martes, 18 de enero de 2011

Unos 40.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma podrían retirar sus nóminas y dinero de Caja Murcia

MURCIA.- Unos 40.000 funcionarios de los 55.000 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrían retirarar previsiblemente sus nóminas y dinero líquido de Caja Murcia, según acaba de anunciar el portal http://www.burbuja.info.

Esta tarde se han celebrado diversas asambleas de funcionarios de la administración regional, convocadas por los sindicatos para acordar las próximas movilizaciones contra las medidas aprobadas por el gobierno regional del PP en la Asamblea, y así rebajar sustancialmente los sueldos de los empleados públicos, con objeto de dar respuestas colectivas frente a la intransigencia del propio gobierno autónomo. La próxima semana se celebrarán más asambleas.

Uno de los puntos a debatir era la retirada de nóminas y fondos de Caja Murcia al ser la entidad cuyo titular es la propia Comunidad Autónoma presidida por Ramón Luis Valcárcel y su principal palanca financiera.

Según otro portal, www.meneame.net, "esa al menos es la propuesta que se va a llevar a las asambleas que se van a realizar la semana que viene por toda la Comunidad, tanto en educación, como sanidad etc. Al parecer la medida tiene un apoyo brutal".
Hasta el momento ningún directivo de la entidad o portavoz autorizado ha comentado esta noticia adelantada por el citado portal de Internet y recogida ya por numerosos foros, blogs y webs a título de rumor.

Actualmente Caja Murcia es el principal accionista del Banco Mare Nostrum presidido igualmente por Carlos Egea e integrado, además, por Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra.

Preeminencia del Derecho critica las medidas de la Fiscalía de Murcia sobre la próxima manifestación de los sindicatos

MURCIA.- La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado murciano, José Luis Mazón, ha expresado su repulsa contra las medidas del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, en la próxima manifestación que protagonizarán los sindicatos este martes, día 25, contra los recortes.

   Según ha informado dicha asociación en un comunicado, las órdenes del fiscal a las fuerzas policiales para que efectúen controles preventivos sobre pancartas y pegatinas "extralimita en sus atribuciones y raya la conducta perseguible al anunciar que usará a la policía para establecer controles preventivos que no solo implican una coacción contra la libertad de expresión y de manifestación, sino que pueden constituir intromisiones en el ejercicio legítimo de los derechos cívicos de las personas que asistiremos a esa manifestación".  
   Con ello, el fiscal superior, según Mazón, "toma resoluciones que en todo caso serían propias del delegado del Gobierno, Rafael González Tovar", al mismo tiempo que da la impresión "de tenerle miedo a  Valcárcel y plegarse a sus irracionales demandas de acallar las justas críticas sociales contra sus políticas abusivas, lanzadas por este cacique provinciano que es el presidente de la Comunidad".
   En su opinión, "lo último que se esperaba del fiscal superior era que saliera utilizando a la policía de los ciudadanos para desviarla de sus funciones normales y prestarle servicios de comisario político al Gobierno regional".
   Por ello, ha considerado que "parece no darse cuenta de que con su conducta está provocando a los manifestantes e incrementando la tensión cívica".
   En esta línea, Preeminencia ha pedido una investigación exhaustiva sobre la agresión sufrida por el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, "a fin de que se esclarezcan las circunstancias y se castigue a los culpables".
   Por último, Preeminencia del Derecho ha mostrado su apoyo la convocatoria del próximo 25 de enero contra Valcárcel y el Gobierno del Estado, "expresión pacífica y legítima de la sociedad civil que no se siente representada en los actuales partidos políticos".

Secretario de Estado de Hacienda: "El Gobierno "pone disciplina" y no tocará competencias a las CCAA"

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha asegurado que el Gobierno no ha lanzado ninguna "amenaza" a las comunidades autónomas, pues sólo ha recordado que puede limitar sus emisiones de deuda para "poner disciplina" en materia de reducción del déficit, algo que "ha venido haciendo y seguirá haciendo", y que no implica en ningún caso que se esté pensando en "tocar competencias". 

Ha recordado que puede limitar sus emisiones de deuda para "poner disciplina" en materia de reducción del déficit, algo que "ha venido haciendo y seguirá haciendo", y que no implica en ningún caso que se esté pensando en "tocar competencias". 

