El Sterm asegura que la Asamblea Regional tendrá que volver a votar la derogación definitiva de la Ley de recortes

MURCIA.- El sindicato Sterm-Intersindical asegura que la Asamblea Regional tendrá que volver a votar la derogación definitiva de la Ley de recortes. Y es que, indica, el acuerdo firmado con los sindicatos corporativos, convertido hoy en modificación de Ley, además de no satisfacer los deseos de derogación efectiva de la misma, tampoco va a contribuir a cumplir el objetivo de reducción del déficit.

   No conocemos, señalan, "la cuantificación efectiva de cada uno de los artículos de la Ley para cumplir la reducción prevista en los Presupuestos Generales de la CARM en 300 millones de euros; tampoco conocemos la implicación de la leve modificación aprobada hoy en la Asamblea, pero de lo que sí somos conscientes es de que ya se están viviendo las consecuencias de la aplicación del artículo 1, especialmente en lo referido a la pérdida de empleo".

   A día de hoy son cientos los profesionales de Sanidad y de Administración General y Servicios, empleados públicos eventuales, los que han perdido su puesto de trabajo. El curso escolar próximo será cuando se noten los efectos en la Enseñanza, alerta el sindicato en comunicado de prensa.

   La sangría para el empleo público va a continuar: el necesario cumplimiento para las comunidades autónomas del 1,3% de déficit en 2011 establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como los problemas actuales para garantizar la emisión de deuda pública, sitúan a la Comunidad Autónoma en un callejón sin salida.

   Según el Sterm, su única válvula de escape real va a ser el despido masivo de empleados públicos en el segundo semestre del año 2011 en Sanidad, Enseñanza y en Administración y Servicios, acercando más que nunca la tasa de paro regional al 27 por ciento al final de año.

   Desde La Intersindical, miembro del Comité de Resistencia, aseguran que van a seguir trabajando junto a las organizaciones que no han renunciado a los objetivos iniciales, marcados de forma unitaria, con el conjunto de empleados públicos y ciudadanía murciana para lograr la derogación efectiva de la ley y el cambio de políticas económicas, presupuestarias y fiscales en esta Región.