viernes, 15 de julio de 2011

Camps, primer presidente en activo de una CCAA que se sienta en el banquillo

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será el primer presidente en ejercicio de una comunidad autónoma que se siente en el banquillo ante un jurado popular. Lo hará previsiblemente en el mes de octubre de este año por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, dentro de la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'.

   Camps estará acompañado en el banquillo por otros tres imputados en esta causa: el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.
   El jefe del Consell, Costa y Betoret se enfrentan a pagar una multa de 41.250 euros, tal y como solicita para ellos la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el ministerio reclama para Campos 35.000 euros. Por su parte, el PSPV, que ejerce de acción popular, eleva la petición para los cuatro hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación. Las defensas piden el sobreseimiento.
   Los cuatro imputados se sentarán en el banquillo por decisión de José Flors, quien ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral. Ahora, los testimonios, efectos, instrumentos del delito y demás piezas de convicción serán remitidos al tribunal competente para el enjuiciamiento, tal y como detalla el artículo 34 de la Ley del Jurado.
   El magistrado que presidirá el tribunal será Juan Climent --a quien le ha correspondido por turno--, quien contará con la asistencia de un secretario y será el que se encargará de fijar una fecha de juicio.
   Para la constitución del jurado, Climent citará al menos a veinte de los candidatos convocados y los interrogará por si hubiera falta de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa. También podrán las partes interrogar a los candidatos y recusar a los que estimen que no cumplen con los requisitos.
   El magistrado resolverá sobre las recusaciones propuestas, sin que quepa recurso, pero sí protesta. Cuando se llegue al número suficiente de candidatos a jurados, se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a las nueve personas que formarán parte del tribunal y otros dos más como suplentes.
   Una vez constituido el tribunal, se recibirá juramento o promesa de los seleccionados para actuar como jurados. El magistrado, cuando todos hayan concluido con este trámite, mandará comenzar la audiencia pública siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Matías Carrillo dice que seguirá como alcalde de Fortuna porque no le ha nombrado la Audiencia Provincial sino el pueblo

MURCIA.- El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, ha asegurado que tiene decidido que seguirá ejerciendo el cargo que actualmente desempeña porque "estamos en un Estado de Derecho" y como tal, puesto que la sentencia que le condena a 12 años de inhabilitación especial no es firme y la recurrirá ante el Tribunal Supremo, "me considero inocente y seguiré como alcalde porque no me ha nombrado la Audiencia, sino que me han elegido los ciudadanos en las elecciones".

   Al respecto, el regidor fortunero, del Partido Popular, ha calificado la sentencia, que también condena a la ex edil de Empleo, María Dolores Sánchez, por participar ambos en una trama de compra de votos por correo en los comicios municipales de 2003, de "política" al considerar que "no hay ningún fundamento jurídico para mi condena".
   Una condena, ha opinado, "que no es justa, porque es algo que no he hecho"; razón por la que ha dejado claro que recurrirá hasta el último organismo.
   Y es que, ha explicado, "quitarme sí que me puede quitar la justicia, pero ponerme no me ha puesto la justicia, y si no hay motivo justificado y firme para que deje de ser alcalde, no dejaré de serlo".
   "El pueblo, ha continuado defendiendo Carrillo, ha elegido una candidatura de una lista del PP y he sido elegido como alcalde". En el supuesto de que el partido decidiera darle de baja o suspenderlo cautelarmente, como ha ocurrido con otros alcaldes que se han visto implicados presuntamente en tramas de corrupción y estén pendientes de la apertura de juicio oral, ha dejado claro que "no le gusta hablar de hipótesis, sino de hecho concretos" pero en el caso, ha dicho que "de ser así, pues estaré de baja en el partido".
   Precisamente, algunos de los miembros del PP le han transmitido su apoyo porque "creen" en la inocencia del alcalde, y aunque "respetan la justicia y la sentencia, entienden que no ha terminado el trámite que se ha iniciado, ya que hay un recurso de apelación en marcha al Supremo y que diga lo que tiene que decir".
   En esta línea, Carrillo ha denunciado públicamente que se le imputen los delitos electoral y de prevaricación porque, aunque reconoce que firmó contratos, ha defendido tal actitud argumentando que lo hizo porque es alcalde desde el año 1999 y el responsable legal del Consistorio.
   "He firmado los contratos que se me han puesto, conforme a unas bases establecidas en el Ayuntamiento, porque no podía firmarlo otra persona", ha señalado el regidor fortunero, para después considerar que el hecho de que se le condene por ello y porque es funcionario de Correos "y han habido votos por correo, son conjeturas pero no ningún fundamento jurídico para que se me condene".
   Según comenta, a una persona "no se le puede imputar un delito de prevaricación si no adopta una resolución injusta a sabiendas".
"He firmado unos contratos legalmente establecidos en el Ayuntamiento, pasando por una base de contratación y elaborado por una asesoría externa al Ayuntamiento que me dice que los contratos son legales y los firmo, porque soy el representante legal", ha incidido.
   No se trata de contratos solo del año 2003, sino desde el año 1999, ha precisado Carrillo, quien ha dejado claro que no participó en "ninguna trama ni conozco ninguna trama de votos por correo", por lo que dice mantener su inocencia.

