miércoles, 20 de julio de 2011

IU presenta el viernes moción para que se modifique el PGOU y preserve entorno de La Fuensanta

MURCIA.- El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Murcia presentará en el Pleno de este viernes una propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio al objeto de que se preserve el entorno del monasterio de La Fuensanta y sea declarada "zona no urbanizable", donde el plan parcial contempla "la construcción de 1.300 viviendas".

   De llevarse a cabo el desarrollo de dicho plan, supondría un impacto paisajístico "severo", basándose en el informe de la Dirección General del Medio Natural, ya que es "el segundo balcón que queda desde el monasterio hasta el municipio, siendo el primero el que hay entre La Alberca y El Palmar, pendiente también de un plan urbanizador que toca LIC y ZEPA".
   Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de IU-Murcia, Esther Herguedas, quien ha justificado la oposición a dicho plan parcial "por las irregularidades que tenía y los defectos de tramitación", rechazando, al mismo tiempo, que esta zona pueda ser considerada como urbanizable.
   A ello se suma el hecho de que la empresa promotora del plan es Inverovide, que tiene una participación del 13,29 por ciento, lo que, a su juicio, resulta sospechoso. Esta empresa, con sede en Madrid, "tenía un administrador único, que no está relacionado con Murcia, pero sí con algunas personas relevantes del urbanismo de Murcia, ya que tuvo otra sociedad junto con Higinio Pérez, investigado en la operación Umbra", de presunta corrupción urbanística.
   Igualmente, la redacción del plan parcial que promueve esta empresa corresponde a Jesús Zafra, "también investigado dentro del caso 'Umbra' por sus relaciones con el ex jefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver".
   Por tanto, ha lamentado, un plan parcial donde "encontramos a viejos conocidos del urbanismo murciano y no precisamente por haber actuado en beneficio de los intereses de la sociedad, sino en función de sus intereses particulares".
   Otra de las irregularidades que presenta el plan, ha dicho Herguedas, "es que tenía como objetivo el año 2025 cuando se hizo y con esa finalidad disponía de una gran bolsa de suelo para atender las necesidades de vivienda del municipio de Murcia".
   Así, Herguedas ha subrayado que "las necesidades se han calculado con este objetivo de 2025 y se ha liberado suelo en Murcia, según el plan, para tres veces las necesidades de la población en el año 2025", lo que supone "1,5 millones de habitantes y en este momento, ni siquiera llegamos al medio millón".
   "Ese suelo no es necesario y ha generado una importante burbuja inmobiliaria con planes parciales a mitad de desarrollo y nos encontramos con un plan general que ha fracasado y que sería el momento de revisar", ha sostenido la concejal.
   Entre otras razones, ha recordado que en el plan general esta zona aparecía como "desarrollo extraordinario", lo que quiere decir que "sería de los últimos lugares a ocupar"; además de que "no se estarían vulnerando los derechos de los particulares".
   Fruto de las irregularidades, hay presentado un recurso contencioso-administrativo, ya que tampoco "tiene aprobación definitiva, ni siquiera la aprobación en el Pleno y el plan parcial no tuvo su fase de exposición pública de información a la ciudadanía sobre este hecho".

El Consorcio de Compensación de Seguros dice haber pagado 12.859 expedientes del seísmo lorquino

MURCIA.- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, dice haber pagado hasta el 15 de julio un total de 66,3 millones de euros correspondientes a 12.859 expedientes abiertos por los daños ocasionados a las personas y en los bienes asegurados por los terremotos producidos en Lorca el 11 de mayo de 2011.

