miércoles, 17 de noviembre de 2010

La Comunidad exige al grupo Cofrusa/Mediterra que cumpla con todos sus compromisos para dar viabilidad al proyecto

MURCIA.- La Comunidad ha exigido al grupo Cofrusa/Mediterra que "cumpla con todos los compromisos que adquirió para dar viabilidad al proyecto empresarial" en una nueva reunión de la mesa promovida por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación para solucionar la situación de los trabajadores de las factorías de Conservas Fernández, Halcón Foods y Cofrusa.

   En concreto, en la reunión se instó al empresario Joaquín Navarro a llevar a efectos los compromisos establecidos relacionados con la constitución de un nuevo consejo de administración de consenso entre todas las partes "con el fin de profesionalizar la gestión del Grupo Cofrusa/Mediterra".

   Así como "aportar la información detallada sobre el destino prioritario de los fondos encaminada, principalmente a la liquidación de deuda con los trabajadores; y al establecimiento de un acuerdo sobre las garantías a los trabajadores en caso de no cumplir el plan de viabilidad presentado".

   Así lo ha acordado la Comunidad, tras la nueva reunión celebrada este martes en la sede del Instituto de Fomento, y en la que también participaron los alcaldes de Albudeite, Campos del Río, Calasparra y Mula, los sindicatos UGT y CCOO y el propietario de la empresa. 

   Además, se acordó que la mesa de seguimiento no volverá a reunirse hasta que el empresario dé los pasos definitivos sobre los requerimientos efectuados, según han informado fuentes del Gobierno regional.

   Precisamente, la Administración murciana ha solicitado en reiteradas ocasiones a la empresa toda la documentación oportuna con el propósito de analizarla y dar continuidad a los puestos de trabajo, sin disponer de su totalidad hasta el momento. 

   A lo que se une el hecho de que desde el comienzo, el Gobierno regional "ha mantenido una postura proactiva en búsqueda de soluciones encaminadas al mantenimiento de la productividad y de los puestos de trabajo del Grupo Cofrusa/Mediterra".

   Dentro del conjunto de acciones se constituyó una mesa integrada por la Administración regional, los agentes de las localidades afectadas, sindicatos y la empresa, con el fin de mantener un diálogo y garantizar los puestos de trabajo y la productividad de las plantas del Grupo Cofrusa/Mediterra.

   A todo ello se suma una labor de control por parte de auditores de cuentas externos, tanto de la empresa como de la Comunidad, que hacen un seguimiento del aval, así como la supervisión de todo el proceso por parte de técnicos del Info.

Marín espera que Carabante (HRT) "dé un paso al frente" y solicite los primeros trámites para la fábrica de chasis

MURCIA.- El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, ha dicho esperar que el empresario José Ramón Carabante, propietario del equipo Hispania Racing Team (HRT) "dé un paso al frente y realmente solicite los primeros trámites para llevar a cabo la fábrica de chasis, que es el proyecto industrial que apoya la Región de Murcia". 

   El consejero destacó que su departamento "lleva siete meses sin saber nada del desarrollo del Plan Industrial", y destacó que "lo que no puede hacer una administración es ser facilitadora, ser empresaria y desarrollar el proyecto". 

   No obstante, ratificó que este proyecto "tiene todo el apoyo moral de la Consejería, y estamos dispuestos a seguir colaborando con cualquier empresa que quiera hacer inversiones en la Región de Murcia". 

   "Lo que hacemos es hacer las cosas fáciles en momentos difíciles", ratificó Marín, quien dijo que el proyecto industrial de HRT "tenía todas las facilidades para instalarse en la Región de Murcia, ya que se le buscó un lugar: el parque Tecnológico, y se le buscó una ubicación para el circuito en Fuente Álamo".

Cruz recuerda que el acuerdo con la escudería Hispania "no es sólo de patrocinio, sino también empresarial"

MURCIA.- El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha explicado este miércoles que el acuerdo con la escudería Hispania Racing Team (HRT) "no es sólo de patrocinio, sino que es también un proyecto empresarial".

