lunes, 14 de febrero de 2011

El PSRM pide que se suspenda el proyecto de entubamiento de caudales del trasvase del Tajo que fluyen por un tramo del río Segura

MURCIA.- El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de totalidad a la moción conjunta de PP e IU en la que pide que se suspenda el proyecto denominado "sistema de suministro de agua desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de Canales del Taibilla", que implica el entubamiento de caudales procedentes del Tajo, que actualmente discurren por el río Segura. 

   La moción conjunta de PP e IU pretende la eliminación de la partida presupuestaria destinada a mejorar los sistemas de suministro a los Canales del Taibilla desde el embalse del Cenajo. Sin embargo, al respecto el responsable de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López, señaló que "no nos podemos permitir el lujo de perder los recursos presupuestarios que harán posible resolver los problemas de suministro de agua potable que afectan a gran parte de nuestra Región".
   Al tiempo que dijo que hay que hacer frente de una vez al abastecimiento de Yecla y Jumilla, asegurar el suministro en períodos de sequía y solucionar los problemas de salud pública que se producen como consecuencia de la mezcla del cloro de las potabilizadoras y la materia orgánica de las aguas del río.
   López añadió que esos problemas son perfectamente conocidos por el Gobierno regional y ya fueron puestos de manifiesto en los documentos de planificación hidrológica, aprobados por gobiernos del Partido Popular cuando gobernaba el Estado.
   "El Partido Popular está actuando de manera irresponsable y demagógica en este asunto y no tiene explicación razonable renunciar a unos recursos necesarios  para hacer frente a esos viejos problemas", añadió.
   La enmienda del PSOE remite a una comisión en la que participen  las administraciones, los regantes y las asociaciones para el estudio de las alternativas al proyecto promovido por la sociedad estatal Acua Med.

IU pide la comparecencia de Marín para que explique la evolución del proyecto Paramount

CARTAGENA.- El candidato de IU a la presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, va a solicitar la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, para que explique la evolución del proyecto de instalación de un parque temático de la multinacional Paramount en la Región.

   Pujante ha indicado que la actitud del Ejecutivo murciano es "confusa" y está generando expectativas "falsas" a la población, al tiempo que ha acusado al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de contar "cuentos chinos a la opinión pública" y no informar del proyecto en sede parlamentaria, "ante los representantes de la ciudadanía".

   En este sentido, ha recordado que su grupo también solicitó en el Parlamento autonómico la comparecencia del consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, para que detallase el proyecto, tras lo que ha insistido en que éste es "es sólo un montaje del Partido Popular de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo".

El PSRM asegura que Valcárcel insiste en llegar a mayo "con apaños", castigando a empresarios y empleados públicos

MURCIA.- La candidata a la presidencia de la Comunidad por el PSRM, Begoña García Retegui, reprochó este lunes al presidente Ramón Luis Valcárcel que esté "intentando" llegar al 22 de mayo "con apaños" con un acuerdo con una parte minoritaria de los representantes de los empleados públicos "a costa de demorar el pago a los empresarios de obra pública, primero, y de retrasar esa obra pública, después".

   Y es que, apuntó, el retraso en el inicio de la obra pública anunciado por el consejero de Obras Públicas, José Ballesta, "significa destrucción de empleo y retardar la salida de la crisis económica". Así afirmó no entender que Valcárcel "se niegue a un pacto contra el despilfarro mientras castiga a empresarios y a empleados públicos y lo, que es peor, mientras ayuda con su política a destruir empleo en la Región de Murcia".
  "No entendemos que Valcárcel alcance un acuerdo 'in extremis' con los sindicatos corporativos, cuando ese acuerdo se sustancia recortando, demorando o posponiendo inversión pública que es la que genera empleo, y que lo genera en un sector ampliamente castigado", señaló en rueda de prensa.
   En este sentido, la candidata socialista recordó que en 2010 se cerró el año tan solo con una licitación regional de 122,3 millones de euros, un 62 por ciento menos que en 2009.
   Pero, indicó, lo peor no es que la Comunidad Autónoma haya licitado poco, sino que de esos 122 millones, si hablamos de una dirección general netamente inversora como es la Dirección General de Carreteras, sólo se han licitado 23 proyectos que suponían menos de 45 millones de euros. Además, incidió, "únicamente se han adjudicado ocho proyectos de los 23, que suman tan sólo 3,4 millones de euros".
   Si en 2010 esa Dirección General sólo ha conseguido adjudicar 3,4 millones de euros, cuando Ballesta propone retrasar el inicio de obra pública, se preguntó, "¿qué nos está diciendo, que no va a haber ninguna obra pública en los años 2012, 2013, 2014? ¿Nos va a decir que las empresas tienen cerrar o tienen que salir de la Región para generar empleo?".
   Según Begoña García, "no se puede demorar ninguna obra pública, lo que debe hacerse es cortar con el despilfarro y el descontrol del gasto, si la Comunidad quiere cumplir con el objetivo de reducir el déficit al 0,3 por ciento en 2013".
   Por tanto, insistió en la necesidad de un pacto regional "en el que intervengan partidos, sindicatos, Gobierno regional, y agentes sociales", finalizó.