   En concreto, el Consorcio registró 22.411 solicitudes por daños en viviendas y comunidades de propietarios, por los que ha abonado 11.538, por un importe de 54,7 millones de euros. Asimismo, registró 1.815 solicitudes de daños en comercios, de los que ha pagado 725 por un coste de 9,5 millones de euros.
   De las 379 solicitudes registradas por daños en oficinas, el Consorcio ha abonado 157 por un valor de 937.400 euros; mientras que de las 209 solicitudes por riesgo en industrias ha pagado 83 con 501.489 euros; y de las 426 solicitudes de indemnizaciones por daños en vehículos y automóviles ha pagado 356 con 522.988 euros.
   El Consorcio ha señalado que "sigue trabajando a pleno rendimiento en la tramitación de las indemnizaciones por los daños ocasionados", y ha añadido que, de acuerdo con los objetivos marcados desde el inicio del proceso por el CCS a los equipos que están valorando los daños, y con el propósito de iniciar con la máxima celeridad posible el pago de las indemnizaciones, se han realizado, en primer lugar, las tasaciones de los siniestros más sencillos y de los de importe y dificultad medios.
   La eficaz labor que vienen realizando los más de 200 peritos que están llevando a cabo la valoración de los daños causados por el terremoto "ha permitido la rápida tramitación de las reclamaciones y el pago de las indemnizaciones y anticipos realizados hasta ahora", según el Consorcio, que ha añadido que estos profesionales "están realizando un gran esfuerzo para conciliar el rigor que requiere su trabajo con la necesaria agilización de las valoraciones".
   Transcurridos dos meses desde que se produjo el terremoto, y una vez atendidos el 50 por ciento de los siniestros, el CCS se propone afrontar la peritación y el pago de los siniestros de mayor complejidad y, en particular, de aquellos en los que se aprecian daños estructurales que impiden la habitabilidad de los edificios.
   Con el objetivo de abordar la peritación y pago de los siniestros pendientes, el CCS ha elaborado unas recomendaciones a sus peritos tasadores encaminadas a agilizar la peritación de los daños, cuyo extracto se incluye a continuación para que se difundan y sean conocidas también por los asegurados, de tal forma que ello contribuya a facilitar las relaciones entre éstos y el CCS, reduciendo al mínimo las eventuales discrepancias que pudieran surgir.
   En primer lugar, una vez cumplido el segundo mes desde que se produjera el terremoto, y peritados 12.000 siniestros con abono de más de 65 millones de euros en indemnizaciones, el CCS dice que procede ahora "acelerar el pago en los expedientes de mayor complejidad, ya sea concluyendo la peritación de los mismos o, si no fuera factible, determinando con la necesaria precisión el valor final de las reparaciones a efectuar, concediendo anticipos en los próximos días sobre la base de las estimaciones contenidas en informes periciales emitidos con dicha finalidad".
   En la línea con lo expuesto en el apartado anterior, el CCS recomienda que los peritos "deben identificar los siniestros cuya peritación deba razonablemente prolongarse en el tiempo e informar sobre la situación en que se encuentra la misma, su duración estimada, la actualización de las provisiones económicas y la propuesta de concesión de un anticipo en cuantía suficiente, que facilite las tareas de reparación.
   Las peritaciones complejas, a su juicio, "no deben acelerarse de forma precipitada, pero sí deben activarse intensamente y, de forma simultánea, orientarse hacia la concesión de anticipos de la indemnización final. Lo señalado en éste y en el anterior apartado es de especial aplicación en expedientes de inmuebles con daños estructurales importantes y de inmuebles demolidos o a demoler, según las mismas fuentes.
