viernes, 4 de marzo de 2011

El plan de reequilibrio financiero de Murcia obliga a bloquear el presupuesto y cerrar la caja temporalmente

MURCIA.- El plan de reequilibrio financiero que está elaborando el Gobierno murciano con el Ministerio de Economía ha obligado a que la Administración regional cierre la caja, de forma temporal, y bloquee el presupuesto de 2011 "hasta conocer el marco definitivo en el que nos movemos para poder hacer frente a todo lo que está contenido en el presupuesto".

   Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien ha dejado claro que como consecuencia, "no se pueden imputar nuevos pagos de los que ya están imputados ahora mismo".
   Aunque el cierre de la caja, que no es la primera vez que ocurre, es de carácter "temporal" y como medida de prudencia, Reverte ha asegurado que "se va a pagar todo".
   "No es la primera vez que ni el Gobierno murciano, ni el la Administración central ni ejecutivos de otras CCAA deciden cerrar la caja en un determinado momento y reajustar todo", ha insistido Reverte, quien ha justificado el cierre de la caja a que actualmente se está trabajando en dicho plan.
   En esta línea, la portavoz del Ejecutivo murciano ha afirmado que el presupuesto que tienen aprobado "es el que se va a ejecutar", al tiempo que ha pedido tranquilidad y que "no se genere más incertidumbre a los proveedores y aquellas personas que tienen que seguir recibiendo el dinero que está previsto en los presupuestos".
   Tras señalar que desconoce el tiempo que la caja estará cerrada, Reverte ha vuelto a precisar que la previsión de todo el gasto para este año "está contenida en el presupuesto y ahora mismo está bloqueado".
   Ello responde a que como otras CCAA, Murcia "tiene problemas para realizar determinados pagos, puesto que si no los tuviera no estaría acudiendo a ese plan de reequilibrio financiero para que se le autorizada la emisión de deuda de 500 millones".
   Sobre este asunto, ha recordado que el pasado año "en un determinado momento se cerró la caja, pero esto simplemente es un tema estrictamente coyuntural y está en función de los ingresos que se va produciendo por el propio Gobierno regional".
   Preguntada sobre si el Gobierno regional tiene un Plan B en el caso de que el Ministerio no autorice la emisión de deuda, Reverte ha reconocido que "tiene que haberlo, pero en nuestra cabeza no entra que no se nos autorice el endeudamiento".
   Y es que, ha destacado, a Murcia se le esta exigiendo "un plan muy duro en los ajuste", por lo que ha reclamado un "trato igual que al resto de CCAA".
"Para Cataluña, que no tenemos nada contra los catalanes ni contra su gobierno, sin que se le haya aprobado su plan de reequilibrio financiero se le ha autorizado la emisión de nueva deuda", ha criticado.
   De forma, ha lamentado, que "las reglas del juego las vuelven a cambiar sobre la marcha", al tiempo que ha vuelto a precisar que la Comunidad no prevé "ninguna medida adicional de ajuste", como ya anunciara hace unos días la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García.

El PSRM dice que Rajoy "debería impedir" que Valcárcel vuelva a ser candidato "porque ha dejado Murcia hecha un solar"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, afirmó este viernes que Mariano Rajoy "lo que tendría que hacer en la Convención que celebran los populares este fin de semana en Palma de Mallorca, sería impedir que Valcárcel se volviera a presentar como candidato a la Presidencia de la Región de Murcia".

   Y es que, subrayó, "Valcárcel se ha cargado una Comunidad Autónoma, la ha hecho inviable. Después de dieciséis años gobernándola, ha dejado a nuestra Región hecha un solar".
   "El presupuesto de 2011 ya está cerrado, ya está terminado", argumentó Pedro Saura, y recordó que "con todo lo comprometido, el Gobierno regional del PP ya no puede gastarse un euro más ni en gasto ni en inversión, "y al paso que va no podrá pagar ni las nóminas de los empleados públicos".
   El líder socialista considera que "el hecho de que no se vuelva a presentar Valcárcel está en consonancia con lo que piensan la mayoría de los murcianos: que Valcárcel ya no puede, ya no debe volver a presentarse para dirigir la Región después de no poder pagarle, como consecuencia del despilfarro y de mirar para otro lado en la crisis económica, a los proveedores de la obra pública, de la educación y la sanidad, a los investigadores, a las organizaciones sociales, a las asociaciones o a los guías de turismo".