Ocaña se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha asegurado que "no hay nada nuevo" en ellas, pues el Ejecutivo siempre ha remarcado que es "fundamental" que las comunidades cumplan sus objetivos.     

Ocaña, ha señalado que 2011 será un "año exigente" para todas las comunidades autónomas que requerirá "sacrificios" y "decisiones difíciles" para reconducir el estado de las cuentas públicas, tanto estatales como autonómicas, con el objetivo de pasar del déficit del 2,4% del PIB marcado para 2010 al 1,3% fijado para 2011. 

Ocaña ha negado que sea necesario "podar las autonomías". A su parecer, es necesario "mejorar la gestión" para "hacer más con menos recursos" y adaptarse así a las nuevas exigencias económicas. 


   No obstante, ha aseverado que ello "no afecta al modelo descentralizado" actual. Así, ha agregado que es posible que se hayan podido cometer "excesos" en el desarrollo de consorcios y empresas públicas adscritas a los gobiernos, pero ha insistido en que se trata de "racionalizar el gasto y hacer las cosas mejor".

Ocaña ha recalcado que el "conjunto del Estado" va a cumplir "con holgura" con sus objetivos de reducción de déficit para 2010 y que estas cifras incluyen a las comunidades y los ayuntamientos. Ha asegurado que en los próximos días las cifras se publicarán "con todas los decimales y todos los detalles".

Para este año el Gobierno apuesta más por la "contención de gastos" que por el "aumento de impuestos" porque en la actual coyuntura "con demanda débil", al Gobierno no le parece que "sea el momento", y ha asegurado que las novedades fiscales para 2011 tiene un "impacto reducido".  

En este sentido, ha precisado que el Gobierno analizará los planes de reequilibrio económico financiero que debe presentar cada Comunidad "para seguir aplicando estrictamente las autorizaciones de endeudamiento para que el gasto se adapte a lo que tiene que ser".

El TSJRM desestima los recursos de apelación interpuestos por seis imputados contra el auto del instructor del caso Limusa

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha decidido desestimar los recursos de apelación contra el Auto de 23 de noviembre de 2010, dictado en esta causa por el Magistrado Instructor interpuestos por la representación legal del ex director de la entidad Limusa, desde 1998 hasta 2009, Francisco Gil Eguino; y del alcalde de Lorca desde 1993 hasta 2006 y ex presidente de Limusa, Miguel Navarro.

   Asimismo, ha desestimado los recursos de apelación contra el Auto interpuestos por los abogados del consejero delegado de Limusa desde julio de 1999 hasta julio de 2003, Jesús Molina; de la cónyuge de Francisco Gil Eguino, Ofelia González; y de los contratistas de Limusa, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.
   Además, la Sala ha desestimado el recurso del Ministerio Fiscal, que estimaba que concurren indicios tanto en el encargado general de Limusa, Jacinto Parras, como en el jefe de administración y contable, Asensio Díaz, para poder ser imputados por supuestos delitos de malversación y de falsedad en documento mercantil.
   En este sentido, la Sala, integrada por el presidente del TSJRM, Juan Martínez Moya y los magistrados Manuel Abadía y Julián Pérez Templado, han confirmado la referida resolución por la que se decide continuar la tramitación de las diligencias previas transformándolas en procedimiento abreviado, sin que exista la posibilidad de presentar recurso alguno contra esta resolución.

Los 27 acuerdan incluir el criterio de liquidez en los test de estrés

BRUSELAS.- Los ministros de Economía de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo político para realizar antes del verano una nueva ronda de test de estrés a los bancos "más rigurosos" y "más creíbles", que examinará por primera vez las dificultades de los bancos para obtener liquidez de los mercados, según ha informado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.

   Barnier ha explicado que "se tendrá en cuenta la liquidez" porque "una crisis de liquidez es un factor de riesgo para un banco" y por ello este criterio debe examinarse "seriamente". No obstante, ha precisado que los detalles técnicos de cómo se evaluará la liquidez deben todavía pactarse en las próximas semanas.
   También se tendrá en cuenta la exposición de los bancos a la deuda pública de los países de la eurozona y se irá "más lejos" que en las pruebas de 2010, cuando se examinó sólo la cartera de negociación. Barnier ha reclamado una "aplicación uniforme" de las pruebas para evitar diferencias entre países y ha abogado por una "transparencia total de todos los resultados" para reforzar la credibilidad.
   Finalmente, el comisario de Servicios Financieros ha pedido una "respuesta creíble" cuando se publiquen los resultados, de manera que si se detectan problemas se inyecte capital en los bancos afectados y se reestructuren.

