martes, 31 de mayo de 2011

IU-Verdes pide un aumento del déficit de la Región para reconstruir Lorca

MURCIA.- IU-Verdes ha instado este martes al Gobierno regional a que solicite a la Administración central que haga una excepción en el cumplimiento del déficit público de la Comunidad con el fin de disponer de más recursos para abordar la reconstrucción de Lorca, devastada tras los terremotos del pasado 11 de mayo.

   Pujante, que ha hecho estas declaraciones tras conocer que el déficit de la Región de Murcia se situó en el primer trimestre del año en el 0,89 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), ha considerado "restrictivo" el techo de déficit impuesto y ha apostado por una mejor gestión de las administraciones para eliminar los gastos superfluos.
   A su juicio, el incremento "desorbitado" del déficit "es fruto de la burbuja inmobiliaria y financiera que han alentado sin control los gobiernos de PP y PSOE", y cuyos efectos han sido el aumento del desempleo y la crisis económica, "que ahora pretenden hacer recaer sobre el conjunto de la clase trabajadora".
   Ha insistido en que los ingresos públicos atraviesan una crisis por el incremento del paro y la consiguiente reducción del consumo y la contribución fiscal, así como por una política "débil" en materia de fiscalidad que requiere de una reforma para que paguen más quienes más ganan y tienen.
   Asimismo, Pujante ha apuntado como prioridad para mejorar la situación económica de la Región de Murcia la generación de puestos de trabajo y la lucha contra la desigualdad social, para atajar "con más garantías" el déficit de las comunidades autónomas en segundo lugar.
   Ha criticado también la apuesta de PP y PSOE por fijar techos de gasto en las comunidades, ya que esto acarreará "nuevos recortes sociales" frente a los que IU-Verdes "luchará con todas sus fuerzas".

CCOO, UGT y Sterm vuelven a salir a la calle este jueves bajo la amenaza de nuevos recortes

MURCIA.- Los sindicatos CCOO, UGT y Sterm han hecho un llamamiento conjunto a la ciudadanía para que este jueves, a las 19.30 horas, salgan de nuevo a manifestarse contra la Ley de Medidas Extraordinarias, más conocida como 'el tijeretazo', esperando "una afluencia masiva". 

Se trata de la primera marcha del llamado 'Comité de Resistencia' que se realiza tras las elecciones autonómicas y municipales, dado que la prevista inicialmente antes de los comicios se suspendió por el terremoto de Lorca.

