lunes, 8 de noviembre de 2010

El fatuo de Valcárcel pretende ir ahora de 'líder mundial' en temas de agua


MURCIA.- El presidente de la Comunidad y vicepresidente primero del Comité de las Regiones (CdR), Ramón Luis Valcárcel, llevará a la Cumbre Mundial por el Agua de Marsella, que se celebrará en el año 2012, el dictamen sobre la gestión eficaz de este recurso en Europa y en la cuenca del Mediterráneo. 

   El jefe del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones hoy en Marsella durante la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) en la que se aprobó en Comisión el Informe que establece la 'Doctrina Valcárcel' sobre la gestión eficaz del agua, y que está basado no sólo en la calidad sino también en la cantidad disponible de este recurso.
   "El Informe ha sido muy bien acogido por los países de la cuenca del Mediterráneo", remarcó Valcárcel, quien añadió que "ahora queda esa andadura para que la Región de Murcia esté representando al ARLEM en la Cumbre Mundial por el Agua que se celebrará en Marsella en 2012".
   Durante su intervención, el presidente subrayó "la necesidad de que la Estrategia del Agua se desarrolle a través de un proceso estructurado y abierto que incluya a los gobiernos nacionales, regionales y locales", y agradeció la confianza depositada en él para la elaboración del Informe sobre Gestión Local en el que se aportan nuevas propuestas surgidas de la experiencia y el trabajo que se ha desarrollado en la Región de Murcia.
   Precisamente, el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y responsable del agua, Rafiq Husseini, felicitó al presidente murciano por el informe con el que, según indicó Valcárcel, "queremos transmitir un claro mensaje en lo que respecta a la gobernanza de UpM y la capacidad de las autoridades regionales y locales de abordar iniciativas como la de la Estrategia del Agua".
   Además, la Región de Murcia también llevará a la Cumbre Mundial del Agua un proyecto piloto sobre una eficiente gestión de este recurso, que elaborará conjuntamente con el Instituto Euromediterráneo del Agua, según anunció el director de este organismo, Hachmi Kennou, y cuyo objetivo es promover la sensibilización a diferentes escalas sobre el buen uso del agua.
   En este sentido, Valcárcel puso a la Región de Murcia como ejemplo de depuración, reutilización y buen uso de un recurso "porque nosotros vamos más allá de la propia normativa europea", según han informado fuentes del Ejecutivo regional.
   Una de las novedades que propone el presidente Valcárcel en este Informe es la creación de Comités de Consulta para canalizar la participación pública, asociando a autoridades locales y regionales, los diferentes grupos de usuarios, y administraciones centrales, siempre en estrecha coordinación con la UpM y la Unión Europea.
   El presidente resaltó que la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones "deben ser elementos indispensables", por lo que el objetivo de estos Comités de Consulta sería desarrollar un trabajo en común que dé origen a estrategias de gestión integrada, y, además "representarían una herramienta eficaz para identificar las necesidades específicas de los diferentes territorios".
   Destacó que los principios de subsidiariedad, coordinación, y de gobernanza multinivel "deben guiar la aplicación de la Estrategia", y que su desarrollo "se debe producir desde un enfoque integrado que debe comprender la gestión de la oferta y de la demanda, y atender tanto a aspectos cuantitativos como cualitativos de los recursos hídricos", remarcó el presidente.
   Según Valcárcel, para que se aplique adecuadamente este enfoque integrado "es necesario que los distintos planes se formulen al nivel de las demarcaciones hidrográficas", y aseguró que las autoridades locales "deben integrarse en todos los órganos de planificación y gestión de esas demarcaciones, con responsabilidades diferenciadas y bien definidas".
   Tras lo que subrayó que "a través de la ARLEM vamos a darle a la Estrategia del Agua un firme impulso para, por un lado, no perder el tiempo y aportar desde ya nuestra experiencia e ideas en este sentido, y, por otro, animar y apoyar su aprobación final por parte de la UpM", algo que se producirá el próximo mes de enero.
   La ARLEM es un proyecto común del CdR y de las colectividades territoriales de las tres orillas del Mediterráneo, así como de asociaciones internacionales y europeas que representan a las autoridades locales y regionales activas. Desde su puesta en marcha el pasado mes de enero, se han establecido contactos, el intercambio de las buenas prácticas entre las ciudades y las regiones, así como la promoción de la cooperación intercomunal e interregional.
   Consta de 84 miembros procedentes de la Unión Europea y de sus 16 socios mediterráneos. Todos son representantes de regiones o estructuras locales, y ejercen el más alto cargo al frente de una colectividad local o regional.
   Esta organización se rige por una copresidencia que representa del mismo modo a los socios mediterráneos y a los de la UE. El copresidente del grupo de los socios mediterráneos, actualmente Mohamed Boudra, es asimismo presidente de la región marroquí de Taza-Alhucemas-Taunat. El copresidente por parte de la UE es el Presidente en funciones del CDR, actualmente Mercedes Bresso, cargo que, a partir de 2012, ocupará Ramón Luis Valcárcel.
   El 29 de enero próximo, los miembros de la Asamblea regional y local Euromediterránea (ARLEM) se reunirán en sesión plenaria en un país del Sur del Mediterráneo, en Agadir (Marruecos), todo lo anterior según nota de prensa emitida esta tarde por el oneroso aparato de propaganda del Palacio de San Esteban, sufragado con dinero de todos los murcianos.