Problemas con Del Toro
El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel del Toro, ha dicho que censurará la posibilidad de que el Gobierno regional decida aplazar el pago de las certificaciones, si llega a producirse.
   En este sentido, ha considerado que "no es ninguna buena noticia para el sector, porque ya está bastante castigado de por sí, por la falta de trabajo, por el deslizamiento en el tiempo de los pagos, por la falta de financiación y por un largo etcétera".
   Así, explicó que, de confirmarse esta posibilidad, la CROEM "censurará la decisión", y ha anunciado que el riesgo que se corre "es que se vuelvan a incrementar aún más las listas de desempleo", ha afirmado.
   Del Toro se ha referido de esta forma a las declaraciones de la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, quien el pasado viernes anunció que el Gobierno regional obtendrá 60 millones de euros "garantizando que las inversiones que se van a realizar será llevándonos anualidades futuras, es decir, el pago de las mismas", con el fin de compensar el acuerdo alcanzado con los sidnicatos sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.
   "Es una noticia que hemos leído, y lo único que nos ha generado es preocupación, pero habrá que escuchar al Gobierno y que nos explique el por qué de esa noticia y de dónde saldrán esos 60 millones de euros", ha explicado.
   En este sentido, ha dicho querer entender que "no es que el Gobierno regional no vaya a pagar la deuda que tienen contraída con los contratistas, lo que sería un auténtico disparate, porque ya bastante debilitadas están las empresas del sector como para les digan que aguanten más".
   "Yo entiendo que habrá que recortar algunas infraestructuras para evitar esta situación", ha añadido Del Toro, quien ha dicho ignorar las infraestructuras en las que se puede "recortar".
   "Eso habrá que preguntárselo a la consejera, no lo puedo contestar, pero entiendo que en alguna de las infraestructuras previstas habrá que hacer algún recorte para recuperar esos 60 millones", ha zanjado.
   No obstante, ha esperado que "no es que no vayan a pagar ese compromiso de pago que tienen con los proveedores y con los contratistas, fundamentalmente, de obras".

Sindicatos no firmantes inician una campaña informativa contra la Ley de recortes

MURCIA.- Los sindicatos CCOO, UGT y Sterm van a iniciar una campaña informativa a través de asambleas en el Servicio Murciano de Salud (SMS) para explicar la actual situación en la negociación y su 'No Firma' por no haberse alcanzado los mínimos que se acordaron en el Comité de Crisis, creado para lograr la derogación de la Ley de recortes con los otros sindicatos.