   Bajo el lema 'Por el empleo y los derechos sociales. Los servicios públicos no se tocan', la protesta, que realizará su recorrido habitual --Plaza Fuensanta, Gran Vía hasta Jardín de Floridablanca-- viene a realizarse en el momento "más adecuado", vista la amenaza de que en septiembre se puedan producir nuevos recortes.
   Así lo ha manifestado en rueda de prensa el coordinador de Sterm en Murcia, Toni Carrasco, quien ha expresado estar "indignado". Por ello, ha dejado claro que el jueves "vamos a mostrar esa indignación y nos tienen que ver unidos y organizados, alerta contra los posibles intentos de que en septiembre se concreten más recortes en plantilla, de derechos y en el conjunto del gasto social que afectará al conjunto de la ciudadanía".
   Esta movilización será la primera que se desarrolle tras el proceso electoral, donde el PP "ha salido muy legitimado de las urnas", ha enfatizado el secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, quien ha llamado la atención sobre "ese futuro incierto" al que Sterm hacía referencia.
   "Un futuro oscuro por la falta de soluciones hasta ahora a la situación, siendo probable que en septiembre, los gobernantes tengan cierta predisposición a que ese control del déficit público lleve aparejado una merma en la calidad de los servicios públicos", ha denunciado públicamente Jiménez.
   Precisamente porque el Gobierno 'popular' "ha salido tan ampliamente respaldado de las urnas, debe sentirse obligado a buscar soluciones hasta donde ahora no las ha habido", ha subrayado, para después resaltar la necesidad de "superar la bronca política levantada durante el periodo electoral".
   De forma que, ha comentado, "asumir la confianza que los ciudadanos han depositado en el Gobierno les transmite la responsabilidad de trabajar cuanto antes por atajar los graves problemas de Murcia", haciendo un doble llamamiento para "abrir nuevamente el diálogo social y acudir a la manifestación".
   Con esta marcha, según UGT, "no solo se quiere dar continuidad a las movilizaciones contra la Ley de Medidas Extraordinarias y contestación a esa insuficiente reforma a principios de año, sino también dejar clara nuestra oposición a los ataques que se están lanzando contra los servicios públicos".
   Al respecto, ha criticado la "injusticia e inutilidad de las medidas extraordinarias y los efectos negativos que han tenido en los empleados públicos y sobre el resto de trabajadores y entidades públicas y privadas".
   Al hilo, Jiménez ha advertido que la patronal "ya está pretendiendo emular los recortes que el Gobierno regional dirigía inicialmente hacia los empleados públicos y si a esto se añade la amenaza del copago y lo ponemos todo ello en relación con el Plan de reequilibrio financiero presentado por la Comunidad", concluye que "se está produciendo una clara intencionalidad de agredir a los servicios públicos, su gratuidad y libre acceso".
   Sobre dicho plan, ha criticado el hecho de que "implica una reducción efectiva de la plantilla de la Administración regional no solo en el ámbito de las administración y servicios generales, sino también de la educación".
   De hecho, ha vaticinado que "nos espera un próximo semestre de año muy malo, porque se perderán plazas consecuencia del aumento de jornada, del ratio alumno-profesor y porque no se dará cobertura a las bajas y jubilaciones que se están produciendo".
   Por su parte, el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, ha considerado que "hay otras alternativas y políticas fiscales que entre todos permitan contribuir a afianzar mayores cotas de igualdad y solidaridad entre las personas".
   De ahí que el 2 de junio "nos volvemos a movilizar para que entre todos seamos capaces de establecer nuevas vías de diálogo y generar alternativas a las recetas que hasta ahora se han puesto en marcha".
   Desde el Sterm, Toni Carrasco ha subrayado que "seguimos organizados y pendientes de las decisiones que el próximo gobierno tome para equilibrar los presupuestos". En este sentido, ha opinado que el próximo gobierno regional "ha de ser consciente de que no estamos dispuestos a que el déficit se reduzca a base de recortas los servicios públicos y las condiciones laborales".
   "Nos tememos que una vez celebradas las elecciones salgan a la luz nuevos datos sobre la situación precaria de las distintas administraciones públicas y entonces se pueda seguir teniendo la tentación de concretar más recortes sociales y laborales desde ella", ha concluido.

Las CC.AA. cierran el primer trimestre con un déficit del 0,46% del PIB

MADRID.- Las comunidades autónomas cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 4.995,31 millones, lo que supone el 0,46% del PIB, mientras que el Estado redujo el saldo negativo de sus cuentas un 53% en los cuatro primeros meses del año, hasta los 2.450 millones, el 0,22% del PIB.

