lunes, 11 de abril de 2011

Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura presentan su fusión al Banco de España

MADRID.- Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura presentaron este lunes al Banco de España la reedición de su integración a tres bandas, tras  rechazar en el proyecto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) la semana pasada, informaron fuentes financieras.

   Los órganos de gobierno de las tres entidades se reunieron el viernes para aprobar, previsiblemente, un nuevo proyecto de Sistema Institucional de Protección (SIP) para cumplir con las nuevas exigencias de capitalización establecidas por el Gobierno y por las que vela el instituto emisor español.
   Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura no pedirán recursos públicos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cumplir con los requisitos de solvencia establecidos por el Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero.
   La nueva integración contará con un volumen de activos de 56.000 millones de euros, de los que Cajastur aportará las dos terceras partes (38.000 millones), Caja Cantabria aportará 11.000 millones (19%), y Caja Extremadura, 9.000 millones (16%).
   Por su parte, la CAM también debe presentar su proyecto al Banco de España y detallar la solicitud de fondos públicos por importe de 2.800 millones, tal y como anunció tras el naufragio de Banco Base, al tiempo que busca un socio estable para el futuro.
   Por el momento, la CAM ha adquirido a sus ex socios la totalidad del capital social de Banco Base, de modo que se ha quedado con la ficha bancaria, lo que facilita la entrada de fondos públicos para reforzar su solvencia en caso de que se quede en solitario.
   A instancias del Banco de España, la CAM busca un comprador para evitar su nacionalización total y ha contactado con Santander, BBVA, Popular, La Caixa y Sabadell, así como con otras entidades de menor tamaño, mientras que el regulador tantea por su cuenta el interés del sector.
   Los potenciales compradores de la CAM estudian los números de la entidad murciano-alicantina, pero prefieren esperar a que el FROB refuerce la caja antes de invertir, o un plan que garantice cobertura ante eventuales pérdidas, entre el que podría figurar un Esquema de Protección de Activos (EPA).
   Por su parte, el Banco de España quiere reducir al máximo el uso de recursos públicos para mejorar la situación de la caja, y sólo contempla la intervención como último recurso.
Las asambleas de estas tres cajas rechazaron el miércoles de la semana pasada integrarse con la CAM para dar fruto a Banco Base debido a los problemas de solvencia de la entidad murciano-alicantina, que horas antes había dado su visto bueno a la fusión a cuatro.
   Las cajas asturiana, cántabra y extremeña decidieron abortar la creación del tercer mayor grupo de cajas porque no estaban dispuestas a emprender un proyecto abocado a la nacionalización desde su nacimiento por culpa de la morosidad y exposición al ladrillo de la CAM, que habían disparado la solicitud de recursos públicos.
   Banco Base había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de capital, lo que suponía casi duplicar las necesidades de 1.447 millones de euros identificadas por el Banco de España.
   Esta solicitud de fondos elevaba el recurso global al dinero público de Banco Base hasta 4.231 millones de euros, cifra que convertiría al Estado en el mayor y principal accionista de dicho Sistema Institucional de Protección (SIP).

Viudes comienza a cavar su propia tumba política frente a la legalidad vigente medioambiental

MURCIA.- Ecologistas en Acción califica de inauditas las declaraciones realizadas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Adrián Ángel Viudes, donde expresa claramente su negativa a buscar alternativas a la ubicación de la Terminal de Contenedores en la cala del Gorguel.

Ecologistas en Acción considera en un comunicado que Adrián Ángel Viudes, con sus declaraciones, anuncia que va incumplir la ley al mostrar claramente que no piensa cumplir la obligación legal de buscar alternativas a la terminal de contenedores en la zona del Gorguel. 

Así lo declaraba en prensa este fin de semana, donde tanto del diario Abc como en La Opinión se extrae: “El presidente del organismo portuario, Adrián Ángel Viudes, ha dicho que no se está buscando una ubicación alternativa al proyecto y que mantiene que El Gorguel es la ubicación adecuada para el muelle de contenedores”.

El colectivo ecologista advierte al presidente de la APC que un cargo público de su entidad debe cumplir estrictamente la legalidad y por lo tanto el Informe de Sostenibilidad ambiental (ISA) deberá contemplar las directrices que se le hicieron desde el Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). 

Estas directrices exponían claramente que el análisis de alternativas presentado en el “Plan Director de la Nueva dársena de Cartagena” es inadecuado, ya que la alternativa del Gorguel viene muy detallada en contraposición a las otras alternativas. 

Según la legislación vigente, el Análisis de alternativas debe ser exhaustivo y mostrar de forma clara que la alternativa elegida es la más adecuada.

Ecologistas en Acción considera que bajo estas circunstancias de crisis, realizar un informe tan costoso a sabiendas de que será irregular por incumplir la obligación de elaborar un análisis de alternativas, es derrochar dinero público por un empeño personal de Adrián Ángel Viudes.

