MURCIA.- Caja Mediterráneo está buscando a contrarreloj una solución para los problemas planteados con sus socios en el Banco Base, principalmente con Cajastur, o bien entablar una nueva alianza antes del lunes, según el diario 'La Opinión'.
Ese día es cuando finaliza el plazo que tienen las cajas de ahorro agrupadas en Sistemas Integrados de Protección (SIP) para presentar su plan de recapitalización ante el Banco de España y concretar la cantidad de dinero que van a pedir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un organismo público creado para salvar el sector financiero español.
Y es que Cajastur pretende reducir del 40% al 27% la partipación de CAM en el Banco Base, aduciendo la depreciación de los activos de la entidad con implantación en Murcia y en Alicante, debido al aumento de la morosidad (es del 8,7%), el descenso de un 30% de sus reservas y a su excesiva dependencia del sector inmobiliario. También pretende descontar a Caja Mediterráneo los 300 millones que la entidad emitió en cuotas participativas cuando salió a Bolsa.
Por otra parte, CAM está decidida a llevar a su asamblea del próximo miércoles las condiciones establecidas en el contrato del SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, ignorando las exigencias que el socio asturiano pretende imponer para consumar la alianza. Esta es la impresión de los consejeros murcianos que ayer asistieron a la preasamblea celebrada en Murcia, bajo la presidencia del subdirector de la entidad Agustín Llorca.
El directivo de CAM informó a los representantes de la Región que tienen voto en la asamblea general de que la caja tiene un acuerdo de integración con los demás socios que debe cumplirse, dado que en caso contrario podría ser penalizada. El objeto de la asamblea es el traspaso de los poderes al banco creado por el SIP, denominado Banco Base.
Además, CAM mantiene que las cuentas de la entidad están auditadas y son conocidas por el Banco de España, por lo que considera fuera de lugar que la caja asturiana saque a relucir en vísperas de la fusión unas cifras diferentes a las que se han venido manejando en el último año.
Otras de las diferencias que pueden causar la ruptura del SIP es que Cajastur es partidaria de acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para conseguir los 1.447 millones de euros que el grupo necesita para cumplir con las nuevas exigencias de capital del Gobierno, mientras que los directivos de Caja Mediterráneo creen que sería mejor salir a cotizar. En la última reunión del consejo de administración de Banco Base se impusieron las tesis de los asturianos.
Tanto el Banco de España como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) están mediando para evitar que fracase la fusión de Banco Base y que la entidad pueda tener listo el lunes su plan de recapitalización para presentarlo al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al igual que todas las entidades que no cumplen con los nuevos requisitos de capital.
De esta forma, el diario El País citaba fuentes del Banco de España para asegurar que Caja Mediterráneo podría ser ofrecida al SIP que forman La Caixa y Caixa Gerona en el caso de que salga de Banco Base.
Este SIP está participado por Cajastur y la CAM en un 40%, respectivamente, así como por Caja Extremadura (11%) y Caja Cantabria (9%), y se creó con el objetivo de permitir a estas entidades convertirse en un grupo eficiente y solvente.
Y es que Cajastur pretende reducir del 40% al 27% la partipación de CAM en el Banco Base, aduciendo la depreciación de los activos de la entidad con implantación en Murcia y en Alicante, debido al aumento de la morosidad (es del 8,7%), el descenso de un 30% de sus reservas y a su excesiva dependencia del sector inmobiliario. También pretende descontar a Caja Mediterráneo los 300 millones que la entidad emitió en cuotas participativas cuando salió a Bolsa.
Por otra parte, CAM está decidida a llevar a su asamblea del próximo miércoles las condiciones establecidas en el contrato del SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, ignorando las exigencias que el socio asturiano pretende imponer para consumar la alianza. Esta es la impresión de los consejeros murcianos que ayer asistieron a la preasamblea celebrada en Murcia, bajo la presidencia del subdirector de la entidad Agustín Llorca.
El directivo de CAM informó a los representantes de la Región que tienen voto en la asamblea general de que la caja tiene un acuerdo de integración con los demás socios que debe cumplirse, dado que en caso contrario podría ser penalizada. El objeto de la asamblea es el traspaso de los poderes al banco creado por el SIP, denominado Banco Base.
Además, CAM mantiene que las cuentas de la entidad están auditadas y son conocidas por el Banco de España, por lo que considera fuera de lugar que la caja asturiana saque a relucir en vísperas de la fusión unas cifras diferentes a las que se han venido manejando en el último año.
Otras de las diferencias que pueden causar la ruptura del SIP es que Cajastur es partidaria de acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para conseguir los 1.447 millones de euros que el grupo necesita para cumplir con las nuevas exigencias de capital del Gobierno, mientras que los directivos de Caja Mediterráneo creen que sería mejor salir a cotizar. En la última reunión del consejo de administración de Banco Base se impusieron las tesis de los asturianos.
Tanto el Banco de España como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) están mediando para evitar que fracase la fusión de Banco Base y que la entidad pueda tener listo el lunes su plan de recapitalización para presentarlo al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al igual que todas las entidades que no cumplen con los nuevos requisitos de capital.
De esta forma, el diario El País citaba fuentes del Banco de España para asegurar que Caja Mediterráneo podría ser ofrecida al SIP que forman La Caixa y Caixa Gerona en el caso de que salga de Banco Base.
Este SIP está participado por Cajastur y la CAM en un 40%, respectivamente, así como por Caja Extremadura (11%) y Caja Cantabria (9%), y se creó con el objetivo de permitir a estas entidades convertirse en un grupo eficiente y solvente.
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