   En tercer lugar, plantea que los peritos "deberán entregar sin demora al CCS aquellas peritaciones que se encuentran terminadas aunque no obtuviesen la firma por parte del asegurado del documento de manifestación de acuerdo o conformidad con el importe de la valoración realizada por el perito".
   Esta forma de proceder sin más dilación "pretende dejar clara la disposición del CCS a no demorar ni un instante el pago, al menos de la indemnización calculada a través de sus peritos, por el hecho de que pudieran existir discrepancias con el asegurado".
   En estos casos de falta de acuerdo, el Consorcio indica que el perito "deberá explicar con claridad al asegurado los cálculos realizados de los que se desprende la propuesta de indemnización que realice"; y añade que "sería deseable, al mismo tiempo, que el asegurado manifestase los motivos de la discrepancia y el perito pudiese así aportar al CCS la explicación de las causas concretas de la misma".
   En todo caso, el Consorcio dice que "cuando haya discrepancia con la valoración del perito y aunque se haya producido ya el pago de la cantidad estimada por el CCS, el asegurado podrá continuar con el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro y designar su propio perito para que, junto con el del Consorcio, cuantifique la indemnización".
   "Si no hay acuerdo entre ellos se podrá designar un tercer perito dirimente. Además, el asegurado puede presentar su reclamación ante el Servicio de Atención al Asegurado del Consorcio. En ambos casos, el CCS realizaría un proceso de revisión para analizar las oportunas alegaciones aportadas por los asegurados y, en su caso, realizar los pagos adicionales que correspondieran", añade.
   En cuarto lugar, el CCS considera "esencial" realizar las valoraciones de daños con un método analítico, aplicando sobre las mediciones de las unidades de obra los precios unitarios, teniendo a estos efectos como referencia bases de precios contrastados y de general aplicación, sin perjuicio de que en cada caso el perito deba atender a las especiales circunstancias que pudieran concurrir".
   Con el mismo fin de documentar con claridad y transparencia la actuación pericial y las diferencias que, en su caso, se produjeran respecto a las cuantías solicitadas por los asegurados, los peritos "procurarán recoger los presupuestos aportados por los asegurados o por las empresas que van a realizar las reparaciones, aún en el caso de que dichos presupuestos no sean finalmente admitidos".
   En los casos de inadmisión de los presupuestos, el perito deberá informar a los asegurados y, si procediese, a las empresas de reparación de la falta de aceptación de los presupuestos y del motivo de su rechazo. El perito deberá calibrar, a continuación, si solicitar un nuevo presupuesto o proceder a la valoración y redacción del informe pericial.
   Si se produjeran retrasos en la labor pericial porque no se hubiese aportado al perito la documentación esencial o porque existieran dificultades para reunirse con el asegurado o con su representante, el CCS recomienda que el perito lo hará constar de forma que quede probada la constancia de las dificultades que existan.
   "Como ha sido siempre norma de actuación esencial del CCS, la encomienda que se hace a los profesionales que colaboran en estas tareas de tasación es la de peritar los daños, y en ningún caso es la de reparar ni la de facilitar o sugerir al asegurado una determinado reparador", añade.