   Así lo ha adelantado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en una rueda de prensa, donde ha descartado la posibilidad de tomar nuevas medidas de recorte de gasto porque las cifras apuntan a que la senda de reducción de déficit público es "absolutamente la correcta y adecuada".
   "No hay que esperar nuevas medidas", ha señalado, tras resaltar, sin embargo, la necesidad de seguir trabajando en las reformas puestas en marcha y admitir la posibilidad de acordar algunas medidas de coordinación en los órganos adecuados para hacerlo.
   En el caso del déficit autonómico, los datos muestran que ningún territorio supera el 1% de déficit. Las peor situadas en el primer trimestre han sido Islas Baleares y Cataluña, con un déficit del 0,97% del PIB. También registran déficit elevados Murcia (0,89%), País Vasco (0,77%), Andalucía (0,75%) y Comunidad Valenciana (0,67%).
   De la misma forma, registran saldos negativos Extremadura (0,64%), Madrid (0,60%), Castilla y León (0,40%), Canarias (0,28%), Cantabria (0,26%), Asturias (0,26%), Cataluña (0,09%) y Navarra (0,07%). En el lado contrario, se sitúan Aragón (0,19%), Galicia (0,14%) y La Rioja (0,18%), con superávit.
   Según Salgado, no todas las comunidades han mostrado la misma evolución, ya que aproximadamente la mitad han registrado un comportamiento "acorde" con el objetivo de déficit para 2011 del 1,3%, aunque otras ofrecen datos "menos positivos" y deberán acelerar la aplicación de los planes para alcanzar el objetivo marcado.
   En concreto, el déficit autonómico es el resultado de unos ingresos que se han situado en 29.535,73 millones, un 2% menos que en el periodo anterior, y de unos gastos que han ascendido a 34.531,04 millones, un 5,4% más.
   Aún así, Salgado ha resaltado la importancia de ser muy "prudentes" en el análisis de los datos, porque pueden estar distorsionados por la magnitud de algunos procesos de ajustes o por diferencias de calendario, singularidades que se irán corrigiendo en el segundo semestre.
   Ha admitido que las comunidades han cerrado con una evolución del gasto "superior" al previsto, que ha desembocado en un desequilibrio de las cuentas autonómicas también "superior" al que cabría esperar. En concreto, ha asegurado que los gastos de personal disminuyen en todas las comunidades, menos en Andalucía, aunque hay otros componente más "erráticos", como las inversiones, con crecimientos muy significativos en algunas CC.AA.
   En todo caso, ha asegurado que el objetivo del 1,3% sigue siendo "perfectamente posible", aunque algunas CC.AA. en particular tendrán que hacer esfuerzos de moderación y "prestar especial atención", al tiempo que tendrán que aclarar al Ministerio de Economía las causas de las desviaciones que han registrado en este primer trimestre y asegurar que las corregirán más adelante.
   Según la 'número tres' del Gobierno, el objetivo de déficit es "irrenunciable", por lo que el Estado aplicará todos los mecanismos de control a su alcance de "manera estricta" para garantizar que las comunidades cumplen el objetivo marcado.
   En cuanto a los planes de reequilibrio pendientes de aprobar (un total de seis), ha dicho que aún están trabajado y que en algunos la tarea está mucho más avanzada, aunque lo deseable sería poder aprobarlos todos.
   Preguntada por la posibilidad de que afloren nuevos datos de déficit tras los cambios de gobierno en las CC.AA., Salgado se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con el PP para hacer un análisis más exhaustivo de los gastos no sólo donde va a empezar a gobernar, sino también donde ya lo hacía.
   Sin embargo, ha considerado que el partido liderado por Mariano Rajoy lanza un mensaje "muy poco serio" si pide auditorías de cuentas en los nuevos territorios en los que gobierne, porque el cuerpo de interventores del Estado y de las CC.AA. realiza su trabajo de "manera impecable". "No seré yo quien lo ponga en duda", ha indicado.
   En el caso del déficit estatal, los 2.450 millones se deben a unos pagos que se situaron en 47.423 millones de euros, un 12,9% menos, mientras que los ingresos sumaron 44.963 millones de euros, lo que supone una caída del 8,6%.
   La cifra supone una reducción del 53% en comparación con el año pasado, lo que, según Salgado, es una reducción "muy importante" que demuestra que el Estado está en la senda de "cumplimiento perfecto" del déficit comprometido.
   Hasta abril, los ingresos no financieros totales ascendieron a 68.252 millones de euros, un 4,3% más, mientras que los ingresos impositivos (el 92% del total) se situaron en 62.995 millones, un 4% más. Los impuestos directos recaudaron 33.006 millones (+0,6%), mientras que los indirectos sumaron 29.989 millones (7,9% más). El capítulo de otros no financieros reportó 5.257 millones.
   Por figuras impositivas, el IRPF recaudó 28.054 millones hasta abril, un 2,6% más, mientras que el Impuesto de Sociedades ingresó hasta 3.636 millones, un 14,6% menos. Por su parte, el IVA alcanzó los 22.842 millones de euros, un 11,9% más, mientras que los impuestos especiales generaron 6.116 millones, 300 millones menos por la menor recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, que cayó un 6,9%, mientras que el de Hidrocarburos cayó un 4,2%.
   En el capítulo de pagos no financieros, representaron 49.791 millones de euros, un 19,6% menos y el menor de los últimos tres ejercicios, que se aproxima a los niveles de 2008. Una parte importante de esta reducción se localiza en el apartado de transferencias corrientes, que representaron algo más de la mitad de todo el capítulo y cayeron un 65,9%.
   Por su parte, los gastos corrientes en bienes y servicios cayeron un 5,9%, mientras que los gastos financieros bajaron un 3,7%, las transferencias de capital, un 29,4% y las inversiones reales un 28,2%. Sólo los gastos de personas presentaron un leve repunte del 1,2% por la compensación del repunte del IPC en las pensiones de clases pasivas.