El abogado Mazón prepara varias acciones legales contra Valcárcel

MURCIA.- El letrado murciano José Luis Mazón prepara varias acciones legales contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, por sus declaraciones públicas del pasado domingo imputando presuntos delitos a personas jurídicas totalmente ajenas a la agresión al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, según fuentes próximas a su bufete.

El letrado Diego de Ramón parece que también se adherirá a las acciones que pueda emprender su compañero en ese sentido, según las mismas fuentes.
  
Valcárcel ha aparecido en diversos medios de comunicación durante las últimas 48 horas, entre ellos TVE e Intereconomía TV,  lanzando acusaciones o insinuando que detrás de todo  lo sucedido estaba la reciente actuación de los partidos políticos de oposición en las últimas semanas.

El ministro Rubalcaba ha acusado al PP de haber provocado "agitación" tras la agresión con el objetivo "clarísimo" de "pescar en río revuelto".

"Y créanme, en este río no pesca ningún partido democrática, no van bien", ha advertido al principal partido de la oposición desde su estrado en el Senado.

El vicepresidente primero ha pedido al PP que no pretenda hacer creer a los ciudadanos que la culpa "de que algún desalmado" pegue a un consejero la tienen los socialistas y ha lamentado que, en ese caso, estarán tomando a los ciudadanos "por tontos".

Por su parte, la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, ha pedido este martes al líder del PP, Mariano Rajoy, que "llame a la cordura" a su partido, al que ha acusado de instalarse en "la más absoluta irresponsabilidad" e insistir en la "insidia política" por las acusaciones vertidas contra el PSOE tras la agresión.
Silva también ha pedido a Rajoy que diga que "se avergüenza" de las declaraciones realizadas por el propio presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien ha acusado a los socialistas de incitar la agresión a Cruz. Y le ha solicitado al líder de los 'populares' que diga "alto y claro" que los "únicos responsables" de la paliza fueron los agresores.

"Que el señor Rajoy exija a sus compañeros de partido, dirigentes de alto nivel, que cesen en ese planteamiento, que sólo genera confrontación y que sólo se basa en análisis falsos y deleznables", ha añadido.
"Quienes instigan la división, sembrando dudas y sospechas sobre supuestas autorías intelectuales sin aportar la más mínima prueba, merecen el desprecio de todos y dejan muy claro que no tienen escrúpulos a la hora de sacar rédito de una brutal agresión", ha señalado finalmente.
 El ministro Ramón Jáuregui ha dicho hoy que la estrategia del PP  ha sido "mezquina y profundamente equivocada". También ha lamentado el uso partidista que, a su juicio, el PP ha hecho de la agresión del consejero
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho hoy que "No comparto la utilización política que se ha querido hacer de este hecho".
 "Es democráticamente un error, no conduce a nada, más bien a todo lo contrario", ha apostillado.
Finalmente, la portavoz del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha señalado que la acusación de los populares rebasa "con mucho" los límites de la contienda política.
Valenciano ha insistido en que la actitud del PP es "absolutamente irresponsable, además de injusta", y ha señalado que parece que quieren sacar ventaja de las heridas del consejero.
Además, ha calificado de "inaceptable" que se hable de la crítica política como caldo de cultivo de la violencia.
En el diario 'Público' se escribe hoy: "La manipulación de este suceso por parte del PP y del gobierno murciano, al culpar de la paliza al PSOE y a los sindicatos, está siendo tan repugnante como la propia agresión. De los hooligans violentos no espero gran cosa; de los dirigentes políticos, sí. Un mínimo: saber distinguir una animalada como ésta de las legítimas protestas contra los recortes que está aplicando el endeudado gobierno de Ramón Valcárcel".