Ecologistas en Acción se ha puesto en contacto con el Director General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, el murciano Pedro Antonio Ríos, para advertirle de las declaraciones realizadas por Adrian Ángel Viudes, que muestran un intención clara de  incumplir la ley a pesar de que el propio MARM ya le advirtió de la necesidad de ahondar más en el análisis de alternativas. Además solicita que, en caso de que se incumpla cualquier precepto legal, se tomen las medidas pertinentes por parte de la administración competente.

Ecologistas en Acción reitera su petición de destitución al Ministerio de Fomento, ya que considera que este tipo de comportamientos son inaceptables para una persona que ostenta un cargo público de tal responsabilidad como es el de Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

ANSE estudia el paso migratorio de la aves en la Isla Grosa frente a La Manga del Mar Menor


CARTAGENA.- Anilladores de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) trabaja permanentemente en Isla Grosa, frente a La Manga del Mar Menor, estudiando el paso migratorio de las aves, de las cuales han anillado a más de mil de 35 especies diferentes, según han informado fuentes de esta asociación en un comunicado de prensa. 

   La migración primaveral es uno de los principales acontecimientos que tienen lugar en la vida de las aves migratorias. Habiendo sobrevivido al invierno, al sur del Sahara, las aves deben llegar a sus áreas de nidificación a tiempo para establecer un territorio y encontrar una pareja.
   Así, en este viaje, deben enfrentarse a dos grandes barreras ecológicas, el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo. La migración se produce en una ancha banda a lo largo de todo el Mediterráneo, adquiriendo sus islas un papel fundamental como lugar de parada para numerosas aves, lo que supone que no haya mejores lugares para estudiar la migración prenupcial que en las islas.
   Por su situación geográfica, Isla Grosa posee un gran potencial para estudiar la migración primaveral en el Mediterráneo Occidental, al encontrarse en un punto de brusco cambio de dirección de la costa en el Cabo de Palos que origina que se encuentre abierta a sectores muy amplios del Mediterráneo recibiendo aves que abandonan África desde sectores de la costa argelina y marroquí.
   Además, la Isla Grosa está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y recientemente se ha aprobado su plan de gestión.
   Por su parte, ANSE lleva estudiando este fenómeno desde 2007 y esta es la cuarta campaña de anillamiento que se realiza en primavera. En las campañas anteriores se han capturado un total de 6.410 aves de 60 especies distintas. Se han capturado aves anilladas en Bélgica, Suecia o Noruega y recientemente se tuvo conocimiento de un ave anillada en Isla Grosa que fue capturada tan solo 13 días después en Alemania.
   El anillamiento consiste en la aplicación de una anilla metálica, habitualmente de aluminio, en la pata de un ave viva. Esta anilla lleva impreso un remite, que identifica a la estación anilladora donde se centralizan los datos, uno o varios dígitos característicos del tamaño de la anilla y un número diferente para todas las anillas del mismo modelo y estación.
   De esta manera, los resultados son incluidos dentro del proyecto 'Piccole Isole' de anillamiento en pequeñas islas del Mediterráneo, en el que participan numerosas estaciones de anillamiento de diversos países ribereños, y que tiene como objetivo el estudio de la migración de los paseriformes europeos.
   Los trabajos en Isla Grosa se realizan por anilladores y colaboradores, principalmente de ANSE, de forma totalmente voluntaria, y cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia, que facilita las instalaciones así como el transporte hasta la isla, y con la colaboración de Mendijob Medioambiente.

La Región sólo exporta tanto mueble como importa

YECLA.- La Región de Murcia es la novena comunidad autónoma que más muebles exporta de toda España, con un valor de 43,8 millones de euros en 2010, lo que supone un 3,3 por ciento sobre el total exportado a nivel nacional, cifra que ha supuesto un aumento de 1,3 por ciento respecto al volumen registrado en el ejercicio 2009 de 43,3 millones de euros.

   Los países destino donde más se ha incrementado la exportación del mueble murciano ha sido en Angola, Uzbequistán, los Emiratos Árabes y Rusia, según informaron fuentes de la Asociación Regional de Empresarios de la Madera de la Región (Arema) en un comunicado.
   Respecto a las importaciones, en 2010 Murcia importó muebles por valor de 42,9 millones de euros, lo que supuso un importante descenso de 18,8 por ciento con respecto al año anterior, es decir, 52,9 millones de euros. Sólo China sigue creciendo en la Región de Murcia como país importador respecto al 2009.

HUERMUR solicita que se revisen las licencias de edificación en el entorno del murciano Paseo del Malecón


MURCIA.- HUERMUR solicita que se revisen las licencias de edificación en el entorno del Paseo del Malecón ya que considera que algunas pueden ser contrarias al Plan de Ordenación Urbana de Murcia. El artículo 7.3.1 del PGMO del municipio de Murcia establece que se debe elaborar un Plan Especial de Protección y Monumental de los entornos del Malecón y de Monteagudo y que “No se podrán conceder licencias de edificación en dichos ámbitos hasta tanto se aprueben los Planes Especiales respectivos”.