El PSRM achaca la suspensión de la transferencia de Justicia al "agujero económico"

CARTAGENA.- El diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista y secretario de la Comisión de Política Territorial en la Asamblea Regional, Francisco Abellán, ha achacado la suspensión de la transferencia de las competencias de Justicia al "agujero económico" en las arcas de la Comunidad, y ha anunciado que el PSOE presentará una iniciativa parlamentaria para solicitar la comparecencia del consejero de Presidencia e Interior, Manuel Campos, en la cámara autonómica con el fin de que explique este aborto.

   En concreto, Campos confirmó que "no es previsible" que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de Justicia este 31 de julio, ya que "no hay tiempo ni está previsto", aunque no ha cerrado la puerta y ha emplazado a esperar a que se resuelvan los problemas de cara a la segunda fecha posible para la transferencia, el 31 de diciembre.
   Por ello, Abellán ha solicitado la comparecencia de Campos "tan pronto como se pueda". A ser posible, ha pedido que se tramite "sin demora", lo que ha aprovechado para pedir que los diputados en la Asamblea "no dejemos de trabajar en julio ya que el contexto regional exige que sigamos trabajando".
   Abellán ha recordado que el pasado 1 de junio, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, "en una visita a Murcia, dijo que las transferencias de Justicia podían hacerse efectivas a final de junio de 2010, lo que fue valorado muy positivamente por el Grupo Parlamentario Socialista".
   Más adelante, en septiembre de 2010, Campos hizo su entrada en el Gobierno regional como consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, cuyo cometido principal "era gestionar la recepción de las competencias de justicia en la Región de Murcia, en un momento en el que el acuerdo estaba cerrado y el coste efectivo de las transferencias era de un total de 75,5 millones de euros".
   En concreto, las transferencias estaban valoradas en 70 millones de euros, a lo que había que sumar 4,4 millones en inversiones y un millón de euros en mejoras informáticas. Sin embargo, estos últimos 5,4 millones de euros, estaban supeditados al cumplimiento del objetivo de estabilidad propuesto por el Ministerio de Economía para 2010-2011, fijado en un déficit del 2,4 por ciento.
   Abellán ha recordado que, en ese momento, "coincidiendo con la profundización de la crisis inmobiliaria en la Región y la caída en picado de los ingresos en las arcas regionales, aumentó el gasto público, cayeron las arcas regionales, el déficit se disparó y comenzaron a saltar las alarmas".
   "Es decir, el Gobierno regional asumió hacerse cargo de las competencias de justicia mientras el déficit público en la Región se disparaba, y ya se veía entonces que sería imposible cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto", ha añadido.
   "Ante esta situación y en vista de que la Comunidad Autónoma superaba el déficit permitido, el Ministerio de Economía y el propio Gobierno regional deciden esperar hasta julio de 2011 para tomar la decisión definitiva", ha recordado Abellán, quien ha achacado esta decisión "a que la Comunidad no cumplía la estabilidad presupuestaria para 2010, incumplimiento del que es único responsable el Gobierno regional".
   Por ello, ha sostenido que "una cosa es posponer la entrada en vigor de un acuerdo cerrado si las cosas pueden enderezarse para no perder dinero, y otra cosa es que no se consiga enderezar la situación y haya que dar marcha atrás, lo que denota falta de previsión y falta de capacidad para gestionar las cuentas públicas por parte del Gobierno de Valcárcel".
   Abellán ha explicado que, dada la mala gestión económica del Gobierno regional "es lógico que el consejero rechace las competencias y tema un agujero económico ya que la situación financiera de la Comunidad Autónoma, con una deuda de 2.016 millones de euros y un déficit superior al 4% no es para menos".
   Abellán, como portavoz socialista, ha sostenido que, "dada la situación que atraviesa la Administración regional, es mejor que la Justicia siga siendo una cuestión de Estado hasta que la situación financiera de la Comunidad permita su transferencia". De hecho, ha estimado que las competencias "están mejor en manos del Ministerio".
   Al respecto, ha pedido al Gobierno del PP "que haga autocrítica ya que otras Comunidades Autónomas si han cumplido el objetivo de déficit y, no habiéndolo hecho, el presidente murciano Ramón Luis Valcárcel se tomó la libertad de crear una Consejería sin competencias".
   Además, le ha reprochado que mantuvo esta Consejería "durante meses "sabiendo que la situación financiera de la Comunidad no cambiaría y generando expectativas frustradas en el futuro funcionamiento de la Administración de Justicia en la región y entre los funcionarios del sector".
   Por todo esto, ha añadido que el Grupo Parlamentario Socialista "entiende que es absolutamente necesario que el consejero comparezca lo antes posible ante el pleno de la Asamblea Regional y dé explicaciones sobre la mala gestión que se ha hecho de las transferencias desde el principio".

Una tesis doctoral analiza la composición del brócoli para la elaboración de alimentos funcionales

MURCIA.- Una tesis doctoral elaborada en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), ha analizado la composición fitoquímica del brócoli y sus derivados para la elaboración de nuevos alimentos funcionales, según informaron fuentes de esta institución investigadora en un comunicado.