El TSJ de Murcia desestima los recursos de apelación de cinco imputados contra el auto del instructor del caso Tótem

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado los últimos recursos de apelación contra el Auto de 21 de enero y 9 de febrero de 2011, dictado en esta causa por el magistrado instructor e interpuestos por las representaciones procesales de cinco imputados en el caso Totem, en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la localidad de Totana.

   En concreto, estos recursos fueron formulados por las defensas de Fulgencio Marín Bravo, de la empresa de 'Agroproducciones Integradas S.L; José Antonio Carrocera, director general del Grupo Nuaria; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y Gabriel Martínez, de 'Huevos Maryper', contra el Auto del 21 de enero de 2011.
   Así como contra el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Manuel Núñez Arias, propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, contra el Auto del 9 de febrero de 2011, según ha informado el TSJ de Murcia.
   Considera la Sala que todos ellos incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.
   En el caso de Gabriel Martínez, a parte de haber intervenido en la solicitud de una comisión encubriendo al ex alcalde, Juan Morales; hecho constitutivo de un delito de cohecho; y de haber participado también en una operación entre esta empresa y Smurfit Kappa para conseguir la renuncia de los derechos de miembros del Consejo de Administración de Proinvitosa del derecho de adquisición preferente que la empresa tenía sobre los terrenos, incurriendo en un presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos, le imputa la solicitud de comisiones ilícitas encubriendo a un tercero funcionario público, por lo que se le acusa de un delito de cohecho.
   La segunda responde a una intervención en una operación de compra venta de unos terrenos municipales evitando un derecho de adquisición preferente, imputándole los delitos de fraude y malversación.
   El delito de cohecho, según el Auto del 21 de enero de 2011, se le imputa igualmente a Núñez Arias por pactar con el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, una comisión económica importante si el convenio urbanístico llegaba; al igual que a Fulgencio Marín, al firmar un contrato de arrendamiento de servicios para la venta de una finca con la ex esposa de Morales a sabiendas de que se trataba de una negociación ilícita.
   Igual caso es el recurso de Joaquín Carmona que, como gerente de Nubia Inversiones, firmó un reconocimiento de deuda con Inmonuar, conociendo la intervención de Morales; y de Carrocera, que en su calidad de director general o alto responsable de Inmonuar o Grupo Nuaria, negoció con Gabriel Martínez el pago de comisiones si la operación salía adelante
   En este sentido, la Sala, integrada por el presidente del TSJRM, Juan Martínez Moya y los magistrados Mariano Espinosa y Enrique Quiñonero, ha confirmado la referida resolución sin que exista la posibilidad de presentar recurso alguno contra esta resolución, siendo comunicada al Ministerio Fiscal y las partes personadas en la causa.

CCOO, Sterm y UGT acuerdan estudiar la posibilidad de denunciar al consejero de Educación por prevaricación

MURCIA.- Los sindicatos CCOO, Sterm y UGT han acordado estudiar jurídicamente la posibilidad de denunciar por prevaricación al consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, en calidad de presidente de la Mesa de Negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. 