El plazo para aprobar el Plan de Protección finalizó el 16 de mayo de 2007 y el Ayuntamiento todavía no lo ha redactado, otorgando licencias que probablemente condicionarán la elaboración de dicho Plan.

"El Malecón de Murcia y su entorno son uno de las principales señas de identidad del pueblo murciano. Pocos son los murcianos que no conocen el Malecón, que no han paseado por él, disfrutando de los esplendidos días de primavera y  adentrándose a lo largo de un kilómetro y medio en la huerta para escapar del asfalto de la ciudad. Un lugar apreciado desde antaño como punto de encuentro. Un lugar que afortunadamente ha llegado hasta nosotros", dice HUERMUR en un comunicado.

"Este paseo, del que ya se tienen noticias hacia el año 1420, se construyó como un muro de contención para la defensa de la ciudad ante los embates de las crecidas del río Segura.  En el año 1745 fue reconstruido por mediación del Cardenal Belluga tomando la forma del paseo que hoy conocemos.

Fue declarado como Monumento Histórico Artístico Nacional por Real Decreto 1398 de abril de 1982.


Según HUERMUR, en estos últimos años, los responsables municipales han concedido licencias de edificación en el entorno del Malecón sin haber sido aprobado el Plan de protección al que obliga la Ley, lo que está ocasionando una degradación paisajística de este bien de interés cultural.

El entorno del Malecón ya sufrió un grave ataque cuando en 2006 se modificó el PGOU para adaptarlo a la Ley del Suelo Regional y las autoridades municipales aprovecharon la ocasión para variar la clasificación de suelos de huerta no urbanizables convirtiéndolos, de la noche a la mañana, en urbanos. Además de esto, resulta significativo que antes de 2006 la construcción estuviese muy restringida, y, sin embargo, se permitió la edificación de un colegio privado junto al Malecón con un gran impacto paisajístico.

Las normas que regulan el urbanismo en Murcia están recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio y son de obligado cumplimiento por todos los ciudadanos, teniendo la Administración municipal el deber de actuar según dichas normas.

El artículo 7.3.1 del Plan General de Murcia establece para las huertas contiguas al Paseo del Malecón y las huertas de alto interés arqueológico y paisajístico de Monteagudo, que “La significación cultural, paisajística y ambiental de estas huertas justifica su tratamiento como huertas altamente protegidas, sujetas a las máximas restricciones y cautelas frente a todo tipo de transformaciones urbanísticas”.

El mismo artículo también dice que “Quedan delimitados como ámbitos NR-Aj (junto al Paseo del Malecón) y ámbitos NR-Md (junto al conjunto histórico arqueológico de Monteagudo) los espacios que deben ser ordenados mediante Planes Especiales de Protección Paisajística y Monumental de tales entornos de sitios del más alto nivel histórico-arqueológico y monumental. Dichos Planes Especiales serán redactados por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un año desde la fecha de aprobación definitiva de la Adaptación del Plan General a la Ley del Suelo Regional. No se podrán conceder licencias de edificación en dichos ámbitos hasta tanto se aprueben los Planes Especiales respectivos”.

El plazo para redactar el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Malecón terminó el 16 de mayo de 2007 y aún no ha sido realizado. Mientras tanto, han sido concedidas licencias de obras en el entorno de este monumento, teniendo como consecuencia la construcción de diversas edificaciones que van a condicionar la futura redacción de dicho Plan, e incluso es posible que algunas de ellas hayan supuesto un incumplimiento de las reglas urbanísticas.

Según HUERMUR, queda patente que el Ayuntamiento de Murcia no es capaz de hacer cumplir sus propias normas, otorgando licencias y degradando con ello un monumento que forma parte de los signos de identidad del pueblo murciano".

Ecologistas en Acción pide la "dimisión inmediata" de un concejal de Albatera por el vertedero clandestino de Abanilla

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha pedido "justicia rápida y efectiva" para los presuntos responsables del vertedero clandestino del municipio murciano de Abanilla, y ha considerado "particularmente grave" la presencia entre los detenidos de un concejal del Partido Popular de Albatera (Alicante), Javier Bru, y exige su "inmediata dimisión", según informaron fuentes de la asociación en un comunicado. 

