lunes, 4 de julio de 2011

UGT y CCOO se rinden ante Valcárcel sin condiciones y para no perder la subvención


MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha vuelto a reunirse, en compañía de los consejeros de Economía y Educación, Salvador Marín y Constantino Sotoca, respectivamente, con el presidente de la patronal Croem y los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, tras meses de confrontación con estos últimos por la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, más conocida como el 'tijeretazo'.

   Tras más de dos horas de reunión Gobierno y agentes sociales han coincidido en destacar que es hora del diálogo y la búsqueda de soluciones con el fin de generar confianza y reactivar la economía y la creación de empleo.
   Aunque,  con respecto a la Ley de Medidas Extraordinarias, Daniel Bueno ha subrayado un "no me he reconciliado con nadie". "El sindicato ha mantenido la postura de oposición a la decisión del Gobierno y seguimos creyendo que es una medida injusta", destacó en rueda de prensa.
   Además, apostilló, "mantenemos la confrontación en términos judiciales en torno a la aplicación de esa ley y deseamos que ésta desaparezca mañana o pasado mañana", aunque el secretario general de Comisiones Obreras incidió en el mismo mensaje: "eso no quita que desde UGT y CCOO tengamos la suficiente responsabilidad como para mirar a la situación de nuestra Región e intentar, entre todos, hacer el esfuerzo que Murcia necesita".
   En este sentido, el secretario general de UGT ha recalcado que "eran momentos y herramientas distintas. Ahora toca el diálogo, no corresponde la acción movilizadora, sino seguir desarrollando nuestra acción propositiva", pues, recalcó, "de esta situación tenemos que salir todos, pues o lo arreglamos todos o de lo contrario se retrasará aún más la salida de la crisis".
   Tras lo que destacó la necesidad de evitar el desfase presupuestario, cambiar el modelo productivo, "relativamente agotado" y potenciar el empleo estable y de calidad, el mantenimiento del estado de bienestar, la calidad de los servicios públicos, así como hablar del empleo público. "No vale la imposición", apostilló Jiménez, quien resaltó que "limitarse a recortar no es más que un parche".
   "Con rigor y sentido social", anunció, CCOO y UGT acudirá siempre a todas estas reuniones. De hecho, insistió Daniel Bueno, "hay que contribuir a tomar medidas para que esta Región empiece a levantar el ánimo", como, por ejemplo, abordando la economía sumergida.
   En esa línea de acuerdo se manifestó también el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, quien resaltó hoy, tras la primera reunión con los agentes sociales convocada por el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, tras su toma de posesión, que la recuperación del diálogo social, "es la prioridad que preside el inicio de la actual legislatura, algo que llevamos haciendo en esta Región desde hace 16 años".
   El responsable de Empleo calificó el encuentro celebrado hoy en el Palacio de San Esteban de "importante y positivo para todas las partes, dado que expresa la voluntad de reanudar la paz social", al tiempo que destacó que esa recuperación del diálogo "es la mayor voluntad de Valcárcel", y explicó que, tras esta primera toma de contacto con los agentes sociales representados en UGT, CCOO y CROEM, "se incorporarán después otros, de forma progresiva".
   Así, la semana que viene se celebrará otra reunión "en la que se empezará a dar forma" al diálogo. "Se hablará de todo", apuntó, por su parte, el consejero de Economía y Hacienda "del Plan de Reequilibrio, del control del déficit público y de las políticas activas de empleo, en un proceso de diálogo permanentemente abierto".
   "Tenemos distintos planes que hay que reanudar, -incidió Sotoca- que añadió que, tras la primera toma de contacto de hoy, "en la reunión de la semana que viene se empezarán a cruzar otros documentos".
   Al respecto, Salvador Marín, añadió que en la reunión de hoy "se ha hablado de muchas cosas, pero ha quedado claro que se va a hablar del modelo de Región que todos queremos y en el que habrá que implementar aspectos a corto plazo --septiembre u octubre-- y medio plazo --2012--".
   "Será algo vivo, algo que siempre ha caracterizado a esta Región, que se mantendrá y de forma muy participativa y al final generará la confianza que se merece esta Región", recalcó.
   Por su parte, el presidente de Croem, Miguel del Toro, ha pedido al Gobierno regional intervenir en otras áreas, así como poner cuanto antes en marcha esa oficina de seguimiento de proyectos, anunciada por el presidente Valcárcel hace una semana. Tras lo que ha recordado la necesidad de poner en marcha el Pacto por Empleo o el Pacto Social por la Educación.
   "Nos debemos obligar todos y los empresarios, que buscamos competitividad, no vamos a regatear en esfuerzos, somos necesarios", así como lo es potenciar el turismo, la industria y la construcción. El fin, finalizó, es que esta conjunción y acuerdo "se traduzca en confianza".
 Explicaciones convenientes aparte, queda clara la rendición sin condiciones de UGT y CCOO ante Valcárcel para no perder la subvención de San Esteban y la tomadura de pelo a tantos miles de manifestantes el pasado invierno.

El vicepresidente de la CAM se repite más que la fabada a base de ideas ajenas mal digeridas

MURCIA.- El presidente territorial de Caja Mediterráneo, Ángel Martínez, considera que el desarrollo futuro de las regiones del Arco Mediterráneo Español (AME) necesita la puesta en marcha de estrategias político y económicas "que trasciendan el ámbito de cada región y faciliten la cooperación público-privada y entre territorios". 

   Ángel Martínez lanzó este mensaje durante la ponencia que realizó para abrir la I Conferencia Mediterránea de los Economistas Españoles, celebrada en el Aula CAM de Murcia.
   Ángel Martínez afirmó que sería "un grave error que el comienzo de la recuperación que todos deseamos reavivara las visiones de corto plazo y arrinconara de nuevo la preocupación por los cambios estructurales que necesitamos para seguir prosperando y facilitar el progreso de las generaciones futuras".
   En este sentido, el presidente territorial de Caja Mediterráneo defiende que el desarrollo futuro del Arco Mediterráneo pasa por la puesta en marcha de una estrategia de reformas, "apoyada en iniciativas públicas y privadas, y que se centre en tres pilares: reforzar la capacidad de las empresas, mejorar el sector público, especialmente en lo relativo a las dotaciones logísticas -y dentro de ellas las ferroviarias- y garantizar el aporte de recursos hídricos.
   Para reforzar la capacidad de las empresas y "generar mayor valor añadido y productividad por persona", Ángel Martínez aboga por transformar las organizaciones y estructuras productivas para ser más competitivos ante la competencia internacional. Esto, asegura, "exige empresas más grandes y eficientes".
   Para apoyar esta tesis, el presidente territorial pone sobre la mesa datos del estudio 'Trayectoria y perspectivas del Arco Mediterráneo Español' realizado por el IVIE el año pasado, según el cual en esta área geográfica las empresas granes abundan poco y eso se traduce en menor empleo de personal altamente cualificado, mayor orientación hacia actividades de contenido tecnológico medio y bajo y, consecuentemente mayores dificultades para adaptar su comercio exterior a la complejidad de la globalización.
   La segunda propuesta de Ángel Martínez se centra en el sector público. En su opinión, el AME necesita que el sector público refuerce la eficacia de sus políticas en aspectos que debilitan su competitividad.
   Para ello se necesita "proporcionar un nuevo impulso al sistema educativo, promover reformas en el mercado de trabajo y en  los servicios públicos a las empresas y mejorar las dotaciones de infraestructuras logísticas, en especial las ferroviarias".
   En este aspecto insiste en su defensa del trazado del Corredor Ferroviario propuesto por Fermed, "no debería olvidarse -dice- que limitar la funcionalidad del corredor mediterráneo es amenazar su papel como eje de desarrollo norte-sur".
   Por último, Ángel Martínez considera que el AME necesita "conjurar la amenaza para el desarrollo a largo plazo derivada de la degradación del entorno natural, del agotamiento de algunos recursos, en especial los hídricos, y de la saturación de zonas costeras causada por la fuerte expansión demográfica y de las superficies artificiales".

