MURCIA.- Los sindicatos CCOO, Sterm y UGT han acordado estudiar jurídicamente la posibilidad de denunciar por prevaricación al consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, en calidad de presidente de la Mesa de Negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.
Así las cosas, han rechazado incorporarse a la mesa sectorial de Educación, que tachan de "ilegal", porque, explican en comunicado de prensa, "empeora las condiciones de trabajo y echa a la calle a miles de interinos".
Aseguran que el secretario general de la Consejería de Educación no ha querido acceder a la petición previa, realizada el pasado miércoles, de que se reconocieran los resultados electorales de diciembre pasado, "tal y como establece el reglamento de la mesa y el propio Estatuto Básico".
El reconocimiento de los resultados electorales, especialmente después de la constitución definitiva de la Junta de Personal No Universitario, el pasado 28 de febrero, implicaría la no presencia en la mesa del SIDI, uno de los sindicatos firmantes del preacuerdo de modificación de la Ley 5/2010.
A pesar de esta maniobra "ilegal", CCOO, Sterm y UGT tenían y tienen en la nueva mesa la mayoría de la representación sindical (59%), con lo que, subrayan, "cualquier acuerdo que pueda alcanzarse en la mesa de hoy carecerá de validez jurídica, tal y como establece el Reglamento de Funcionamiento".
En lo relativo a la propuesta que se ha presentado, de modo previo al inicio de la Mesa Sectorial, por parte de la Administración, ANPE y SIDI, "no garantiza" para el próximo curso el mantenimiento de las plantillas actuales al dejar sin vigencia el Acuerdo Global de Plantillas de 2006, así como el Acuerdo de 28 de febrero de 2008 en el que se mejoraban las condiciones de trabajo del profesorado, especialmente en lo recogido en su punto 2º y 4º.
En estos puntos se indica computar un periodo lectivo semanal, para ejercer la acción tutorial a partir del 1 de septiembre de 2008, al profesorado del Cuerpo de Maestros y establecer que el horario lectivo del profesorado que tenga jornada completa -secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial- constará de 17 periodos lectivos semanales, formado por las horas de docencia directa, así como por las horas de cómputo lectivo y excepcionalmente, se podrá llegar a un máximo de diecinueve periodos lectivos, cuando la distribución horaria del centro lo exija.
De este modo, CCOO, UGT y Sterm aseguran que el acuerdo que pretenden firmar en el día de hoy supone una "aplicación restrictiva", por parte de la Administración, de la jornada de trabajo del profesorado y, como consecuencia, abre la puerta a una reducción de plantillas incalculable para el próximo 1 de septiembre. En esta clave es como debe interpretarse la intención del ahorro efectivo en los presupuestos regionales: "miles de compañeros van a engrosar las listas del paro en los próximos meses", remarcan.
En definitiva, "estamos ante una ley ilegal que se modifica mediante un acuerdo ilegal y que se pretende concretar en una Mesa Sectorial de Educación, asimismo, ilegal". En estas condiciones, CCOO, Sterm-Intersindical y UGT han acordado estudiar jurídicamente la posibilidad de denunciar por prevaricación al consejero de Educación, en claridad de presidente de la Mesa de Negociación.
Por último, las tres organizaciones sindicales han acordado convocar la Permanente de la Junta de Personal para buscar una respuesta "contundente" por parte de la legítima representación de los trabajadores de la Enseñanza Pública No Universitaria.
Asfixia de la UMU
Sterm-Intersindical ha denunciado públicamente que el Gobierno regional "está asfixiando económicamente a la Universidad de Murcia (UMU), a quien le adeuda 50 millones de euros". El sindicato ha hecho estas declaraciones tras la comunicación que ha realizado el vicerrector de Economía de la UMU, en la que se muestra "una alarmante inquietud ante la incertidumbre abierta por la Comunidad sobre su voluntad expresa de garantizar los compromisos adquiridos de financiación universitaria".
Por todo ello, Sterm ha emplazado al Gobierno murciano a que "busque otras fórmulas distintas a las empleadas hasta ahora para enjugar el déficit, distintos a la transferencia del coste de la crisis al conjunto de trabajadores/as y al conjunto de la ciudadanía".
En palabras del vicerrector de Economía, "no se trata ya de los recortes presupuestarios, sino de los riesgos por incumplimientos", puesto que, ha advertido, "no existe una garantía expresa de que el Gobierno regional pueda asegurar el presupuesto de la Universidad para 2011".
Al parecer, ha apuntado Sterm, "existen partidas económicas de 2010 sin pagar a la Universidad después de que otros entes, como el Ministerio de Educación, el de Investigación y fondos Feder que ya han sido traspasados a las cuentas de la Comunidad sin que ésta los haya transferido a las cuentas de la Universidad".
En concreto, el vicerrector de Economía recoge en su escrito que la Comunidad "no ha reconocido ni pagado el contrato programa 2010 a pesar de que la Universidad sí lo ejecutó, lo que supone una minoración directa a déficit superior a cuatro millones de euros".
Asimismo, subraya que la Comunidad "ha reducido en 520.000 euros la subvención de inversiones de la Universidad de Murcia 2011 para poder atender el programa Feder 2010 y pese a que el Ministerio le ingresó el montante global el 30 de diciembre de 2010, no ha realizado pago alguno a la Universidad de Murcia para la ejecución de Campus Mare Nostrum".
Asfixia de la UMU
Sterm-Intersindical ha denunciado públicamente que el Gobierno regional "está asfixiando económicamente a la Universidad de Murcia (UMU), a quien le adeuda 50 millones de euros". El sindicato ha hecho estas declaraciones tras la comunicación que ha realizado el vicerrector de Economía de la UMU, en la que se muestra "una alarmante inquietud ante la incertidumbre abierta por la Comunidad sobre su voluntad expresa de garantizar los compromisos adquiridos de financiación universitaria".
Por todo ello, Sterm ha emplazado al Gobierno murciano a que "busque otras fórmulas distintas a las empleadas hasta ahora para enjugar el déficit, distintos a la transferencia del coste de la crisis al conjunto de trabajadores/as y al conjunto de la ciudadanía".
En palabras del vicerrector de Economía, "no se trata ya de los recortes presupuestarios, sino de los riesgos por incumplimientos", puesto que, ha advertido, "no existe una garantía expresa de que el Gobierno regional pueda asegurar el presupuesto de la Universidad para 2011".
Al parecer, ha apuntado Sterm, "existen partidas económicas de 2010 sin pagar a la Universidad después de que otros entes, como el Ministerio de Educación, el de Investigación y fondos Feder que ya han sido traspasados a las cuentas de la Comunidad sin que ésta los haya transferido a las cuentas de la Universidad".
En concreto, el vicerrector de Economía recoge en su escrito que la Comunidad "no ha reconocido ni pagado el contrato programa 2010 a pesar de que la Universidad sí lo ejecutó, lo que supone una minoración directa a déficit superior a cuatro millones de euros".
Asimismo, subraya que la Comunidad "ha reducido en 520.000 euros la subvención de inversiones de la Universidad de Murcia 2011 para poder atender el programa Feder 2010 y pese a que el Ministerio le ingresó el montante global el 30 de diciembre de 2010, no ha realizado pago alguno a la Universidad de Murcia para la ejecución de Campus Mare Nostrum".
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