   Para Ecologistas en Acción la operación 'Subterráneo', desarrollada durante los últimos meses, y que ha llevado a la detención de cinco personas por su relación en la creación de un vertedero ilegal de residuos en una finca agrícola de Abanilla, "pone de relieve la gravedad del problema de los vertederos ilegales en la Región de Murcia".
   El coordinador regional de la organización, Pedro Luengo, ha explicado que "este nuevo caso pone en evidencia también la permisividad social y política que existe con una actividad que está generando un importante perjuicio al conjunto de la sociedad". En este sentido ha criticado la "pasividad" del ayuntamiento de Abanilla por "no actuar ante la creación y proliferación de vertederos ilegales en el municipio".
   Ecologistas en Acción recuerda que "en los últimos meses hemos denunciado hasta cinco vertederos ilegales en diferentes parajes de Abanilla, algunos con afección directa a zonas de gran valor medioambiental, como el LIC del Río Chícamo".
   Ecologistas en Acción señala que entre los detenidos se encuentra el concejal Javier Bru, también imputado en la Operación Brugal desde 2007, y lamenta "que este tipo de actos delictivos estén presuntamente protagonizados por personas que deben defender el interés general de los ciudadanos y respetar las leyes", por lo que han exigido su inmediata dimisión.
   La actividad de vertederos ilegales, según Ecologistas en Acción, es "un grave problema que se extiende por toda la Región de Murcia", y ha recordado que, en marzo de 2010, presentó un informe en que incluían "hasta un total de 16 vertederos en 9 municipios de la Región, en concreto, Blanca, Calasparra, Moratalla, Ricote, Puerto Lumbreras, Lorca, Murcia, Cartagena y Yecla".
   Desde esa fecha, Luengo añade que "hemos denunciado nuevos casos de vertederos clandestinos en Molina de Segura, Villanueva del Segura, Murcia, Fortuna y Abanilla". Para la organización ecologista se trata "de un grave problema, creado principalmente por la escasa responsabilidad social de las empresas que los utilizan y la indiferencia de las administraciones públicas que deben atajar este problema".
   Ecologistas en Acción considera "imprescindible" el desarrollo de un Plan Regional de Control de Vertederos Ilegales, mejorar la coordinación entre administraciones públicas y aumentar las sanciones, que en ocasiones son irrisorias, por este tipo de actividades.

Señalan "deficiencias" en el sistema español de protección e intervención con menores inmigrantes

MURCIA.- La vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha destacado "algunas carencias" en el modelo español de acogida de los menores inmigrantes, ya que "no ha existido una planificación del sistema de protección ni un diseño del modelo de intervención con ellos, y existen grandes diferencias en la actuación desarrollada por las distintas comunidades en relación a los procesos migratorios de menores".

   Asimismo, ha criticado que "no hay un registro unificado de ellos, no se han elaborado estudios que permitan conocer sus características sociológicas, sus necesidades asistenciales y los medios y recursos que precisan para integrarse", según informaron fuentes del CGPJ en un comunicado.
   Bravo ha hecho estas declaraciones durante su intervención en una conferencia en el Aula de Abril de Caja Mediterráneo (CAM) en Murcia, en la que ha señalado que los menores de edad "son los nuevos protagonistas de los procesos migratorios y se ven sometidos, por ello, a un doble proceso de exclusión social".
   La primera exclusión a la que el menor se enfrenta "es la que le provoca la obligación de emigrar, lo que convierte en papel mojado los derechos que tiene reconocidos en los textos internacionales, y la segunda, la que sufre al llegar a los países desarrollados en los que busca una nueva vida, más digna, ante las deficiencias de los mecanismos de acogida", ha añadido.
   "Los menores en muchas ocasiones son tratados como inmigrantes irregulares y no como menores en desamparo", destacó la portavoz Bravo, que recalcó que eso significa que se trata el fenómeno "únicamente en términos de gestión ordenada de los flujos migratorios, desde un prisma de seguridad y de lucha contra la inmigración clandestina, y no según lo que dispone la ley".
   "Creo que es imprescindible empezar reconociendo que los menores que emigran a nuestro país han de ser considerados, antes que nada, como personas vulnerables, sujetos de derechos y por tanto como menores desamparados necesitados de protección", concluyó.

La Asociación Prolitoral acude al TSJ para conocer la concesión del aval para el aeropuerto de Corvera


MURCIA.- La Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral (Prolitoral) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia al "denegarle" el Gobierno regional el acceso al expediente por el que se autorizó un aval de 200 millones de euros a Aeromur, la empresa concesionaria del aeropuerto de Corvera, para "poder completar las obras y en un futuro acceder a la explotación de las misma".

La Asociación Prolitoral ha presentado esta demanda ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que los tribunales obliguen a la Comunidad Autónoma a facilitarle el expediente abierto para la concesión de ese aval por 200 millones de euros a la empresa adjudicataria de la construcción del aeropuerto.

