miércoles, 29 de junio de 2011

López Carbajo espera la "máxima colaboración" de las CC.AA. en el próximo Consejo de Política Fiscal

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que espera la "máxima colaboración" de las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que convocará el Gobierno a finales del mes de julio.

   En declaraciones a los medios tras su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, López Carbajo ha aseverado que hay una "mayor sensibilidad y compromiso" en las comunidades para cumplir los objetivos de déficit. "En un año y pico ha cambiado mucho la percepción", ha subrayado.  
   De la misma forma, ha adelantado que algunos de los planes de reequilibrio que quedaron pendientes de aprobación en la anterior reunión del CPFF están "prácticamente debatidos y aprobados", como es el caso de Andalucía, aunque otros, como el Cataluña o Andalucía, no están tan cerca.
   Sobre cómo se comportarán los impuestos en el futuro, López Carbajo ha admitido que la recaudación de IVA se moderará a partir de julio por la desaparición del 'efecto escalón' que proporcionaba la subida de tipos, aunque mejorarán otras cosas como el turismo.
   El Impuesto de Sociedades, por su parte, mejorará gracias al impulso que quiere dar el Ministerio a la gestión de este tributo, con la que esperan que el impuesto funcione mejor en las grandes empresas.
   Durante su intervención en la Comisión, Carbajo ha confiado en que los ingresos cierren el año mejor de lo previsto y ha recordado que el año pasado acertaron a pesar de que se les acusó de hacer previsiones "exageradas".
   "Se cumplieron (las previsiones)", ha señalado al diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte, que ha advertido al nuevo secretario de Estado que tiene una "dificilísima tarea" por delante par consolidar las cuentas.
   López Carbajo ha asegurado que el Estado va "bien" en el proceso de consolidación fiscal porque ha hecho "un gran esfuerzo", aunque ha rechazado las críticas de los que acusan al Gobierno de culpar a las comunidades del déficit. "Nada más lejos de la realidad", ha señalado, tras asegurar que se considera a sí mismo "poco sospechoso" de una acusación de ese tipo.
   En esta misma línea ha contestado al portavoz de CiU, Pere Macías, que ha criticado el "mal comienzo" de López Carbajo como secretario de Estado al intentar dar lecciones a las autonomías. "No se lo vamos a admitir, de ninguna de las maneras", ha espetado Macías a López Carbajo.
   "Ni cogiendo el rábano por las hojas se puede llegar a esa conclusión", ha respondido el 'número dos' del Ministerio de Economía, quien ha explicado que sólo ha dicho que el esfuerzo lo tienen que hacer todas las administraciones, cada una asumiendo la responsabilidad que le corresponde.
   En este sentido, López Carbajo ha reiterado que todos tienen que hacer un gran esfuerzo para reducir el déficit público al 6% este año, una tarea "nada sencilla" que exige un "sacrificio conjunto".
   Por otro lado, López Carbajo ha rechazado que haya sido el Estado el que ha elevado el saldo negativo de las comunidades con algunas decisiones, ya que también ha tomado otras medidas que han permitido a las regiones reducir sus gastos, como la rebaja salarial de los funcionarios, una medida que ha beneficiado, en sus dos terceras partes, a las comunidades.
   Sobre si las regiones aún tienen margen para contener el gasto, López Carbajo se ha limitado a recordar que el gasto en educación, sanidad y servicios sociales ronda el 60%, por lo que queda un 30% que se puede revisar.  
   "Las reglas de gasto son buenas en estos momentos", ha indicado, tras rechazar una vez más la posibilidad de que el Gobierno plantee una nueva subida de impuestos para mejorar los ingresos, tal y como dijo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, el pasado viernes. "Es la política del Gobierno", ha añadido.

PwC muestra su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y al eje Valencia-Barcelona

VALENCIA.- PwC ha mostrado su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y ha declarado que el corredor Valencia-Barcelona "debe ser un eje de inversión prioritaria". En este sentido, subraya que "apoya y aplaude" la creación de esta infraestructura. 