   Así las cosas, han rechazado incorporarse a la mesa sectorial de Educación, que tachan de "ilegal", porque, explican en comunicado de prensa, "empeora las condiciones de trabajo y echa a la calle a miles de interinos".
   Aseguran que el secretario general de la Consejería de Educación no ha querido acceder a la petición previa, realizada el pasado miércoles, de que se reconocieran los resultados electorales de diciembre pasado, "tal y como establece el reglamento de la mesa y el propio Estatuto Básico".
   El reconocimiento de los resultados electorales, especialmente después de la constitución definitiva de la Junta de Personal No Universitario, el pasado 28 de febrero, implicaría la no presencia en la mesa del SIDI, uno de los sindicatos firmantes del preacuerdo de modificación de la Ley 5/2010.
   A pesar de esta maniobra "ilegal", CCOO, Sterm y UGT tenían y tienen en la nueva mesa la mayoría de la representación sindical (59%), con lo que, subrayan, "cualquier acuerdo que pueda alcanzarse en la mesa de hoy carecerá de validez jurídica, tal y como establece el Reglamento de Funcionamiento".
   En lo relativo a la propuesta que se ha presentado, de modo previo al inicio de la Mesa Sectorial, por parte de la Administración, ANPE y SIDI, "no garantiza" para el próximo curso el mantenimiento de las plantillas actuales al dejar sin vigencia el Acuerdo Global de Plantillas de 2006, así como el Acuerdo de 28 de febrero de 2008 en el que se mejoraban las condiciones de trabajo del profesorado, especialmente en lo recogido en su punto 2º y 4º.
   En estos puntos se indica computar un periodo lectivo semanal, para ejercer la acción tutorial a partir del 1 de septiembre de 2008, al profesorado del Cuerpo de Maestros y establecer que el horario lectivo del profesorado que tenga jornada completa -secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial- constará de 17 periodos lectivos semanales, formado por las horas de docencia directa, así como por las horas de cómputo lectivo y excepcionalmente, se podrá llegar a un máximo de diecinueve periodos lectivos, cuando la distribución horaria del centro lo exija.
   De este modo, CCOO, UGT y Sterm aseguran que el acuerdo que pretenden firmar en el día de hoy supone una "aplicación restrictiva", por parte de la Administración, de la jornada de trabajo del profesorado y, como consecuencia, abre la puerta a una reducción de plantillas incalculable para el próximo 1 de septiembre. En esta clave es como debe interpretarse la intención del ahorro efectivo en los presupuestos regionales: "miles de compañeros van a engrosar las listas del paro en los próximos meses", remarcan.
   En definitiva, "estamos ante una ley ilegal que se modifica mediante un acuerdo ilegal y que se pretende concretar en una Mesa Sectorial de Educación, asimismo, ilegal". En estas condiciones, CCOO, Sterm-Intersindical y UGT han acordado estudiar jurídicamente la posibilidad de denunciar por prevaricación al consejero de Educación, en claridad de presidente de la Mesa de Negociación.
   Por último, las tres organizaciones sindicales han acordado convocar la Permanente de la Junta de Personal para buscar una respuesta "contundente" por parte de la legítima representación de los trabajadores de la Enseñanza Pública No Universitaria.

Asfixia de la UMU

Sterm-Intersindical ha denunciado públicamente que el Gobierno regional "está asfixiando económicamente a la Universidad de Murcia (UMU), a quien le adeuda 50 millones de euros". El sindicato ha hecho estas declaraciones tras la comunicación que ha realizado el vicerrector de Economía de la UMU, en la que se muestra "una alarmante inquietud ante la incertidumbre abierta por la Comunidad sobre su voluntad expresa de garantizar los compromisos adquiridos de financiación universitaria".
   Por todo ello, Sterm ha emplazado al Gobierno murciano a que "busque otras fórmulas distintas a las empleadas hasta ahora para enjugar el déficit, distintos a la transferencia del coste de la crisis al conjunto de trabajadores/as y al conjunto de la ciudadanía".
   En palabras del vicerrector de Economía, "no se trata ya de los recortes presupuestarios, sino de los riesgos por incumplimientos", puesto que, ha advertido, "no existe una garantía expresa de que el Gobierno regional pueda asegurar el presupuesto de la Universidad para 2011".
   Al parecer, ha apuntado Sterm, "existen partidas económicas de 2010 sin pagar a la Universidad después de que otros entes, como el Ministerio de Educación, el de Investigación y fondos Feder que ya han sido traspasados a las cuentas de la Comunidad sin que ésta los haya transferido a las cuentas de la Universidad".
   En concreto, el vicerrector de Economía recoge en su escrito que la Comunidad "no ha reconocido ni pagado el contrato programa 2010 a pesar de que la Universidad sí lo ejecutó, lo que supone una minoración directa a déficit superior a cuatro millones de euros".
   Asimismo, subraya que la Comunidad "ha reducido en 520.000 euros la subvención de inversiones de la Universidad de Murcia 2011 para poder atender el programa Feder 2010 y pese a que el Ministerio le ingresó el montante global el 30 de diciembre de 2010, no ha realizado pago alguno a la Universidad de Murcia para la ejecución de Campus Mare Nostrum".

