MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón presentó ya a principio de este año la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, en un juzgado de Murcia a raíz de lo que sabía de fuentes internas estaba sucediendo en la CAM. La noticia de esta acción legal se públicó exclusivamente en Murcia Confidencial el 13 de febrero y ningún otro medio se hizo eco de ella, al parecer, por razones de cartera publicitaria. Y la respuesta del juez de admitirla o no a trámite aún está pendiente de conocerse.
ESTA ES LA NOTICIA DEL PASADO 13 DE FEBRERO
"MADRID.- El abogado español Diego de Ramón ha presentado la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', según han confirmado fuentes de su bufete.
Esta denuncia, según las mismas fuentes, se basa en un reciente informe del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, concretamente el correspondiente al último trimestre de 2010, 'donde se señalaba la responsabilidad del Banco de España en la actual crisis financiera del país', en virtud de su labor de supervisor nacional y delegado de supervisión del Banco Central Europeo.
El escrito, pendiente de admisión a trámite y quedar convertido 'de facto' en una 'demanda civil con responsabilidad patrimonial', fue presentado a reparto en los primeros días de febrero en un juzgado de guardia de Murcia por existir en esta ciudad una sucursal, abierta al público y operativa, del Banco de España".
2 comentarios:
Ni Diego de Ramón ni el Papa, la Justicia está tan corrompida como todo el resto del sistema y urge pasar página antes de que se arme otra guerra civil por culpa de los de siempre. Pero pasar página significa pasar página y arrojar por la ventana todo lo que impide seguir progresando al resto de los españoles, especialmente a los mas jovenes
Es amigo intimo del Presidente de Mare Nostrum. Ahora espero que extienda la denuncia a la antigua Cajamurcia, sino carecerá ante la opinión pública de legitimidad democrática.
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