Mueren dos murcianas, una monja, por un "golpe de mar" en Mozambique

MADRID.- Las dos españolas fallecidas en un accidente marítimo en Mozambique son las murcianas Carmen Serrano y Teresa Ramos, de 85 y 67 años respectivamente y naturales de Murcia, han informado hoy fuentes diplomáticas.

   Ambas perdieron la vida ayer domingo por la tarde cuando un golpe de mar las sorprendió mientras navegaban desde la isla de Goa a la de Mozambique, dentro de un grupo que había organizado una salida de fin de semana con niñas huérfanas.
   Serrano, monja de la Orden Franciscana de la Purísima, residía desde hace años en Nampula, la tercera ciudad del país, donde dirigía un orfanato.
   La segunda víctima había llegado esa misma semana a Nampula junto a otros tres compañeros murcianos para trabajar como voluntarios en el orfanato durante el mes de julio, han explicado las mismas fuentes.
   Al menos dos de los voluntarios murcianos se apuntaron a la excursión que el orfanato había organizado para visitar las islas de Mozambique y de Goa, separadas por apenas dos kilómetros y donde no son habituales este tipo de incidentes.
   El grupo, compuesto por una quincena de personas, contrató una barca para pasar el domingo en la isla de Goa. Aunque a la ida el mar estaba en calma, durante el regreso el tiempo se complicó y a la embarcación le sorprendió un golpe de mar.
   Algunas de las menores se agarraron a los mayores al caer al mar y el accidente se saldó con un balance de ocho muertos, las dos españolas y seis adolescentes, una de las cuales aún no ha aparecido.
   La Embajada de España en Mozambique ha iniciado las gestiones para ayudar en lo posible en la repatriación de los cuerpos de las dos españolas, lo que no se espera para antes del siguiente fin de semana por la disponibilidad de vuelos.
La congregación de las Franciscanas de la Purísima ha mostrado su pesar por el fallecimiento de su hermana Sor Carmen Serrano Gallego y de la voluntaria Teresa Ramos, ambas de origen murciano.
   Las hermanas de la congregación han explicado hoy que se han visto "muy sorprendidas" por esta noticia ya que es "muy frecuente" realizar ese tipo de paseos "y nunca había pasado nada".
   "Estamos muy emocionadas", han expresado, al tiempo que han pedido para "poder seguir adelante" y "para que el Señor dé fortaleza a todas las familias" de las víctimas.
   Las religiosas han recordado que la hermana Sor Carmen Serrano era residente en Mozambique donde llevaba más de diez años, y había pasado toda su vida como misionera en distintos países, entre ellos Marruecos y Costa Rica, en los que, según han subrayado, "estaba  entregada plenamente a los demás".
   Las fallecidas se encontraban trabajando en el Hogar Santa María que la congregación de las Franciscanas de la Purísima tienen en el país africano, donde residen jóvenes huérfanas.

Jordi Sevilla urge a los políticos a esforzarse por alcanzar acuerdos para "desbloquear" la situación de España


VALENCIA.- El exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla ha urgido este lunes a los políticos españoles a abandonar el actual clima de "confrontación" y esforzarse por "llegar a acuerdos en asuntos esenciales" que permitan "desbloquear" la situación del país. 

   Así lo ha señalado el consultor de PwC en una conferencia sobre el futuro de la socialdemocracia enmarcada en la jornada 'Crisis y Estado de bienestar: Nuevas respuestas socialdemócratas', organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Valencia.
   Sevilla ha reprobado que el "sistema institucional y constitucional basado en los pactos de Estado" haya derivado en una nueva manera de hacer política con "una visión demasiado centrada en la confrontación, en la radicalidad, sin buscar acuerdos" y en la que  incluso se "critican" y "disfrazan" los pactos alcanzados.
   Ha lamentado así las distintas situaciones de bloqueo generadas, como la dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional por "falta de acuerdos para renovarlo" o la permanencia de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón "diez años como imputado", algo que, a su juicio, "no es de recibo" sea inocente o culpable.
   Sevilla ha abogado por emular el "ataque de sensatez" experimentado durante la Transición, que permitió a los partidos políticos españoles consensuar la Constitución, acordar los Pactos de la Moncloa y, sobre todo, "poner en marcha una voluntad de lograr acuerdos desde las distintas alternativas".
   Así, ha urgido a los poderes públicos a impulsar una "agenda reformista radical" basada siempre en la negociación y búsqueda de acuerdos y ha remarcado la importancia de "no perder las señas de identidad de la socialdemocracia: racionalidad, capacidad de tomar decisiones razonadas, razonables, discutidas, pactadas, negociadas y acordadas con la mayoría de la sociedad".
   Ha alertado asimismo de que, en el actual contexto de "cambio de las reglas del juego" a consecuencia de la globalización, surgen "movimientos intransigentes e intolerantes" a nivel internacional que  "contaminan el debate político", del "estilo del Tea Party".
   Sevilla considera que si bien los gobiernos estatales son "incapaces" de generar o resolver la mayoría de los problemas ciudadanos, sí pueden "controlar la repercusión" de esos fenómenos globales sobre cada país, aplicar "cuidados paliativos" y lograr "jueguen como agente activo en ese nuevo escenario internacional".
   En este punto, también ha abogado por reformar los organismos internacionales y por que la Unión Europea "deje el camino suicida hacia la desmembración emprendido en los últimos años".
   A nivel estatal, ha recalcado que "la peor defensa del Estado de Bienestar es no tocar nada" y ha defendido la conveniencia de reformar los sistemas educativos, sanitario y de pensiones. De hecho, ha apuntado que "hay argumentos para debatir el copago", algo que "nadie quiere" pero de lo que "todo el mundo habla".
   En educación, ha instado a atajar el fracaso escolar y revisar los contenidos que se imparten, más allá de limitarse a "dar más protagonismo al profesor, como propone la derecha".
   Sevilla considera que debería acometerse una "reconversión profundísima de la Sanidad" dado que "es un sistema diseñado para tratar a enfermos agudos, cuando cada vez hay más crónicos".
   Es más, ha resaltado que los pacientes crónicos aglutinan "casi el 70 por ciento del gasto sanitario" y que, por tanto, "convendría adecuar la sanidad a esos enfermos" a todos los niveles.
   Respecto a las pensiones, ha aludido a fórmulas como las empleadas en Francia o Dinamarca e introducir un "impuesto al trabajo", de modo que el modelo de financiación sume a la cotización social parte de la riqueza del país y "aumenten la solidaridad y la pensión media".  
   Además, ha defendido que "las reglas del juego de la producción tienen que tener una respuesta por parte de un país que sigue queriendo que el empleo sea la principal forma de socialización de sus ciudadanos" y ha tildado de "disparate" que "en España, sea más fácil despedir trabajadores que reducir la jornada laboral" para adaptarse a las nuevas circunstancias como hizo Alemania.
   Por otro lado, ha cuestionado la oportunidad de suprimir el impuesto de patrimonio el mismo año en que se congelan las pensiones.
   A pesar de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, Sevilla considera que España cuenta con una "mayoría natural progresista", aunque ha reconocido que "los valores hegemónicos no son los de la izquierda" que, a su juicio, se ha equivocado al "creer que la eficacia está reñida con la igualdad" y ha dejado que "el debate emocional contamine el debate político".