   La consultora, en un comunicado a cerca de las informaciones publicadas sobre el informe elaborado por la firma, ha señalado que este documento "se limita a analizar como optimizar la red de transporte ferroviario de mercancías ya existente" y "en ningún caso, entra a valorar las infraestructuras pendientes de construir".
   Así, ha indicado que el objetivo central del estudio es "impulsar un transporte de mercancías más eficiente y medioambientalmente más sostenible en España", en los próximos ocho años, en línea con los objetivos del Ministerio de Fomento de incrementar del tres al 10 por ciento el transporte de mercancías por ferrocarril.
   Para ello, se han tenido en cuenta "exclusivamente las infraestructuras y redes de transporte ya existentes" que están "poco cargadas" como consecuencia de la migración del tráfico de viajeros a las nuevas líneas de ancho de alta velocidad. No obstante, "hay una salvedad que es el corredor Valencia-Barcelona que debe ser un eje de inversión prioritaria".
   Del mismo modo, apunta que el estudio "apuesta decididamente" por el Corredor Mediterráneo y "no cita su ampliación hacia el sur, la cual apoyamos, porque se limita a las redes de transporte ya existentes". 
Al respecto, ha agregado que, según su propuesta, "Valencia se convierte en un nodo clave, por su posición en el eje mediterráneo".

El TC dice que es constitucional la reforma del Estatuto de Aragón en su capítulo de reserva hídrica del Ebro

LOGROÑO.- El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia de 22 de junio de este año ha resuelto que no es inconstitucional la reserva del caudal hídrico del Ebro que recogía el Estatuto Autonómico de Aragón, en su reforma. El recurso de inscontitucionalidad lo interpuso el Gobierno de La Rioja, y ahora queda rechazado.

   En concreto, se presentó contra los artículos 19, 72 y disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
   El Tribunal Constitucional en su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, ha decidido declarar que no es inconstitucional la disposición adicional quinta recurrida, siempre que se interprete que no establece una reserva sobre el caudal hídrico del Ebro que obligue al Estado, desestimando el recurso en todo lo demás.
   Indica que la regulación de fijación de caudales hídricos en las cuencas intercomunitarias corresponde al Estado, por consecuencia, resulta inconstitucional la determinación unilateral por el legislador autonómico de dichos caudales.
   La sentencia ha recibido el voto particular concurrente formulado por el Magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez.

Más de 135.000 murcianos utilizan el tranvía en su primer mes de funcionamiento


MURCIA.- Más de 135.000 personas se han adherido a la movilidad sostenible del tranvía cuando se cumple un mes desde la puesta en marcha de la Línea 1 el pasado 28 de mayo. De esta forma, y a pesar de que han finalizado las clases universitarias y la Liga de fútbol y de que muchos murcianos abandonan la ciudad los fines de semana, cada día sube al tranvía una media de 4.550 personas.
 
   El concejal de Tráfico y Transportes, Javier Iniesta, se ha mostrado satisfecho por la buena acogida y valoración del tranvía, reflejadas en el número de pasajeros que lo han utilizado.
   "Los murcianos han recibido de forma muy positiva la implantación por parte del Ayuntamiento de un sistema de comunicaciones moderno y eficaz que contribuye a mejorar la calidad de vida del municipio", ha señalado Iniesta, quien también ha destacado la calidad del servicio, la seguridad y la puntualidad del nuevo modo de transporte urbano.
   En este primer mes de funcionamiento el tranvía ha recorrido 66.125 kilómetros, han informado fuentes municipales en comunicado de prensa.
   El análisis de los datos permite constatar también que el viernes es el día de la semana en el que se registra mayor utilización del nuevo medio de transporte (con 5.710 viajeros), seguido por el miércoles (con 5.478). El día en el que menos personas suben al tranvía es el domingo con 1.740 personas.
   Por paradas, las más utilizada es la de la Plaza Circular, con 23.871 validaciones de billete, seguida por la parada de Marina Española, con 9.480 y la de Juan Carlos I con 9.114.
   Durante este período, se constata además el uso masivo de bonos. Así, de estas 136.513 validaciones 65.906 corresponden a billete sencillo y el resto, 70.607, a los distintos bonos.
   En cuanto a la expedición de títulos, ya disponen de bono un total de 8.531 murcianos.