Manuel Hurtado pasa la vergüenza de tener que declarar ante el Tribunal Supremo como un vulgar "chorizo"

MADRID.- El senador del PSOE por Murcia y ex alcalde de Ceutí, Manuel Hurtado, ha declarado este viernes, en calidad de imputado, durante poco más de una hora ante el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades cometidas en las obras de adjudicación y contratación de un complejo polideportivo en el municipio murciano de Ceutí. A su salida del alto tribunal, ha expresado su deseo de que se dicte "pronto" la resolución sobre este asunto.

   El exalcalde de la localidad murciana de Ceutí ha llegado acompañado de su abogado, con cuarenta minutos de antelación, para responder por la querella que presentaron dos concejalas del Partido Popular en su contra por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. A su llegada al Supremo, ha declarado que comparece "con buen ánimo" para  defender su "inocencia".
   Hurtado ha comparecido ante el magistrado de la Sala de lo Penal Carlos Granados en una sesión que se ha desarrollado a puerta cerrada y se ha prolongado durante poco más de una hora. "Llevo cinco años casi sin haber hablado del tema y hasta que no esté la resolución prefiero seguir así", ha declarado Hurtado a los periodistas, para añadir que espera que "salga pronto la resolución" sobre este caso.
   Las concejalas del PP Beatriz Sandoval y Adoración Ayala presentaron una  querella sobre la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por valor de 1.883.263,85 euros. Las dos ediles denunciaron entonces que Hurtado adjudicó la obra "sin respetar los procesos de contratación que contempla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
   La comparecencia del exregidor de Ceutí se ha producido de forma voluntaria, por lo que la Cámara Alta no se ha visto obligada a tramitar el suplicatorio, según han informado fuentes del alto tribunal. El Supremo asumió el pasado diciembre la competencia de la investigación por su condición de senador.
     Una vez que el Supremo declarara su competencia para encausar al senador, Hurtado defendió en diciembre su inocencia y dejó claro que las obras de contratación fueron "perfectas". El que fuera alcalde de Ceutí durante casi tres décadas manifestó entonces que se trata de un tema que "movió" el PP y cuestionó que presentara en 2007 una denuncia por unos hechos de 2003.
   Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".

El ex militar Eduardo Garro, interventor general de la Comunidad Autónoma

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el nombramiento, en la Consejería de Economía y Hacienda, del ex militar Eduardo José Garro en Intervención General; José María Lozano, en la Dirección General de Patrimonio; y de María José Portillo, doctora en Economía por la Universidad de Murcia (UMU), en la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.

   Mientras que en la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía estará al frente María Dolores Alarcón.
   El Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia lo ocupará el hasta ahora presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, el abogado Juan Hernández Albarracín.
   Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del portavoz del Ejecutivo autonómico, el nombramiento del director general de Comunicación, Miguel Ángel Pérez, como portavoz adjunto del Gobierno regional.