Techos de gasto
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se ha mostrado partidaria de que las comunidades autónomas aprueben techos de gasto para la elaboración de sus presupuestos al igual que realiza actualmente la Administración Central, dado que considera que se trata de una "herramienta muy útil".
   Salgado, que compareció en el Ministerio de Economía para dar cuenta de la ejecución presupuestaria de las comunidades en el primer trimestre, refrendó así la propuesta realizada hoy por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien apostó por los techos de gasto en las comunidades.
   La ministra señaló que incluso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en sede parlamentaria a que en las comunidades gobernadas por el PSOE sus parlamentos autonómicos aprueben una ley que fije estos techos de gasto.
   "Somos absolutamente favorables a que cada comunidad apruebe su techo de gasto como una herramienta útil, y así lo ha dicho Zapatero en sede parlamentaria y así se han comprometido las comunidades que tengan gobiernos del PSOE", subrayó.
   En este sentido, indicó que el PP también ha hecho declaraciones en este sentido e incluso el presidente del partido, Mariano Rajoy, ha asegurado que si gana las elecciones generales, la primera medida que adoptará será aprobar una ley que establezca techos de gasto en las comunidades.
   Así, dijo que el PP ya gobierna en algunas comunidades y gobernará en más después de las elecciones autonómicas del 22 de mayo, por lo que aseguró que ya puede aprobar estos techos de gasto en estas regiones.

Control del gasto
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha reclamado a los gobiernos autonómicos españoles que adopten "lo antes posible" una regla jurídicamente vinculante para controlar el gasto en sus presupuestos.
   Almunia ha reclamado además a los gobiernos regionales del PP que, en el actual "momento muy difícil", se unan al esfuerzo del Gobierno central para recortar el déficit público.
   "Ahora que necesitamos cumplir plenamente los objetivos de déficit y mantener bajo control la deuda, necesitamos no sólo un marco fiscal nacional sino también marcos fiscales regionales. Necesitamos una regla de gasto a nivel regional", ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario en una conferencia.
   "Mi opinión, en tanto que comisario y en tanto que español, es que los gobiernos regionales deberían introducir lo antes posible una regla de gasto jurídicamente vinculante en sus presupuestos", ha señalado Almunia.
   El comisario de Competencia ha lamentado que la coordinación de políticas fiscales de las comunidades autónomas "no ha sido plenamente eficaz" y ha reclamado más "corresponsabilidad" en esta materia.
   "En España, el grado de corresponsabilidad debería aumentar muy rápidamente por las condiciones políticas después de las últimas elecciones regionales. Desafortunadamente según mi punto de vista político, la mayoría de las regiones políticas tienen un color político distinto al del Gobierno central y eso supone un gran reto en un momento muy difícil", ha dicho Almunia.
   El déficit de las comunidades autónomas aumentó hasta el 2,8% del PIB en 2010, algo que a juicio del comisario "no se explica plenamente por la crisis", ya que ésta ha reducido los ingresos pero no ha aumentado tanto el gasto porque las prestaciones por desempleo se gestionan a nivel nacional.
   En 2011, los gobiernos regionales están obligados a recortar el déficit hasta el 1,3% del PIB y 8 de los 17 deberán ajustarlo "muy por encima" del 1,5% de media. Almunia ha reconocido que para las comunidades autónomas resulta "más difícil" reducir el déficit que para el Gobierno central porque la mayoría del gasto se concentra en sanidad y educación, que son partidas con "baja elasticidad".
   La deuda de las regiones se sitúa alrededor del 11% y, aunque este nivel "no es muy alto", el acceso a los mercados para refinanciarla o emitir nueva deuda "es más difícil para los Gobiernos regionales que para el Gobierno central, lo que supone un problema importante", ha indicado el vicepresidente.