Crisis en Latbus
UGT ha asegurado que la situación de la plantilla de Latbus, compuesta por 630 trabajadores, es cada vez "más insostenible por el impago reiterado de sus nóminas ya que se les debe el 60 por ciento de la nómina de mayo, no esperan cobrar la de junio, ni mucho menos, la extra de verano", según han informado fuentes del sindicato en un comunicado de prensa.
   Asimismo, el sindicato ha comentado que "entretanto, empresa y Administración regional se culpan mutuamente de la situación y, una vez más, los trabajadores son los más afectados".
   Por ello, el responsable del Sector de Carreteras y Urbanos de la Federación de Transporte, Comunicaciones y Mar (TCM) de UGT, Antonio Tobal; el presidente del Comité de Empresa de Latbus, Miguel Cano; y Pedro Antonio Hernández, miembro del Comité de Empresa de Latbus de CCOO, informarán este jueves de las medidas que llevarán a cabo en sede de UGT.

Testigos acusan a la ex edil de Fortuna de ser la persona que se encargaba de recoger votos a cambio de empleo

MURCIA.- Varios testigos que han declarado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia contra el alcalde de Fortuna (PP), Matías Carrillo, y los ex concejales de Hacienda y Empleo, José Antonio López y María Dolores Sánchez, respectivamente, han señalado a ésta última como la verdadera artífice de la trama de compra de votos por correo, descartando que estuviera implicado el regidor 'popular' de dicha localidad.

   No obstante, la anécdota de la jornada la ha protagonizado un vecino de Fortuna, que ha declarado como testigo, ya que ha cambiado la versión que realizó en un primer momento en el Juzgado de Instrucción de Cieza.
   En dicha declaración, este vecino aseguró que su voto por correo fue voluntario, ya que se marchaba de viaje; mientras que hoy ha sostenido que votó por correo porque se enteró de que a cambio ofrecían un puesto de trabajo en el Ayuntamiento.
   "Fui a ver a la concejal María Dolores y le entregué los carnés de mi familia y me dijo que mañana tendría trabajo", ha relatado este vecino fortunero, quien ha manifestado que tras votar tanto él como su mujer por correo consiguió un empleo durante seis meses.
   La razón por la que acudió a la ex edil fue porque previamente se había dirigido al alcalde Carrillo para manifestarle las condiciones precarias en las que se encontraba y éste, al decirle que "no era posible" darle un empleo, fue a la concejal que se encargaba de esta área para solicitarlo.
   Llegado el turno de interrogación del letrado de la ex edil, ha pedido a la juez que deduzca testimonio para ver si ha incurrido en un delito de falso testimonio y ha declinado seguir preguntando a este testigo, porque "ha cambiado su declaración con respecto a lo que dijo en el Juzgado de Cieza".
   Una joven que también ha declarado este miércoles ha acusado a la ex concejal de Empleo de esta trama de compra de votos por correo, ya que también ella, tras acudir a pedirle trabajo porque "tenía que pensar en darle de comer a mis tres hijos", le dio el voto a cambio.
   Igualmente, el ofrecimiento de Sánchez llegó más allá, según la testigo, hasta el punto de que le dijo que si esta gente "retiraba la denuncia contra ella nos daría una vivienda social". Asimismo, ha negado que en un momento dado advirtiera a la edil de que declararía en su contra si no le daba trabajo.
   Esta testigo también obtuvo un trabajo de limpiadora en el Ayuntamiento tras haber entregado la documentación para que su voto por correo se pudiera gestionar a favor del PP.
   Durante el tiempo que permaneció en el Consistorio, observó, según ha trasladado a la juez, que "éramos ocho mujeres trabajando y la mayoría de veces estábamos paradas y nos metían en pedanías para que no vieran mucho personal".
   El primero en declarar ha sido un joven, que en la misma línea que los anteriores ha comentado que la ex edil lo abordó en plena calle y le dijo que si quería trabajar en el Ayuntamiento, a cambio de darle su voto y el de su familia. Sin embargo, lo que no sabía es que la madre de este joven, en su día menor de edad, era concejal de la oposición.
   Otro de los testigos ha reconocido que se presentó de forma voluntaria en el despacho de la que era concejal de Empleo para pedirle trabajo. "Ella me preguntó si era de 'derechas' y le dije que a tope, por lo que fui a por los carnés de mi familia para hacer los votos por correo", ha recordado.
   Sin embargo, dos testigos, uno de ellos ex concejal de la Agrupación de Fortuneros Independiente (AFI), han puesto de relieve que de la trama del PP de la compra de votos por correo sólo oyeron rumores.
   Tras tener conocimiento de ellos, este concejal independiente, junto a los representantes de IU y PSOE se reunieron en la sede socialista para hacer un escrito solicitando a la gente que votara "libremente".
   La mujer, por su parte, ha reconocido que por aquella época "había muchos nervios de los partidos políticos y todo el mundo se dirigía a la edil de Empleo a pedirle trabajo, porque intentaba ayudar a todo el mundo", aunque ha asegurado que nunca vio nada de la compra de votos por correo, puesto que ella, junto al voto de su marido y de su hija, los depositó en persona en Correos.
   El fiscal pide para cada uno de los acusados doce fines de semana de arresto, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, y la inhabilitación especial para el cargo de concejal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años.
   Por su parte, la acusación particular, representada por el letrado Joaquín Dólera, a instancias de IU, que fue quien denunció los hechos, considera que los hechos, además de un delito electoral, son constitutivos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Hostelería y Comercio suman el 50% de las últimas afiliaciones de inmigrantes autónomos en la Región de Murcia