En su recurso, esta organización señala que el Gobierno autónomo afianzó con la citada suma a "Aeromur", a la que se concedió la construcción del aeropuerto y que está integrada por entidades de ahorro y otras empresas.
Añade que en dos ocasiones la Comunidad se negó a tenerla como parte al considerar que carecía de interés legítimo y que, por tanto, no podía personarse en calidad de interesados en el expediente de otorgamiento del aval.
Por el contrario, la Asociació Prolitoral defiende su legitimidad para acceder al conocimiento de dicho expediente "y a obtener toda la información sobre el mismo".
La demandante solicita que se condene a la Comunidad a facilitarle la información solicitada y que sea condenada en costas.
En rueda de prensa, el presidente de Prolitoral, Martín Rodríguez, ha recordado que es un derecho "de obligado cumplimiento"; razón por la que ha optado por recurrir a la vía judicial al objeto de poder conocer información sobre dicho aval, que autorizó Bruselas, y analizar su contenido.
Según ha declarado, las consejerías competentes "nos han negado el acceso al expediente y a las condiciones por las que el Gobierno regional consiguió una decisión favorable de Bruselas". 
"No sabemos por qué y con qué informes el Gobierno murciano lo consiguió, pero tenemos dudas de que las razones sean lo suficientemente sólidas y verídicas para que esa decisión se tramitara como favorable", ha manifestado Rodríguez.
Este aval, ha recordado, fue fruto de que la concesionaria, que en un primer momento se había decidido que "se haría cargo de la construcción y de la explotación con sus propios recursos, no tuvo posibilidad de conseguir el crédito que había solicitado, ya que las obras quedaron prácticamente paralizadas".
De ahí que la entidad contratante de esta infraestructura, el Gobierno regional, "propuso un aval de un crédito de 200 millones para poder completar esas obras y en un futuro acceder a la explotación de las mismas".
Sin embargo, desde Prolitoral, el sociólogo Miguel Poveda ha alertado que este aval que le fue concedido a Aeromur "es un dinero que la Comunidad tendrá que abonar en el caso de que la concesionaria no se haga cargo del funcionamiento del aeropuerto".
En su opinión, "es extraño que siendo Caja Mediterráneo (CAM) y Cajamurcia miembros de Aeromur se solicite dicho aval", del que ha denunciado públicamente que "se desconozca todo: las condiciones en las que se ha dado, sus peculiaridades, qué papel han jugado las entidades financieras en el aval, cuáles son los avalistas y si fueron aprobados en los consejos de administración de las respectivas empresas que conforman Aeromur".
La cuestión principal, ha enfatizado Poveda, es "quién va a pagar esos 200 millones si no hay nadie que quiera gestionarlo", poniendo como ejemplo los casos de Huesca, Castellón y Ciudad Real; "un antecedente extremadamente peligroso que nos pone en alerta acerca de la posibilidad de que no se cumpla el pacto".
Y es que, ha advertido, la Comunidad "se verá abocada a una 'multa' de 200 millones de euros" en este caso, al estar el funcionamiento de dicha infraestructura "en el aire".

(En la imagen de EP, Poveda y Martín Rodríguez)

Presentan la candidatura de Moreno en Águilas sin desvelar su programa electoral y casi sus siglas

ÁGUILAS.- La candidatura municipal encabezada por Carmen Moreno Pérez, en Águilas, ha sido presentada durante el pasado fin de semana y estará integrada, además, por este orden: Vicente Ruiz Robles, Rosalía Casado López, Juan Miguel Lorenzo Cantero, Fina Espinosa Ruiz, José Espinosa Melenchón, Tomás Consentino López, Juani Quiles Pardo, Isa Fernández Martínez, Mª Dolores Carrasco Muñoz, Alonso Paredes Morata, Tina Martínez Vidal, Juan Diego Oliver García, Mª Dolores López Escolar, Ginés Desiderio Navarro Aragoneses, Paco Castro Cruz, Luis Martínez Castillo, Miguel Coronado Díaz, María Salas Rodríguez, Nicolasa Ortega López y Gabriel Navarro.

Moreno quiso destacar en una presentación discotequera y lúdica, sin desvelar contenidos, algunos de los puntos más importantes que llevará su programa electoral, plagado de generalidades, voluntarismo y lugares comunes, en agricultura, sanidad, industria, y deporte, todos ellos englobados bajo el desideologizado símbolo de la campaña Águilas ya.

Según dijo, ese programa desea un Ayuntamiento abierto para todos. "Y lógicamente, abierto a los empresarios que vengan con ganas de trabajar, de ofrecer iniciativas y proyectos, de traernos progreso, desarrollo y empleo”, con absolutamente ninguna mención a los logros de Zapatero para el pueblo y alguna más para que la gente asistente supiese que estaba formalmente en un acto del PSRM-PSOE.

El juicio por el caso 'Limusa' de corrupción lorquina arrancará a finales de mayo

MURCIA.- El juicio por el caso 'Limusa', de presunta corrupción en torno a esta empresa de limpieza municipal de Lorca, arrancará el 30 de mayo en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, presidida por el magistrado Juan Martínez Moya y los magistrados Manuel Abadía y Julián Pérez-Templado.