Y en el diario 'El País', lo siguiente: "Resulta sencillamente temerario que, antes siquiera de que la investigación recogiera los primeros datos sobre la agresión al consejero, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, asignase sin asomo de duda las responsabilidades. Para ello, utilizó un razonamiento que resulta peligroso en boca de cualquier ciudadano, pero mucho más si ejerce una responsabilidad institucional. Valcárcel aseguró que, puesto que la izquierda es solo una, el partido socialista es culpable con independencia de quiénes sean los agresores".

"Probablemente el presidente murciano no es consciente de la tormenta que ha desatado cuando, en contra de una norma básica del Estado de derecho que se ha comprometido a respetar y a hacer que se respete, señala una responsabilidad colectiva para un delito. Y, por su parte, la dirección nacional de los populares parece dar por bueno ese atropello en la medida en que sirve para transmitir la imagen de que, además de cometer errores, el Gobierno del partido socialista contemporiza o, incluso, alienta la violencia". 

"Es el mismo Ejecutivo regional del que el consejero Cruz forma parte,  el que pretende tratarlo como un asunto definitivamente esclarecido y sentenciado, con el único propósito de estigmatizar a los adversarios políticos y cobrarse de este modo unos inmediatos réditos electorales". 

Concentración

Precisamente hoy, unas 200 personas, según los sindicatos, se han concentrado, convocados por las organizaciones sindicales UGT, CSI.F, CCOO, SATSE, STERM-INTERSINDICAL, ANPE, SAE y SIDI, ante las puertas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, dentro del calendario de movilizaciones por la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. 


   A los gritos de 'Manos arriba, esto es un atraco', 'No somos violentos, estamos descontentos', 'Tenemos la razón, tu la televisión' o 'Nos quieren callar, nos van a oír', pedían la derogación de esta ley de recortes porque, según rezaba una pancarta, "soy un simple funcionario, nunca he pegado a nadie, quiero dar las gracias a mis guías espirituales: Valcárcel y Zapatero y un beso para el delegado del Gobierno por hacer que la Murcia de 2011 parezca el Chile de 1973".

   Al hilo, el secretario general de CCOO, Daniel Bueno, hizo un llamamiento al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, para que "todos trabajemos con normalidad y no generalizar, inculpar o atribuir responsabilidades al conjunto de los trabajadores, que democráticamente están protestando por las medidas de recorte aprobadas".

   Y es que los únicos culpables de la agresión al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, añadió, "son los que lo realizaron y el único móvil es la violencia, que no sostiene ni amparan las movilizaciones ni las reivindicaciones de los trabajadores públicos". Por lo que solicitó al presidente murciano "que acepte buscar alternativas a la Ley de Medidas Extraordinarias". 

   Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, subrayó que esta Ley "sigue siendo inconstitucional e injusta y no es la solución para remontar la solución de crisis". Tras lo que advirtió que "ahí estamos y vamos a estar" con el fin, explicó Jiménez, "de informar sobre la profundidad tan negativa que tiene esta ley". 

   Al hilo, miembros sindicales han criticado que no se les haya dejado explicar a sus compañeros las consecuencias de estas medidas, así como que empleados de la Consejería se sientan coaccionados para no abandonar su puesto de trabajo. "Esto es una situación excepcional", señaló Diego Fernández de CCOO a las puertas de la Consejería de Educación. 

   Desde el sindicato C-SIF, Juan Miguel López, ha lamentado que "nos veamos obligados a seguir movilizándonos porque pedimos al Gobierno regional que nos reciba, hablemos, comencemos la vía del diálogo y a partir de ahí solicitamos la suspensión de la ley porque esta medida es injusta para todos los trabajadores y empleados públicos".

   Al tiempo que ha criticado las declaraciones de la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, que lo único que ha conseguido, apuntó, "es incrementar la tensión en la sociedad murciana".

   Los ocho sindicatos que integran el Comité de Crisis contra la Ley tienen previsto celebrar otra concentración el próximo jueves, 20 de enero, ante las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda, así como paros en los centros sanitarios, hospitales y centros de salud todos los jueves, de 12.00 a 12.15 horas a partir de esta semana, mientras que el martes, 25 de enero, ejecutarán otra concentración, a las 11.00 horas, en la Consejería de Sanidad y Consumo.