En plena crisis del crédito, Caja Murcia niega morosidad relevante y arguye beneficios sustanciales

MURCIA.- La Caja de Ahorros de Murcia ha aprobado, en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada hoy, las cuentas anuales del ejercicio 2010, en el que obtuvo un beneficio neto de 101,6 millones de euros, y la segregación de sus activos y pasivos financieros a favor del Banco Mare Nostrum, S.A. 

   Dicho resultado ha sido alcanzado según su presidente, Carlos Egea, como consecuencia de "la prudencia mostrada antes de la crisis y de una contrastada capacidad de gestión de las condiciones adversas en el entorno actual, el más complicado para el sector bancario de nuestro país en la historia reciente".
   Carlos Egea señaló que el proceso de integración de Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra en el Grupo BMN es uno de los más avanzados en el sector de cajas de ahorros y añadió que "no ha sido fruto tan solo de un planteamiento para aumentar la dimensión o facilitar el acceso a los mercados financieros, sino también para servir más y mejor a los clientes, facilitar el desarrollo profesional de todos los empleados y mantener el compromiso con la Obra Social".
   El presidente de Cajamurcia y de BMN añadió que en tan solo unos meses los fundamentos del Grupo BMN "han mejorado de forma significativa, tanto desde el punto de vista de la gestión del riesgo inmobiliario, como de la liquidez y del fortalecimiento de los recursos propios".
   "Estamos transmitiendo a nuestros clientes que BMN se asienta en unos sólidos pilares que nos va a permitir ser más fuertes y eficaces, y también ofrecer una mayor y mejor gama de productos y servicios", añadió.
   En el ámbito de la gestión de los riesgos, Cajamurcia mantiene una elevada calidad de los activos como lo atestigua su ratio de morosidad del crédito del 3,33 por 100 con una cobertura del 123 por 100.
   Según Carlos Egea, esta conjunción de morosidad reducida y cobertura elevada es un claro exponente de la calidad de su activo y de su solvencia. "Aunque sólo 3,3 de cada 100 euros de nuestro crédito tenía algún problema, los fondos para hacer frente a su posible pérdida superan ampliamente dicho importe".
   En cuanto al riesgo de liquidez, el incremento de los depósitos de clientes minoristas en más de 200 millones de euros ha permitido a la caja continuar reduciendo el gap comercial, la diferencia entre los créditos y los depósitos minoristas, y su exposición a la financiación mayorista, sin que existan a corto plazo vencimientos relevantes en los mercados.
   La Asamblea de Cajamurcia aprobó el ejercicio indirecto de la actividad financiera, con la consecuente segregación de activos y pasivos de la caja en favor de BMN, con las excepciones de los afectos a la Obra Social y las acciones del Banco propiedad de Cajamurcia.
   Una segregación que ha sido aprobada simultáneamente por las Asambleas Generales de las otras tres cajas que componen el Grupo y que lleva asociada una ampliación de capital en BMN para realizar el canje por el negocio bancario que aportan las cajas, de tal forma que cada una de ellas reciba el porcentaje de acciones representativo de la cuota de interés pactada, un 41 por 100 en el caso de Cajamurcia.
   Tras la segregación, Cajamurcia continuará manteniendo su personalidad jurídica y su condición de entidad de crédito, así como sus órganos de gobierno y sus actividades en materia de obra benéfico y social.
   Asimismo, la Asamblea aprobó la modificación de los estatutos de la caja para su adecuación al Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, así como para su adaptación al ejercicio indirecto de la actividad financiera derivada de la segregación referida anteriormente.
   En este apartado de compromiso con la sociedad, Carlos Egea destacó la actuación llevada a cabo por la Fundación Cajamurcia "una actividad que se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad, como lo demuestran el recientemente creado Plan Ayuda para Lorca y el especial énfasis en el Área de Solidaridad, dirigida a los más desfavorecidos que ha contado con una inversión de más 52 millones de euros desde 2002".
   Entre las principales actuaciones recogidas en el Plan Ayuda para Lorca, destinado a paliar las necesidades de la población tras el devastador terremoto que asoló la ciudad el pasado 11 de mayo, figura el adelanto de las indemnizaciones sin ningún coste para el cliente, el anticipo de hasta seis mensualidades de la nómina a los clientes que lo soliciten, medidas para facilitar el alquiler de inmuebles o la financiación de familias, empresas, comercios y profesionales del municipio.
   Dentro de este apartado, la Fundación Cajamurcia se hará cargo de la rehabilitación integral de la Colegiata de San Patricio de Lorca, gravemente afectada por el terremoto.

