LORCA.- El director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Juan Castaño, ha confirmado que entre seis y siete personas han sido expulsados del campamento de damnificados por el terremoto de Lorca instalado en La Torrecilla por incumplir las "normas de convivencia" existentes en las instalaciones.
Este campamento, que se puso en marcha poco después de los terremotos del pasado 11 de mayo para alojar a los afectados por el terremoto que habían perdido sus casas o no tenían donde vivir, estuvo habitado por hasta 1.500 personas de distintas culturas, razas y religión en 150 tiendas de campaña mientras que, actualmente, cuatro meses después, acoge a 118 personas en 30 tiendas.
En estos cuatro meses, Castaño recuerda que los damnificados han podido disfrutar de servicios de limpieza y recogida de basura, facultativos médicos y servicios de transporte hasta la ciudad, y ha destacado especialmente la labor del Ayuntamiento de Lorca, que ha hecho un "gran esfuerzo" para aportar a los acampados desayunos, comidas y cenas durante su estancia.
Castaño recuerda que la comisión gestora, compuesta por los concejales del Ayuntamiento de Lorca, la Consejería de Presidencia, Cruz Roja, la Guardia Civil, la seguridad interna de las instalaciones y trabajadores sociales, entre otras instituciones, establecieron unas normas internas con el fin de "velar por la seguridad, la higiene y la convivencia" en el campamento.
Por ejemplo, Castaño afirma que los acampados "no pueden cocinar ni almacenar comida en el interior porque genera suciedad", ni pueden irse sin previo aviso y regresar seis o siete días después, y tienen que respetar "el descanso del resto de los habitantes, de forma que no pueden llegar a altas horas de la madrugada, ni pueden beber alcohol ni hacer lo que quieran por respeto".
Así pues, a quien no cumple estas normas "se le invita a abandonar el campamento y salir fuera, pero siempre con una razón justificada por el bien de los que están dentro", según Castaño, quien ha asegurado que las expulsiones adoptadas hasta el momento contra seis o siete acampados "han sido aplaudidas por el resto de los acampados".
El objetivo es que las 118 personas que aún están en el campamento "tengan una vida lo más agradable posible, tengan cubiertas las necesidades básicas fundamentales, al tiempo que se les facilita ayuda para que salgan lo antes posible", según ha informado en declaraciones a Europa Press.
Por el contrario, la Plataforma Lorca 11 de Mayo ha denunciado públicamente que los damnificados por los terremotos que están alojados en este campamento "no reciben un tratamiento adecuado" y cada vez "se les ponen más trabas", con la intención de que "se vayan aburriendo y vayan abandonando las instalaciones por sus propios medios".
Así lo ha hecho saber el miembro de la Plataforma Juan Ramón Lorente, quien ha explicado que los afectados que todavía viven en el campamento "son cacheados cada vez que van a entrar, y la gente que está dentro denuncia que el trato no es el más correcto". Así, sospecha que el otoño será utilizado como excusa para expulsar a quienes todavía permanecen alojados.
De hecho, ha indicado que dos familias han sido echadas recientemente y se encuentran alojados en sendas tiendas de campaña instaladas en la puerta del campamento. Lorente explica que "el motivo real por el que han sido expulsados no se conoce y cada parte dice una cosa distinta", pero asegura que lo que es cierto es que estas familias "han intentado retornar pero se lo han impedido".
La Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Lorca y Cruz Roja Española buscan soluciones a esta gente que aún queda acampada, en su mayoría, extranjeros procedentes del norte de África, entre otros orígenes, quienes no tienen la facilidad de irse a casas de familiares y lo tienen "difícil a la hora de abandonar".
Castaño ha resaltado que entre las soluciones facilitadas por el Gobierno regional destaca "la financiación a sus países de origen de cualquier ciudadano que no tenga trabajo, ni casa ni dónde llevar una vida". Además, también reciben financiación para ir a otra comunidad autónoma donde tengan relaciones familiares.
El director general ha resaltado, en cualquier caso, que el mantenimiento del campamento "es muy costoso, ya que hay que correr con los gastos de higiene, sanidad y seguridad, y hay cuerpos de seguridad velando por las entradas y las salidas para que no entren delincuentes ni bebidas alcohólicas, drogas o comidas que generen problemas de higiene por su almacenamiento".
Al respecto, la Plataforma 11 de Mayo ha criticado que los agentes de seguridad privada que se encargan de aplicar las normas "tienen el control íntegro del campamento, y al que no acate las decisiones y las presiones que ejercen, le intentan hacer la vida imposible para que abandonen el campamento lo antes posible".
Así, la Plataforma lamenta que el campamento "se tenía que haber cerrado pero sigue estando como estaba cuatro meses después, con dudas sobre cómo van a cerrarlo, dónde van a reubicar a las familias, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de ellos son inmigrantes, y tienen una gran incertidumbre".
En este sentido, Lorente ha aseverado que el Real Decreto acordado tras los terremotos "no se está cumpliendo nada", y ha puesto como ejemplo que, en cuatro meses, de 13.000 expedientes "solo se han aprobado 500 por la Comisión Mixta", por lo que se ha preguntado "cuándo se va a aprobar el último expediente a este ritmo".
Lorente ha recordado que en la época del terremoto "estábamos en campaña electoral, y todos los políticos pasaron por la avenida de las promesas incumplidas, prometiendo de todo, y al final, Lorca está peor que cuando se produjo el terremoto por la falta de vivienda y los edificios que quedan por derribar".
En este sentido se ha mostrado a favor de "cualquier inversión que venga para Lorca, sea de donde sea", como es el caso del Plan Lorca aprobado por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ha lamentado que el Ayuntamiento y la Comunidad "vendieron un Plan Lorca de 1.600 millones de euros y tras su tramitación parlamentaria quedó en nada".
Considera que los lorquinos están sufriendo un engaño terrible por parte de las tres administraciones, y nos están empleando como escudo en la campaña electoral, mientras que no paran de tirarse los trastos y no se resuelve nada".
"Los lorquinos se están cansando de tanta promesa y de pocos hechos", según Lorente, quien estima que esto es "como una olla a presión donde se empiezan a ver las primeras burbujas para que explote". Así, ha asegurado que a las asociaciones que representan a los damnificados "cada vez nos cuesta más retener a la gente para que se tranquilice".
Como ejemplo de este retraso en los trámites, Lorente afirma que una mujer que estuvo convaleciente y herida grave tras caerle un muro encima por el terremoto, solicitó a los servicios sociales la ayuda para comprar un corsé que necesita y "lo único que han hecho ha sido darle un carrito de comida y ya está".
No hay comentarios:
Publicar un comentario