lunes, 28 de marzo de 2011

El viernes se presenta en la UMU el 'Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región'

MURCIA.- El próximo viernes, 1 de abril, a las siete de la tarde, y en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UMU,  se va a celebrar el acto público de presentación del Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de Murcia, documento en el que diversas personas de la izquierda diluida vienen trabajando en los últimos meses.

En el acto participarán diversos miembros del grupo promotor de esta iniciativa así como el catedrático madrileño y miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria.

Es una iniciativa que parece de gran alcance para la vida pública regional y que se decidió impulsar en la forma concreta en que el proceso está siendo desarrollado, es decir, partiendo de un grupo plural de ciudadanos que son los que promueven este pacto, al que luego se pretende sumar a toda la sociedasd civil organizada.

El citado acto necesita de un fuerte impulso inicial.


 
Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno
en la Región de Murcia


 El Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno es una iniciativa independiente de un grupo de ciuidadanos y ciudadanas de la región comprometidos con la idea de que este es el momento de que la sociedad murciana afronte el reto de reformar las instituciones y la función política para abrirlas a la participación según los principios de lo que se conoce como "Gobierno Abierto". 
Es un proyecto transversal llamado a reunir tras él al mayor espectro social y político, desde la coincidencia en el análisis sobre la necesidad de que los problemas de la democracia en nuestra regióh se superan con más democracia, con nuevas formas de intervención social en el gobierno de lo público, a partir de una nueva voluntad política y de los nuevos instrumentos que nos ha traido la sociedad de la información y la revolución de Internet. No es un simple pacto de partidos o fuerzas políticas. Es un pacto de los ciudadanos entre si y con toda la sociedad civil organizada para establecer un nuevo paradigma sobre el carácter de nuestras instituciones y la forma de relacionarse con los ciudadanos.
 
En la introducción del Pacto se puede leer:

"Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente:

1. Sentimos una honda preocupación por la actual situación de profunda crisis económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso para atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados en estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del ranking de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los riesgos de que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez mayores. La Región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos.

2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible reivindicar la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática. Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.

3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo, permita a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la transparencia y el buen gobierno que incluye una batería de medidas características del denominado Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo:

A. Transparencia: “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos.

B. Participación: “Queremos tomar parte”. Los ciudadanos, y no sólo los directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizarnos de las mismas.

C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”. Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener cauces para colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los servicios públicos.

D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”. Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a supervisar y dar cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así podrán los ciudadanos conocer cuál es el efecto real que determinados planes públicos de actuación están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las que se dirigen.

E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de reacción efectiva ante las anomalías o las quejas externas”. Las organizaciones públicas deben contar con mecanismos internos que les permitan procesar las anomalías que se detecten en su funcionamiento y las quejas que reciban por los problemas generados en su actuación. Asimismo, han de existir mecanismos externos a la propia organización que lleven a cabo un control eficaz y no meramente formal de su actuación.

4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones de gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización de la sociedad murciana en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente situación de crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras instituciones públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, ponga a los ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática.

5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al menos en el plano nacional.

6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones que quede en un nuevo papel mojado. Con la intención de que este Pacto impulse cambios reales en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, se crea una Comisión de seguimiento del mismo, compuesta por representantes de todas las organizaciones firmantes, que publicará un informe anual sobre el grado de realización de este Pacto por las autoridades responsables."

A continuación siguen 22 propuestas sobre cambios legales diversos y cración de nuevos instrumentos y medidas que afectan a la públicidad institucional, implantación de la cultura del Gobierno Abierto, nuevos registros públicos, acceso a la información, transparencia en las contrataciones, en la financiación de partidos y organizaciones sociales, participación en los procesos legislativos, régimen de incompatibilidades, reforma de la ley electoral, presupuestos participativos, evaluación de planes y políticas públicas, auditorías ciudadanas, oficinas de control presupuestario, etc.

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