MURCIA.- UPTA asegura que el año 2011 está siendo un año positivo para los autónomos inmigrantes y así lo reflejan las cifras del número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, tanto en la Región de Murcia como en el resto de las comunidades. En concreto, apunta, Hostelería y Comercio suman el 50 por ciento de las últimas afiliaciones de inmigrantes autónomos en la Región. 

   En Murcia, a pesar de las 33 bajas registradas en marzo, la diferencia entre las altas y las bajas producidas entre enero y mayo es positiva.
   En el último mes se registraron 42 trabajadores por cuenta propia más que en abril y 89 más que a principios de año. Asimismo, abril registró el mayor número de altas con 75 nuevos emprendedores.
   A fecha 31 de mayo, había registrados en Murcia un total de 1.988 autónomos inmigrantes comunitarios y 2.956 extracomunitarios, explican en comunicado de prensa.
   Por sectores de actividad, destacan la hostelería y el comercio con 47 y 35 altas respectivamente desde principios de año, lo que se traduce en el 50 por ciento de las altas. Por su parte, la construcción sigue un continuo descenso, perdiendo 29 afiliados en la Región.
   UPTA recuerda que hace meses ya anunció que la recuperación del emprendimiento estaría relacionada con la iniciativa de los trabajadores inmigrantes, "a pesar de las dificultades que este colectivo tiene para ejercer una actividad por cuenta propia".

CiU propone que el Tesoro avale y gestione las emisiones de deuda de las comunidades autónomas

