lunes, 12 de diciembre de 2011

La CROEM cree que la "vía legal" es la única que queda para exigir a la Comunidad el pago de la deuda

MURCIA.- Desde la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), se considera "inasumible" el plan de pago a proveedores presentado por la Comunidad Autónoma para deudas superiores a 120.000 euros, y considera que la única vía que le queda al empresariado para exigir el cobro es la legal, una cuestión que cada empresario "se tendrá que plantear" de forma individual, según ha advertido desde su presidencia.

   La CROEM ha planteado que la única solución que queda es que el Gobierno regional "reconsidere esta fórmula de pago a las empresas", algo que ve complicado porque los criterios de endeudamiento y de déficit "impiden a la Comunidad endeudarse más allá de lo que legalmente puede".
   Por lo tanto, ha considerado "difícil" que la Comunidad Autónoma pueda acometer el pago de 1.200 millones de euros "de golpe" teniendo en cuenta que dispone de unos 200 ó 250 millones de euros al año para pagar facturas. Así, ha sostenido que la vía legal es la única que queda a los empresarios. "No hay otra", se ha remarcado desde la CROEM.
   "Ya veremos el número de empresas que no se acogerán a este plan de pagos", ha advertido su presidente Miguel del Toro, quien ha manifestado, en cualquier caso, que el rechazo al proyecto "está claro" y el empresariado de la Región se lo ha trasladado así a los órganos de gobierno de CROEM.
   Para solucionar esta situación, Del Toro ha considerado que la administración tendrá que sacar "alguna fórmula novedosa" y las comunidades autónomas "tendrán que presionar al nuevo Gobierno para que esos criterios de déficit no sean tan estrictos".
   En este sentido, ha precisado que "todos entendemos cuál es la situación financiera de la Región de Murcia".
   Sin embargo, ha considerado "excesivo" el plan de pago del resto de la deuda en un plazo de cinco años, máxime cuando "si nos tenemos que acoger a ese convenio para ese 'pronto pago', los gastos financieros de esa operación recaen sobre la parte empresarial".
   A su juicio, esto es "inasumible" por parte de las empresas, habida cuenta que "ya son dos años los que están esperando percibir esas facturas pendientes de pago" Por tanto, estima "un poco complicado y difícil" que el empresariado pueda aguantar cinco años más.

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