   Cruz ha indicado que cuando su propietario, José Ramón Carabante, solicite una reunión "nosotros accederemos gustosamente, porque lo que queremos es que el proyecto continúe en Murcia y seguir negociando, teniendo siempre como marco de negociación el convenio que firmamos".

   De este modo, para el consejero murciano "son las dos caras de una misma moneda y esas dos caras se tienen que dar para que la moneda funcione y tenga curso legal".

   Respecto a las negociaciones de Hispania Racing Team con el equipo Toyota, Cruz ha manifestado "desconocer el presunto compromiso que pudiera tener con la escudería murciana. Por lo que, tendremos que esperar para ver realmente cuál es el proyecto en firme para la próxima temporada".

   Y es que la fábrica japonesa Toyota anunció el lunes la rotura de su relación con la escudería Hispania, a la que esta temporada ha suministrado los chasis para sus monoplazas, por "incumplimento en las obligaciones de pago".

El sector turístico aboga por un modelo medioambiental económicamente sostenible

MADRID.- La III edición del Foro FuTURalia, organizado por el grupo Nexo en colaboración con la Mesa de Turismo, ha reunido en Madrid a representantes y profesionales del sector para poner en valor la importancia de la preservación del entorno en la actividad turística y sensibilizar al empresario sobre la importancia "vital" de adoptar un perfil medioambiental que se adapte a las nuevas exigencias del mercado y que sea al mismo tiempo económicamente sostenible. 

   Durante la inauguración del Foro, el vicepresidente de la Mesa del Turismo, Julio Abreu, subrayó que el turismo necesita del medio ambiente, por lo que su protección debe ser una de sus preocupaciones de la que es la principal industria nacional, pese a que muchas veces no se la tenga en cuenta, y "una de las grandes bazas" para que los brotes verdes tras la crisis se conviertan en una realidad.
   Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, apuntó que la sostenibilidad de las empresas pasa por "saber adaptar la oferta al mercado, a los clientes y a la nueva tipología de los cánones de comercialización".
   Para Estalella la sostenibilidad medioambiental "no es la panacea para sobrevivir", sino que el producto turístico, como destino, requiere de una concienciación medioambiental "infinitamente mayor" a la actual pero sabiendo que el modelo debe ser "rentable". "Las empresas tienen que ser sostenibles, pero para ello tienen que ganar dinero porque no es un buen momento para la filantropía".
   En esta línea, el director del Consejo Asesor de Nexo Editores, Claudio Meffert, apuntó que las empresas turísticas necesitan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y, sin olvidar sus objetivos de rentabilidad, implementar en sus estrategias iniciativas responsables desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
   "No puede decirse de una empresa que es socialmente responsable si no trata, como un componente más esencial dentro de sus propios objetivos rentables, factores como la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética o la conciliación laboral", apuntó.
   No obstante, reconoció que la mayoría de los negocios en España no han incorporado todavía estas prácticas y que la RSC es "un tarea pendiente", en parte porque la mayor parte del tejido empresarial son pymes que cuentan con menores recursos para ello, especialmente ahora en una situación económicamente complicada.
   Pese a ello, consideró que el turismo sigue siendo la mejora opción para el desarrollo económico, la creación de empleo y de riqueza, con lo que la preservación a largo plazo del destino y, por tanto, del entorno, es vital para la supervivencia de la actividad productiva. "Una compañía que no cuente con un perfil medioambiental que sea a la vez económicamente exitoso tarde o temprano desaparecerá", concluyó.

La patronal de autopistas dice que el Estado debe asumir el sobrecoste de las expropiaciones

MADRID.- El presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito, considera que el Estado debe asumir el sobrecoste de las expropiaciones, un importe que está poniendo en riesgo de quiebra a ocho empresas del sector.