El crédito seguirá escaso en España durante algunos años

MADRID.- El número de cajas de ahorros deberá reducirse desde 17 hasta un solo dígito, porque el sistema financiero sigue teniendo exceso de capacidad, según varios expertos del Observatorio Económico de la Fundación Faes, quienes coinciden en vaticinar que España volverá a sufrir una nueva crisis de deuda y registrará un estrechamiento del crédito durante los próximos años.

   El presidente del Centro Internacional de Investigación Financiera del IESE, Juan José Toribio, defendió que existe un exceso de capacidad instalada y que 17 cajas "son demasiadas", por lo que las fusiones en este sector se encuentran aún lejos de terminar.
   En este sentido, también vaticinó que el beneficio de las entidades financieras será menor en el futuro y que el crédito necesariamente tiene que "estrecharse" más, por lo que éste seguirá siendo uno de los problemas "más graves" de la economía.
   A su juicio, la crisis se podría haber evitado con una mejor previsión de la situación y resaltó que a pesar de las medidas puestas en marcha para resolver la situación del sistema financiero existe un problema de fondo, la valoración de sus activos.
   Toribio explicó que si se valoraron a 'cero' el sistema estaría en quiebra, y si se valoran a '100', supondría que la banca no tiene problemas de solvencia ni de liquidez, por lo que insistió en que "el reto" de los supervisores es ver "con qué tino" se valoran esos activos.
   Asimismo, resaltó que uno de los problemas a los que se seguirán enfrentando las entidades será la liquidez, ya que "es díficil" renovar el vencimiento de los bonos en el mercado, no sólo porque el tipo de interés es más alto, sino también porque existe un problema de confianza.
   Por su parte, el profesor del IE Business School Fernando Fernández resaltó que el mercado internacional no entiende el concepto de cajas de ahorros y que deben transformarse en bancos para poder captar capital.
   A su juicio, las cajas "han muerto de éxito" y han cumplido su papel muy bien, pero ahora deben adaptarse al nuevo escenario. En este sentido, valoró que todas las medidas del Gobierno para paliar la situación del sistema financiero han fracasado, y que el dinero que se ha prestado a las entidades, en algunos casos, no se recuperará, porque no podrán pagar y tendrán que ser intervenidas.
   Además, criticó que se dé dinero a los mismos gestores de entidades que no han sabido gestionarlas, y defendió que los inversores quieren una solución concreta para las cajas, no un amplio abanico para que elijan las propias entidades.
   Asimismo, consideró que las cajas necesitarán más de 20.000 millones para recapitalizarse "porque los activos tóxicos valen más cero, que 100", y consideró que entre las posibles soluciones a tener en cuenta se encuentran la de "convertir las cajas en sociedades anónimas", y lograr un "régimen jurídico para las fundaciones", con el fin de evitar que sigan controladas por las comunidades autónomas.
   Fernández también consideró necesario imponer un calendario obligatorio de privatización de las entidades e intervenir o liquidar a aquellas entidades que lo necesiten. En este sentido, recalcó que el sistema financiero será nacionalizado parcialmente y que España necesitará la ayuda europea.
   Este experto también señaló que el consejo europeo de marzo, donde ser abordará la ampliación del fondo de rescate, será clave para los denominados países periféricos, como España, y coincidió con el resto de expertos en que se producirá una nueva crisis de deuda en los próximos meses.
   El presidente de la Comisión de Economía de CEOE, José Luis Feito, también resaltó que las cajas necesariamente deberán reducir más su número, "hasta un dígito", y que no sólo se fusionarán con bancos españoles, sino también extranjeros.
   En cuanto al crédito, Feito reconoció que España es dependiente del crédito por el gran número de pymes que componen el tejido empresarial español, pero hizo hincapié en que "la culpa de que no se canalice el crédito no es de la banca, porque, incluso, hacen más de lo que pueden".
   Feito defendió que a las entidades financieras no se les presta dinero y que los recursos que captan no son suficientes para cubrir la demanda de financiación, a lo que se une el alto endeudamiento de las familias.
   En este sentido, resaltó que no es incompatible el crecimiento económico con la falta de crédito, ya que se puede obtener financiación mediante la exportación, pero resaltó que sí es incompatible con la generación de empleo si el crecimiento que se logra no es fuerte.
   Asimismo, Feito insistió en que el mayor deterioro del crédito que se produzca en España en los próximos meses dependerá de cómo afronten las autoridades europeas y españolas el ataque a la deuda que se producirá en los próximos meses.
   El presidente de la Comisión de Economía de la CEOE también coincidió en que la reestructuración financiera se ha acometido "tarde" y que se está regulando en exceso, cuando éste fue uno de los principales detonadores de la crisis. A su juicio, esto se produce por miedo a que se den nuevos problemas en el corto plazo.