   Además, está prevista otra manifestación que saldrá el martes, 25 de enero, a las 18.00 horas, desde la plaza de la Fuensanta de Murcia, en la que los participantes realizarán el trayecto en silencio, portando velas, vistiendo de luto y sin pancartas ni anagramas, con la intención de que "se entierre, definitivamente, la Ley de Medidas Extraordinarias".

   Para ello, los sindicatos convocantes piden a los asistentes que, atendiendo al sentir de la manifestación, vayan de negro y traigan su propia vela con el fin de iluminar toda la Gran Vía de capital murciana.

   Los sindicatos del Comité celebrarán este martes, 18 de enero, y el jueves, día 20, sus asambleas comarcales para poner en común las medidas planteadas por los docentes en los claustros y asambleas celebradas hasta ahora en los centros educativos de toda la Región y decidir las que ejecutarán finalmente.

Se viene abajo la línea de investigación seguida tras la agresión al consejero Cruz

MURCIA.- La línea de investigación seguida hasta ahora por la Policía tras la salvaje agresión al consejero de Cultura y sobrino político en segundo grado del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, se está viniendo abajo por falta de pruebas e, incluso, de indicios consistentes, según coinciden diversas fuentes policiales y jurídicas.

Los detectives de la Policía Nacional no han encontrado nada penalmente relevante en su registro domiciliario ayer en Baños y Mendigo de la casa del joven de 26 años, José David Baño Lorente, 'Josade', todavía detenido, y de los interrogatorios desde el domingo por la noche se desprende que es ajeno a los hechos y que no participó en la agresión que ahora se investiga.


Un relevante abogado murciano parece haberse hecho cargo de la asistencia letrada al detenido, de quien sus vecinos dicen que es una persona absolutamente normal nada conflictiva, y comenzado ya a intervenir para procurarle las garantías necesarias en caso de pasar a disposición judicial sin pruebas aportadas por parte de la Policía por un delito de lesiones.


Es hasta posible, que en las próximas horas quede en libertad sin cargos, según especulan las mismas fuentes, ya que lo único que se tiene hasta ahora es la declaración de un solo testigo, que cree haber reconocido al joven, no se sabe bien si mediante fotografías o en rueda de reconocimiento.

El detenido estuvo esta mañana durante tres horas en dependencias judiciales requerido por la jueza para la práctica de una diligencia, aunque aún no ha sido puesto a disposición judicial.

La jueza ha autorizado la práctica de esta diligencia en relación al material encontrado en el registro practicado ayer lunes en el domicilio del detenido. Dicha diligencia se ha practicado en dependencias judiciales, ante el secretario judicial, y con la presencia del detenido, ya que sólo se puede realizar en sede judicial, y no policial.

Se trataba de que el secretario judicial diese fe del material intervenido en la vivienda del detenido. 

La previsión era que después el joven Baño volviese inmediatamente a las dependencias policiales ya que continúa en calidad de detenido, que no de imputado, mientras se comprueba su coartada. Alguna de esas comprobaciones parece ya determinante a favor del detenido y aventa su más que probable puesta en libertad antes de mañana por la noche.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró hoy respecto a la investigación, que según los informes remitidos por la Policía fueron dos y no tres los agresores y que la detención de José David Baño Lorente fue posible gracias a la identificación que hizo el propio consejero agredido a través de las fotografías que le mostró la Policía.

 Rubalcaba no quiso entrar a valorar la presunta vinculación del detenido con grupos de extrema izquierda.

Sin embargo, la Policía está investigando si fueron dos o tres las personas que participaron en la agresión, ya que hay varias versiones sobre las personas que pudieron participar en la agresión.

La Policía está comprobando ahora la coartada que el presunto agresor está esgrimiendo pero reconoce que sigue sin tener pruebas de su participación aunque se habla de 'indicios suficientes' mientras busca a la desesperada una confesión de parte por el joven, quien no cesa de declararse inocente ante los investigadores. Se mantiene firme tras 40 horas de interrogatorio.


Para los vecinos del joven en la pedanía murciana de Baños y Mendigo debe tratarse de una equivocación o una confusión porque Baño Lorente nunca ha causado problemas ni se le conocen conexiones con grupos extremos.


El alcalde-pedáneo, Juan Miguel Vera, del PP, ha mostrado su sorpresa por la detención del joven,  empleado en la gasolinera de sus padres, ya que no es conocido en el pueblo porque pueda protagonizar altercados. De hecho, ha puntualizado que sus amigos son de una pedanía próxima, la de Corvera.

