ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la pensión vitalicia de 370.000 euros anuales que había otorgado a su entonces directora general, María Dolores Amorós, quien ha sido despedida por los nuevos administradores de la entidad bajo la acusación de falsear las cuentas, según revela 'Abc'.
La asamblea de la CAM ratificó el pasado 10 de diciembre el nombramiento de Amorós como directora general, con una retribución anual de 593.040 euros. Tan sólo tres días antes, el 7 de diciembre de 2010, María Dolores Amorós había pactado con el presidente Modesto Crespo un «blindaje», por el cual seguiría cobrando una pensión vitalicia de 30.791 euros al mes (un total de 369.497 euros al año) cuando abandonara el cargo.
Tres meses después, la dirección de Caja Mediterráneo remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su informe de gobierno corporativo correspondiente a 2010, tal como están obligadas a hacer todos los bancos y cajas que cotizan en Bolsa —en el caso de la CAM, a través de sus cuotas participativas—.
La CAM estaba obligada a declarar la pensión vitalicia de Amorós en el apartado H-4 del informe, relativo a las «cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección o de los miembros del consejo de administración».
Sin embargo, la cúpula de la entidad hizo constar en este apartado que «no existen en la Caja ni en su grupo cláusulas de este tipo». El acuerdo sobre la pensión vitalicia de Amorós se había cerrado el 7 de diciembre, por lo que debería constar en el informe de gobierno corporativo que recogía la situación de la entidad a fecha de 31 de diciembre de 2010.
Este informe se remite anualmente al órgano regulador de la Bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para facilitar a los inversores toda la información que pueda afectar a los resultados de una empresa cotizada.
Sin embargo, CAM ocultó a los titulares de sus cuotas participativas —o a los interesados en adquirirlas— los privilegios otorgados a su directora general, que ahora han salido a la luz tras la intervención del Banco de España.
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