Los 'indignados' de Murcia plantean propuestas programáticas concretas y prevén extenderse a los barrios

MURCIA.- Los 'indignados' que permanecen acampados en La Glorieta, en Murcia, prevén elaborar este mismo lunes una declaración de principios con propuestas resolutivas concretas tras la Asamblea que celebraron a las 20.30 horas, al tiempo que estudiaron extender su acción reivindicativa a los barrios de la ciudad como alternativa para tratar de que el movimiento perdure.

   Uno de los portavoces, perteneciente a la Comisión de Debates, ha señalado que el propósito es que la acampada "dure toda esta semana y, en principio, mantenerla", aunque ha reconocido que la idea es descentralizarla para que el movimiento perdure sin estar necesariamente en La Glorieta".
   Este portavoz, quien ha destacado que los acampados no tienen problemas con la policía, ha manifestado que la gente "no creía que esto iba a durar tanto y que la movilización se iba a diluir". 
Sin embargo, la acción continúa, lo que ha atribuido en parte "a lo que ha sucedido en la Puerta del Sol y el desalojo por la fuerza en Barcelona", lo que ha hecho que "haya más determinación".
   Otro de los portavoces de la Comisión de Comunicación, que ha preferido permanecer en el anonimato, ha señalado que, de momento, no hay ninguna previsión sobre la permanencia en La Glorieta. "Hasta que la Asamblea no diga lo contrario, después no sé que rumbo seguiremos", ha añadido.
   De momento, la Acampada de Murcia no se ha pronunciado con la acción que pretende llevar a cabo a nivel internacional 'Democracia Real Ya' el próximo 15 de octubre, aunque se debatirá en la Asamblea de este martes.
   Las propuestas concretas que se elaboren en la Asamblea se recogerán en el futuro en una declaración programática que coincidirá con los puntos que integraba el llamamiento a la manifestación el 15-M, aunque incorporará un punto relativo a los afectados por las hipotecas, con lo que se pretende "murcianizar", ya que se trata de un aspecto que afecta especialmente a la Región de Murcia.
   Mientras tanto, los participantes en la acampada han procedido a la limpieza de la plaza con escobas y fregonas, al tiempo que han tendido la mano al Ayuntamiento para que colabore con sus útiles de limpieza "más especializados".
"No tenemos ningún problema en que los operarios de limpieza aseen la plaza", ha añadido uno de los portavoces.