   Entre los acusados se encuentran el concejal delegado de Limusa desde 2003 a 2007 y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Bartolomé Soler, que abandonó el Grupo Parlamentario Socialista y solicitó su baja temporal en el PSOE tras el último auto del TSJ, en el que se le acusaba presuntamente de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en relación a dicho caso.
   Soler ocupó el cargo de teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca entre 1995 y 2007 y ejerció de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio lorquino entre 2003 y 2007.
   También se sentarán en el banquillo de los acusados Francisco Gil, el ex director de la entidad Limusa desde 1998 hasta 2009; y el que fuera alcalde de Lorca desde 1993 hasta 2006 y ex presidente de dicha empresa municipal, Miguel Navarro.
   Los otros acusados son el consejero delegado de Limusa desde julio de 1999 hasta julio de 2003, Jesús Molina; el que fuera interventor del Consistorio lorquino, Francisco Poyatos; la cónyuge de Francisco Gil Eguino, Ofelia González; y los contratistas de Limusa, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles.
   El juicio se celebrará del día 30 de mayo al 3 de junio y del 6 al 8 de junio. Las sesiones, que se celebrarán el la sala de vistas del Tribunal, serán de mañana y tarde, exceptuando la sesión del día 3 de junio, que será sólo de mañana, según fuentes del TSJ.
   En el caso 'Limusa' se investigan los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron cometer algunos ciudadanos de Lorca. En el marco de esta trama fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento lorquino, entre ellos el ex alcalde socialista regidor de este municipio lorquino durante 13 años, Miguel Navarro; el ex gerente de Limusa, un dentista, un notario, un corredor de seguros y empresarios.

Navantia recibe la pila de combustible del submarino S-80 que construye para la Armada española

CARTAGENA.- El astillero de Navantia en Cartagena ha recibido la pila de combustible del sistema AIP (Air Independent Propulsion) correspondiente al primero de los submarinos de la clase  S-80 que Navantia construye para la Armada española. 

   La pila de combustible es el corazón de este sistema, que permitirá incrementar de forma exponencial los tiempos de inmersión de los submarinos de la serie 80 como factor diferencial en comparación con el resto de submarinos diesel convencionales que hay en el mundo, según informaron fuentes del astillero.
   La pila de combustible ha sido desarrollada por la empresa estadounidense UTC, líder mundial en el sector y suministrador único de la NASA, que ha utilizado sus desarrollos para equipar los cohetes 'Apolo' y los transbordadores espaciales, entre otros.
   El sistema de pilas de combustible genera potencia eléctrica al ser alimentado con una corriente de gases rica en hidrógeno y oxígeno puro.
  Frente a otras tecnologías de pila, la seleccionada por Navantia es, según el astillero, "tecnológicamente más segura, ya que es una derivación de programas espaciales; tiene una alta densidad de potencia, y permite arrancar con mayor rapidez el sistema y operar a baja temperatura".

El enlace de Defensa con la OTAN declara que no hubo comisiones ilegales en la subcontratación del Yak-42

MADRID.- El teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace del Ministerio de Defensa con la OTAN para la subcontratación del avión Yak-42, en cuyo accidente en 2003 fallecieron 62 militares españoles, ha declarado en la Audiencia Nacional que no hubo cobro de comisiones ilegales en la subcontratación del aparato, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, informaron fuentes jurídicas.

Ruiz López, que ocupó entre los años 2002 y 2003 el cargo de enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto (EMACON) ante NAMSA, la agencia de la OTAN que subcontrató el vuelo siniestrado, ha declarado durante casi dos horas como imputado ante el juez Fernando Grande-Marlaska.
El compareciente no ha responsabilizado a ningún mando militar de la cadena de subcontrataciones y ha explicado que la adjudicación de los vuelos se hizo "a precio cerrado", por lo que no existieron comisiones entre el broker Chapman Freeborn, que se hizo con el contrato de Namsa, y las compañías intermediarias que pagaron los servicios de la aerolínea Ukranian Mediterranean Air, propietaria del Yak-42.
El teniente coronel Ruiz López, que ha explicado que entre los mediadores también se encontraba un comercial de la propia UM Air, realizó una investigación interna sobre la cadena de subcontrataciones del aparato siniestrado que se plasmó en un informe de conclusiones que fue aportado al juez por el ex ministro de Defensa, José Bono, que declaró como testigo.
A preguntas del juez Marlaska, del fiscal Fernando Burgos y de dos abogados de los familiares de los fallecidos que ejercen la acusación particular, ha explicado que se trató de una investigación "muy laboriosa", ya que tuvo dirigirse a todas las partes interesadas para obtener los contratos y precios con que se realizó la operación.
La petición de imputación de Ruiz López fue reclamada por un grupo de familiares de los fallecidos, que le atribuye la responsabilidad, en aplicación de una directiva conjunta de 1987, de efectuar el seguimiento de las peticiones de apoyo logísticas españolas y de conocer de forma directa que el Gobierno noruego había suspendido la contratación del avión Yak-42 "por motivos de seguridad".
En su escrito dirigido al magistrado las familias aseguraban que el teniente coronel fue comisionado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, para investigar la cadena de subcontrataciones y añadían que "su participación fue esencial" para aceptar a la empresa Chapman and Freeborn como contratista del vuelo.
Del procedimiento, en el que están imputados otros cinco mandos del Ministerio de Defensa, se ha retirado un grupo de 61 familiares de 13 de los 62 militares que fallecieron en el accidente.
El juez Grande-Marlaska está a la espera de recibir las últimas comisiones rogatorias que cursó en junio de 2008 a un total de 15 países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.
Los dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
La acción penal también recae sobre el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

