MURCIA.- Un grupo de pequeños y medianos empresarios y autónomos murcianos se han unido decididos a "cambiar la situación actual", por la que están "preocupados, incluso indignados", y exigen "cambios que dinamicen la economía y el aparato productivo y mejoras en los servicios públicos, para que dejen de ser obstáculos para el desarrollo y se conviertan en sus impulsores".
Con ese objetivo, prevén llevar a cabo una sentada en Murcia de cara al mes de septiembre, tras el verano, con la intención de dejar tiempo para recabar apoyos, según ha reconocido el director de Amyca Escuela de Negocios, Daniel Robles, quien es uno de los impulsores de la iniciativa.
En concreto, Robles ha manifestado que el proyecto surgió de forma espontánea durante una comida con otros empresarios, todos ellos de pymes y de múltiples sectores que compartían el hecho de "estar indignados con el sistema", y con unos principios "que se parecen mucho a los del movimiento 15-M".
A su juicio, este cambio "se puede hacer, ya que es cuestión de voluntad política". Así, el cambio debe comenzar por "cumplir las leyes que ahora tenemos, para que se le pague a todo el mundo y los trámites duren lo menos posible, de forma que nos parezcamos a países como Francia y Alemania, y no a países bananeros".
"No podemos mantener una administración que no cambia, que no avanza, que son todo retrasos y burocracia", asevera. El objetivo es que estas administraciones "sean ágiles, eficientes, que nos paguen en su día, que sean transparentes y que sean trazables", ha añadido Robles, quien ha considerado que se trata de unas reivindicaciones "muy normales, nada radicales".
De momento, empresarios de Cataluña y San Sebastián se han interesado por la iniciativa porque "Internet no tiene fronteras", aunque el núcleo original del proyecto surgió en la Región de Murcia. Hace una semana, el número de empresarios integrantes eran más de 200, según Robles, quien ha dicho no tener una cifra del número de adhesiones en este momento.
Este grupo de empresarios ha colgado en Internet una declaración de intenciones en la que explican que la idea surgió de un grupo muy heterogéneo de ciudadanos que generan empleo y desarrollo económico en su entorno, como pequeños y medianos empresarios, autónomos, trabajadores y funcionarios.
Se trata de una iniciativa "independiente de cualquier partido o formación política, así como de sindicatos, organizaciones patronales o asociaciones profesionales", según los empresarios, que exigen "cambios que dinamicen la economía y el aparato productivo y mejoras en los servicios públicos, para que dejen de ser obstáculos para el desarrollo y se conviertan en sus impulsores".
Asimismo, reclaman "una separación real y efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial", y denuncian "la lentitud, ineficacia y corrupción detectada en el seno de las administraciones, al tiempo que exigen "transparencia y eficacia en todas las resoluciones administrativas".
De igual forma, reivindican "trazabilidad en todos los expedientes de adjudicaciones y procesos administrativos", y expresan su "rechazo al modelo de organismos intermediarios subvencionados pues ha llevado a servilismo e incompetencia a quienes fueron creados para protegernos y ayudarnos a crecer".
Por ello, añaden que la administración "es lenta e ineficaz", mientras que los retrasos "son generalizados en todo tipo de licencias y autorizaciones, así como los permisos de apertura, que nos abocan a una situación irregular y de inseguridad jurídica". Igualmente, reprochan que la administración "no cumple las leyes".
"Denunciamos el incumplimiento de los plazos de pago del sector público, que establece la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, contra la morosidad en operaciones comerciales", según la declaración, que critica la "demora en los pagos del sector público, que en el caso de subvenciones supera a menudo los dos años, y que está ahogando a las empresas hasta el punto de llevarlas a la quiebra".
"Estas demoras nos convierten en morosos sin quererlo, y crean un efecto bola de nieve de impagos y retrasos en pagos y salarios, que nos afecta a todos", añade el grupo.
A su parecer, el sistema "está corrupto y se producen numerosas irregularidades: falta de transparencia en adjudicaciones de subvenciones, devolución de expedientes por defecto de forma, silencio administrativo, funcionarios honestos secuestrados en el ostracismo por sus superiores y personas incompetentes que toman decisiones".
Al respecto, reclaman "seguridad jurídica, y que se cumpla la ley de procedimientos administrativos y los plazos administrativos". Así, defienden su derecho "a exigir compensaciones por los pagos atrasados de la administración sin sufrir represalias. Basta de coacciones".
"Estamos indignados por los agravios comparativos, porque nuestro esfuerzo se usa para ayudar a las grandes corporaciones mientras a nosotros, pequeños empresarios, autónomos y comerciantes, se nos penaliza", según la declaración.
"Estamos indignados porque nuestro dinero contribuye a rescatar a los bancos, que sólo pagan el 2% de interés, mientras a nosotros nos cobran entre el 7,5% y el 10%, y estamos indignados porque estamos obligados a adelantar el IVA de facturas que no hemos cobrado ni sabemos si vamos a cobrar", determinan.
En su opinión, la política económica actual "es insostenible", y la tendencia al oligopolio de las administraciones locales y autonómicas "favorece la desigualdad a los centros comerciales de la periferia, asfixiando al pequeño comercio tradicional".
Puesto que su intención es generar empleo, estos empresarios piden "incentivos efectivos para su creación, tal como se hace en otros países europeos, así como apoyo estable para la pequeña empresa, que es el sector productivo que genera más empleo, y créditos al mismo interés que los bancos".
"Queremos pagar impuestos, pero no queremos someternos a condiciones abusivas ni que nuestro dinero se ponga al servicio de las grandes empresas", según los empresarios impulsores de la iniciativa que, como trabajadores autónomos, quieren "los mismos derechos que todos los trabajadores".
"Esta es una iniciativa independiente de cualquier partido u orientación política, así como de sindicatos, la patronal o asociaciones gremiales, su finalidad es exigir cambios que dinamicen la economía y los sectores productivos, partiendo de una mejora en los servicios públicos para que estos se conviertan en una palanca del desarrollo y no un obstáculo", concluyen.
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