Pedro Antonio Ríos califica de 'barbaridad' el proyecto de El Gorguel

CARTAGENA.- Ocho meses ocupando un alto cargo en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino han bastando a Pedro Antonio Ríos (Murcia, 1950) para conocer en profundidad los problemas del litoral de su tierra y también las soluciones a muchos de ellos. Incluso quien en abril de 2010 propuso -en un artículo en 'La Verdad'- la posibilidad de construir en Portmán del puerto de mercancías que la Autoridad Portuaria de Cartagena proyecta en El Gorguel ahora no lo ve tan claro. En esta entrevista, Ríos cuestiona la necesidad de esa infraestructura, como también hace con Marina de Cope: «Creo que esto de lo inmobiliario y la especulación, que es a lo que huele Marina de Cope, va por otro lado. No veo gente comprando alegremente viviendas y parcelas», ironiza el político hoy en las págicas del decano 'La Verdad'.


- ¿Es especialmente conflictiva la gestión de la costa murciana en comparación con otras regiones? Tenemos unas peculiaridades importantes: el Mar Menor, La Manga, Portmán y los proyectos de El Gorguel y Marina de Cope.
- España tiene 10.000 kilómetros de costa, y apenas 1.800 son de playa. La gran virtud de los 270 kilómetros de la costa de Murcia es que unos 250 están vírgenes. Es decir, estamos a tiempo de ordenar. Lo que ocurre es que en el resto de kilómetros se han concentrado actuaciones sin orden ni concierto. Nos hemos arrimado al mar tarde y alocadamente; en unos casos, en los años sesenta, haciendo un crecimiento anárquico a nivel urbano. El problema que se plantea es que actualmente el 49% de la población vive en el litoral. Y de los 55 millones de visitantes que tuvimos en 2010, el 80% fue a la costa. Dice la ONU que en el futuro esa presencia se va a incrementar.
- ¿Hay tiempo para poner orden?
- Estamos en el límite. El Mar Menor es una joya única en Europa. Puede ser la gallina de los huevos de oro y quizás la estemos matando. Recuerdo que, cuando en 1987 empezamos a discutir el plan de armonización de usos y regulación de directrices, decíamos que no debía de pasar de 600.000 habitantes. Ya estamos en 800.000. Ha llegado el momento de tomar medidas porque más usos o más presencia es una barbaridad.
- ¿No tiene la impresión de que hay un diagnóstico claro sobre los problemas del Mar Menor desde hace muchos años pero nadie aplica los remedios necesarios?
- Necesitamos administraciones que no miren el día. Nosotros encargamos un estudio para ver la realidad y se ha demostrado que son apenas 3 milímetros al año lo que crece el nivel del mar y que, si en 50 años no tomamos medidas, puede pasar a quince centímetros. Pero quince centímetros no son aquellas imágenes que nos vendieron [los ecologistas de Greenpeace]. Ha habido alarma innecesaria. Las administraciones aún tenemos tiempo para actuar y a mí me gustaría impulsar una línea de trabajo que se está abriendo paso en Europa: una gestión integrada y concertada. La bahía de Portmán es un ejemplo único en toda España, por los acuerdos de tres administraciones, de la comunidad científica y de las organizaciones sociales, vecinos y ecologistas.
- Pero, ¿los ayuntamientos ribereños son conscientes de ello?
- Yo creo que sí. Deben tener en cuenta que ellos son los beneficiados de las medidas que se adopten. Por eso le hemos propuesto un convenio a la Comunidad Autónoma. Cuando salgo en bici por el Mar Menor compruebo que tenemos zonas que aún no están degradadas.
- ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando pasa por las salinas de Marchamalo? ¿Está en entredicho la gestión de ese espacio protegido?
- Habrá que ver si se hacen extracciones de sal aunque sean artesanales para darle rentabilidad, pero las salinas deben estar húmedas. Hay que concitar una respuesta de las dos administraciones y de las dos grandes empresas que son propiedad.
- Todo eso es lo ideal. Le pregunto por qué se deja morir un lugar de la costa tan singular como ése, según denuncian los ecologistas de Anse.
- Estamos actuando. Se podía hacer más, sí, pero hemos invertido 80.000 euros en la limpieza del canal con fondos europeos y con un acuerdo con la Comunidad. Ahora mismo se está impulsando agua a las salinas, que llevaban tiempo sin recibir. Es una actuación concertada entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad. Ochenta mil euros es irrisorio, pero es una actuación que permite impulsar agua que llega a toda la estructura. Lo idílico sería hacer funcionar eso, pero los empresarios no le sacan rentabilidad. Tendremos que actuar y a lo mejor lo hacemos implicando a otros que sí les es rentable. Lo estamos estudiando a propuesta de Anse y ya se lo he planteado a los empresarios.
- ¿Qué le han contestado?
- Ahora mismo no hay una solución definitiva, porque no es un problema de propiedad, de expropiaciones, sino de ver cómo actuamos en una zona tan débil como aquella.
- ¿El fondeo de barcos y lanchas en el Mar Menor es un problema tan grave como se cuenta?
- Sí, porque hace diez años no lo teníamos. Hablamos de la duplicidad de los amarres de barquitos en las zonas de baño, cuando además tienen sus zonas para dejarlos. En Santiago de la Ribera hay un club náutico pero los barcos están fuera. Esa actuación es de la Comunidad Autónoma pero nosotros nos implicamos con ellos.
- ¿Sobran embarcaciones en el Mar Menor?
- La presencia de los barcos debe estar ordenada. ¿Es malo que haya barcos a vela? ¿Es malo que haya motoras? Pues depende por dónde.
- ¿Para cuándo esa ordenación?
- Esa regulación es de la Comunidad, e incluso la tiene hecha. El problema es hacerla eficaz. Cuesta. Pero mi voluntad no es echar el muerto a otro. Yo me quiero implicar en lo que a mí me corresponde.
- Su ministerio dio un paso importante para preservar zonas singulares de la costa con la compra de fincas. ¿Avanzarán en esa política y habrá novedades en la Región?
- Vamos a comprar dos fincas en toda España. Una de ellas está en el límite de Águilas con Almería. Es una finca grande, que tiene una zona de camping a un lado. También hemos estudiado en el Mar Menor dos opciones: una finca en el límite de Los Alcázares y el camping de Los Urrutias, y otra parcela urbana junto al casino de La Manga donde es posible recuperar la dinámica dunar. El problema es que eso se dispara. Primero hay que declarar para proteger, porque, si no, estás comprando parcelas urbanas y tienen un precio que está fuera de nuestras posibilidades.
- ¿Mantendrán esa política?
-Sí, porque es una línea de futuro. Pero la tenemos que adaptar a las condiciones que tenemos. Hay situaciones parecidas en Galicia, Cantabria, Baleares o Canarias. La no actuación en algún sitio, en un momento determinado, significa un deterioro de la calidad de sus servicios. Nosotros, en Murcia, estamos muy condicionados por un turismo de apartamento, cuando nos vendría muy bien diversificar al turismo de visita. A finales de los noventa hubo una fuerte inversión con fondos europeos para construir doce hoteles y tenemos pendiente hacer un proceso de reconversión que no tiene por qué ser negativo.
- Hablemos de Portmán. El día 19 se reúnen para analizar los avances del proyecto de regeneración de la bahía. Hace unos días el alcalde de La Unión reclamó al Ministerio garantías del inicio de las obras.
- Lo comprendo. Pero yo llevo seis meses en el Ministerio y se debe evaluar cómo ha estado el tema de Portmán antes y cómo está ahora. El alcalde tiene la información porque yo se la he dado. Pero el compromiso era que antes del verano tendríamos la aprobación, la licitación de las obras saldría en el segundo semestre de este año y las obras podrían comenzar en febrero o marzo de 2012.
- ¿Cumplirán los plazos?
- Más o menos. Quiero transmitir tranquilidad y seguridad de que estamos avanzando para conseguir lo que queremos en un momento muy complejo. Pero le recuerdo que el proyecto es de tres patas y a mí me gustaría saber si el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad están avanzando en lo que ellos deben hacer.
- El Puerto de Cartagena acaba de adjudicar el informe de sostenibilidad ambiental para hacer la dársena en El Gorguel. ¿Cree que habrá dificultades para construir esa infraestructura?
- Aquí hay varias cosas que deberíamos separar: el corredor mediterráneo para mercancías es imprescindible; la zona de apoyo logístico como forma de proyectar; y, en cuanto a los proyectos, hay una duplicidad. Desde una mentalidad de Estado, ¿es razonable hacer una infraestructura duplicada en capacidad para competir con Valencia o con Málaga porque yo en el futuro voy a captar mercancías? Hay que dimensionar los esfuerzos porque son muy costosos. El Gorguel es un obrón y hay que ver si hay alternativas que hagan más dimensionada la infraestructura. Tenemos aeropuertos que están inaugurados sin aviones. Tenemos un AVE que hay que cerrar por falta de pasajeros. ¿Es eso lo que queremos?
- Pero dígame su opinión.
- Mi impresión es que se está poniendo el carro delante de los bueyes. Creo que hacia afuera, hacia donde se decide, no se hace bien porque aparecemos como nuevos ricos que quieren lo que no tienen. La imagen que debemos trasladar hacia afuera debería ser más prudente, más integrada y más comprometida. Le hemos pedido a la Autoridad Portuaria de Cartagena que busque nuevas alternativas. Además, es un proyecto tan dimensionado que para mí es una barbaridad. Se mete a rellenar hasta 70 metros de profundidad en una zona protegida. Hay que echar ahí dentro 40 millones de toneladas de relleno. Quitando todo el monte de la Cola del Caballo y echándolo ahí, no se ha terminado. Eso sí, el proyecto está muy bien medido tecnológicamente, tanto que incluso dice que se va a ahorrar mano de obra. El proyecto une muy bien la zona logística y la actividad tecnológica. Lo que no ha medido tan bien es esa obsesión con la gran obra. Lo primero que tiene que hacer el Puerto es ocupar las 400 hectáreas de Escombreras que tiene desocupadas. Y luego dimensionar.
- Deduzco que va a ser un proyecto de difícil tramitación.
- Va a ser muy complicado de convencer a Europa, por mucho que se mueva el 'lobby' o grupico de cuatro o cinco que están detrás. Con mentalidad de Estado, cómo se explica en Madrid la argumentación de que nosotros vamos a tener futuro frente a Valencia y Algeciras, e impidiendo que Málaga crezca. Me da la impresión de que la filosofía de grandes proyectos en la que nada el Gobierno regional es una barbaridad. Y eso es lo que le está llevando a esa erosión de credibilidad que no se traduce en votos, sino en expectativas: esa angustia de pasar del trasvase del Ebro al aeropuerto internacional, a la Paramount... A nuestros proyectos les falta prudencia. Soñemos un poco, pero con los pies en la tierra.
- ¿Dentro de esos sueños incluye también Marina de Cope? Hace unos meses usted dijo que era un proyecto muy difícil de aprobar. ¿Ha cambiado de opinión?
- Veo complicado que un proyecto de esa magnitud supere la declaración de impacto ambiental, que debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente, y las alegaciones y recursos que los demás puedan presentar. Yo vería mejor hacer crecer la realidad desde los núcleos existentes. Esta idea de ocupar... Es como Lo Poyo. Creo que el proyecto de Marina de Cope tendrá que dimensionarse y venderse de una manera determinada. En Costas hemos pedido que se nos informe y un estudio de alternativas distintas.