El saldo vivo de la deuda autonómica se duplica durante la crisis y se acerca a 120.000 millones

MADRID.- El saldo vivo de la deuda autonómica se ha multiplicado por dos durante la crisis económica y podría haber cerrado el año entre 115.000 y 120.000 millones de euros, según uno de los informes del último número de Cuadernos de información económica de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).

   El documento, elaborado por Iker Goikoetxea y César Cantalapiedra, de Analistas Financieros (AFI), asegura que, si se estima una vida media de entre cinco y seis años, el conjunto de los presupuestos autonómicos tendría que asumir una amortización anual que rondará entre 20.000 y 25.000 millones de euros.
   El informe repasa el "considerable" repunte que se ha producido en el stock de deuda pública en los últimos tiempos, que ha llegado a doblar su peso sobre el PIB en tres años, aunque los niveles se han mantenido por debajo del resto de los países del entorno.
   Actualmente, algo más de tres cuartas partes de la deuda está respaldada por la Administración Central, mientras que el 23,6% restante se divide de forma muy heterogénea entre las 17 comunidades autónomas y más de 8.200 municipios. La parte más representativa es la deuda regional, que equivale a un 17,5% del total y a un 10,2% del PIB. La deuda de las corporaciones locales es una tercera parte de la regional y apenas supera el 6% de la deuda pública.
   En cuanto al crecimiento económico, el gabinete de estadística regional de Funcas asegura que toda las comunidades y ciudades autónomas han experimentado un proceso de recuperación en 2010, encabezadas por Navarra, que fue la Comunidad que más creció el año pasado (1,7%).
   A continuación se situaron Canarias (0,78%), Ceuta (0,72%), Madrid (0,46%), Castilla y León (0,35%), Asturias (0,32%), País Vasco (0,30%), Cantabria (0,18%), La Rioja (0,13%) y Cantabria (0,01%).
   En cambio, un total de nueve comunidades y una ciudad autónoma registraron una evolución negativa y más intensa que la media en el año 2010, como Galicia (-0,25%), Cataluña (-0,47%), Melilla (-0,56%), Comunidad Valenciana (-0,64%), Aragón (-0,74%), Extremadura (-0,81%) y Andalucía (-0,87%). Los últimos puestos los ocuparon Baleares (-1,79%), Murcia (-1,27%) y Castilla-La Mancha (-1,04%).
   En el periodo 2000-2010, Madrid, Navarra, La Rioja y, más recientemente, Cantabria han combinado un crecimiento económico y un nivel de PIB por habitante superiores a la media española, formando así "el auténtico cuadro de honor" de las autonomías españolas desde el punto de vista económico.
   Murcia, Andalucía, Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana han mostrado un alto crecimiento, pero mantienen un nivel de PIB por habitante inferior a la media.
   En cambio, Cataluña, Aragón y el País Vasco tienen un nivel alto de PIB por habitante, pero su crecimiento en el periodo ha estado por debajo de la media española. Finalmente, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Baleares tienen un nivel de PIB por habitante y un crecimiento inferior a la media.
   Funcas cree que la recuperación "ligera y dispar" ha paralizado el avance de la convergencia regional española con cierta intensidad, aunque las autonomías han mejorado en 2010 su convergencia con Europa en renta interior por habitante en paridad de poder de compra. Sólo Andalucía, Murcia y Melilla han reducido su índice de convergencia con Europa.
   La tasa de paro, por su parte, oscila entre el 28,70% de Canarias y el 10,55% del País Vasco, mientras que la media española es del 20,06%. El aumento del paro, según Funcas, ha contribuido a un crecimiento de la productividad que va desde el 2,98% de Navarra al 1,28% de Extremadura.
   En materia de precios, Funcas cree que la inflación continuará por encima del 3% hasta mayo o junio si el precio del barril de crudo se mantiene en los niveles de enero (96,4 dólares), aunque con cierta tendencia descendente a partir del mes de marzo que se acentuará en julio y diciembre al desaparecer el efecto escalón provocado por la subida del IVA y de los impuestos del tabaco.
   Así, el IPC cerraría el año por debajo del 2%, mientras que la inflación subyacente se mantendrá durante todo el año por debajo del 2% porque las condiciones de la demanda aún serán muy débiles, lo que limitará el traslado hacia los precios finales del mayor coste de las materias primas.

