La Intersindical de la Región de Murcia se muestra en "desacuerdo" con el fallo de la Junta Electoral

MURCIA.- La Intersindical de la Región de Murcia se ha mostrado en desacuerdo con el fallo de la Junta Electoral Central, que prohíbe las expresiones de libertad e indignación desarrolladas por el Movimiento 15-M en las plazas de numerosas ciudades españolas, según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

   En su opinión, los calendarios electorales "deben atender a las personas y candidaturas que participan en ellas, no al conjunto de la ciudadanía que ha de poder expresarse y manifestarse libremente en cualquier asunto que no sea la petición de voto expreso a una o varias opciones".

   La movilización que se inició con las manifestaciones del pasado día 15 de Mayo, a las que han sucedido concentraciones y acampadas pacíficas de ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente jóvenes, en Murcia, Cartagena y otros lugares de todo el Estado, "es un expresión inequívoca de malestar con el sistema político, no con un partido concreto, y se ha hecho patente de la forma en que se hacen democráticamente las protestas, ejerciendo los derechos de opinión,  reunión y manifestación".

   Por otro lado, han calificado de "muy preocupante y nada entendible en un Estado democrático y de derecho, que haya días de excepcionalidad y derogación de libertades fundamentales. En estados dictatoriales, como hemos podido ver en las revoluciones pacíficas que se han dado en el norte de África, las suspensiones de las libertades son las que definen el carácter poco democrático de sus regímenes".

   Por ello, han pedido a las instituciones que hayan de tomar la decisión "cordura, auténtica asunción de los valores democráticos y, por lo tanto, vía libre para el ejercicio de las libertades a este movimiento que nos ha traído una corriente de aire fresco y de esperanza para hacer de nuestra democracia un sistema en el que se haga realidad el Gobierno del Pueblo, que la ciudadanía sea quien tome las decisiones".

Las elecciones pueden descubrir "montones de deuda"

   El diario 'Wall Street Journal' advierte de que las elecciones municipales y autonómicas que se celebran este domingo en España podrían conllevar una "sorpresa desagradable", ya que pueden sacar a luz "montones de deuda no desvelada" en los gobiernos locales y regionales que podrían socavar la campaña del país para evitar un rescate internacional.

   En un artículo en su edición digital junto a una fotografía de las concentraciones del movimiento 15M en la Puerta del Sol, el 'WSJ' recuerda que hace cinco meses el cambio de Gobierno en Cataluña reveló un déficit presupuestario que superaba en más del doble el dato anunciado por el anterior ejecutivo.

   "Ahora, un creciente coro de economistas, políticos locales y líderes empresariales dicen que los nuevos gobiernos es probable que descubran, como hizo Cataluña, montones de 'deuda escondida' adeudada a clínicas de salud y otros proveedores", apunta el diario.

   En esta línea, incide en que economistas, analistas e informes de empresas que proveen a los gobiernos locales sugieren que hay una deuda "generalizada y no registrada". De hecho, algunas empresas se quejan de que algunas administraciones frágiles fiscalmente están presionándoles para realizar negocios que no quedan reflejadas en la contabilidad oficial, según el vicepresidente del Círculo de Empresarios de Madrid, Fernando Eguidazu.

   Así, señala que estas facturas podría añadir decenas de miles de millones de euros a las cifras de deuda oficiales de estas administraciones. "Si estos cadáveres salen del armario en las próximas semanas, el coste de financiación de España podría seguir subiendo, devolviendo al país al centro de atención después de haya luchado por demostrar que no necesita ser rescatado como Grecia, Irlanda y Portugal", apunta.

  Por otra parte, recuerda que España ha calmado las preocupaciones sobre sus finanzas gracias al recorte presupuestario realizado en 2010, pero añade que esto se debió principalmente a los recortes del Gobierno central y que los gobiernos regionales y municipales, que controlan la mitad del gasto en España, han realizado pocos progresos en este sentido.