MADRID.- El grupo parlamentario CiU ha propuesto al Gobierno que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas, autorizadas en función del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y los límites de endeudamiento que se establecen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   "Como el Tesoro lo pagamos todos, queremos que avale las emisiones", ha señalado portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, en una rueda de prensa, donde ha asegurado que "no es de justicia" que los ciudadanos paguen los diferenciales.
   En materia laboral, el grupo catalán también insta al Gobierno a introducir nuevos incentivos para la generación de empleo como una subvención directa de 5.000 euros en para los costos de contratación de un nuevo trabajador y la ampliación a todos los colectivos de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por paro para iniciar una actividad empresarial.
   En esta misma línea, propone aplicar una bonificación del 100% de las cotizaciones a los nuevos trabajadores autónomos durante el primer año y para su primer asalariado, al tiempo que se inclina por extender las bonificaciones para el mantenimiento de la ocupación a los trabajadores mayores de 55 años.
   Por otro lado, invita a revisar la legislación de los contratos a tiempo parcial para conseguir más flexibilidad en la organización de la jornada, una mejora del régimen de protección social de este tipo de contratos y posibles incentivos a las empresas.
   En el ámbito de la negociación colectiva, CiU pide facilitar una mayor vinculación entre sueldos y productividad, mejorar las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas, la mejora de las herramientas para combatir el absentismo y la reformulación de las mutuas.
    De la misma forma, resalta la necesidad de clarificar la prioridad de los convenios autonómicos frente a los estatales, así como las partes que continúan vigentes en la fase de ultraactividad, al tiempo que apuesta por revisar los plazos de prórroga de los convenios en situaciones excepcionales y por facilitar el descuelgue de las pymes que así lo requieran.

El Tribunal de Cuentas europeo cuestiona las ayudas agrícolas que benefician a explotaciones sin actividad

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy un informe sobre el régimen del pago único de la Política Agraria Común (PAC) en el que cuestiona las ayudas que benefician a titulares o explotaciones que no cumplen una actividad agrícola real, al tiempo que advierte que "buena parte" de las subvenciones van a parar a "grandes explotaciones" y que la contribución de este sistema a una agricultura respetuosa con el medio ambiente es "limitada".

   El Tribunal recoge ejemplos de distintos países que asignaron las ayudas cumpliendo las normas que pone en cuestión en el informe y menciona a España por considerar subvencionables superficies parcialmente forestales o pastizales rocosos de montaña, "aunque no se exigía que los agricultores llevasen a cabo ningún tipo de mantenimiento". Y apunta que los requisitos de carga ganadera para garantizar el mantenimiento de los pastizales permanentes en un nivel adecuados eran "meramente facultativos".
   Por ello, el tribunal reclama a Bruselas cambios como que sólo se beneficien del pago único los agricultores considerados "activos", que se defina con "mayor claridad" criterios como el de "superficie subvencionable" y "actividad agrícola" para poder descartar posibles benefactores que no cumplan los requisitos y que se tenga en cuenta el coste de los esfuerzos por cuidar el medio ambiente. También recomienda que el valor de los derechos se base en las actuales condiciones de explotación de las distintas regiones de la Unión para lograr una distribución más equilibrada de la ayuda entre los agricultores.
   El portavoz comunitario de Agricultura, Roger Waites, ha admitido este miércoles en rueda de prensa que existe un "problema" porque "algunos agricultores inactivos" reciben ayudas de la PAC, pero ha defendido que Bruselas ya reclamó en 2008 una definición "más precisa" de lo que debe ser un productor "activo" y ha recordado que los Estados miembros pueden decidir "excluir" a determinados productores de las ayudas directas, pero "ninguno lo ha hecho".
   El comisario de Agricultra, Dacian Ciolos, presentará en otoño una propuesta legislativa para la reforma de la PAC más allá de 2013 en la que "afrontará este problema" y planteará acotar mejor el estatus de un agricultor activo, ha añadido su portavoz.
  El informe del Tribunal examina los beneficios de la PAC y las condiciones e impacto de su régimen de ayudas, incluidos los objetivos "de apoyar a la renta de los agricultores y de mantener las superficies agrícolas en buenas condiciones agrarias y medioambientales", y concluye que ha tenido una contribución positiva, pero pone en duda algunos de sus contenidos.
   Entre los principales problemas, el informe destaca que la definición de los beneficiarios del pago único ha permitido que hayan recibido ayudas "personas que no realizaban ninguna actividad agraria" o que sólo lo hacían de manera "marginal" e incluso hace referencia a casos en los que "favoreció las inversiones de operadores con poco interés en la agricultura como actividad", que se dedicaron a "explotar los ingresos garantizados" por la PAC.
   También considera "vagas" las características que debe reunir una parcela subvencionable para beneficiarse de los subsidios comunitarios y alerta de que agricultores pueden recibir pagos anuales "sin tener que llevar a cabo ninguna actividad específica de mantenimiento", ni existe una relación directa entre las ayudas que reciben y los costes para garantizar la conservación agrícola y medioambiental de sus tierras.
   El tribunal ha sometido a examen criterios como los derechos históricos --con los que se calculan las ayudas de agricultores de países como España en función de lo concedido entre 2000 y 2002-- porque "han dejado de ajustarse a las actuales condiciones" de producción en las regiones y también señala que el sistema de pago único beneficia "ante todo" a beneficiarios "no muy numerosos pero grandes".
   Al repasar distintos casos en la Unión Europea, el tribunal recalca que detectó algunos benefactores individuales que percibieron ayudas en un año por valor de hasta un millón de euros "sin realizar actividad agraria alguna en la superficie subvencionada".
   La Comisión Europea, por su parte, responde en el informe que el régimen de pago único es un mecanismo de ayuda "disociado" y por tanto no se puede vincular al requisito de producción. "No se puede considerar que un agricultor carece de actividad agrícola simplemente porque no mantiene un determinado nivel de producción", advierte. Aún así, admite que sí debe ejercer una "actividad agraria", entendida como un "mínimo mantenimiento de sus tierras en buenas condiciones agrarias y medioambientales".