   Vera, que ha descrito al joven como una persona "normal y simpática", ha asegurado que el pueblo está "asombrado por la noticia", ya que la familia es muy conocida al regentar una gasolinera.

   "Es un pueblo pequeño y la familia no tiene problemas, por lo que no nos lo creemos", ha insistido el pedáneo, para después dejar claro que "hasta que no se demuestre lo contrario el chico es inocente".


El fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, ha anunciado que se actuará con la máxima contundencia posible, desde la legalidad, contra quienes puedan llegar a ser encausados como presuntos autores del ataque a este cargo público, en referencia a Cruz.

El Gobierno regional reclamará al delegado del Gobierno que se cambie el recorrido de la manifestación de los sindicatos

MURCIA.- El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, ha adelantado este martes que se va a pedir al delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que se cambie el itinerario de la manifestación que los sindicatos protagonizarán el día 25 contra los recortes, para que no pase por el domicilio del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

   Campos ha manifestado que, en coincidencia con los distintos ámbitos jurídicos, en la próxima movilización de las organizaciones sindicales, el delegado "está obligado a cambiar el itinerario, sin merma del derecho de manifestarse que tienen los funcionarios".
   Y es que, en su opinión, "no se puede centralizar el hecho de una protesta aunque sea por grupos radicales en un domicilio en el que reside el jefe del Ejecutivo murciano y en el que, además, otros ciudadanos se pueden ver afectados por estas manifestaciones".
   Por ello, se va a solicitar a la Delegación del Gobierno que en la próxima movilización de los sindicatos contra los recortes del Ejecutivo regional, prevista para el día 25, se cambie el recorrido de la marcha, donde en anteriores ocasiones algunos participantes han coreado gritos de "Queremos un pisito como el de Ramoncito".
   De no hacerlo, ha advertido que acudirán a los tribunales, y se planteará, al mismo tiempo, "el procedimiento de protección de derechos fundamentales y se irá a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, para que altere el itinerario y no se produzca vulneración de los derechos de las personas y los del presidente".
   No obstante, Campos ha expresado su deseo de que no se tenga que acudir a la vía judicial, y el delegado del Gobierno "esté a la altura de las circunstancias".
   Por otro lado, el consejero de Justicia se ha referido a una "reacción violenta y desorbitada que no tiene sentido", puesto que, ha subrayado, "no se puede ligar la protesta de los funcionarios a este tipo de actos".
   En todo caso, ha puntualizado, "la crispación de miembros de la izquierda ha determinado que las cosas se hayan podido ir un poco fuera de lo que es el desarrollo de una protesta en un estado democrático".
   "Los funcionarios afectados por los recortes tienen su derecho constitucionalmente reconocido, pero de ahí a utilizar la violencia a través de grupos radicales que se integran en ese tipo de manifestación, pues hay mucha distancia", ha declarado Campos.
   Es por ello por lo que ha pedido ser cautos al respecto, y poner los medios necesarios para que hechos de esta naturaleza "no se produzcan". 
 Al mismo tiempo, ha considerado que la Delegación del Gobierno "tiene que ser seria, independiente y rigurosa, que tutele los derechos de los manifestantes y de otras personas".
   Por último, preguntado sobre el plan de seguridad a los consejeros murcianos y al presidente Valcárcel, Campos ha afirmado que se está trabajando en él, y en unos días se desarrollará.
 Por otra parte y, según 'La Verdad', la Fiscalía Superior de Murcia ha dado órdenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que extremen el control sobre las manifestaciones y actos de protesta de los funcionarios contra el 'tijeretazo', con el fin de identificar a quienes aprovechen esa circunstancia para excederse en su libertad de expresión y rebasen la línea de lo que es perseguible penalmente.

El fiscal superior, Manuel López Bernal, ha remitido un oficio para instar a los agentes a que controlen el contenido de las pancartas y pegatinas que se exhiben en las protestas, pues estima que algunas de ellas pueden entrar en el terreno de la injuria contra funcionarios o autoridades, que es un delito que debe ser perseguido de oficio por parte del Ministerio Público.