   Así, informan en un comunicado que en estas asambleas se decidirá qué nuevas acciones se acometerán para "defender los legítimos derechos de todos los trabajadores de la Sanidad Publica y no la de algunos privilegiados".
   Las asambleas se celebrarán este miércoles, a las 13.00 horas, en el hospital Virgen de la Arrixaca, y en Atención Primaria de Murcia (El Palmar) a las 17.30 horas; mientras que al día siguiente, será en los hospitales Santa Mª del Rosell (13.00 horas), y Santa Lucía (14.00 horas), y Atención Primaria de Cartagena (17.30 horas).
   El viernes, día 18, será en el psiquiátrico Román Alberca (El Palmar) a las 13.30 horas; y en los Servicios Centrales (Ed. Habitamia- Murcia) a la misma hora.
   Ya a la próxima semana, comenzarán el lunes en el hospital Reina Sofía (Murcia) y Morales Meseguer (Murcia) a las 13.00 horas; y el martes, día 22, en el hospital Rafael Méndez de Lorca a la misma hora y en Atención Primaria de Lorca a las 17.30 horas.
   Concluirán el miércoles, día 23, a las 13.00 horas, en los hospitales Comarcal de Noroeste de Caravaca y Virgen del Castillo de Yecla; y al día siguiente en los hospitales Los Arcos (Mar Menor) y de la Vega Lorenzo Guirao (Cieza) a las 13.00 horas.
Entrega de firmas
Las organizaciones sindicales UGT, CCOO, y STERM-INTERSINDICAL, llevaron a cabo hoy, lunes 14 de febrero, la entrega de las firmas recogidas entre los empleados públicos de la Comunidad Autónoma para la derogación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada el pasado día 23 de diciembre de 2010 en la Asamblea Regional.   Ha sido a las 18.30 horas, en el registro la dirección general de Función Pública, situado en el antiguo edificio Hefame, en la avenida Infante D. Juan Manuel, según han informado fuentes sindicales en comunicado de prensa.
   Precisamente hoy el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, se ha reunido en el Palacio de San Esteban, con los sindicatos minoritarios de Educación, Sanidad y de la Administración General de la Comunidad que se adhieren al acuerdo alcanzado esta semana para mejorar la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.
   A lo que el Sindicato Independiente de Docentes (SIDI) ha decidido adherirse.
 De los 1.000 afiliados del SIDI, el 70 por ciento de los afiliados están de acuerdo en que el sindicato se adhiera a las modificaciones al tijeretazo, el 25 por ciento está en contra y el cinco por ciento restante se abstiene expresamente de pronunciarse.
SIDI era el único sindicato presente en la negociación del tijeretazo que hasta la fecha no se había pronunciado a favor o en contra de la propuesta final realizada por la Administración, si bien la consideraba "lo suficientemente aceptable para someterlo a la consideración de los afiliados".
Fruto de este resultado, el SIDI procederá este lunes a adherirse a las modificaciones que se van a realizar a la ley del tijeretazo y, por ende, dejará de participar en los actos de protesta, según ha declarado el portavoz del sindicato, Luis Prieto.
   Con la adhesión del SIDI, Prieto ha destacado que las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo "representan a la mayoría de representantes y de docentes de la Región del sector de la educación pública, conforme a los resultados de las elecciones sindicales celebradas el pasado 4 de diciembre y por lo tanto tiene plena legitimidad el acuerdo".
   SIDI también ha destacado que "es la movilización llevada a cabo por los funcionarios durante la negociación, el "motivo fundamental por el que el Gobierno regional ha modificado la Ley de recortes".

CCOO presenta una demanda en el Juzgado contra el Gobierno regional por retirarle pegatinas

MURCIA.- CCOO de la Región de Murcia ha presentado ante el Juzgado de lo Social una demanda contra la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración por la retirada de unas pegatinas del personaje 'Ramón Luis Manostijeras'.

   De este modo, solicita que se declare nulo el proceder de este departamento y se le condene a cesar "inmediatamente" en ese comportamiento vulnerador de derechos fundamentales. El sindicato ha solicitado la indemnización simbólica de 1 euros.
   En concreto, el sindicato considera que dicha demanda de 'Tutela de los derechos de Libertad Sindical y de Libertad de Expresión' viene motivada al entender que "se han vulnerado derechos fundamentales recogidos en el ordenamiento constitucional; en concreto, los referidos a los artículos 28 y 20 de la Constitución Española".
   La demanda se ha presentado a raíz de que la Consejería de Política Social retirase, de manera reiterada, unos carteles y pegatinas con el anagrama de CCOO del Tablón de Información Sindical.
   En dichos carteles y pegatinas figuraba la imagen del presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, que mediante un montaje fotográfico aparecía como el personaje 'Ramón Luis Manostijeras', en clara alusión al "recorte" que ha supuesto la Ley de Medidas Extraordinarias, más conocida como el "tijeretazo".
   Así, CCOO ha afirmado que "el proceder de la Consejería, por orden expresa de su secretario general Fernando Mateo, es una clara vulneración de derechos fundamentales, toda vez que se impide de manera ilegítima la información y la acción sindical, así como se cercena la posibilidad de expresarse libremente a una organización sindical, mayoritaria en el sector".

Del Toro da a entender que la COEC le importa un pito

MURCIA.- El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel del Toro, ha mostrado su confianza en que se recupere el diálogo con la Confederación de organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) "porque el sentido común tiene que imperar por encima de todo, y tiene que haber paz social".

