El Gobierno regional reclamará al delegado del Gobierno que se cambie el recorrido de la manifestación de los sindicatos

MURCIA.- El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, ha adelantado este martes que se va a pedir al delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que se cambie el itinerario de la manifestación que los sindicatos protagonizarán el día 25 contra los recortes, para que no pase por el domicilio del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

   Campos ha manifestado que, en coincidencia con los distintos ámbitos jurídicos, en la próxima movilización de las organizaciones sindicales, el delegado "está obligado a cambiar el itinerario, sin merma del derecho de manifestarse que tienen los funcionarios".

   Y es que, en su opinión, "no se puede centralizar el hecho de una protesta aunque sea por grupos radicales en un domicilio en el que reside el jefe del Ejecutivo murciano y en el que, además, otros ciudadanos se pueden ver afectados por estas manifestaciones".

   Por ello, se va a solicitar a la Delegación del Gobierno que en la próxima movilización de los sindicatos contra los recortes del Ejecutivo regional, prevista para el día 25, se cambie el recorrido de la marcha, donde en anteriores ocasiones algunos participantes han coreado gritos de "Queremos un pisito como el de Ramoncito".

   De no hacerlo, ha advertido que acudirán a los tribunales, y se planteará, al mismo tiempo, "el procedimiento de protección de derechos fundamentales y se irá a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, para que altere el itinerario y no se produzca vulneración de los derechos de las personas y los del presidente".

   No obstante, Campos ha expresado su deseo de que no se tenga que acudir a la vía judicial, y el delegado del Gobierno "esté a la altura de las circunstancias".

   Por otro lado, el consejero de Justicia se ha referido a una "reacción violenta y desorbitada que no tiene sentido", puesto que, ha subrayado, "no se puede ligar la protesta de los funcionarios a este tipo de actos".

   En todo caso, ha puntualizado, "la crispación de miembros de la izquierda ha determinado que las cosas se hayan podido ir un poco fuera de lo que es el desarrollo de una protesta en un estado democrático".

   "Los funcionarios afectados por los recortes tienen su derecho constitucionalmente reconocido, pero de ahí a utilizar la violencia a través de grupos radicales que se integran en ese tipo de manifestación, pues hay mucha distancia", ha declarado Campos.

   Es por ello por lo que ha pedido ser cautos al respecto, y poner los medios necesarios para que hechos de esta naturaleza "no se produzcan". 

 Al mismo tiempo, ha considerado que la Delegación del Gobierno "tiene que ser seria, independiente y rigurosa, que tutele los derechos de los manifestantes y de otras personas".

   Por último, preguntado sobre el plan de seguridad a los consejeros murcianos y al presidente Valcárcel, Campos ha afirmado que se está trabajando en él, y en unos días se desarrollará.
 Por otra parte y, según 'La Verdad', la Fiscalía Superior de Murcia ha dado órdenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que extremen el control sobre las manifestaciones y actos de protesta de los funcionarios contra el 'tijeretazo', con el fin de identificar a quienes aprovechen esa circunstancia para excederse en su libertad de expresión y rebasen la línea de lo que es perseguible penalmente.

El fiscal superior, Manuel López Bernal, ha remitido un oficio para instar a los agentes a que controlen el contenido de las pancartas y pegatinas que se exhiben en las protestas, pues estima que algunas de ellas pueden entrar en el terreno de la injuria contra funcionarios o autoridades, que es un delito que debe ser perseguido de oficio por parte del Ministerio Público.

Las mismas indicaciones ha dado respecto de eslóganes o leyendas que puedan suponer una amenaza para los altos cargos de la Comunidad Autónoma o del Gobierno central, así como para personas de su ámbito familiar.

Denuncia

El Partido Popular de la Región de Murcia ha registrado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia una denuncia por amenazas, tal y como ya anunció el presidente regional del PP, Ramón Luis Valcárcel, en su primera comparecencia después de la agresión que sufrió el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz.


   En concreto, los 'populares' han denunciado los comentarios vertidos en medios de comunicación en los que, aprovechando el anonimato, "se han proferido amenazas e insultos contra los consejeros de la Comunidad Autónoma, cargos del Partido Popular e incluso la hija del presidente Valcárcel".

   Con la presentación de esta denuncia, el PP solicita a la Justicia que "identifique a los autores de las amenazas e insultos, así como acabar con las calumnias y difamaciones".

   De igual modo, confía en una rápida resolución de la Justicia y que "no quede impune quien amenace o anuncie agresiones, vulnerando las reglas más básicas de convivencia democrática", según fuentes del PP.