Las mismas indicaciones ha dado respecto de eslóganes o leyendas que puedan suponer una amenaza para los altos cargos de la Comunidad Autónoma o del Gobierno central, así como para personas de su ámbito familiar.

Denuncia

El Partido Popular de la Región de Murcia ha registrado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia una denuncia por amenazas, tal y como ya anunció el presidente regional del PP, Ramón Luis Valcárcel, en su primera comparecencia después de la agresión que sufrió el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz.


   En concreto, los 'populares' han denunciado los comentarios vertidos en medios de comunicación en los que, aprovechando el anonimato, "se han proferido amenazas e insultos contra los consejeros de la Comunidad Autónoma, cargos del Partido Popular e incluso la hija del presidente Valcárcel".

   Con la presentación de esta denuncia, el PP solicita a la Justicia que "identifique a los autores de las amenazas e insultos, así como acabar con las calumnias y difamaciones".

   De igual modo, confía en una rápida resolución de la Justicia y que "no quede impune quien amenace o anuncie agresiones, vulnerando las reglas más básicas de convivencia democrática", según fuentes del PP.

El consejero de Cultura recibe el alta domiciliaria pero no irá a FITUR

MURCIA.- El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha recibido este martes el alta domiciliaria en el hospital Reina Sofía de Murcia, donde permanecía ingresado desde el pasado sábado, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Cruz que ha salido por la puerta trasera del centro para evitar fotografías de los reporteros gráficos dado el estado de su rostro.
   Según el comunicado, el paciente Cruz ha mantenido una evolución "favorable" y un estado posquirúrgico "satisfactorio", por lo que se procede a dar el alta domiciliaria, aunque tendrá que realizar controles ambulatorios. El pronóstico sigue siendo reservado.

Fuentes médicas han precisado que ven muy difícil que Cruz pueda viajar esta semana a Madrid para asistir al Día de la Región de Murcia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) aunque si pudiera ser posible su asistencia, el próximo domingo en la Nueva Condomina, al partido de fútbol entre el Real Murcia y el Cádiz Club de Fútbol si la evolución de su estado continúa de favorable como hasta ahora.

Personas próximas han revelado que "no puede viajar en avión por la presión y cualquier traqueteo en coche o tren le puede ocasionar problemas" pues los médicos le han recomendado reposo.

El consejero, de 38 años, ya se encuentra en su casa acompañado de su esposa, Mercedes Alarcón, y de su único hijo de 24 meses. Se le aprecia un fuerte derrame en su ojo izquierdo y una cicatríz, que oculta un mini implante de titanio para soldar las fracturas internas de pómulo y mandíbula. Su rostro es ahora asimétrico y está desfigurado por los hematomas, según las mismas fuentes médicas, para las cuales las lesiones han sido serias.

Por otra parte, el joven José David Baño Lorente, detenido en el marco de la investigación abierta por la agresión al consejero de Cultura del Gobierno murciano, Pedro Alberto Cruz, pasará previsiblemente a disposición judicial mañana miércoles.

 Será el martes por la tarde-noche cuando se agote el plazo máximo de detención, de 72 horas, por lo que se baraja que pase a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia el miércoles por la mañana.

   Precisamente, la titular de dicho juzgado abrió ayer unas diligencias previas por un delito de lesiones a tenor de la agresión sufrida por el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz; procedimiento sobre el que se ha declarado el secreto de las actuaciones.

El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, ha confirmado que las pesquisas de la Policía Nacional están tratando de esclarecer "la relación con otros posibles participantes", sobre los que opera el derecho a la presunción de inocencia, ha recordado. 

 "Se le tomará declaración, en su caso el fiscal solicitará medidas cautelares, y puede ser prisión provisional si concurren los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

En cuanto a la pena que procede imponer al agresor, o en su caso agresores si los hubiera, según ha explicado Campos, es "gravísima, ya que se está ante un delito de atentado contemplado en el artículo 550, que se ve agravado por la condición de miembro del Consejo de Gobierno y, al mismo tiempo, también se puede imponer su superior en grado cuando se utilicen armas que, a efectos penales, no son solo las de fuego, sino también los palos, garrotes o cualquier objeto que se pueda utilizar, de modo contundente, contra la integridad de una persona".