Fitch cree que comunidades y ayuntamientos suponen el "mayor riesgo" para la consolidación fiscal en España

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que las comunidades autónomas y los gobiernos locales son "el mayor riesgo" al que se enfrenta la economía española para cumplir con sus objetivos de consolidación fiscal, y remarca que aportan "incertidumbre" al rendimiento final de las cuentas nacionales. 

  "Dada su significativa proporción en el presupuesto general y su relativa falta de transparencia y retraso a la hora de informar sobre su ejecución presupuestaria, este sector añade un grado de incertidumbre al rendimiento final del Gobierno general", incide Fitch en un informe sobre la deuda soberana en la eurozona.
   Pese a todo, reconoce el "compromiso político" que existe en España con la consolidación fiscal, como demuestra que el Gobierno central haya superado los objetivos fiscales marcados para 2010 y haya mostrado su voluntad de adoptar medidas fiscales adicionales para cumplir la reducción de déficit marcada para 2011 en caso de que sea necesario.
   En este sentido, la agencia de calificación crediticia señala que, aunque España entró en la crisis financiera con superávit público y un endeudamiento inferior al de otros países, su posición de fortaleza fiscal se ha deteriorado rápidamente.
   Así, cree que las reformas estructurales mejorarán las perspectivas de crecimiento a medio plazo y la flexibilidad, aunque reconoce que el proceso de "desapalancamiento" del sector privado y la austeridad fiscal implicarán que la recuperación económica será "relativamente débil y frágil".
   Respecto al sistema financiero, señala que, a pesar de que el núcleo del sector bancario, dominado por el Santander y el BBVA, es "relativamente fuerte", las preocupaciones por el coste potencial de recapitalizar y reestructurar las cajas de ahorros "pesa en el mercado" y en la evaluación del rating de España.
   Así, advierte de que un coste de reestructuración del sector superior a los 23.000 millones de euros estimados por Fitch en julio de 2010 o un aumento del coste fiscal derivado de la recapitalización de las cajas tendría "implicaciones negativas" para la calificación soberana de España.