La crisis devuelve a Murcia a su propia realidad objetiva

MURCIA.- El centro de formación Aerosur ha cerrado sus puertas. Se trataba de la última escuela de formación para profesionales del sector aeronáutico que había en la Región. La empresa surgió en 1997 y contaba con la certificación oficial de la Dirección General de Aviación Civil. En su plantilla figuraban como docentes pilotos y controladores aéreos profesionales.

Esta academia formaba a alumnos interesados en presentarse a las oposiciones para agente de servicios aeroportuario y controladores aéreos convocadas por AENA. También ofrecía cursos para auxiliares de vuelo, agentes de viaje, servicios de handling y personal de áreas de movimiento, según Murcia Económica.

Por otra parte, la empresa Martín Capital, de quien fue en su momento elegido Joven Empresario del Año por la creación de Newsoft, ha echado la persiana al no encontrar inversores que se embarcaran en el proyecto urbanístico.

El plan era reproducir los complejos hoteleros de las Maldivas en terrenos de Murcia, y ya tenían su nombre, ‘Murdivas’. Incluso desarrolló una agresiva campaña de comunicación buscando inversores, pero era 2008 y se produjo la explosión de la burbuja inmobiliaria.

El modelo de complejo que se proponía era el de cabañas de lujo encima de pilotes sobre el agua de un inmenso lago artificial cerca del Mar Menor, arena del Océano Índico, spa, cafeterías, restaurantes e instalaciones deportivas.

Este complejo tendría también un hotel de lujo que el empresario quería ocupar mediante la venta de paquetes de vacaciones para los socios de Murdivas Club Vip, un club privado al se accedería adquiriendo paquetes de vacaciones a un precio inicial de 10.000 euros.

Este método de preventa de vacaciones sí es utilizado por diversos hoteles internacionales de lujo que buscan un cliente más selecto y estable, recuerda la misma publicación.