Ayuntamientos y CCAA reducen a la mitad la licitación de obra pública

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos redujeron en un 56% la licitación de obra pública en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo periodo de 2010, hasta un importe inversor de 3.466,07 millones de euros, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

   La promoción de obra en estas administraciones se vio afectada por las restricciones presupuestarias y el parón derivado de la cercanía de las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo.
   El desplome en la licitación de autonomías y ayuntamientos equivale a un importe de 4.422 millones de euros, dado que entre enero y abril de 2010 se pusieron en marcha trabajos valorados en un total de 7.887 millones de euros.
   En los cuatro primeros meses de este año, la caída de la obra pública fue más acentuada en la Administración local. Ayuntamientos, diputaciones y cabildos promovieron obras por 1.944,25 millones de euros en este periodo, lo que arroja una contracción del 63,2% en comparación a un año antes.
   De su lado, las comunidades autónomas sacaron a concurso trabajos por 1.521,82 millones, importe un 41,6% inferior al de un año antes.
   Pese a todo, las dos administraciones promovieron dos terceras partes (el 67%) del total de obra pública licitada en el conjunto del Estado en los cuatro primeros meses del año, que se situó en 5.151,97 millones.
   Este monto global arroja un descenso del 46% respecto al mismo periodo de 2010, lastrado por regiones y ayuntamientos, y pese a los leves descensos que se anotó la licitación de obra por parte del Gobierno central y del Ministerio de Fomento.
   En concreto, el departamento que dirige José Blanco elevó un 5,5% la promoción de obra en el primer cuatrimestre, hasta sumar 1.237,40 millones de euros, gracias a los aumentos registrados por Adif (+50,9%) y Aena (+24,5%).
   Por tipos de obras, el parón en los ayuntamientos se reflejó en el descenso registrado en la licitación de edificaciones públicas, los proyectos que más promueve la administración local.
   Hasta abril, la promoción de nuevos edificios públicos se desplomó un 61,5% y sumó 1.850,81 millones, el 36% del total. Destaca la caída del 75% registrada en la licitación de nuevos centros deportivos, la del 62% de colegios y la reducción del 46% en la promoción de centros sanitarios.
   De su lado, la licitación de grandes infraestructuras cayó un 29,9% en los cuatro primeros meses, hasta suponer 3.301,15 millones, el 64% del total. En este capítulo sobresale el aumento del 24,1% registrado en los contratos de nuevas carreteras, por los planes puestos en marcha por algunas comunidades, que contrasta con el desplome del 76% de las obras portuarias. Los proyectos ferroviarios descendieron un 3,6% respecto a un año antes.

Las cajas de BMN dan luz verde a la segregación de más de 2.660 millones de patrimonio a favor del Banco

BARCELONA.- Las cajas integrantes de Banco Mare Nostrum (BMN) --Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra-- han dado luz verde a la segregación de todo su patrimonio neto, que asciende a 2.660,192 millones de euros, a favor del Banco, según ha informado Caixa Penedès en un comunicado.

   A cambio, las cajas recibirán acciones de BMN por este valor y sus participaciones en el BMN se mantendrán con un 41% para Caja Murcia, 28% para Caixa Penedès, 18% para Caja Granada y un 13% para Sa Nostra.
   Quedan excluidos de esta segregación los activos y pasivos correspondientes a sus respectivas Obras Sociales y las acciones de cada caja en BMN.
   Asimismo, las asambleas de las cuatro cajas también han aprobado la modificación de sus estatutos para adaptarlos a la normativa vigente y al ejercicio indirecto de la actividad financiera derivada de esta segregación.
   El director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, ha explicado que la entidad financiera ha tenido un beneficio neto de 27,45 millones de euros, un 30,04% menos que en 2009, de los que un 8,92 millones se destinarán a la Obra Social.
   La ratio de morosidad se ha situado en el 5,28%, un 0,14% más que en el año anterior, un mínimo crecimiento que Pagès ha atribuido a las estrictas medidas de control establecidas.
   Se ha renovado en la asamblea de Caixa Penedès el consejo de administración, del que es miembro Pagès, quien ha comunicado su decisión de renunciar a su actual cargo de director general de la entidad.
   Esta asamblea general ha sido la última para Josep Colomer en calidad de presidente, quien ha aprovechado la ocasión para despedirse de los consejeros y miembros directivos de la entidad.