción para acceder a la liquidez del banco central o de cualquier cambio en la tendencia del flujo de depósitos.
   Asimismo, Moody's subraya la vinculación existente entre la nota de la deuda senior y de los depósitos de Banco CAM y la solvencia de España, así como su exposición a cualquier disminución en la percepción del respaldo sistémico de la entidad.
   "Una rebaja de la nota del Gobierno de España podría ejercer una presión bajista sobre los ratings de la deuda y los depósitos de Banco CAM", añade la agencia.

Zapatero asegura que clientes y acreedores de la CAM "pueden estar tranquilos"

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que los clientes y acreedores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida la pasada semana por el Banco de España, "pueden estar absolutamente tranquilos", ya que la entidad cumplirá "con normalidad" sus obligaciones.

   En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del segundo rescate financiero a Grecia, el jefe del Ejecutivo justificó la intervención por el resultado de los test de estrés, en los que la CAM cosechó la peor valoración.
   Así, dijo que, una vez analizada su situación económica y financiera, se constató que el plan de reforzamiento de capital de la entidad "no aseguraba su viabilidad futura".
   "Ahora se ha procedido, como estaba previsto, a su capitalización a través del FROB, sustituyendo a los administradores de la entidad y abriendo un proceso competitivo para su adjudicación", explicó en tono tranquilizador.
   Más allá de los casos concretos de las diferentes cajas de ahorro, el presidente del Gobierno aseguró que España tiene "un sistema financiero es solvente".
   Según ha dicho, esa solvencia supone una "tranquilidad", ya que en términos de flujo del crédito "con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se llega donde se llega".
   Así pues, aseguró que si bien hay algunas cajas cuya gestión ha resumido con un "sin comentarios", hay otras en las que los resultados han sido "muy buenos" y ha concluido que, en cualquier caso, la reestructuración bancaria ha servido para hacer una apuesta por la "profesionalización" del sector.

El abogado Diego de Ramón arremete por la vía penal contra los presuntos saqueadores de la CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, quien desde, al menos 2006, viene denunciando sistemáticamente ante las instancias competentes (Banco Central Europeo, Comisión Europea, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fiscalía Anticorrupción y Servicio contra el Blanqueo de Capitales entre otras) el presunto saqueo de la CAM a manos de directivos y consejeros, arremete ahora por la vía penal contra esos presuntos saqueadores en la ampliación de su denuncia del pasado viernes ante la Fiscalía General del Estado.

A su juicio, reza el escrito remitido a Plácido Conde Pumpido, "el principal sospechoso de la trama era el ya ex director general, Roberto López Abad, y formaba su “equipo” al que habrá que tomarle declaración: María Dolores Amorós (Directora general sustituta de López Abad y mujer de su confianza, ahora destituida por el Banco de España); José Pina (Secretario General); Vicente Soriano (Recursos); Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales); Francisco Martínez (Inversiones y Riesgos); Teófilo Sogorb (Planificación y Control); Daniel Gil (Inversiones Inmobiliarias), equipo que presuntamente dirigía la Caja a espaldas del Consejo de Administración".

El letrado murciano dice en la ampliación de su denuncia - la primera presentada el mismo viernes que se anunció la intervención de la CAM por el Banco de España - que "consejeros de la CAM, se otorgaron 71 millones de euros en créditos (96% de la cantidad otorgada al resto de consejeros) y se repartieron en los últimos cuatro años 18 millones de euros en retribuciones y otros conceptos", siendo los beneficiados de esos "créditos blandos, carencia de tiempo e intereses e ignorando esta parte la situación actual de los mismos, si se encuentran pagando los beneficiados esos créditos”. Los consejeros que cita en su escrito son:

El murciano Juan Ramón Avilés (representante politico en la CAM, y consejero) 27,2 millones de euros.
El ilicitano Modesto Crespo (Presidente de la CAM y representante politico) 7.89 millones de euros.
El murciano José García Gómez (representante político y consejero) 7,41 millones de euros.
El alicantino Aniceto Benito (consejero y representante político) 7,39 millones de euros.
El jijonenco José Enrique Garrigós (consejero y representante político) 5,59 millones de euros.
El valenciano Antonio Gil Terrón (consejero y representante político) 3,14 millones de euros.