El PP niega su culpa en la 'burbuja inmobiliaria'

MADRID.- El Partido Popular niega categóricamente su responsabilidad en la 'burbuja inmobiliaria' y el origen de la crisis que le achaca el Gobierno socialista y considera que la liberalización del suelo nunca se llegó a aplicar, por lo que se trata de una "reforma pendiente" para la economía española y la abordará "cuando se reactive el mercado inmobiliario".

   En un encuentro con periodistas, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, y el secretario de Economía y Empleo 'popular', Álvaro Nadal, han denunciado que este "mantra" sobre los "pies de barro" del crecimiento de la economía española, reiterado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el último Debate sobre el estado de la Nación es la auténtica "falsedad" y un argumento "destructor de la imagen de España".
   En este sentido, han defendido que cuando al PSOE llegó al Gobierno en 2004 la demanda de viviendas estaba por encima del 'stock' inmobiliario y el crédito "estaba saneado y crecía al mismo ritmo que la construcción", por lo que la "burbuja" se desató por las decisiones del Ejecutivo de Zapatero y no como consecuencia de la Ley del Suelo de 1998.
   Montoro ha remarcado que la "liberalización del suelo" no se pudo llevar a cabo con la Ley de 1998 porque el Tribunal Constitucional lo impidió al reafirmar las competencias de las comunidades autónomas, "que nunca la han aplicado", por lo que se trata de una "reforma pendiente" que abordarán en cuanto cambien las condiciones del mercado inmobiliario se empiece a reabsorber el 'stock'.
   Antes de ello, si el PP vuelve a gobernar tras las próximas elecciones generales, recuperará la deducción por adquisiciones vivienda sin las limitaciones de renta que impuso el PSOE, una decisión que tendría carácter retroactivo para las compras que se hagan en este periodo.
   Para el PP, si la liberalización que planteaban se hubiera llevado a cabo, hubiera conducido a un aumento de la oferta que hubiera abaratado los precios, lo contrario de lo que ocurrió. En este sentido, Nadal ha incidido en que las comunidades autónomas no podían tomar esta decisión "unilateralmente", sino que se necesita un acuerdo, que confían en lograr ahora que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP.
   "La falta de liberalización es lo que lleva a la burbuja de los precios", ha asegurado Nadal, quien ha lamentado que la oferta de suelo sigue siendo una decisión pública, lo cual ha redundado en la corrupción. "Liberalizar el suelo significa, hablando en plata, que la firma del concejal de urbanismo no valga dinero, y sigue valiendo muchísimo"; ha remarcado.
   Frente a las críticas del Gobierno a la banca, el PP considera que el sistema financiero cometió errores, pero propiciados por una política monetaria, de regulación y de supervisión fallida, por lo que la que la principal responsabilidad no fue tanto de los intermediarios financieros como de los "policy makers".
   "Hay excesos, pero la responsabilidad de los agentes económicos es limitada frente a los gobiernos, autoridades monetarias y supervisión bancaria, que en España hace el Banco de España pr delegación del Ministerio de Economía y Hacienda", ha remarcado Montoro, recordando que la virtud de Zapatero ha sido llevarse bien con algunos banqueros y recabar un "voto de izquierda radical".
   En este sentido, el dirigente 'popular' ha asegurado que "el Gobierno culpa a quien pasa por ahí" y el PP ya se lo advirtió a la banca hace dos años. "Nosotros ya les dijimos que les iban a echar la culpa en cuanto necesitara recuperar a sus votantes de izquierda", ha incidido Montoro, quien ha apuntado que no le sorprendería que los reproches llegaran hasta a la Iglesia Católica.

Ayuntamientos y CC.AA. recortan más de la mitad la licitación de obras públicas

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos redujeron en un 54,6% la licitación de obra pública en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010, hasta un importe inversor de 4.313 millones de euros, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.
 
   El desplome en la puesta en marcha de obras por parte de estas administraciones equivale a un recorte de unos 5.200 millones de euros, dado que entre enero y mayo de 2010 sacaron a concurso proyectos por un monto total de 9.515 millones.
   Las restricciones presupuestarias y el parón derivado del proceso electoral y la posterior constitución de los nuevos gobiernos y ayuntamientos constituyen los principales factores de este recorte.
   De esta forma, los ayuntamientos y las comunidades autónomas redujeron su peso en el total de obra pública licitada en el conjunto del Estado desde del 80% que supusieron hasta mayo de 2010 hasta el 59% que representaron en el mismo periodo de este año.
   El descenso fue más pronunciado en los ayuntamientos, que rebajaron un 61% sus licitaciones, hasta los 2.324 millones, que en las comunidades, donde la reducción fue del 42,2%, si bien promovieron obras por una menor inversión (1.989,24 millones).
   Entre los pasados meses de enero y mayo, el conjunto de las distintas administraciones públicas licitaron obras por un monto inversor total de 7.224 millones de euros, lo que arroja un descenso del 38,7% en comparación a un año antes.
   Ante el desplome en el volumen de obras promovidas por la administración local y autonómica, el Gobierno central acaparó el 40% del total de obra pública licitada hasta mayo.
   Ello responde en gran parte al aumento del 50% que registró la licitación de obras por parte del Ministerio de Fomento en los cinco primeros meses, hasta sumar 2.376,8 millones de euros, gracias a su vez a la promoción de obras del AVE, que casi se triplicaron (+161%).
   En cuanto a la distribución de la licitación total por tipos de obras, el recorte en los ayuntamientos se reflejó en el descenso de la licitación de edificaciones públicas, los proyectos que más promueve la administración local.
   Hasta mayo, la promoción de nuevos edificios públicos se desplomó un 60,3% y sumó 2.274 millones, el 31,5% del total. Destaca la caída del 72% registrada en la construcción de nuevos centros deportivos, la del 59% de colegios y la reducción del 55% en la promoción de centros sanitarios.
   De su lado, la licitación de grandes infraestructuras cayó un 18% en los cinco primeros meses, hasta suponer 4.949,9 millones, el 68,5% del total.
   En este subsector sobresale el aumento del 75% registrado en los contratos de obras ferroviarias, por el referido impulso del AVE, y el crecimiento del 15,8% de los proyectos de carreteras. Ello contrasta con el desplome del 66% de las obras portuarias y del 67% de las medioambientales.

Sacyr y sus accionistas Abelló y Carceller se verán en los tribunales el 20 de julio con el murciano Luis del Rivero

MADRID.- Sacyr Vallehermoso y tres de sus principales accionistas, Demetrio Carceller, Juan Abellló y grupo Satocán, están citados a una primera vista judicial el próximo 20 de julio, fruto de la demanda que estos socios presentaron contra uno de los últimos consejos de administración del grupo de construcción y servicios.

   Así lo ha dictado el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, después de que el pasado 1 de julio admitiera a trámite dicha demanda, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

   Esta primera vista servirá para que el juez decida sobre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes: que la impugnación se anote de forma preventiva en la hoja de Sacyr del Registro Mercantil y también se publique en el Boletín Oficial de este registro (BORME), según informaron hoy fuentes conocedoras de la demanda.

   Carceller, Satocan y Abelló, accionistas de referencia de Sacyr al sumar un 23,5% del capital social del grupo, presentaron el pasado 10 de junio una demanda de juicio ordinario contra esta compañía.