El BBVA pide "no estropear" el mercado hipotecario por "presiones populistas"

MADRID.- El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha afirmado que es necesario proteger "a toda costa" el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que "puedan estropearlo" por presiones populistas.

   "Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial", dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.
   Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
   El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.
   "Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica", porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el 'número dos' del BBVA, para quien "hay que evitar esto a toda costa".
   Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea "sólido".
   El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es "muy fiable" y una referencia a escala internacional.
   En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.
   Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.
   A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
   El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una "rabiosa" valoración de activos a precios de mercado.

Valeriano Gómez: nada impide invertir la 'hucha de las pensiones' en deuda autonómica

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que "formalmente" no hay impedimento para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en deuda autonómica, si bien ha apuntado que "no le consta" que el consejo rector de la 'hucha de las pensiones' esté estudiando esta posibilidad en estos momentos.

   El ministro se ha referido en estos términos a la reclamación planteada por CiU aprovechando la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones para hacer explícita esta posibilidad, así como para dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación del Fondo, algo que Gómez considera que "es más difícil".
   Dicha Comisión está compuesta actualmente por el secretario de Estado de la Seguridad Social y representantes del Ministerio de Trabajo, del de Economía y Hacienda, de los distintos sindicatos y cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.
   CiU, que presentó su propuesta en una enmienda al proyecto de Ley de reforma de las pensiones, la retiró en la votación en Comisión del pasado lunes tras pactar un paquete de medio centenar de enmiendas con el PSOE entre las que destacan varias que permiten la entrada de las mutuas de las comunidades y el traspaso a éstas de los centros sanitarios que gestionan, aunque seguían siendo patrimonio de la Seguridad Social.
   En cualquier caso, Gómez ha recordado que la inversión del Fondo ya se destina a deuda pública y que el único cambio en la ley que regula el Fondo sería necesario en el caso de invertir en deuda privada, una idea que el Ejecutivo barajó hace años pero que abandonó ante el rechazo de la oposición parlamentaria.

El PSOE carga contra los "abusos" en los embargos que "malbaratan" las viviendas

MADRID.- El PSOE plantea en sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluya medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

   Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.
   No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.
   Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad.  
   Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".

Inmigrantes 'sin papeles' con hijos menores de nacionalidad española podrán regularizar su situación

MADRID.- Los inmigrantes que se encuentren 'sin papeles' en España y sean padres de menores de edad con nacionalidad española podrán solicitar la regularización de su situación a partir de mañana, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que contempla esta posibilidad al desarrollar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vigente desde enero del año pasado. 