   "El Estado tendrá que pagar esas cantidades. Son para pagar expropiaciones por terrenos que son del Estado", indicó Feito, tras participar en el XIX Congreso Nacional de la Distribución que organiza la patronal de concesionarios Faconauto.
   Según datos del Ministerio de Fomento, las ocho sociedades concesionarias en riesgo de quiebra afrontaron un coste de expropiación de terrenos para construir las vías de 1.858 millones, importe que multiplica por siete al de 269 millones previsto inicialmente.
   Este encarecimiento responde a la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998. Las expropiaciones, el descenso del tráfico de estas vías como consecuencia de las vías, y la 'juventud' o poca madurez de las autopistas, que son la de más reciente construcción, son los factores que las están abocando a la quiebra.
   El Gobierno ha habilitado dos instrumentos para solventar estos problemas. Para el caso de las expropiaciones, se ha articulado un paquete de préstamos participativos de 450 millones de euros (200 millones en 2010 y otros 250 millones en 2011), mientras que para compensar el descenso del tráfico se prevé una aportación de 80 millones, si bien esta última fue vetada el martes en el Congreso.
   La patronal de autopistas rechaza que estos importes constituyan ayudas al sector. "La mayor cantidad son préstamos. Se da una cantidad que tendrá que devolver con creces y con intereses muy elevados", indicó Feito en referencia a los créditos participativos.
   "Esto no es una ayuda, va destinado a pagar expropiaciones por terrenos que son del Estado, de tal manera que si desaparecieran las autopistas, porque quebraran o se nacionalizaran, el Estado tendría que pagar estas cantidades", añadió.
   "Serían ayudas que el Estado se da a sí mismo, para pagar lo que desgraciadamente los tribunales de expropiación sentenciaron. Se trata de sentencias firmes que los expropiados lograron sacar de los tribunales y que, por tanto, habrá que pagar esté quien esté en el Estado y sigan funcionando o hayan desaparecido las autopistas", reiteró.
   Para el presidente de Aseta, la solución para este conjunto de autopistas en problemas pasa por articular una estructura que esté "vigente en un horizonte temporal más dilatado", mediante concesión de créditos que luego se devuelvan, "para que no le cueste nada al Estado", pero "con unas condiciones más cercanas a la actual situación económica".

El gobierno de la Región de Murcia ayuda a sus amigos: De Yenny a la Paramount

MADRID.- El control, casi absoluto, de los resortes políticos, mediáticos y judiciales que el gobierno de Ramón Luís Valcárcel ha conseguido en la Región de Murcia debe hacerles sentir a él y los suyos algo muy parecido a la total impunidad, pues a pesar de los numerosos escándalos, entradas y salidas de la cárcel incluidas, ni la opinión pública ni la justicia les hacen, de momento, pagar unos excesos que probablemente nunca sean declarados delictivos por la justicia, pero que el más elemental sentido común calificaría como inmorales.

Son incontables los ejemplos de comportamiento inmoral por parte del gobierno regional murciano que desde 1995 viene favoreciendo descaradamente a sus amigos, pero dos ejemplifican el alcance político, económico y moral de esta forma de hacer, sostiene la publicación digital 'Rebelión'.

La balsa Yenny
En el año 2001 la empresa Portmán Golf, propietaria de buena parte de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión desde que en 1988 comprase activos y pasivos a la multinacional francesa Peñarroya por 100 millones de pesetas, donaba a la Región de Murcia una balsa de acumulación de estériles mineros muy próxima a la población de El Llano del Beal, la conocida como balsa Yenny. 

Portmán Golf, la misma empresa que despidió a todos sus trabajadores en 1991 incumpliendo sus propios compromisos, la misma que durante más de veinte años ha puesto piedras en el tortuoso camino de la regeneración de la bahía de Portmán al no sentir asegurado su negocio con una recalificación urbanística a la medida de sus megalómanas ambiciones, la misma que pidió al gobierno regional permutar 180 hectáreas del parque natural de Calblanque a cambio de una superficie parecida de terrenos contaminados por la minería en El Llano del Beal y Portmán; operación paralizada sólo por la intervención de la Comisión Europea, a finales del año 2004, y que atrincheró a Portmán Golf en su actitud de no invertir en la regeneración de la Sierra Minera (de su propiedad y responsabilidad) hasta que se regenerase la bahía de Portmán. 