   En su demanda, solicitan que se declare la nulidad del acuerdo del consejo de administración del 11 de mayo por el que se nombraron dos nuevos consejeros dominicales en el grupo, uno en representación del presidente de la compañía, el murciano Luis del Rivero, y otro por parte del consejero delegado, Manuel Manrique.

   Los nombramientos fueron votados días después en la junta de Sacyr con el voto contrario de estos tres socios, que consideran "irregular, abusivo e injustificado" que los dos primeros ejecutivos de Sacyr dupliquen su presenta en el consejo. Además, argumentan que la designación de estos vocales no ha contado con el preceptivo informe de la comisión de nombramientos de Sacyr.

   De su lado, el murciano Del Rivero y Manrique defienden que sus puestos en el consejo tienen carácter ejecutivo, no dominical, y que por ello creen necesario que sus "potentes inversiones en la empresa" tengan también su correspondiente representación en el consejo.

   Luis del Rivero es segundo máximo accionista de Sacyr con un 12,6% y Manuel Manrique es el quinto socio de referencia con un 6,2%.

   Por su parte, Demetrio Carceller es el actual primer accionista del grupo de construcción y servicios, con una participación del 15,7% (incluyendo la que tiene sindicada con Satocán), mientras que Abelló es cuarto máximo socio con un 9,6% y ocupa además una de las vicepresidencias de la compañía.

Carabante vende a Thesan Capital la mayoría del capital de Hispania Racing

MADRID.- Thesan Capital ha adquirido al empresario José Ramón Carabante la mayoría del capital social del grupo inversor Hispania, principal accionista de Hipania Racing, propietario de la única licencia en España de Fórmula 1, según informó la firma de capital riesgo. 

   La compañía de inversión se convierte de esta forma en el accionista mayoritario del equipo español de Fórmula 1 y entra así en un sector que considera presenta "grandes perspectivas de crecimiento" con el objetivo de "reforzar la gestión estratégica del grupo".
   En concreto, la firma de capital riesgo busca liderar el desarrollo de Hispania Racing en los próximos años, contando con su actual equipo y dirección, "uno de los principales activos de la compañía".
   Así, prevé "desarrollar y buscar oportunidades de optimización y mejora del rendimiento de la escudería en las próximas temporadas, una progresiva españolización de la organización y su definitivo asentamiento en España".
   Hispania Racing, hasta ahora liderada por el empresario José Ramón Carabante, se convirtió en marzo de 2010 con su debut en Bahrain en el primer equipo español de la historia  en participar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tras 19 carreras, la escudería española fue capaz de acabar el campeonato de constructores en el undécimo puesto.
   Según recordó Thesan en un comunicado, el equipo Hispania Racing cuenta desde el inicio de temporada con el indio Narain Kathikeyan y el italiano Vitontonio Luizzi como pilotos oficiales del equipo, habiéndose incorporado recientemente el joven piloto Daniel Ricciardo, tras la firma de colaboración entre las escuderías Hispania Racing y Red Bull Racing.
   De su lado, Thesan Capital se contituye en 2008 con el fin de liderar como 'principal investor' oportunidades de inversión en el mercado doméstico. Su estrategia pasa por realizar inversiones de control en todo tipo de inversiones que requieren un fuerte reposicionamiento estratégico ligado a una reestructuración operativa y financiera.

El CES dice que de crear empleo, nada por ahora y por todo el año 2011

MURCIA.- El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) ha presentado este lunes, en rueda de prensa, la Memoria socioeconómica y laboral correspondiente a 2010, de la que se extrae que "se está saliendo de la crisis y la caída se ha frenado", aunque se pone de manifiesto que durante este año "no se va a generar empleo, ya que no hay capacidad de crecimiento para ello".

   Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente de este órgano, José García, quien tras reconocer que "se ha tocado fondo en la medida en que el decrecimieno se reduce y a partir de ahora se empieza a no seguir cayendo, no quiere decir que haya garantías de que se haya tocado fondo", de manera, ha lamentado, que la creación de empleo "no se ve tan a corto plazo".
   Ante este escenario, ha resaltado la necesidad de que la Región "aproveche el tirón del entorno de otros países europeos y del conjunto de la OCDE para potenciar las exportaciones" que en 2010 consiguió un crecimiento del 13,6 por ciento, acercándose a los 5.000 millones de euros.
   En el capítulo del turismo, ha destacado que registra "los primeros índices de recuperación al incrementarse tanto el número de viajeros como las pernoctaciones y, en mayor medida, en caso de los extranjeros". Sin embargo, ha subrayado que "no cambia el modelo turístico basado en el turismo de costa, que congrega al 53 por ciento de las pernoctaciones hoteleras".
   Otra de las propuestas que se recoge en la Memoria es la necesidad de "promover un gran acuerdo entre Gobierno regional, agentes sociales y partidos políticos para consensuar medidas que permitan superar los graves problemas que afrontamos y las necesarias reformas, sistema financiero básicamente, para procurar que fluya el crédito".
   En opinión de García, "el primer paso para ello es el diálogo social y todo indica que la voluntad de las partes implicadas está puesta de manifiesto".
   El control del déficit público teniendo en cuenta la singularidad derivada en este ejercicio del terremoto de Lorca y la "prudente" política de endeudamiento seguida en años anteriores por varias regiones, entre ellas Murcia, son otras de las consideraciones que se recogen en la Memoria.
   Apunta a ciertas "debilidades" estructurales de la economía murciana que "acrecientan la gravedad de la crisis e impiden que se haya reanudado el crecimiento económico"; razón por la que la industria, a juicio del CESRM, "debe ser un sector estratégico en el desarrollo regional y especialmente su componente agroalimentario".
   Tras hacer una breve mención al mercado de la vivienda, destacando el "desplome" de la edificación residencial, se resalta la importancia del sector del turismo también como "estratégico" para a corto plazo poder promover el "relanzamiento de la economía", constituyendo la Paramount "un impulso destacado por la nueva vía de negocio que representa y la indudable repercusión internacional que comportaría a todo el sector".
   También la potenciación del turismo rural "debiera ser un objetivo importante en aras a la dinamización del sector turístico regional", al tiempo que hacen referencia al "déficit" de infraestructuras de transporte y especialmente en ferrocarril, siendo ésta una de las "principales limitaciones" de la economía murciana.
   De ahí, que recogen una inclusión a la defensa del Corredor Mediterráneo, siendo un "proyecto prioritario para el desarrollo de la Comunidad" y manifestando, así, que comparte el contenido de la denominada 'Declaración de Murcia en defensa del corredor ferroviario mediterráneo', aprobada el pasado 29 de junio.
   Por su parte, Julio Mamblona, también vicepresidente del mencionado órgano, se ha referido al mercado de trabajo, cuyas conclusiones "suenan a parte de guerra".
   Y es que, ha señalado, "la principal consecuencia del apenas avance económico que hemos tenido no ha evitado una nueva destrucción de empleo y una importante elevación del número de parados".
   Aunque la pérdida de ocupación "se ha suavizado en el conjunto regional, hay unos 9.000 ocupados menos que en 2009, cuando se perdieron 50.000 empleos".
   La destrucción de empleo, que según ha dicho afecta de manera indiferente tanto a hombres como mujeres, "ha repercutido en los menores de 35 años, a excepción del sector agrícola, que se convierte en una especie de refugio para el empleo durante la crisis al haber generado 17.000 puestos de trabajo entre 2008 y 2010".
   En términos generales, ha puntualizado que todos los sectores aún pierden ocupación, "con cierto vigor en industria, con un 7 por ciento; y de forma moderada, construcción y servicios, que baja un 3 por ciento".
   Durante 2010, en términos laborales, la destrucción de empleo "se acentuó en los asalariados fijos, aunque solo trabajadores temporales son los principales perjudicados, que se cifran en 57.000 menos desde que alcanzaron su máximo nivel de ocupación en el segundo semestre de 2007".
   "La situación se ha invertido en 2010, y se destruyen unos 16.500 puestos de trabajo de asalariados fijos, y la consecuencia es la pronunciada elevación del nivel de temporalidad laboral".
   En lo que respecta al empleo público, reprueba que "haya retrocedido sin distinción entre el estable y el temporal", ya que, ha precisado, "el 44 por ciento que alcanza la tasa de paro juvenil y la temporalidad llega el 64 por ciento del 44 por ciento que hay en paro", de forma que son los jóvenes "la gran lacra y tragedia en cuanto al acceso al empleo en esta Región".
   En cuanto al paro de larga duración, ha destacado que "casi la mitad de los desempleados llevan más de un año en esa situación, unas 87.000 personas y una quinta parte llevan dos años como mínimo".
   Se ha hecho también una alusión al "ineficaz" resultado de la reforma laboral para proporcionar la creación de empleo, ya que "el 92,2 por ciento de todos los contratos que se han hecho en la Región son de carácter temporal, lo que supone un nuevo aumento de la tasa de temporalidad de un 0,6 por ciento con respecto a 2009".
   Mientras que el portavoz de los consejeros del Grupo 3º, José Luján, ha remarcado que desde el año 1998 a 2007 "se produce un aumento de casi 35.000 empresas, llegando hasta las 100.000 mientras que en los dos primeros años de la crisis se destruyen cerca de 7.900 empresas".
   En el capítulo de las nuevas tecnologías en la Comunidad, se pone de relieve la "importante" progresión en cuanto a equipamientos y utilización de las Tic "pero todavía la desigualdad es significativa en relación con el promedio español".

