MADRID.- El teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace del Ministerio de Defensa con la OTAN para la subcontratación del avión Yak-42, en cuyo accidente en 2003 fallecieron 62 militares españoles, ha declarado en la Audiencia Nacional que no hubo cobro de comisiones ilegales en la subcontratación del aparato, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, informaron fuentes jurídicas.
Ruiz López, que ocupó entre los años 2002 y 2003 el cargo de enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto (EMACON) ante NAMSA, la agencia de la OTAN que subcontrató el vuelo siniestrado, ha declarado durante casi dos horas como imputado ante el juez Fernando Grande-Marlaska.
El compareciente no ha responsabilizado a ningún mando militar de la cadena de subcontrataciones y ha explicado que la adjudicación de los vuelos se hizo "a precio cerrado", por lo que no existieron comisiones entre el broker Chapman Freeborn, que se hizo con el contrato de Namsa, y las compañías intermediarias que pagaron los servicios de la aerolínea Ukranian Mediterranean Air, propietaria del Yak-42.
El teniente coronel Ruiz López, que ha explicado que entre los mediadores también se encontraba un comercial de la propia UM Air, realizó una investigación interna sobre la cadena de subcontrataciones del aparato siniestrado que se plasmó en un informe de conclusiones que fue aportado al juez por el ex ministro de Defensa, José Bono, que declaró como testigo.
A preguntas del juez Marlaska, del fiscal Fernando Burgos y de dos abogados de los familiares de los fallecidos que ejercen la acusación particular, ha explicado que se trató de una investigación "muy laboriosa", ya que tuvo dirigirse a todas las partes interesadas para obtener los contratos y precios con que se realizó la operación.
La petición de imputación de Ruiz López fue reclamada por un grupo de familiares de los fallecidos, que le atribuye la responsabilidad, en aplicación de una directiva conjunta de 1987, de efectuar el seguimiento de las peticiones de apoyo logísticas españolas y de conocer de forma directa que el Gobierno noruego había suspendido la contratación del avión Yak-42 "por motivos de seguridad".
En su escrito dirigido al magistrado las familias aseguraban que el teniente coronel fue comisionado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, para investigar la cadena de subcontrataciones y añadían que "su participación fue esencial" para aceptar a la empresa Chapman and Freeborn como contratista del vuelo.
Del procedimiento, en el que están imputados otros cinco mandos del Ministerio de Defensa, se ha retirado un grupo de 61 familiares de 13 de los 62 militares que fallecieron en el accidente.
El juez Grande-Marlaska está a la espera de recibir las últimas comisiones rogatorias que cursó en junio de 2008 a un total de 15 países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.
Los dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
La acción penal también recae sobre el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
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