Casualmente fue después de este varapalo de la Comisión Europea que dejó a Portmán Golf sin los réditos de un gran pelotazo urbanístico bendecido por la administración regional que Valcárcel y los suyos decidieron regenerar la balsa Yenni (donada, recordemos cuando nos hablen de urgencia y peligro, en 2001). 
 
Al acceder a la donación el gobierno regional recogía el guante de la responsabilidad de regenerar la balsa en cumplimiento de la ley de minas de 1973 (BOE núm. 189, de 24/07/1973) que igualmente obliga a Portmán Golf a responsabilizarse de la regeneración no sólo de la Sierra Minera, sino también de la bahía de Portmán, al haber adquirido en 1988 activos y pasivos de Peñarroya, pero también sus responsabilidades sociales. 

Por si hubiese sido poco liberar a Portmán Golf de la responsabilidad de regenerar una balsa minera que realmente resultaba molesta y peligrosa para los vecinos de El Llano del Beal, esta empresa acabó embolsándose dos millones setecientos mil euros , por ceder una cantera abandonada para depositar los desechos mineros de la balsa, de un presupuesto total de cinco millones cuatrocientos mil euros, es decir el 50% de la factura por no hacer absolutamente nada.

De Polaris a la Paramount
Para nadie es un secreto que el gobierno regional así como la inmensa mayoría de ayuntamientos de la Región de Murcia acogieron con alborozo el boom inmobiliario. El turismo residencial de sol, playa y golf debía ser el futuro de la Región, casi cuarenta campos de golf y cerca de un millón de nuevas viviendas se iban a construir a lo largo y ancho de la provincia, sin planificar la gestión de recursos (ambientales y sociales) y sin reparar en valores ambientales (La Zerrichera, Cabo Cope, Calblanque…). 

El icono de este floreciente negocio consistente en plantar césped y casas en mitad de los más inhóspitos secarrales fue Polaris World, experto por otra parte en hacerse con terrenos baratos y urbanizarlos una vez recalificados. 

Lo que durante casi una década pareció un negocio redondo sólo pudo crecer gracias a la financiación de bancos y cajas de ahorros que parecían confiar tanto como la mayoría de los murcianos de a píe en que el precio de la vivienda subiría y subiría hasta el infinito y en que los jubilados europeos no encontrarían nada mejor que hacer con su dinero que comprar chalets de ínfima calidad pero con un campo de golf por jardín. 

Cuando entre finales de 2009 y principios de 2010 Polaris World entró en la fase previa al concurso de acreedores planteó un grave problema a la CAM, Caja Murcia, Bancaja y en menor medida al Banco Popular, aceptar como pago unos terrenos y viviendas cuyo precio de “mercado” excedía con mucho su valor real por la sencilla razón de que no se podrían vender en el mercado a menos que su precio bajase hasta límites que no cubrirían ni lejanamente la deuda; o aceptar que su cuenta de resultados los empujase casi irremediablemente a la intervención del Banco de España, intervención que en última instancia sólo han podido evitar negociando su fusión con otras entidades. 

Aceptado el pago de su deuda con terrenos y viviendas Polaris World ha finalizado un buen negocio: terrenos de escaso valor han financiado sus proyectos inmobiliarios y generado enormes beneficios para sus promotores. 
 
La peor parte se la quedaban a priori las cajas de ahorros, que tarde o temprano tendrían que ajustar el valor de sus pasivos reconociendo el mal negocio de haber financiado a Polaris y haber aceptado el pago de su deuda en este formato; en este momento entra en juego el gobierno regional que se saca de la manga otro proyecto megalómano, en este caso la construcción de un gran parque temático bajo la marca de Paramount Pictures, que se construiría en Alhama de Murcia donde casualmente Caja Murcia, la CAM, Bancaja y el Banco Popular tienen más de cuatro millones de metros cuadrados de terreno aceptados como pago de la deuda de Polaris World. 
 
