miércoles, 19 de octubre de 2011

Programa de actividad de la Asamblea Ciudadana por el Derecho Humano al Agua

MURCIA.- El próximo sábado, 22 de octubre, las 11 horas, la Asamblea Ciudadana por el Derecho Humano al Agua (convocada por el movimiento 15M), desarrollará la siguiente actividad en la replaceta anterior a las oficinas de EMUASA, en la Plaza Circular, en el edificio de la antigua estación de Caravaca. 


11,00. Bienvenida y adorno de la plaza. Pancartas, monumento con botellas de agua vacías, etc. Preparación de juegos con niños y niñas asambleístas.

11,15. Inicio de la Asamblea y presentación de ponencias breves por parte de:

-Miguel Poveda, sociólogo urbano
-María Giménez, jurista experta en agua
-Pedro Carrasco, Comisión Jurídica del 15M
-Antonio Vera, Técnico de Cáritas
-Miguel Ángel Alzamora, trabajador social y sociólogo
-Julia Fernández, Ecologistas en Acción.

11,45. Proyección del Documental "Por el Derecho Humano al Agua" con intervenciones y testimonios de vecinos de La Fama-Vistabella-La Paz afectados por cortes de agua.

12,00. Desarrollo de la Asamblea. Discusión y propuestas de acción. Preparación de escrito reivindicativo para el Ayuntamiento de Murcia.

13,00. Paseo andando hasta el Ayuntamiento de Murcia. Lectura de manifiesto. Entrega de escrito con reivindicaciones.

MANIFIESTO

                     CONTRA LOS CORTES DE AGUA POR IMPAGO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS

POR LA DESPRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y POR EL RETORNO DE UN SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO Y SANEAMIENTO DEL AGUA BAJO CONTROL DEMOCRÁTICO

POR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA


"El trabajo asambleario y de movilización colectiva promovido por el 15M en los barrios y pedanías de la ciudad de Murcia enseguida detectó el tremendo impacto sobre las condiciones de vida de las familias populares de la actual crisis del trabajo (desempleo de masas) y de las protecciones sociales (privatizaciones y recortes).

Un síntoma especialmente dramático fue el testimonio de numerosos/as vecinos/as que denunciaban cómo EMUASA les estaba cortando el suministro de agua potable por impago de dos facturas acumuladas. EMUASA considera que el “impago de un número de dos recibos consecutivos implica que el usuario se da de baja del servicio” y esta presunta voluntariedad del usuario a darse de baja es lo que “autorizaría el corte del suministro”. 

Esto es MANIFIESTAMENTE FALSO: las familias más golpeadas por la crisis están viviendo situaciones intolerables de vulnerabilidad existencial y el impago de la factura del agua se debe a estas situaciones límite de pobreza. Las estimaciones que hemos realizado a partir de datos suministrados por ONG´s implicadas en la lucha contra la pobreza nos indican que son miles las familias afectadas por esta práctica de EMUASA de sancionar sus dificultades cerrándoles el grifo. Dado que el Ayuntamiento de Murcia es quien conoce la dimensión del drama y tiene los datos del número de familias que están afectadas por esta práctica de EMUASA, y amparándonos en nuestro derecho a la información pública, hemos remitido una instancia al Alcalde solicitando tales datos, sin que por ahora hayamos obtenido respuesta alguna. 

No tener en cuenta las dificultades que el desempleo y los recortes están produciendo en los barrios populares, como hace EMUASA, es absolutamente INMORAL; argumentar que el usuario es el que voluntariamente se da de baja del servicio, es un INSULTO a lo que debe ser un servicio atento a las necesidades del pueblo. Pero por encima de todo esto, EMUASA, con estas prácticas que penalizan a las clases populares y agravan los efectos de la crisis sobre estos estratos de la población, CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANO AL AGUA, reconocido por la ONU.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce el derecho humano al agua potable segura y al saneamiento como “esencial para el pleno disfrute del derecho a la vida”. ¿Qué implica esto para los Estados y las administraciones públicas? Según la prestigiosa investigadora Maude Barlow “hay tres obligaciones que se les imponen a los estados con el reconocimiento de un derecho humano. La primera es la obligación de respetar, según la cual el estado debe abstenerse de cualquier acción o política que interfiera con el disfrute del derecho humano. En el caso del agua, esto significaría, por ejemplo, que los servicios esenciales de agua no se le deben negar a nadie debido a su incapacidad de pago. La segunda es la obligación de proteger, según la cual el estado está obligado a impedir que terceros interfieran en el disfrute del derecho humano. Esto significaría, por ejemplo, proteger a las comunidades locales de la contaminación y la explotación no equitativa del agua por parte de corporaciones o gobiernos. La tercera es la obligación de cumplir, según la cual se le exige al estado adoptar medidas adicionales que permitan al ejercicio de ese derecho. Esto significa, por ejemplo, ampliar los servicios públicos de agua e invertir en la infraestructura hídrica.

El problema de fondo es que en Murcia no se respetará el derecho humano al agua mientras que el servicio de suministro y saneamiento de agua estén en manos privadas, es decir, mientras no se convierta de nuevo en un servicio público bajo control democrático de la población. La privatización del servicio de agua en el municipio de Murcia es una política contraria al derecho humano al agua y por ello hemos de reapropiarnos del mismo y exigir su reconvesión en servicio público. Para EMUASA el agua es un negocio privado, una mercancía de la que extraer ganancia privada. Pero el agua no es una mercancía sino un bien común que debe ser gestionado como un servicio público democrático para todos. 

Cuando el agua sea un bien común y público, NINGUNA FAMILIA QUE SUBSISTA EN CONDICIONES DE VIDA VULNERABLE PODRÁ VER NEGADO SU DERECHO AL SUMINISTRO DE AGUA, AUNQUE NO PUEDA PAGARLA.

Cuando el agua sea un bien común y público, TODAS LAS PLAZAS DE LOS BARRIOS Y PEDANÍAS DEL MUNICIPIO DE MURCIA TENDRÁN AL MENOS UNA FUENTE PÚBLICA CONVENIENTEMENTE ATENDIDA. 
 
Cuando el agua sea un bien común y público, LOS ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS QUE VEMOS PROLIFERAR EN LOS INTERSTICIOS DE LOS BARRIOS Y PEDANÍAS HABITADOS POR LOS COLECTIVOS SOCIALMENTE MÁS VULNERABLES TENDRÁN DERECHO A UN PUNTO DE AGUA POTABLE.

Cuando el agua sea un bien común y público, LA CUOTA FIJA DE LA FACTURA DEL AGUA (o el consumo mínimo) SE AJUSTARÁ A LA BAJA (EN MURCIA ES DE LAS MÁS ALTAS DE ESPAÑA, LO QUE ENCARECE ENORMEMENTE LA FACTURA) PARA NO PENALIZAR LOS CONSUMOS BAJOS Y SÍ LOS CONSUMOS SUNTUOSOS".

 Proponemos organizarnos en esa Asamblea 15M el próximo 22 de octubre frente a las oficinas de EMUASA para discutir todos estos aspectos necesarios para reinstaurar las justicia social sobre el agua en nuestro municipio

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