MURCIA.- Las confederaciones sindicales de UGT y CCOO, con el apoyo de Sterm y Anpe, han presentado este lunes en el registro de la Dirección General de Trabajo una solicitud, dirigida al Gobierno de la nación, donde plantean un "conflicto de competencias al amparo de la Constitución", al objeto de que "paralice" la aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas de la Administración regional mediante la "suspensión" de la misma al considerarla "inconstitucional".
Así lo han anunciado, en rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de UGT y CCOO en Murcia, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, donde han dejado claro que esta reacción jurídica "no sustituye, en ningún caso, las movilizaciones que los empleados públicos tienen proyectado", al tiempo que han desvelado que se estudiarán otras fórmulas jurídicas, como el recurso al Defensor del Pueblo.
De hecho, la próxima se desarrolla este martes, a las 18.00 horas, desde la Plaza Fuensanta en la capital murciana para finalizar a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda.
Y es que, a juicio de Jiménez, "es la única forma de hacer sentar a este Gobierno en una mesa de negociación para que rectifique todas estas medidas perniciosas" que afectan, según sus cálculos, a 55.000 familias murcianas que vieron como hace unos días "comenzó el estado de excepción laboral", ha rematado Bueno.
En esta línea, ha denunciado públicamente que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel "ha huido de un debate serio y racional para mejorar los ingresos y no ha querido sentarse a hablar de verdad de los presupuestos con los agentes sociales".
De ahí, ha advertido, "habrá diálogo si hay rectificación", puesto que "no nos podemos sentar a negociar con quien incumple, de forma unilateral, los acuerdos firmados y con quien obvia las negociaciones colectivas".
Según ha manifestado Bueno, "no nos podemos quedar con la anécdota del huevo", en referencia a las últimas protestas callejeras que han llevado a los manifestantes a lanzar huevos contra la fachada del edificio donde vive el jefe del Ejecutivo murciano.
Tras lo que ha resaltado que esta ley de recortes del Gobierno regional "genera desempleo en el ámbito de la Administración Pública, al poder generar la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo".
Los secretarios generales en Murcia de sendos sindicatos, que han reconocido que no ha habido ningún intento de acercamiento por parte del Gobierno regional, han alertado precisamente de ese desempleo que, según Jiménez, se constata en el hecho de la ampliación de la jornada de trabajo en dos horas y media por empleado público.
"Esto va a provocar un engrosamiento de las listas de desempleo, ya que reducir la jornada de trabajo a 55.000 empleados públicos supone que hay unas 137.500 horas semanales que el Gobierno regional quiere reducir en cuanto al gasto", ha indicado Jiménez.
En definitiva, ha comentado Bueno, "es una manifiesta extralimitación de las competencias de las que dispone constitucional y estatutariamente de la Comunidad de Murcia", ya que, ha explicado, la ley "hace caso omiso del ordenamiento jurídico constitucional, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, del Estatuto Básico del Empleado Público y mediante una decisión ilegal que suprime los actos y acuerdos que los trabajadores de la Administración Pública tenían alcanzados, firmados y aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad desde el año 1998".
Al hilo, ha matizado que "no se suspende por un tiempo nada, sino que se derogan los acuerdos en materia de negociación colectiva". Es decir, ha indicado, "lo que hace la ley de forma directa es derogar, eliminando el ordenamiento jurídico del ámbito laboral de los funcionarios, de forma definitiva e irreversible".
Bueno también ha criticado que se "invoque ese déficit y no se justifique, no se razone". Es por ello por lo que ha confiado en el que el Gobierno central "garantice los derechos individuales y colectivos de los trabajadores murcianos, ya que el problema de las finanzas públicas de la Comunidad tiene razones bien distintas del peso de los salarios y condiciones de trabajo que existen".
De forma que, entiende Jiménez, la ley "usurpa las competencias del Estado al amparo de lo dispuesto en los artículos 161 y 162 de la Constitución y lesiona este orden de competencias", además de que también se ha infringido el artículo 149, cláusula séptima, "cuando establece que la Comunidad de Murcia solo tiene competencia para ejecutar la legislación laboral y no para modificar la legislación laboral".
Preguntado sobre la deuda histórica, Jiménez ha subrayado que "no tiene nada que ver con lo que ahora se plantea, porque si hay deuda histórica que reclamar la había ahora y hace tres años".
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