El desempleo da un respiro veraniego a la Región pero se ceba con Agricultura

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de junio ascendió a 130.027, lo que supone una bajada de 1.000 personas respecto a mayo, según datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos relativos, la disminución del paro en el mes de junio en la Región fue del -0,76 por ciento respecto al mes de mayo. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 4.918 personas, un 3,93 por ciento más.
   El paro disminuyó en todas las comunidades en el mes de junio, excepto en Extremadura y en La Rioja. Así, la Región de Murcia registró la menor caída por autonomías en términos absolutos, mientras que en términos relativos, ocupó el segundo puesto, por detrás de Andalucía.
   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 66.229 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 63.798 personas.
   Por sectores, el paro bajó en Servicios en 583 personas, en Industria en 116 personas, en Construcción en 671 personas y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 135 personas. Por contra, subió en Agricultura en 505 personas.
   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante junio se situó en 22.314 personas, lo que supone un descenso de 95 personas respecto a mayo (-0,42 por ciento).
   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros bajó en 1.089 personas (-4,65 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 3.859 fueron comunitarios y 18.455 extracomunitarios.
   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (10.144), seguido de Construcción (4.655), Agricultura (3.934), Industria (1.748), y el colectivo Sin Empleo Anterior (1.833).

Lorca registra el mejor dato en creación de puestos de trabajo de los últimos 19 meses

LORCA.- La concejal de Empleo del Ayuntamiento de Lorca, Lali Ibarra, ha informado de que durante el pasado mes de junio volvió a bajar el paro en el municipio. En concreto se crearon 132 nuevos puestos de trabajo, una cifra que corrobora la tendencia positiva que se ha registrado durante el segundo trimestre del año. 

   Ibarra ha explicado que durante este periodo se han creado un total de 621 nuevos empleos. La cifra total de desempleados a día de hoy es la mejor desde hace 19 meses (en concreto desde diciembre de 2009), situándose en 7.044 desempleados, según han informado fuentes municipales.
   Al tiempo que ha manifestado que durante este año se han creado 194 nuevos empleos, acumulando datos positivos de creación de puestos de trabajo en la práctica totalidad de los sectores productivos (agricultura, industria, construcción, servicios).
   Se trata del fruto del esfuerzo común del tejido socioeconómico de nuestro término municipal. Tenemos que seguir trabajando de forma coordinada para que el dato positivo que registramos durante 2011 no sea flor de un día, y consigamos consolidar el descenso y generar una tendencia positiva.

La afiliación a la Seguridad Social en Murcia pierde 315 trabajadores

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en junio en 521.323 personas, lo que supone en términos absolutos una caída de 315 personas con respecto al mes anterior (-0,06 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

   En términos medios, la afiliación se redujo en 7.850 personas en los últimos 12 meses (-1,48 por ciento).
   De las 521.323 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 352.407 pertenecen al Régimen General, 91.731 al Régimen de Autónomos, 67.155 al Agrario, 8.925 a empleados del Hogar, 1.104 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.

Caamaño confirma la virtual transferencia a la Comunidad de Murcia de las competencias de Justicia

GUADALAJARA.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que aún no ha habido contactos entre el departamento que dirige y el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Maria Dolores Cospedal,  para abordar nuevas transferencias de Justicia a la Junta, lo cual le parece "normal dadas las circunstancias", aunque se ha mostrado seguro de que los habrá. 

   Caamaño ha apuntado, en todo caso, que la voluntad del Ministerio de Justicia es que se proceda a dar más competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas.
   En ese sentido, el ministro ha recordado que ya se ha empezado el proceso con la Comunidad Autónoma de Murcia, gobernada por el PP, y que casi está ultimada la transferencia "salvo por un inconveniente presupuestario que la propia Comunidad de Murcia ha asumido y que esperamos poder cerrar pronto". Además, ha señalado que un proceso "similar" se ha cerrado con la Comunidad Autónoma de La Rioja.
   Para el ministro, es "bueno" que las Comunidades Autónomas asuman también su competencia en la gestión de la Administración de Justicia "y es bueno, sobre todo, cerrar el mapa porque quedan aún algunas comunidades autónomas que no las han asumido y lo mejor es que el Estado se ocupe de su parte de competencia y que cada comunidad asuma, tal como quiere la Constitución y los Estatutos, la parte que le corresponde".

Cómo el ex consejero Marqués vendió a la consejera García y a su primo Sebastián

MURCIA.- Fue Francisco Marqués, ex delegado del Gobierno en Murcia y exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en distintas legislaturas, quien, en marzo de 2009, tras ser detenido por su presunta implicación en el caso de supuesta corrupción conocido como 'La Zerrichera', puso a los investigadores tras los pasos de su excompañera del Consejo de Gobierno y, al menos hasta ese instante, buena amiga: la consejera de Hacienda, Inmaculada García. Si fue un desliz o fue a conciencia, o quizás un desesperado intento de justificar lo que parecía poco justificable, sólo Marqués lo sabe. El asunto es que, 'motu propio', sin que nadie le preguntara, fue de su boca de donde surgió el nombre, revela 'La Verdad'.