Diego de Ramón pide al Consejo General una auditoría judicial en la Comunidad Autónoma de Murcia

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha registrado sendas peticiones, dirigidas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que se haga un chequeo o auditoria judicial en la Comunidad Autónoma de Murcia, sin  mencionar juzgados concretos para no señalar e identificar a nadie, y así saber si goza de buena salud en la defensa de los derechos humanos del ciudadano de la calle en sus pleitos con la Administración Regional (en Servicios Públicos transferidos) en los últimos quince años, tanto en la vía contencioso-administrativa como penal.

El letrado solicita que se abra un censo estadístico en la Comunidad Autónoma de Murcia, a traves de la Inspección de Tribunales, sobre los procedimientos judiciales  interpuestos por el ciudadano de a pié para saber cuántos han prosperado contra la Administración Regional de Murcia, sus políticos, funcionarios o por los simples funcionamientos anormales de los servicios públicos, en las áreas de la jurisdicción contencioso-administrativa y penal.

  El citado letrado incluye a todas las Consejerías, entre ellas la antigua de Formación y Empleo, y la actual de Educación, Formación y Empleo, y desea saber de aquellas que haya ganado el ciudadano, si se le han impuesto las costas a la Administración, y sobre las que haya perdido el ciudadano, si siempre las costas se le han impuesto a éste.

Concretamente, pide tomar como base cronológica quince años atrás, y saber número de procesos judiciales contenciosos y penales del ciudadano contra actuaciones de la Administración Regional, en todas sus Consejerías e Instituciones dependientes del Gobierno Regional; así como número de procesos que ha interpuesto el ciudadano, resultados finales en sentencias en primera instancia y apelaciones; y si las sentencias ganadas por los ciudadanos han sido parciales o totales, y cuántas condenas en costas se ha hecho a la Administración Regional condenada.

 También cuántas actuaciones o ejercicio de las acciones populares han prosperado, y si las cuantías de peticiones de avales o garantías que se le han exigido al ciudadano para denunciar o querellarse contra los funcionamientos anormales de los servicios públicos, de la Administración Regional, han sido tan elevadisimas para colectivos o ciudadanos, que han impedido su continuación. Y cuántas demandas han prosperado sobre la jurisdicción especial para la protección de los Derechos Fundamentales.

De todo esto dará traslado al Tribunal de Derechos Humanos y a todas las instancias europeas relacionadas con la Administración de Justicia, a traves del Defensor del Pueblo Europeo.

IU denuncia públicamente que el Gobierno regional gastó más de un millón de euros en publicidad en 2010

MURCIA.- El candidato de IU a la Presidencia de la Región, José Antonio Pujante, ha denunciado que el Gobierno autonómico gastó más de un millón de euros en propaganda y publicidad en 2010 mientras que no hizo frente al pago de subvenciones a organizaciones sociales como Cáritas, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   Para Pujante, es "indecente" que el Ejecutivo murciano recorte la partida destinada a políticas sociales y no sufrague las ayudas otorgadas a organizaciones que se dedican a ayudar a personas en situación de pobreza o exclusión social al mismo tiempo que gasta esa cantidad en publicidad.
   De este modo, ha pedido a la Administración regional que afronte el pago de las subvenciones y sitúe entre sus prioridades la atención de las necesidades básicas de las personas afectadas por la crisis económica.

Retegui afirma sobre el copago "señor Valcárcel, va a ser que no"

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui,  afirmó sobre el copago "señor Valcárcel va a ser que no", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   De este modo, pidió a militantes y simpatizantes socialistas "esfuerzo y trabajo" para "darle la vuelta a la Región y hacer las cosas de manera distinta a como las hace el Partido Popular".
   Retegui afirmó que "el PP lleva 16 años gobernando y nos va a dejar una Región más pobre comparativamente que la que teníamos en 1995, a pesar de que hemos crecido mucho para no llegar a ningún sitio, para darnos cuenta de que el modelo económico de Valcárcel 'no vale' como ya decíamos, porque todo lo que habíamos crecido como Región ahora lo tenemos que adelgazar".
   Por otro lado, la candidata socialista subrayó que "el Gobierno regional del PP nos ofrece más impuestos, menos servicios públicos, peor sanidad, menos educación".
   "Llegó a decir Valcárcel el otro día que vamos con demasiada alegría al médico y utilizamos con demasiada alegría con educación. ¿Quiso decir que las mujeres nos tenemos que quedar en casa con nuestros hijos en vez de llevarlos a colegios infantiles? ¿O que aunque estemos enfermos no vayamos al médico? Va a ser que no, señor Valcárcel", afirmó.
   Finalmente, ha añadido que "se lo diremos el 22 de mayo en las urnas. Ese día somos todos iguales", finalizó.

