MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), presidida por Juan Martínez Moya y los magistrados Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, ha señalado el comienzo de las sesiones del juicio oral del conocido como 'caso Totem', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística, para finales de octubre.
En concreto, será los días 24 a 28 de octubre y 2 a 4 de noviembre, para el planteamiento de cuestiones previas e interrogatorio del ex alcalde de Totana, Juan Morales, y otras 12 personas acusadas por un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio de Totana.
Cabe recordar que el ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, está imputado por nueve delitos, entre los que se encuentran los de prevaricación y cohecho, en relación al caso Totem.
En concreto, el auto del TSJ del pasado mes de marzo acordaba la apertura de juicio oral contra Juan Morales, así como contra Gabriel Martínez, Joaquín Carmona --el gerente de Nubia Inversiones-- y su socio José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
Así como a la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--, según señala el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado.
En el caso del ex regidor totanero, estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias, en el Raiguero.
Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, Vaneide Freita, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal, y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
Sobre todos estos imputados, la Sala ya aseguró que incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.
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