   En concreto, el Reglamento, que llega con un año de retraso, crea la figura del arraigo familiar, por la que podrán regularizar su situación las personas sin permiso de residencia y con hijos menores si tienen nacionalidad española. No obstante, se mantiene la regularización por arraigo laboral --dos años de residencia y un contrato de trabajo--, por arraigo social --tres años de residencia, vínculos familiares y contrato laboral--, y por razones excepcionales o de índole humanitaria.
   Además, a partir de este 30 de junio las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empezar a redactar informes para acreditar el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Este "esfuerzo", según la norma, "podrá ser alegado como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos" para el trámite de que se trate.
   Este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.
   El Reglamento contempla en su disposición transitoria segunda que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento se resolverán con el procedimiento que estuviera vigente en ese momento, salvo que el afectado pida que se le aplique la nueva normativa y cumpla los requisitos para ello.  
   Otra de las novedades incluidas en el Reglamento es la posibilidad de que los extranjeros acogidos a un programa de retorno voluntario puedan recuperar si vuelven a España la antigüedad del permiso de residencia que tenían antes de marcharse. No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán esperar al menos tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.
   Uno de los asuntos que ha suscitado más debate público es la protección de las víctimas de violencia de género o trata que se encuentren en situación irregular cuando acudan a denunciar. Aunque la Ley de Extranjería establece que se paralizaría el expediente de expulsión abierto a estas mujeres por no tener papeles, los grupos parlamentarios impulsaron una reforma para que esta sanción no fuera si quiera incoada. Esta iniciativa, reformada en el Senado, está pendiente de ser refrendada en el Parlamento.
   En paralelo, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración introdujo esta previsión en el Reglamento, para especificar que si el expediente de expulsión "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal", es decir, hasta que exista una sentencia o un informe del fiscal que acredite que la afectada ha sido víctima de los delitos denunciados. Mientras tanto, tanto ella como sus hijos tendrán acceso a permisos temporales de residencia y/o trabajo.
   Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.
   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.
   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".
   Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

Salgado: "Creo que lo que tienen que hacer las comunidades es cumplir"

MADRID.- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que lo que tienen que hacer las comunidades autónomas en este momento es cumplir con el límite de déficit que se ha fijado, situado en el 1,3% del PIB.

   Así lo ha señalado Salgado en los pasillos del Congreso al término del Debate sobre el estado de la Nación al ser preguntada por la última advertencia de la agencia de calificación crediticia Moody's sobre la posibilidad de rebajar el rating a algunas comunidades autónomas.
   Moody's ha asegurado que si las comunidades no dan nuevos pasos para lograr una mejora sostenible en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones.
   La agencia considera probable que varios gobiernos regionales superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al excesivo optimismo de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Zapatero se arrepiente de no "haber intentado pinchar" antes la burbuja inmobiliaria española

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "si se arrepiente de algo" es de no haber "pinchado o intentado pinchar antes la burbuja inmobiliaria" con la que su Gobierno convivió durante "dos o tres años" e hizo que se multiplicara por ocho el endeudamiento y que el crédito de ese sector creciera veinte puntos por encima de la media europea. 

   Durante su réplica al presidente del PP, Mariano Rajoy, ayer durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero ha espetado al líder 'popular' que si le parece una "buena herencia" de los gobiernos de José María Aznar que la inversión en vivienda y el endeudamiento en el sector creciera el doble respecto a Europa. "No es una buena herencia", ha remachado.
   Zapatero ha asegurado que su Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley del Suelo para intentar modificar un modelo que se generó, desarrolló y creció desde 1996 a 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, y que continuó hasta 2007, cuando ya gobernaba el PSOE y empezó a declinar por culpa de la crisis económica.  
   "Ahí está el problema de lo que ha pasado en la etapa de crecimiento", ha aseverado Zapatero, quien ha exigido a Rajoy que tenga la "honestidad intelectual" de reconocer que lo sucedido es una "responsabilidad colectiva".

El ICO pagará la deuda de los ayuntamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, dijo el jefe del Ejecutivo durante el debate del estado de la nación.

El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.

El Gobierno ha encargado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que instruya sobre esta línea al ICO, que actuará en función del volumen y de las facturas pendiente y la morosidad.