   El trabajo de investigación ha sido realizado en el CEBAS-CSIC por Raúl Domínguez-Perles y dirigido por los doctores Cristina García y Diego A. Moreno, en el Programa de Doctorado de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO, U. Miguel Hernández).
   El cultivo del brócoli en la Región de Murcia, con su clara vocación exportadora para surtir los mercados europeos y sus características nutricionales y fitoquímicas, conlleva la producción de una gran cantidad de subproductos, que suponen unos tres cuartos del material vegetal total, con un importante impacto ambiental, lo que "obliga a buscar alternativas para su valorización como ingredientes alimentarios", según el CEBAS.
   Así, el Centro añade que la caracterización del perfil nutricional y fitoquímico de las nuevas variedades de brócoli que se cultivan en la actualidad en la Región de Murcia, mostró que la adaptación al estrés salino "no altera la calidad de las pellas de brócoli como fuente de nutrientes y compuestos bioactivos".
   Los datos obtenidos acerca de la composición de los subproductos dependen de una serie de factores, tanto inherentes a la planta como externos, es decir, ambientales y agronómicos. En este sentido, el contenido en glucosinolatos y compuestos antioxidantes de los subproductos del brócoli permanecieron en el rango de valores de este alimento saludable.
   El producto agroalimentario obtenido se utilizó para la elaboración de una bebida funcional que combina las propiedades nutricionales del té verde (bebida saludable y con unas características organolépticas que la hacen muy popular a nivel mundial) con las del brócoli, cuya composición y actividades antioxidante y antitumoral, in vitro, permitió establecer su utilidad como ingrediente en el desarrollo de nuevos alimentos funcionales.
   El estudio de la absorción y metabolismo de los compuestos saludables del brócoli (glucosinolatos e isotiocianatos), en este trabajo de Tesis ha permitido sentar las bases científico-técnicas para el futuro desarrollo de estudios clínicos relacionados con distintas patologías, lo que permitirá establecer en un futuro próximo la capacidad real de favorecer la salud y el bienestar con la ingesta de alimentos funcionales enriquecidos con ingredientes de brócoli en el contexto de una nutrición personalizada y una dieta equilibrada.

El número de empresas morosas cae hasta niveles de 2009

MADRID.- El número de sociedades morosas se situó en 116.986 en el acumulado del año hasta mayo, un 2,1% por debajo de las 119.581 registradas en los cinco primeros meses de 2009, según el informe 'Radar de impago empresarial' publicado por Axesor.

   El estudio, que muestra la evolución de los impagos entre empresas, revela que esta cifra mejora un 13,4% el dato de morosidad de los cinco primeros meses de 2010.
   Según el tamaño de la compañía, las pymes son las únicas que logran reducir el número de sociedades activas morosas, un 14,94% en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010.
   La gran empresa, por su parte, registra un incremento en el número sociedades con incidencias por incumplimiento de pago del 9,15%. Del total de empresas morosas que hay en España, 116.632 son pymes y 354 grandes empresas, señala el informe de Axesor.
   Por regiones, Andalucía encabeza el ranking de empresas morosas en España, con 24.875 compañías. Le siguen Madrid, con 19.765, y Valencia, con 16.304.
   En el lado opuesto se encuentran Ceuta y Melilla, Navarra y La Rioja, que registran las cifras más bajas de morosidad empresarial, con 237, 618 y 776 sociedades con impagos, respectivamente.
   Según el informe de la consultora, las sociedades mercantiles canarias son las que han registrado un ratio de incumplimiento más elevado (12,4%), seguidas de las empresas ubicadas en Andalucía (12,2%), Ceuta y Melilla (11,5%) y Murcia (11,4%).
   Por contra, País Vasco (4%), Navarra (4,5%), Cataluña (5,6%) y Castilla y León (6,2%) son las comunidades autónomas donde el porcentaje de sociedades morosas sobre el total del tejido empresarial activo ha sido menos elevado entre enero y mayo.
   Por sectores, el de la hostelería es el que presenta un mayor ratio de incumplimiento, con un 13,4% de sus sociedades envueltas en casos de morosidad, seguido del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, con un 11,6%.
   En el extremo opuesto se sitúan las compañías pertenecientes al sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un ratio de incumplimiento del 1,8%.

Rajoy prevé un primer año en el poder con huelgas y protestas por su 'plan de choque'

MADRID.- El líder del Partido Popular (PP) español, Mariano Rajoy, aplicará un "plan de choque" económico si gana las elecciones generales que podrían celebrarse en unos meses, han admitido asesores y dirigentes de la principal formación de la oposición.
 