Entre la petición de pruebas que solicita al fiscal general del Estado, Diego de Ramón dice:

-La unión a las actuaciones de los documentos que se acompañan con el escrito de petición.

-Se cite ante presencia judicial sobre los hechos a investigar a los directores territoriales D. Ángel Martínez y don Modesto Crespo (de Murcia y de Valencia) don Roberto López Abad y al equipo reseñado en el comienzo de mi escrito como equipo de su confianza, con domicilio en la misma sede social de la Caja de Ahorros del Mediterraneo.

-Se cite a los investigados en estas diligencias informativas que declaren sobre los siguientes extremos:

-Sobre la existencia de las relaciones mercantiles del riesgo financiero con determinadas empresas y sociedades (Hansa Urbana, Crédito Inmobiliario de Mexico, sociedades inmobiliarias en Seseña (del denominado popularmente como El Pocero), Terra Mítica, Nova Cartago, Polaris, Sociedades del caso Gürtel, Llanera, Fundaciones y Clubes de Fútbol del Valencia y Murcia) como a Instituciones Públicas, entre ellas a la Comunidad Valenciana y Comunidad Autónoma de Murcia, en cuanto a las garantías solicitadas o pedidas por dicha entidad CAM, en caso de no poder abonarlas, y si se ha producido las correspondientes actuaciones judiciales de reclamación de dichas cantidades, si se les ha pedido garantias complementarias, y la relación de fallidos desde el año 2007 si se han producido, los informes contables, jurídicos o del Consejo de Administración, que legitimaban dichos fallidos. Y si después de que fuese nombrado presidente de la CAM, don Modesto Crespo, designado por el Presidente de la Comunidad Valenciana (ahora cesado por una causa penal Sr. Francisco Camps), le concedió 280 millones de euros (créditos, avales y préstamos) a la Comunidad Valenciana, pese a la crisis que ya tenía dicha Caja en el año 2010. Y al investigado vicepresidente 1º y presidente territorial de Murcia, D. Ángel Martínez, que manifieste que cantidad fue dada a la Comunidad Murciana, importes del año 2009, 2010 y 2011, en préstamos, créditos y avales.

-Listado de los créditos dados a los representantes de los partidos políticos que formaban parte del Consejo de Administración de la CAM, (Valencia y Murcia) funcionarios, politicos que obtenían créditos con años de carencia y muy bajos tipos de interes, por debajo del medio normal del coste del dinero en el mercado financiero.

-Listado de adjudicaciones de inmuebles a bajo coste, por debajo del precio del mercado, que han sido transferidos con créditos o pagos a personas o sociedades, vinculadas con los representantes de los partidos politicos en los Consejos de Administración de la CAM, a través de sus directores territoriales, incluyendo propiedades en España y Mexico.

-Que declaren los testigos y sospechosos del quebranto económico, si la inversión que se hizo en Mexico por parte de la CAM, cercana a 300 millones de euros, unos 294 millones, se pagó a través del capital que tenía la CAM en España, o en otros depósitos o cuentas que se encontraban en el extranjero, o sociedades participadas en países con clara ventaja fiscal.

-Si intervino la CAM, con inversión crediticia, en la oficina abierta en México en la primavera pasada como oficina de negocios CENEXMUR, patrocinada por la Comunidad Autónoma de Murcia.

-Si hubieron bienes o propiedades inmobiliarias (que fueron adquiridas por la compra de la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario) transmitidas a sociedades o personas físicas por parte de la CAM, que fueran de Valencia y Murcia.

-Si cuando fue investido el Presidente Territorial de Valencia, como representante político del Gobierno del expresidente D.Francisco Camps, D. Modesto Crespo, fue aumentado en créditos a la Comunidad Valencia en más de cinco veces la deuda anterior sostenida con la CAM y qué porcentaje fue dado a partir del año 2009 y 2010 a la Comunidad Murciana.