   No obstante, ha aclarado que "tiene que haber respeto absoluto y riguroso desde la casa de todos los empresarios de la Región para que cada organización empresarial tome su propia decisión", puesto que "están libremente asociadas a Croem y no se obliga a nadie a estar", según informó en rueda de prensa.
   A su juicio, si COEC decide continuar tal como la Croem ha estado 32 años, todos los empresarios de la Región "nos alegraremos, y su presidente a la cabeza más que nadie".
   Sin embargo, ha advertido que, "si esta escalada de declaraciones y alocada carrera de titulares explosivos sigue, y los órganos de gobierno de COEC deciden quedarse fuera, será su decisión soberana, ellos tendrán que dar explicaciones de por qué".
   De todas formas, ha dicho que "debe imperar el sentido común" y ha confiado en que "las cosas se tranquilizarán y todos, desde la unidad empresarial, volveremos a hacer lo que hemos estado haciendo siempre, que es defender los intereses generales de los empresarios y del territorio que representamos".

Los ecologistas alertan de dos 'bombas de relojería' bajo el pantano del Cenajo


HELLÍN.-Ecologistas en Acción y Río Ríe han alertado este fin de semana del grave riesgo de contaminación por el cruce de dos oleoductos bajo en embalse del Cenajo. Miembros de ambas organizaciones ecologistas  se han concentrado junto a las obras del oleoducto Cartagena-Puertollano, que se realizan en el embalse del Cenajo.

Alertan de que en ese lugar ya cruza bajo el embalse un oleoducto Y que ahora Repsol pretende duplicar la capacidad de la conexión Cartagena-Puertollano con una segunda conducción que también cruzaría bajo las aguas.
Ambas organizaciones han calificado de "auténtica barbaridad" el hecho de que bajo las aguas del pantano pasen dos oleoductos, y reclaman que no se autorice el cruce del segundo oleoducto (actualmente en construcción y pendiente de autorización para ese tramo) así como que se saque del embalse el primero (construido hace varios años).
Alfonso Díaz, de la organización ecologista Río Ríe, ha explicado que "una hipotética fuga en el oleoducto ya construido supondría el vertido al embalse de al menos 500 toneladas de producto petrolífero, si sumamos ahora un segundo oleoducto las consecuencias de una rotura son mucho más graves"
José Antonio Herrera, de Ecologistas en Acción, ha indicado que hay 500 metros de oleoducto dentro del embalse, y que puede llegar a tener hasta 15 metros de agua por encima". En caso de una rotura, añade, "para poder acceder a la conducción sería necesario vaciar el embalse, arrojando aguas abajo agua contaminada, lo que afectaría a todo el cauce del río Segura"
Una situación que ambas organizaciones califican de "disparate". Y es que el Cenajo, añaden "juega un papel clave en la regulación de las aguas de toda la cuenca, incluido el abastecimiento de agua de boca para más de un millón de personas".
Desde ambos grupos se destaca que una fuga no es una algo improbable, sobre todo si tenemos en cuenta que "estamos en una zona de actividad sísmica importante". Y concluyen que "un vertido en el Cenajo podría derivar en una auténtica catástrofe ecológica y económica para toda la cuenca del Segura."

Presentan en Murcia la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España

MADRID.- El abogado español Diego de Ramón ha presentado la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', según han confirmado fuentes de su bufete al digital http://economiavanzada.blogspot.com

Esta denuncia, según las mismas fuentes, se basa en un reciente informe del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, concretamente el correspondiente al último trimestre de 2010, 'donde se señalaba la responsabilidad del Banco de España en la actual crisis financiera del país', en virtud de su labor de supervisor nacional y delegado de supervisión del Banco Central Europeo.

El escrito, pendiente de admisión a trámite y quedar convertido 'de facto' en una 'demanda civil con responsabilidad patrimonial', fue presentado a reparto en los primeros días de febrero en un juzgado de guardia de Murcia por existir en esta ciudad una sucursal, abierta al público y operativa, del Banco de España.

Las TV autonómicas, ¿un modelo en revisión?

MADRID.- ¿Son las televisiones autonómicas un lujo, como opinó hace poco una dirigente del PP? ¿Desangran las cuentas regionales, como dijo un presidente autonómico? La crisis ha abierto el debate sobre la continuidad o privatización de unos canales que gestionan un presupuesto superior a los 1.600 millones de euros.