Rajoy, que según las encuestas será el próximo presidente del Gobierno, anticipa huelgas y protestas en su primer año en el cargo, pero cree que no serían suficientes para que revierta lo que sería una intensa agenda de reformas.
"Las medidas serán duras y tendremos problemas con mucha gente, pero entenderán que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Los españoles lo entenderán", dijo un dirigente del partido.
Aunque hasta ahora el PP no ha planteado en detalle su programa, la idea general es restaurar la confianza de los mercados, generar inversión y crear empleo, según dijeron cinco fuentes del partido que pidieron no ser identificadas.
Entre los pocos puntos que los líderes del partido han abordado, está profundizar las reformas del presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, adoptando un único tipo de contrato flexible que facilite a las empresas contratar y despedir.
Los distintos tipos de contratos en lo que se refiere a indemnización por despido están considerados como una barrera para el fomento del empleo en España.
El PP quiere también reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas para estimular la contratación, e imponer un gasto estricto y límites de deuda a las 17 comunidades autónomas.
Los sondeos muestran que la formación de centroderecha tiene una ventaja de 14 puntos porcentuales frente a los socialistas, que han visto cómo la opinión pública les da la espalda ante los elevados índices de desempleo.
Zapatero es impopular porque no ha logrado recuperar la economía tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, pese a que sus medidas de austeridad han ayudado a mantener a España a flote en la crisis de la zona euro.
Las elecciones están previstas para marzo de 2012, pero se espera que Zapatero las adelante para sacar provecho de los buenos resultados en el empleo por la coyuntura turística del verano, uno de los pocos puntos brillantes de la economía.
Rajoy quiere que la clave de su programa sea restaurar la credibilidad en la política económica del país. Los costos de financiación de España se han incrementado durante la prolongada crisis de la zona euro.
"Habrá un plan de choque para convencer a los mercados de que podemos estimular el crecimiento económico", dijo un destacado diputado del PP.
Los socialistas pretenden recortar el déficit público al 6% del Producto Interior Bruto este año, desde el 11% de hace dos años, pero el consenso entre los analistas es que la economía no crecerá lo suficiente este año o el próximo para crear puestos de trabajo.
El PP dice que se apresurará a reducir el déficit pero también se concentrará en el crecimiento económico.
Los ministros clave del gabinete de Rajoy -economía, asuntos exteriores, trabajo y vicepresidencia- serán tecnócratas independientes en lugar de cargos políticos, según señalan fuentes próximas al político gallego.
Aunque los dirigentes 'populares' ven necesario recortes de gasto más profundos, aseguran que el plan de choque no obligará a recortar los servicios en el apreciado sistema sanitario público, en la educación y en las pensiones, dado que reducir ineficiencias ahorrará dinero.

Las CC.AA. del PP se comprometen con el programa de reducción del déficit público

MADRID.- Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han comprometido con el programa de reducción del déficit público, según informó el partido tras la reunión mantenida entre el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, con los consejeros de Economía de las CC.AA. 'populares'.

   En concreto, indicaron que este compromiso con el programa de reducción del déficit público debe estar "asentado en la transparencia de las cuentas públicas de acuerdo a la situación real de cada comunidad autónoma".
   En la reunión de los consejeros y el portavoz de Economía del PP, a la que también asistieron el secretario de Economía del grupo popular, Alvaro Nadal, y la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Fátima Báñez, también constataron que lo que sí es común en todas las CC.AA. "es un problema apremiante de liquidez", consecuencia de la grave dificultad de acceso al crédito que existe en España.
   Además, en el caso de las comunidades autónomas, destacaron que se debe también "al incumplimiento de los compromisos derivados del modelo de financiación y de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por parte del Gobierno".
   Los gobiernos regionales del PP han acordado así ponerse a trabajar "de manera conjunta y coordinada" en materia económica, y no solo en materia presupuestaria, "para compartir la gestión de servicios públicos constituyendo centrales de compra que faciliten la implantación en España de un mercado interior".