Archivada la causa contra la Dirección General de Bellas Artes por los trabajos en el Monte Sacro

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 5 de Cartagena ha acordado archivar la causa interpuesta a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales por las obras que se llevan a cabo en el Monte Sacro, al considerar que "tras las diligencias practicadas, no resultan indicios de criminalidad por los delitos que dieron origen a este procedimiento, ni por ningún otro relacionado".

   Así, el primer motivo por el que se incoaron estas diligencias previas, explica el auto, "fue la posible existencia de la llamada 'huella negativa' de la Muralla, supuestamente acotada entre los puntos 19 a 25 de los planos levantados en su día. No resulta indicio alguno de la existencia de lo anterior", y el auto señala que no puede protegerse lo que no existe".
   Por tanto, continúa el documento, "si no existe tal huella, no puede, por supuesto, ser considerada bien histórico protegido (BIC) y ningún  daño se causó, por lo que no existe indicio alguno de criminalidad sobre dicho extremo", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   En segundo lugar, respecto a los posibles daños causados en la Muralla, "tampoco existe indicio alguno, habiéndose adoptado medidas de protección y conservación, como así resultó de las numerosas declaraciones judiciales, reportajes fotográficos e incluso reconocimiento judicial".
   Así, las obras que se llevan a cabo "desde el punto de vista de conservación del patrimonio cultural e histórico fueron y están siendo controladas y vigiladas por profesionales en la materia". En tercer y último lugar, "en cuanto a la no delimitación del entorno del bien histórico, de la instrucción practicada no resulta que ello suponga infracción penal", concluye el auto.

Bolos de Valcárcel por hermandades y cofradías en precampaña electoral


MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, quien pronunció el pregón de la Semana Santa jumillana en la Parroquia Mayor de Santiago, afirmó durante su intervención que sus ciudadanos y estas entidades religiosas del municipio "son depositarios de una tradición secular, de extraordinaria riqueza en el arte, pero sobre todo en el sentimiento", según han informado fuentes del propio Gobierno regional en un comunicado. 

   "Éste es el principal legado que desde cada cofradía podéis hoy ofrecer, y el mayor orgullo del que podéis presumir", señaló el presidente, quien destacó el municipio como una ciudad "culta y orgullosa de su Historia, que conserva el vestigio original y conoce su origen, ya que lo ha estudiado y lo ensalza cuando conmemora seis siglos de Pasión".
   De este modo, añadió que ello demuestra "una sabiduría y una fortaleza que a buen seguro llevarán en el tiempo este mismo mensaje a futuras generaciones de jumillanos, que seguirán vuestro ejemplo, como vosotros lo hacéis con el de vuestros predecesores".
   El jefe del Ejecutivo murciano hizo un recorrido por los momentos más importantes de la Semana Santa de Jumilla, con una alusión especial a la imagen del venerado Cristo Amarrado a la Columna, imagen que resaltó como "sublime y sobrecogedora visión del sacrificio del Redentor plasmada en la genialidad del arte de Salzillo".
   Asimismo, se refirió a que su padre, Carlos Valcárcel Mavor, ofreció 15 años atrás el pregón de la Semana Santa de esta localidad y rememoró varios versos con los que el cronista oficial de Murcia rindió homenaje a esta tradición religiosa.
    Posteriormente, el presidente firmó en el libro de honor de la parroquia y la junta de Hermandades.

El PSRM reprocha a Ballesta que anuncie nuevas ayudas para alquiler de vivienda "cuando tiene sin pagar las de 2010"

CARTAGENA.- La diputada regional socialista Teresa Rosique reprochó al consejero Ballesta que anuncie nuevas ayudas para alquiler de vivienda "cuando tiene sin pagar las de 2010", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Rosique criticó, por otra parte, que el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas para alquiler de viviendas ha caído estrepitosamente para el año 2011. "En 2010 presupuestaron 800.000 euros para ayudas a los inquilinos, y en 2011 sólo han presupuestado 108.000 euros", subrayó.
   "Y esta caída estrepitosa en materia de alquiler de vivienda se suma a los retrasos y los impagos del Gobierno regional en materia de vivienda en 2010.", añadió.
   La diputada socialista explicó que, sin embargo, el Gobierno de España ha presupuestado cuatro veces más que el Gobierno de la Región para ayudas al alquiler en 2011, pues mientras que Zapatero destina 400.000 euros para la Región, Valcárcel destina sólo 108.000.
   "Además, el Gobierno socialista de España es el que está financiando al cien por cien la renta básica de emancipación para jóvenes entre 22 y 30 años, de la que ya se están beneficiando unos 4.000 jóvenes en la Región de Murcia", finalizó.