   De forma que la pena podría oscilar entre los seis y nueve años de prisión. En atención a la concurrencia o no de circunstancias modificadas de la responsabilidad, ha continuado Campos, "se impondría la pena en su mitad inferior o en su mitad superior".

   No obstante, Campos ha destacado que es un delito de atentado que opera jurídicamente en concurso real de delitos con "un delito de lesiones".

Finalmente, el grupo ultra 'Cityboys Hooligans', seguidores radicales del desaparecido club de fútbol Ciudad de Murcia, al que pertenece José David Baño Lorente, asegura en su blog que su "compañero" detenido es "inocente", puesto que "se encontraba en su casa, a más de 30 kilómetros de Murcia en el momento de la agresión y ni siquiera sabía quien es Pedro Alberto Cruz". Por ello, reafirman que los culpables de la agresión "están en la calle y no se ha hecho justicia".

   El grupo ha reprochado que los antecedentes publicados sobre el detenido "son totalmente falsos", y aseguran que "tan sólo uno de ellos tiene algo de cierto, y este antecedente no es judicial, sino policial y carece de la legitimidad que otorga un juez, ya que fue absuelto de la misma". Por tanto, añade que su compañero "no tiene ni una sola condena por ningún tipo de agresión".

El grupo ultra entiende esta "agresión" a su compañero "como un acuerdo entre el PP y el PSOE a los que conviene, por la derecha, tapar una agresión por parte de sicarios por posible corrupción o deudas y, por la izquierda, ya que la agresión ensuciaría la ya pobre imagen del PSOE en Murcia y los sindicatos mayoritarios".

'The Financial Times' culpa a las CC.AA. de gran parte de la debilidad de la economía española

LONDRES.- El diario 'The Financial Times' considera que la debilidad de la economía española se debe más a las comunidades autónomas, que representan alrededor del 24% de la deuda pública del país, que al Gobierno central y cree que el control del déficit público en las comunidades es "un dolor de cabeza", no sólo para España, sino también para toda la zona euro. 

   En su espacio de opinión 'The Lex Column', el diario se pregunta dónde recae exactamente "el dolor en España", ya que cree que es "difícil" identificar dóndee la vulnerabilidad de su deuda es más grande.
   En este sentido, destaca que España está "altamente descentralizada" y el Gobierno central sólo representa el 76% de toda la deuda pública del país, mientras que la cantidad restante recae en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En concreto, apunta que Cataluña tiene 30.000 millones de euros en deuda pendiente.
   El rotativo destaca que la debilidad de la economía española "es más 'sub-soberana' que soberana", por lo que no ve extraño que el presidente quiera reafirmar los derechos del Gobierno central. "Pero esto es un dolor de cabeza añadido para la eurozona, no sólo para España", agrega.
   Asimismo, el 'Financial Times' insiste en que España está "claramente haciendo progresos". Así, destaca que, aunque el Gobierno tardó en comprender la amenaza de las crisis de la eurozona en 2010, su déficit presupuestario debería rebajarse hasta el 6% del PIB este año, frente al 9% anterior, "una medida clave del ajuste fiscal".
   Sin embargo, advierte de que no está claro que ocurra lo mismo en las comunidades autónomas. "Si ellas no pueden controlar su déficit, los esfuerzos del Gobierno central se verán perjudicados", incide.
   En esta línea, añade que las comunidades son también "el hogar" de las cajas de ahorros, que fueron quienes financiaron principalmente el estallido de la burbuja inmobiliaria del país. Además, alude a un análisis de Unicredit que dice que estas entidades necesitarán 56.000 millones de euros en nuevo capital, cifra que otros estudios elevan hasta cerca de los 100.000 millones de euros, así como otro de Noruma, que reconoce que los precios de la vivienda en España seguirán cayendo hasta 2013.
   El rotativo subraya que las necesidades de refinanciación de los bancos españoles alcanzarán su nivel máximo en marzo y abril, por lo que el Gobierno español debe reforzar la confianza de los inversores antes de esa fecha "dibujando unas líneas en la arena".
   En su opinión, debería insistir en la "disciplina fiscal a nivel regional para que coincida con la suya", financiar el Frob e imponer un ratio de capital Tier-1 de en torno al 10% a las entidades más débiles, entre otras medidas. "Este es el tipo de acciones preventivas que necesita la crisis de la eurozona", concluye.