CCOO, UGT y Sterm dicen que el acuerdo "carece de validez jurídica" y no descartan la huelga

MURCIA.- Los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical han señalado que el preacuerdo alcanzado por la Administración regional y los otros seis sindicatos que integran la mesa de negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, carecería de "validez jurídica" de llevarse a efecto porque los firmantes "no alcanzan el 44 por ciento de la representatividad de todos los empleados públicos".

   Así lo han hecho saber en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO de la Región de Murcia, Daniel Bueno, de UGT de la Región, Antonio Jiménez, y el secretario regional de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, quienes este miércoles decidieron rechazar la última propuesta del Gobierno regional por considerar que "daña las condiciones de los empleados y los servicios públicos, al tiempo que supone el despido de trabajadores".

   Jiménez ha añadido que los acuerdos "se adoptan en las mesas instituidas de negociación, que se constituyen con la representación que tiene cada sindicato, fruto de las elecciones sindicales, y el Gobierno regional no puede ratificar ningún acuerdo que se haya adoptado con la minoría de la representación", por lo que ha insistido en que "sin el apoyo de la mayoría sindical el acuerdo no puede tener validez jurídica".

   Y es que estos seis sindicatos que han pactado el preacuerdo, CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico, "poseen 124 delegados en el Área Pública, frente a los 159 que suman CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, el 56 por ciento del total".

   Tanto CCOO como UGT y Sterm han coincidido en resaltar el aumento de la jornada laboral como el "principal escollo" para alcanzar un pactyo, aunque "no el único". Carrasco manifiesta que el aumento de la jornada laboral supondrá el despido de los trabajadores temporales que consideren "desechables", y Bueno estima que "significará la desaparición de 2.200 empleos de forma inmediata y a medio plazo".

   Según sus cálculos, esta situación va a suponer una repercusión "desfavorable sobre la tasa de desempleo regional, que va a aumentar algo más de dos puntos, pasando de una tasa actual del 25 por ciento a una tasa incrementada del 27 por ciento, muy previsiblemente".

   Bueno ha señalado que no se están haciendo previsiones de destrucción de empleo, y ha recordado que en sanidad "ya se han destruido, desde el 1 de enero hasta la actualidad, en torno a 760 contratos de trabajo que venían los dos últimos años prestando ininterrumpidamente servicio".

   Por su parte, Jiménez ha tachado el acuerdo de "regresión laboral histórica contra el empleo público y una violación de derechos fundamentales a la negociación colectiva, a la libertad sindical, al régimen estatutario básico de los empleados públicos que va a perjudicar directamente al resto de Administraciones públicas de la Región y de España, con un calado muy negativo en las empresas privadas". De hecho, ha indicado que ayuntamientos como Murcia, Totana o Torre Pacheco.

   Aparte de la jornada laboral, Carrasco ha criticado la previsión de que una mutua privada "pueda gestionar las prestaciones por incapacidad temporal, al tiempo que se prevén movilidades forzosas que no se entenderían de otra forma si no estuvieran vinculadas a la reducción de la jornada y la redistribución de la gente que trabaja en la Administración".

   Asimismo, ha aseverado que las ayudas sociales en la Ley "disminuyen en los aspectos más sociales, como la discapacidad, la natalidad o la ayuda por hijo", al tiempo que ha arremetido contra la rebaja salarial y "el incumplimiento de los acuerdos salariales, que implica acabar en la práctica con la negociación colectiva y resquebrajar la confianza que tiene el personal empleado público en la Administración".

   Bueno ha señalado que el Gobierno regional "no ha cedido al clamor que exigía una modificación profunda de la Ley", y ha considerado que el avance que se ha producido en esas negociaciones "estriba básicamente en reducir al 50 por ciento las pérdidas salariales que estaban previstas", y "no garantiza ni el empleo ni la calidad de los servicios públicos".

   Entre los principales inconvenientes, Jiménez ha considerado básico "el aumento de la jornada laboral a 36 horas y media, que es el principal obstáculo a un acuerdo". No obstante, también ha enumerado "la suspensión de los 16 acuerdos firmados en los 12 últimos años, así como rebajar al 50 por ciento la retribución y las ayudas sociales".

   Jiménez ha aclarado que el acuerdo "no se plantea con vocación de ser coyuntural como han estado diciendo un mes el Gobierno regional, sino que la propia exposición de motivos de la Ley decía claramente que se trata de una Ley estructural". Así, matizó que "tiene vocación de permanencia y, al menos, va a estar vigente dos, tres o cuatro años, que es lo que se prevé que va a durar la época de recesión".

   Por lo tanto, ha insistido en que, aunque el Gobierno regional "diga que las medidas caducan el 31 de diciembre de 2011", la Ley se adopta en un escenario de déficit que "seguramente estará mucho más desbocado en 2011, cuando se quiera cumplir la limitación del porcentaje del déficit público, y el Gobierno regional vuelva a justificar el mantener estos recortes".

   Incluso, ha señalado que "si las medidas se implantan será difícil retomar nuevamente las condiciones de trabajo que habían antes del 23 de diciembre en la Región de Murcia".

   Por todo ello, Jiménez ha dicho que CCOO, UGT y Sterm-Intersindical "van a mantener su capacidad propositiva, aunque se ve que no sirve para nada a tenor del desprecio del Gobierno regional a nuestras medidas alternativas". Además, ha dicho que "vamos a emplear todas las movilizaciones planteadas e, incluso, las incrementaremos, al tiempo que utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para combatir esta Ley injusta, inconstitucional e ilegal".

   En este sentido, CCOO, UGT y Sterm-Intersindical se han reunido esta mañana en Comité de Crisis para decidir las medidas a realizar que, de momento, pasan por la continuación del calendario de movilizaciones y la celebración esta tarde de una nueva manifestación en Murcia, aunque no excluyen ninguna posibilidad, como la realización de una huelga general de la función pública.

   El Comité de Crisis "tiene planteado un elenco grande de movilizaciones, y se van a retomar todas si la Administración regional no modifica su postura", según Carrasco, quien ha añadido que los tres sindicatos harán estas movilizaciones para que la Administración "rectifique y se siente a negociar otra vez para modificar la Ley", y Bueno ha reclamado "un cambio profundo y no un maquillaje".

   Al respecto, Bueno ha instado a los trabajadores de la Administración autonómica para que "independientemente de cómo haya quedado cada uno independientemente en la modificación del Gobierno, contribuyan y apoyen las movilizaciones para defender la calidad del empleo y los servicios públicos". "Vamos a seguir movilizando a los trabajadores porque entendemos que los cambios no son los que planteábamos los sindicatos".

   A juicio de Bueno, los seis sindicatos que han alcanzado el preacuerdo "deberían reflexionar este viernes para no tergiversar la voluntad mayoritaria de los trabajadores de una modificación profunda de la Ley que no se ha dado hasta la fecha".