Es una de las grandes cifras de las televisiones autonómicas, que, además, dan empleo directo a unas 10.000 personas, aunque sus pérdidas superan los 1.700 millones de euros.
En prácticamente todas las comunidades puede sintonizarse un canal propio, financiado en su mayor parte con recursos públicos. Sólo Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja han renunciado a contar con una televisión autonómica.
Con mejor o peor fortuna, estas televisiones se han hecho un hueco en las audiencias, pero su alto coste ha puesto en el centro del debate la continuidad del modelo actual de gestión o la posible privatización de estos entes, sobre todo en un momento en el que la crisis económica ha mermado las arcas regionales.
 
Las comunidades con lengua propia son las más reivindicativas con sus televisiones. Sus televisiones, dicen, tienen un objetivo claro: fomentar entre sus ciudadanos la cultura y, sobre todo, la lengua.
Un hecho diferencial que por sí mismo ya justifica la existencia de los canales autonómicos. Al menos así lo entiende el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quien llegó a preguntarse: "¿Tiene sentido que exista una televisión autonómica en Cataluña? Yo creo que sí. ¿Tiene sentido que exista en otras comunidades donde no hay un hecho diferencial de lengua? Seguramente no".
Pero en el caso de Telemadrid, Duran ha dado en hueso. Tanto el anterior presidente de la Comunidad madrileña y actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, como su sucesora, Esperanza Aguirre, han defendido en reiteradas ocasiones la privatización de la gestión de ese canal.
La número dos de los populares, María Dolores de Cospedal, también ha reiterado esta apuesta y, así, en su condición de candidata a la Junta de Castilla-La Mancha, anunció que si ganaba las elecciones privatizaría el canal regional para ahorrar gastos.
Otros gobiernos autonómicos de su partido, como el gallego o el valenciano, la posibilidad de privatizar la gestión no parece que les entusiasme mucho. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, opina que las televisiones autonómicas son "eficientes, útiles y están bien dimensionadas".
Para el presidente valenciano, Francisco Camps, el ente de su comunidad es un "patrimonio de los ciudadanos valencianos" y un instrumento para la "defensa" de su lengua.
Y en esa apuesta por mantener el modelo actual se encuentran también los gobiernos de comunidades históricas como el País Vasco, que consideraría un "retroceso la privatización", o Andalucía, donde se contempla la información como un servicio público.
Gracias a que la televisión de Cataluña es la única de las que emiten en catalán que mantiene buenos niveles de audiencia, la Generalitat tampoco se plantea su privatización.
Como tampoco lo prevén los gobiernos con canales más pequeños, como Asturias, Baleares o Aragón, tal y como han señalado sus responsables.
De los datos aportados por los distintos gobiernos autonómicos se desprende que el presupuesto global de todas las televisiones supera los 1.600 millones de euros, de los cuales 473 corresponderían a la Corporarciò Catalana de Mitjans Audiovisuales, que cuenta con ocho canales repartidos en siete frecuencias, en los que trabajan 2.756 personas.
Al ente catalán le sigue, en cifras absolutas de presupuesto, la Radio Televisión de Andalucía, con 232 millones para este año, dos canales y 1.630 trabajadores.
Cinco canales y una radio tiene la Radiotelevisión Valenciana, que ha reducido un 8,6% su presupuesto para 2011 hasta los 183 millones. Euskal Telebista cuenta con cinco cadenas y sus cuentas para este año ascienden a 140 millones de euros (un 3,9% menos que el pasado año). La Televisión de Galicia emite a través de ocho canales y también ha visto reducido su presupuesto (en un 11%) hasta los 121 millones.
A 131,8 millones asciende el presupuesto de Telemadrid; a 62,7 el de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión; a 58 el de la televisión balear IB3; a 42,1 el de la de Castilla-La Mancha; a 38,6 el de la de Canarias (con una reducción del 32%); a 35,2 el de la de Asturias; a 35,1 la asignación del gobierno murciano a su televisión; y a 30 millones el presupuesto el de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
Todas ellas han rebajado sus presupuestos como consecuencia de la crisis, pero las pérdidas que acumulan han sido objeto de crítica desde algunos sectores.
Desde la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas se ha cuantificado en 1.500 millones estas pérdidas, mientras que el que fuera presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, la elevó hasta los 1.650 millones para 2010.
¿Son las televisiones autonómicas un "costo innecesario", como dijo el ex presidente de la CEOE?. El debate sigue abierto.