MÁLAGA.- Un funcionario de la Agencia Tributaria que intervino en la investigación del caso 'Malaya' ha señalado este miércoles en el juicio contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella que la aportación del presunto cerebro, el cartagenero Juan Antonio Roca, en la operación Crucero Banús "no estaba legitimada", considerando que los 91 millones de las antiguas pesetas, es decir, 546.921,01 euros, que éste supuestamente invirtió "presuntamente son ilícitos".
Según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.
El perito ha explicado que los cheques que aportó Roca "no están legitimados", lo que sumado al procedimiento penal en el que estaba inmerso en ese momento le ha llevado a afirmar que son fondos "ilícitos" que podrían proceder "de cohechos o malversaciones, de las que hay indicios que se cometieron de 1991 a 1999 en el Ayuntamiento de Marbella".
"Ni como retribución del trabajo, ni como rendimientos mobiliarios ni como ganancias patrimoniales tenía declarada operación que le hiciese legítimamente disponer de ellos", ha dicho.
Este funcionario, que ya comenzó a declarar este martes y seguirá el lunes, ha apuntado que no tiene constancia de transmisión de valores entre sociedades supuestamente vinculadas a Roca ni que se llegaran a vender las acciones de la sociedad que él dijo para obtener el dinero para invertir en Crucero Banús, de hecho, el testigo ha incidido en que dicha entidad "no tenía activos", estaba "en declive" en ese momento y registraba pérdidas.
La defensa de Roca ha insistido en demostrar, con el interrogatorio y a través del análisis pormenorizado de los documentos sobre movimientos bancarios que constan en la causa, que éste aportó la cantidad que le correspondía en la operación y en destacar que el testigo no investigó el origen de los fondos de los cheques. Además, ha defendido que sociedades de su cliente tenían actividad en esos años.
Respecto a Román, acusado por blanqueo de capitales y varios delitos contra la Hacienda Pública, el experto de la Agencia Tributaria ha señalado en esta sesión que él mismo declaró que "cobró 400 millones de pesetas no declarados a la Hacienda Pública", de los que, ha precisado, "hay una parte que le corresponde a todos los españoles", por lo que ha concluido que "hay implícito un delito fiscal, que habrá prescrito o no, pero estaba cometido".
También se ha referido a Hoffman y ha señalado que "en abril de 2002, antes de liquidar el negocio, el señor Roca fue detenido" por un procedimiento en la Audiencia Nacional. "Por qué el señor Hoffman, como abogado, no comunicó que tenía un negocio con este señor, no pudo levantar el brazo y decir al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) que había hecho un negocio un tanto extraño, que había pagado con fondos que no tenía declarado en España", ha preguntado.
Ha reiterado que en esta operación las sociedades "se utilizan como instrumento", aunque ha señalado que no es la persona a la que le corresponde referirse a la teoría de levantamiento del velo que sostiene las acusaciones. "Yo podría hablar de confusión patrimonial, del uso abusivo de la personalidad jurídica, de los perjuicios ocasionados a terceros por este uso", ha manifestado el funcionario de la Agencia Tributaria.
Asimismo, ha incidido en los fondos de Suiza y ha manifestado que la legislación de dicho país es "laxa con las irregularidades fiscales cometidas fuera de allí". "Es muy fácil ir a Suiza con un maletín y decir esto procede de una defraudación fiscal", ha señalado el perito, quien ha apuntado que Suiza es un país "cooperante", pero ha dicho que "con mencionar que los fondos depositados proceden de la defraudación tributaria no hay mayor problema y santas pascuas".
Las defensas han cuestionado la interpretación dada por los expertos en Hacienda a la documentación intervenida en relación con esta operación y han incidido en los datos manejados para hacer los informes, como la validez del documento de opción de compra para dar el crédito a Ávila Rojas o si uno de los documentos era un extracto bancario o no. De hecho, el presidente del Tribunal, José Godino, ha intervenido en varias ocasiones para calmar el interrogatorio y agilizarlo.
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