MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un protocolo de actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes en el que ha tenido especialmente en cuenta el "celo profesional" que permitió suplir las carencias y desarrollar una eficaz labor en el terremoto que sacudió Lorca el pasado mes de mayo.
El órgano de gobierno de los jueces aprobó en la sesión plenaria celebrada el pasado 23 de noviembre un protocolo para cubrir la falta de una regulación legal específica que fije las directrices dirigidas a facilitar la toma de decisiones por parte de los órganos judiciales en casos de calamidad o catástrofe.
El estudio, elaborado por la Comisión de Estudios e Informes y cuya ponencia ha corrido a cargo del vocal Claro José Fernández Carnicero, recuerda que estas circunstancias exigen la intervención de la autoridad judicial para depurar la naturaleza del suceso acaecido y las eventuales responsabilidades que puedan existir.
Fundamentalmente, los profesionales tomarán decisiones en lo que afecta a la identificación y levantamiento de cadáveres, los casos de muerte violenta, las inspecciones oculares o la coordinación de las unidades y servicios bajo su dependencia.
El protocolo tiene como objetivo poner a disposición de la autoridad un conjunto de medidas y medios para cumplir con "agilidad, eficacia y rigor" las funciones que tiene encomendadas ante "situaciones de crisis que, por su propia naturaleza, desbordan los medios habituales de respuesta".
Para su elaboración, ha tomado en consideración la 'Guía orientativa de actuación integral para supuestos de grandes catástrofes' de la Escuela Judicial, así como la "eficaz" labor que realizó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia durante el terremoto de Lorca.
Entre otras actuaciones, el protocolo de actuación recomienda constituir desde el primer momento una Comisión Judicial de Crisis para analizar el alcance de la catástrofe, planificar la toma de decisiones y adoptar medidas de coordinación con las autoridades y los agentes de las Administraciones Públicas intervinientes así como para supervisar la información y atención ciudadana.
El informe se articula en tres ámbitos de aplicación. En las situaciones de emergencia que afecten a una sola comunidad autónoma, establece que la Comisión Judicial de Crisis sea dirigida por el presidente del Tribunal Superior de Judicial, mientras que su presidencia sea asumida por el TSJ de la comunidad afectada con mayor población cuando la calamidad alcance varios territorios.
Cuando la catástrofe se extienda a todo el territorio nacional, plantea que sea el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ --actualmente Carlos Dívar-- quien actúe como presidente de una Comisión Judicial centralizada, sin perjuicio de las constituidas en cada autonomía.
Entre los primeros pasos a seguir, propone que personal técnico cualificado revise y certifique urgentemente el estado de las dependencias judiciales por si fuera necesario habilitar dependencias provisionales en otros edificios e instalaciones.
La Comisión Judicial de Crisis deberá acordar también la conformación de los equipos de guardia necesarios para atender el siniestro, garantizando el normal funcionamiento del juzgado de guardia. Además, el juez decano velará por asegurar la disponibilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia y de las unidades adscritas a la Policía Judicial.
El CGPJ recomienda valorar la conveniencia de constituir una Oficina Judicial 'in situ' con autonomía para abarcar el proceso documental que requiera la toma de datos, identificación, permisos de traslado, incineración de cadáveres o recepción de denuncias.
De igual modo, sugiere reforzar los órganos de lo Contencioso-Administrativo con el fin de garantizar una respuesta "ágil y eficaz" en las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.
Otras de las propuestas pasan por reducir el horario de audiencia para centrarse en las actuaciones "urgentes" e "improrrogables" provocadas por la catástrofe o por suspender de forma "generalizada" los plazos procesales durante el "tiempo mínimo imprescindible", exceptuando las actuaciones de guardia, los juicios rápidos y la violencia sobre lo mujer.
Tras ello, emplaza a convocar urgentemente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia para ratificar los acuerdos adoptados o determinar otras medidas que estime necesarias. En su opinión, los jueces de instrucción deberán abrir, además de la pieza principal, otras individualizadas de fallecidos, lesionados o perjudicados materiales.
Asimismo, el CGPJ subraya la importancia de crear "un registro de datos" a disposición del Tribunal Superior de Justicia y de los jueces decanos con los datos de contacto de los responsables de los partidos judiciales.
Por último, ordena difundir de forma "inmediata" la información de contacto del Juzgado de Guardia y del Registro Civil así como divulgar los acuerdos adoptados para hacer frente a la catástrofe.
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