«Reconozco que el precio (del apartamento que en 2004 había adquirido en la Hacienda del Hornillo, de Águilas) fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (Fernández Rabal, notario lorquino y constructor)», explicó al juez instructor. Y añadió: «Ella misma adquirió dos apartamentos encima del mío». Dando a entender, de alguna forma, que Inmaculada García se había beneficiado de la misma rebaja (en torno al 70%) que el promotor le había hecho a él y que, según se sospecha, fue un regalo (un supuesto cohecho, en términos legales) a cambio de posibles favores desde el cargo público que Marqués ocupaba.
La mención le supo a cuerno quemado a la entonces titular de Economía y Hacienda, quien en ese instante le habría hecho las cruces a su colega y primer valedor ante Ramón Luis Valcárcel (Marqués fue quien la presentó al presidente regional). Además se apresuró a desmarcarse de su examigo. «Yo hice una reserva de dos apartamentos, al mismo precio que todo el mundo, y además renuncié a ellos y no escrituré», señaló García. Y dejó zanjado el asunto.
Para quien no quedó zanjado, sin embargo, fue para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Dinero (UDEF-BLA), quienes, después de detener al promotor y notario Fernández Rabal por supuesto cohecho a Marqués y de registrar su vivienda y oficinas, se encontraron con los documentos relativos a la reserva de dos apartamentos que había realizado Inmaculada García. Por supuesto, les echaron un vistazo.
Ahora, dos años después, con el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre doce tomos del 'caso Zerrichera', se hace evidente que el asunto no cayó en saco roto. Uno de los informes policiales sostiene que la ya exconsejera de Hacienda se benefició también de una sustancial rebaja en el precio de los pisos, y además vincula el hecho a la supuesta voluntad del vendedor de obtener algún posible trato de favor respecto de los muchos intereses que él tenía en el urbanismo regional.
El citado informe policial (nº 74.187 UDEF-BLA-G24-A) desvela que Inmaculada García y su esposo reservaron el 24 de abril de 2004 los pisos 1º C y 1ºD de Hacienda del Hornillo, al precio de 163.000 y 222.000 euros. Lo primero que llama la atención es que en septiembre de 2004, cuando formalizan los contratos privados de compra y entregan una señal de 12.000 euros, los pisos experimentan ya una sustancial rebaja en el precio: el 1ºC se queda en 143.750 euros, y el 1ºD, en 186.719 euros, lo cual les supone un ahorro de 54.531 euros sobre el precio inicial. La consejera y su esposo aprovecharon ese momento para encargar alguna mejora en los materiales del apartamento, por importe de unos 37.000 euros, según el citado informe.
Como, además, los agentes se incautaron en el registro de los contratos de compraventa de otros clientes de esa urbanización, pudieron comparar los precios a los que éstos habían comprado. Y según establecen en el informe, eran bastante más elevados. Así, ponen el ejemplo de una mujer, que adquirió un 2ºC al precio de 215.000 euros, y también el caso del propio promotor, Sebastián Fernández Rabal, quien se quedó un 2ºD por el que pagó a la sociedad 258.000 euros.
«Un simple cálculo aritmético -exponen los autores de informe policial- nos permite determinar la diferencia hallada entre las dos viviendas aludidas y las correspondientes a Inmaculada García, suponiendo que adicionadas conforman una brecha de 142.723 euros, que en porcentaje nos lleva a cifrar en un 43,2% el 'descuento' practicado».
Es a partir de ahí cuando los policías se preguntan qué podía haber llevado a Fernández Rabal a hacerle una aparente rebaja que ni él mismo se hizo, y concluyen que sería por su interés en obtener posibles favores de la consejera de Hacienda.
 
«No he sacado provecho»
Inmaculada García no ocultó su estupor cuando este periódico le telefoneó el viernes para preguntarle por estas consideraciones policiales. «Yo reservé esos apartamentos en 2004, cuando ni siquiera había empezado el movimiento de tierras, y lo hice al mismo precio que tenían para todo el mundo. Los precios a los que compraron otras personas no se pueden comparar, porque depende el momento en que los adquirieran. Hay que recordar que en los años del 'boom' inmobiliario, todo subió muchísimo».
La exconsejera explicó que los dos pisos que ella pensó adquirir han sido vendidos recientemente «y han pagado por ellos menos de lo que yo iba a pagar». Y añadió que el promotor aún no le ha devuelto los 12.000 euros que entregó como señal.
Insistió en que ella no se ha beneficiado de nada, «ya que no llegué a escriturar, porque renuncié a los dos apartamentos». El mismo argumento que dio en 2009, cuando Marqués fue detenido. Lo que no señaló entonces García es que, después de mantener el contrato vigente cinco años, renunció a los dos pisos el 20 de febrero de 2009. Apenas dos semanas antes de que Marqués fuera arrestado. Una decisión, la de no escriturar los pisos, por la que ahora, visto lo visto, se estará felicitando.
 
Un primo al que no arrimarse
La decisión de la entonces consejera Inmaculada García de adquirir en 2004 dos pisos en Hacienda el Hornillo, de Águilas, y de invitar a su compañero y amigo Francisco Marqués a hacer lo propio, bien pudo estar motivada en parte por el hecho de que el promotor, Sebastián Fernández Rabal, es familiar suyo. Primo, al parecer. Ahora, después de todo lo que ha llovido, Inmaculada García probablemente no tenga muchas ganas de dejarse ver en público con él.
Este notario y constructor lorquino tiene el dudoso honor de haber sido detenido y de estar imputado en dos casos de presunta corrupción en Murcia: en una rama del 'caso Limusa', donde se investiga si cometió delitos contra la Hacienda Pública con las sociedades que compartía, entre otros, con el gerente de la empresa pública de limpiezas, Francisco Gil Eguino, y en el 'caso Zerrichera', donde está acusado de cohecho por haber vendido a Francisco Marqués un apartamento por poco más de 100.000 euros, cuando su precio real rondaría los 300.000 euros. Un regalo que le habría hecho a cambio de que el entonces consejero de Medio Ambiente le hubiera ayudado desde su cargo, supuestamente, a burlar la legislación que le impedía acometer determinadas obras en zona de costa, o a cambio de favores en otras iniciativas urbanísticas en las que tenía interés.
Fernández Rabal es un hombre muy conocido en Águilas y Lorca, donde ha levantado el centro comercial Águilas Plaza, el Complejo Hacienda del Hornillo, es socio de la firma Lorca Centro Abierto que tiene la concesión del aparcamiento de la Plaza de Abastos lorquina...
Entre sus gestas empresariales figura haber adquirido un terreno en la zona de Marina de Cope a 112.687 euros cada hectárea y haberlo vendido dos meses después a 475.000 euros cada hectárea. Casi cuatro veces más. Un monumental pelotazo. Claro está que, en ese breve periodo de tiempo, la Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirigía Marqués, dio el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental de ese complejo. Algo que no deja de ser un vistoso detalle.