Lo curioso es que ni la empresa que daría nombre al parque, la Paramount (que cobraría por ceder su imagen de marca), ni el principal gestor de las futuras inversiones, Jesús Samper (imputado por delitos urbanísticos en la “operación Umbra”) están dispuestos a aportar capital al proyecto.

El gobierno regional ya ha gastado casi dos millones de euros en la intermediación necesaria para montar el espectáculo que podríamos llamar “Bienvenido Mr. Paramount”, ¿pagaremos entre todos el precio del suelo dónde se levantará, o no, el parque temático?

El PSPV se pregunta si hay que buscar "por paraísos fiscales los millones en paradero desconocido de los valencianos"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional del PSPV, Clara Tirado, se ha preguntado si "habrá que buscar por paraísos fiscales todos los millones de euros de los valencianos que nadie sabe donde están, como los 625 del Plan Confianza en paradero desconocido". En este sentido, ha lamentado que son muchos los sectores que a diario, "sin ninguna distinción, se ven afectados por una deuda pública sobre  la que la Generalitat insiste en no explicar ni su destino ni su objeto".

   La también diputada del grupo socialista en las Corts ha citado el informe policial que revela que la red Gürtel "blanqueó 12 millones de euros para inversiones de lujo en España", una situación que, según Tirado, "avergüenza a los ciudadanos de la Comunitat, que son los que viven el día a día de un gobierno que lleva a sus espaldas 1.300 millones de emisión de deuda pública, y un aumento del gasto financiero del 16 por ciento, nada menos que 73 millones de euros".
   Según ha señalado Tirado en un comunicado, "los amiguitos de un gobierno que ni siquiera es capaz de financiar sus propias campañas electorales nos sorprenden ahora con más yates, más pisos y más fincas en zonas de veraneo". Al respecto, ha manifestado que ya "nada puede extrañar de una trama, totalmente vinculada con Camps, tan hábil como para buscar salida a sus tejemanejes en paraísos desconocidos".
   "Mientras tanto --ha continuado--, en la Comunitat estamos soportando una caída de las inversiones que se da sin haber cambiado objetivos y prioridades". Así, ha lamentado que los valencianos  "seamos quienes sufrimos esta realidad, la de los impagos, la de la  crisis de los servicios públicos más básicos y la realidad que a diario sufren y padecen centenares y centenares de empresas".

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada', nuestro blog con las noticias más relevantes y trascendentes para todos de cara a afrontar, adaptarnos y superar la actual crisis, ante el riesgo de perecer en ella por falta de la adecuada y puntual información. Estas son las últimas seleccionadas por resultarnos las más interesantes:

El 80% de los abogados no creen que la Justicia tenga medios para investigar delitos económicos complejos

MADRID.- El 80% de los abogados creen que la Administración de Justicia no cuenta con los medios técnicos, humanos y materiales suficientes para investigar delitos económicos complejos, según el informe 'Sobre la modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios' realizado por Deloitte.

   El estudio, destaca que el 85% de los abogados encuestados cree que la crisis ha aumentado el volumen de litigios en España, sobre todo en lo que se refiere a lo Mercantil y Laboral, debido al mayor número de concursos de acreedores presentados los últimos dos años, además de haberse incrementado el número de despidos, tanto individuales como colectivos.
   Respecto al plan de modernización de la Justicia del Ministerio, el 64% de los encuestados está algo, bastante o totalmente de acuerdo con las nuevas bases del plan, entre las que se encuentran medidas como la nueva oficina judicial o el registro único informatizado, que además, son eficaces para el 90% de los abogados.
   Asimismo, entre las medidas del plan se incluye una mayor formación para secretarios, algo que el 70% de los abogados ha destacado que sería necesario ampliar a jueces y magistrados.
   Otra reforma, la del Código Penal, que dota de responsabilidad penal a las personas jurídicas, no parece convencer a más del 40% de los encuestados y solo un 5% se muestra satisfecho con dicha modificación.