Colaboradora de Roca dice que negociaba convenios y que Gil tenía confianza extrema en él

MÁLAGA.- Una de las abogadas de Planeamiento 2000 y colaboradora en esta sociedad municipal del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha asegurado que "con carácter general" éste era el que negociaba los convenios urbanísticos y ha afirmado que el entonces alcalde Jesús Gil tenía en él "una confianza extrema".

   María Castañón, que ha declarado este lunes como testigo en el juicio del caso 'Malaya' dentro del bloque en relación con la operación Crucero Banús, ha señalado que Roca tomaba las decisiones no sólo en la citada sociedad municipal, que estaba dedicada a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la que era gerente, sino también en el Área de Urbanismo.

   Así, ha precisado que Planeamiento 2000 y Urbanismo eran dos departamentos separados, aunque el supuesto cerebro de la trama tomaba las decisiones en ambos casos. En cuanto a su función, Castañón ha afirmado que redactaba los convenios con los datos que le daba Roca y que los promotores acudían a Planeamiento 2000, donde también iba el ex alcalde accidental Julián Muñoz para firmarlos.

   Ha indicado que cuando se había llegado a un acuerdo con los promotores, "el señor Roca me llamaba a su despacho y me decía vamos a hacer un convenio" y le daba una hoja manuscrita con el precio y la forma de pago. Ha apuntado que imagina que los aprovechamientos también entraban en esa negociación y ha dicho que los promotores, una vez firmado el convenio, "pedían licencia y se la daban".

   En este punto, Castañón ha señalado que había "unas prereuniones" en las que Roca "citaba" a los concejales y a algún técnico y en ellas se debatían o examinaban las licencias que iban a llevarse a las comisiones de Gobierno, no obstante, ha precisado que el presunto cerebro de la trama no intervenía en la concesión de esos permisos de obra porque era una decisión política.

   La letrada ha manifestado que existía "una relación estrecha" entre el ex alcalde Jesús Gil y Roca, quien "ejercía la potestad en representación de él". "Creo que Gil, dada la confianza extrema en el señor Roca, daba por bueno lo que él hiciera", ha apostillado, y ha apuntado que "he visto a Roca dando muchas órdenes a funcionarios de Urbanismo, pero no sobre los contenidos de los informes".

   En el caso concreto de 'Crucero Banús', ha ratificado que el convenio lo negoció Roca con el ex edil Pedro Román y ha dicho que desconocía que hubiera documento anterior. Ha dicho que en este caso la división de los excesos de aprovechamientos entre el promotor y el Ayuntamiento no se hizo al 50 por ciento como era "práctica habitual" y ha apuntado que sólo recuerda otro caso así, el de la casa del actor Sean Connery.

   Según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, con el ex comisario Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, "un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

   Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados", dice la acusación pública, que cifra estos beneficios en más de seis millones de euros.

   En la sesión de este lunes también ha declarado como testigo otra asesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo, Raquel Escobar, quien ha asegurado que, aunque ella dependía orgánicamente de Gil, su jefe "inmediato" era Roca y a pesar de que éste trabajara en Planeamiento 2000 "ejercía las funciones de gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento".

   Escobar, cuya comparecencia se tuvo que interrumpir por un problema informático y que continuará declarando este martes, ha dicho que no tenía "prácticamente" relación con Jorge González, el jefe de Servicios Jurídicos de Urbanismo, cuya declaración dio lugar al inicio de la investigación del caso 'Malaya'. Ha añadido que éste manifestó "una clara animadversión" hacia ella.

   Ha explicado que cuando fue contratada "no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencia", ya que así "expresamente" lo había exigido el entonces alcalde y que estos permisos se otorgaban según informes técnicos y un informe jurídico de carácter general que había emitido el abogado del Ayuntamiento, José Luis Sierra, aunque a partir de 2003 sí se hacían estos documentos.

   En la sesión de este lunes también ha declarado como testigo Joaquín Arteaga, asesor del letrado Juan Hoffman, acusado en esta causa, quien ha asegurado que realizó un estudio "orientativo" de flujo de caja sobre Yambali, una de las sociedades que participaron en la operación. Ha dicho que el abogado era quien le "cantaba" los datos, entre otros, la aportación de Roca a través de tres cheques.

   El testigo ha precisado que en el momento de realizar el estudio desconocía quiénes eran los socios de la operación inmobiliaria y que se enteró "más tarde". Además, para justificar que el estudio era "erróneo y que faltan datos", ha señalado que no se contó con contabilidad de otra de las sociedades intervinientes, Lispag, radicada en Suiza.