MURCIA.- El magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio de Totana, ha dictado auto por el que ordena apertura de juicio oral para el diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, y otras 12 personas, contra los que se formula acusación por el Ministerio Fiscal y acusación particular, imputados en esta operación.
Será así la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el órgano competente para el enjuiciamiento, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.
Cabe recordar que el ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales está imputado por nueve delitos, entre los que se encuentran los de prevaricación y cohecho, en relación al caso Totem.
En concreto, según señala el auto del TSJ, se acuerda la apertura de juicio oral contra Juan Morales, así como contra Gabriel Martínez, Joaquín Carmona --el gerente de Nubia Inversiones-- y su socio José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
Así como a la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--, según señala el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado.
En el caso del ex regidor totanero, estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias, en el Raiguero.
Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, Vaneide Freita, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal, y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
Sobre todos estos imputados, la Sala ya aseguró que incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.
De tal forma, el magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del TSJ requiere a los acusados para que, en el plazo de un día presten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su día se les impuso.
Se trata, en cuestión, de las fianzas de Juan Morales (24.163,056 euros), Gabriel Martínez Navarro, José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, con 1,6 millones cada uno.
Para Manuel Núñez la cantidad requerida es 1,2 millones de euros, 933.333 euros para Pablo Maceira, la misma en el caso de José Antonio Carrocera; mientras que la cantidad para María del Carmen Jordán asciende a 10,5 millones; 1,6 millones para Fulgencio Marín y 4 millones para Domingo Sánchez.
Por último, a Juan Antonio Álvarez Moreno se le requieren 8,8 millones y a Vaneide Freita la cantidad de 666.666 euros.
Según concluye el auto del TSJ, se mantiene la situación de libertad de todos los acusados y el deber de comparecencia; así como las prohibiciones de disponer de inmuebles y vehículos que en su día ya fueron adoptadas.
Se trata de una operación, destapada a finales de 2007, contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en el término municipal de Totana (Murcia). Y es que, el grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura, lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario