Diego de Ramón pide al Consejo General una auditoría judicial en la Comunidad Autónoma de Murcia

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha registrado sendas peticiones, dirigidas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que se haga un chequeo o auditoria judicial en la Comunidad Autónoma de Murcia, sin  mencionar juzgados concretos para no señalar e identificar a nadie, y así saber si goza de buena salud en la defensa de los derechos humanos del ciudadano de la calle en sus pleitos con la Administración Regional (en Servicios Públicos transferidos) en los últimos quince años, tanto en la vía contencioso-administrativa como penal.

El letrado solicita que se abra un censo estadístico en la Comunidad Autónoma de Murcia, a traves de la Inspección de Tribunales, sobre los procedimientos judiciales  interpuestos por el ciudadano de a pié para saber cuántos han prosperado contra la Administración Regional de Murcia, sus políticos, funcionarios o por los simples funcionamientos anormales de los servicios públicos, en las áreas de la jurisdicción contencioso-administrativa y penal.

  El citado letrado incluye a todas las Consejerías, entre ellas la antigua de Formación y Empleo, y la actual de Educación, Formación y Empleo, y desea saber de aquellas que haya ganado el ciudadano, si se le han impuesto las costas a la Administración, y sobre las que haya perdido el ciudadano, si siempre las costas se le han impuesto a éste.

Concretamente, pide tomar como base cronológica quince años atrás, y saber número de procesos judiciales contenciosos y penales del ciudadano contra actuaciones de la Administración Regional, en todas sus Consejerías e Instituciones dependientes del Gobierno Regional; así como número de procesos que ha interpuesto el ciudadano, resultados finales en sentencias en primera instancia y apelaciones; y si las sentencias ganadas por los ciudadanos han sido parciales o totales, y cuántas condenas en costas se ha hecho a la Administración Regional condenada.

 También cuántas actuaciones o ejercicio de las acciones populares han prosperado, y si las cuantías de peticiones de avales o garantías que se le han exigido al ciudadano para denunciar o querellarse contra los funcionamientos anormales de los servicios públicos, de la Administración Regional, han sido tan elevadisimas para colectivos o ciudadanos, que han impedido su continuación. Y cuántas demandas han prosperado sobre la jurisdicción especial para la protección de los Derechos Fundamentales.

De todo esto dará traslado al Tribunal de Derechos Humanos y a todas las instancias europeas relacionadas con la Administración de Justicia, a traves del Defensor del Pueblo Europeo.