Caja Mediterráneo suspende el test de estrés

BRUSELAS.- Un total de 8 de las 90 principales entidades financieras europeas que se han sometido a los test de estrés coordinados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) han suspendido el examen al no haber podido mantener al menos un capital básico del 5% en el escenario económico más adverso. Entre ellas, está la CAM.

   Se trata de cinco entidades españolas (Cataluña Caixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM), dos bancos griegos (Atebank y Eurobank EFG) y uno austríaco (Volksbanken). El banco alemán Helaba se retiró de los test tras saber que suspendía.
   En total, los bancos que no pasan las pruebas de solvencia necesitan un capital adicional de 2.500 millones de euros. La entidad de la UE que requiere más fondos es la CAM (947 millones), seguida de Atebank (713 millones).
   Otros 16 bancos se quedan al límite del suspenso, con un capital de calidad (core tier 1) de entre el 5% y el 6%. De ellos siete son españoles, dos alemanes, dos polacos, dos griegos y uno esloveno.
   El escenario más negativo incluye una contracción del PIB en la eurozona del 0,5% en 2011 y del 0,2% en 2012, con tasas de paro del 10,3% y el 10,8% respectivamente.
   Los bancos que han suspendido las pruebas tienen ahora un plazo de tres meses para presentar un plan de recapitalización. Estos planes deberán privilegiar soluciones del sector privado, pero los ministros de Economía de los 27 se han comprometido a acudir al rescate de las entidades que no logren fondos en los mercados.
   Las subvenciones públicas a la banca deberán respetar las normas de la UE sobre ayudas de Estado, lo que significa que las entidades beneficiarias deberán reestructurarse y reducir su tamaño.
   Para los bancos que están cerca del 5%, la EBA recomienda a los respectivos supervisores nacionales que les obliguen a adoptar medidas para reforzar su capital, como restricciones a los dividendos, ampliaciones de capital o actuaciones para reducir el apalancamiento.
   CatalunyaCaixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM son las cinco entidades españolas que no han superado los pruebas de estrés a la banca europea al no alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' superior al 5% en el escenario adverso establecido para 2012, según los criterios establecidos de la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés).
   Según la definición de capital realizada por la institución, estas cinco necesitarían unas aportaciones adicionales de capital de 1.564 millones de euros para alcanzar el ratio de capital 'core Tier 1' exigido en las pruebas.
   Sin embargo, teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras reconocidas, como las provisiones genéricas o las convertibles, estas entidades lograrían alcanzar el ratio mínimo del 5% y no necesitará capital adicional.
   La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es la entidad española que peor nota obtiene en las pruebas de estrés al alcanzar un ratio 3% en el escenario adverso, frente al 3,8% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que necesita 947 millones de euros para alcanzar el mínimo del 5% exigido por la EBA.
   En cambio, teniendo en cuenta las provisiones genéricas, la CAM lograría aprobar por un margen ajustado las pruebas de resistencia, al alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' del 5,1%.
   Por su parte, el Banco Pastor, que partía de un ratio de capital del 7,6%, obtiene en el escenario adverso para 2012 un porcentaje del 3,3%, lo que implica que necesita capital adicional por importe de 317 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas atenuantes, su ratio de capital alcanza el 5,6%.
   Caja3, entidad constituida por Caja Badajoz, CAI de Aragón y Caja Círculo de Burgos, pasa de un ratio de capital en 2010 del 8,6% a un 4% en el escenario adverso para 2012, lo que supone que necesita un capital adicional de 140 millones de euros. Sin embargo, contando con las provisiones genéricas, su ratio de capital asciende al 6,6%.
   Unnim, nombre bajo el que se agrupan Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, obtiene en el escenario adverso un ratio de capital del 4,5%, frente al 6,3% registrado a fecha de 31 de diciembre de 2010. Según la EBA, Unnim necesitaría 85 millones de euros de capital, pero teniendo en cuenta las provisiones genéricas, su ratio ascendería al 6,2%, por lo que no necesitaría capital adicional.
   Asimismo, CatalunyaCaixa alcanza un ratio de capital 'core Tier 1' en el escenario adverso del 4,8%, frente al 6,4% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que la EBA sitúa el capital adicional necesario en 75 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras, la entidad superaría la prueba al alcanzar un ratio del 6,3%.