-Si por los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana (Cortes Valencianas) y los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Murciana (Asamblea Regional), tienen asumidas las competencias autonómicas de las cajas de ahorro, y tiene que mostrar las cuentas a las Consejerías de Haciendas de dichas Comunidades Autónomas, para su vigilancia, inspección y comprobación sin que pese a los créditos dados por la CAM, no se les impuso ninguna objeción, tacha u observancia del excesivo crédito dados, que han originado los grandes quebrantos inmobiliarios de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia, y las producidas por la compra de participación del Banco Marroquí, (5%), sucursales abiertas en Londres, Miami, México, y sociedades participadas en países con clara ventaja fiscal.

-Que tampoco fue inspeccionada por las Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas de Murcia (Ley de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, Ley 3/1998, de 1 de junio, sobre comisión de control, disciplina y control de infracciones y sanciones,) y en Valencia, de todas las actuaciones financieras anteriores año tras año, siendo consentidas por su silencio o posible dejación de funciones, asi como los gastos en dietas, indemnizaciones, bonos o plus a directivos y miembros del Consejo de Administración, Directores Generales, viajes al extranjero o nacionales, hoteles de lujo,etc..

-Si desde hace un mes, a propósito de la cotización en Bolsa de las cuotas participativas, no se podía sostener su garantia a los compradores con el patrimonio “real, es decir el tasado actualmente con los precios de mercado inmobiliario”.

- Que se oficie a los Servicios de Inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todas las actuaciones derivadas e incidencias habidas desde la emisión de las cuotas participativas por parte de la CAM, entre ellas las tasaciones de los valores emitidos, asi como si eran sostenidas con aportaciones de la propia CAM a través de sociedades o entidades interpuestas.

- Que se oficie a los Servicios de Inspección del Banco de España, y aporte el seguimiento que se ha hecho desde el año 2007 hasta este último momento de la intervención por parte del Banco de España, a instancia de este Letrado y del propio Servicio de Inspección, entre ellos el último producido donde aparecía el agujero económico. Y si existía descontrol interno dentro de la CAM. Y si los riesgos financieros del crédito a conceder descansaba principalmente en la persona de su exdirector general, ahora querellado, Sr. López Abad, ahora sin pagar o de crédito moroso presuntamente incobrable, cuantificado en cientos de millones de euros, alcanzado la cifra de 4.500 millones de euros, según la noticia del diario El Mundo de fecha…., y cuántos expedientes sancionadores ha habido en cuantía y personas responsables de esas sanciones.

-Que se dirija oficio al SECBLAC sobre los informes que ha realizado a la CAM, sobre blanqueo de capitales, si se encuentra al corriente o si ha sido sancionada.

-Que manifieste el querellado cuánta indemnización económica ha recibido por apartarse de la CAM o su cese como director general de la CAM, bonos o plus, o participaciones empresariales.

-Que se dirija oficio a los recién nombrados gestores por el Banco de España, que ha designado a la administración actual de la CAM, para saber qué cantidad ha sido la producida por el quebranto económico, en cuanto a la ocultación de la morosidad, y los fallidos que no han sido reclamados por la vía judicial, incluyendo Fundaciones, Sociedades, Partidos, Clubes de Futbol, créditos personales a politicos vinculados con los representantes politicos y los créditos todavía vivos o en vigor, el tipo de interés, carencia y garantías que se le ha exigido, incluyendo las sociedades del caso Brugal sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, por parte del directivo de la CAM, don Daniel Gil, donde hacía negocios con el Sr. Enríque Ortíz, en fase de instrucción del Juzgado nº 5 de Alicante.

-Cualquier otra pertinente o derivada de las anteriores manifestaciones para realizar en las diligencias informativas, por parte de dicha Fiscalía, dando traslado de todo lo actuado a esta parte, y en su conclusión final se remita al juzgado de guardia que corresponda o Fiscalía Anticorrupción, para abrir diligencias penales en fase de instrucción...