IU+LV Murcia dice que las operaciones urbanísticas para remodelar La Paz "tendrán efectos negativos sobre los vecinos"

MURCIA.- La concejala de IU+LV en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha advertido este lunes que las "operaciones urbanísticas realizadas hasta ahora para la remodelación del barrio de La Paz tendrán consecuencias muy negativas para los vecinos, como la subida del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los próximos meses".

   Al respecto, Herguedas ha indicado que el Ayuntamiento aplicará este incremento "tras la revisión del valor catastral de las viviendas en la parte correspondiente al valor del suelo y será de unos 50 euros más por vivienda al triplicarse la superficie edificable del sector debido a una modificación del planeamiento urbanístico municipal".
   "Este es un problema que ya están sufriendo muchos ciudadanos de Murcia, que han visto cómo el cambio de calificación de sus terrenos de rústicos a urbanizables ha supuesto un importante aumento de sus recibos de la contribución aunque sobre ellos no se ha realizado obra alguna", ha explicado la edil.
   Además, ha señalado que la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de La Paz "supedita a este proyecto cualquier actuación que se realice en el barrio, de forma que no se podrá dar licencia para otro tipo de obras como las de mantenimiento o reparación de los edificios existentes, lo que supone condenar a los vecinos al continuo deterioro".
   Por ello, Herguedas ha urgido a las administraciones local y regional a que "no se sigan amparando en un proyecto que saben que no se va a ejecutar para inhibirse de su responsabilidad", al tiempo que ha pedido al equipo de Gobierno de la localidad "una dosis de cordura" para que el proceso se reconduzca desde la iniciativa pública.

Productores de almendra critican que la reducción del 30% en los PGE a sus ayudas supone "un tiro en la nuca"

MURCIA.- Los productores de almendra de la Región de Murcia han advertido "unánimemente" que el Gobierno de España va a reducir un 30 por ciento las ayudas al sector previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 respecto a 2009, lo que representa un "tiro en la nuca" a las subvenciones que han recibido hasta ahora y que permiten la supervivencia de este cultivo.

   En concreto, estas ayudas ponen en peligro los 241 euros por hectárea que reciben anualmente desde 2004, hasta reducirlos "drásticamente", lo que supondrá que sean "inviables la inmensa mayoría" de las más de 10.000 explotaciones de almendro presentes actualmente en la Región y que suman 70.600 hectáreas, es decir, la superficie de cultivo más extensa de toda la Comunidad.
   Y es que, a partir del 1 de enero de 2012, los productores de frutos secos dejarán de recibir los 241 euros de ayuda en una sola partida, y pasarán a recibirlo de forma desglosada: una parte procedente de la Unión Europea, otra ayuda del Ministerio de Media Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), y una última parte de la Comunidad Autónoma.
   De momento, el sector sólo tiene garantizada y comprometida la recepción de los 160 euros que hasta ahora recibían de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, pero critican que la reducción de un 30 por ciento de los PGE pone en peligro el resto de la subvención, hasta los 241 euros, que debería correr a cargo del MARM y de la Comunidad a partes iguales.
   Así lo hicieron saber el conjunto del sector, representado por el presidente de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, el responsable del sector de COAG-IR, Tomás Paredes, el secretario de agricultura de COAG-IR, Pedro García, el secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, y el representante de la organización de productores de frutos sector Aeofruse, Arturo Belmonte, entre otros.
   El temor de los productores es que desconocen si la Comunidad Autónoma "va a quitar la parte correspondiente y proporcional a la que retira el Ministerio" de los PGE, aunque Alarcón criticó que la Comunidad Autónoma "no tiene por qué refugiarse en la decisión del MARM, y puede mantener el nivel de ayudas que ha mantenido los últimos años".
   Además, el representante de COAG advierte que si la UE ve que la Administración regional y nacional "no están dispuestas a apoyar un cultivo que se radica fundamentalmente en España, ellos también se van a desentender del problema". En este sentido, los representantes del sector no descartan ninguna medida para lograr que las administraciones regional y nacional "comprometan sus ayudas".
   Así, dirigen sus reivindicaciones directamente a la ministra del ramo, Rosa Aguilar, para que le dedique "tiempo a estudiar los presupuestos de su departamento y valore las consecuencias que puede tener en el conjunto de productores de almendra de la Región de Murcia y de España", señala Gálvez Caravaca.
   Asimismo, García se dirigió a la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, para que su responsable, Antonio Cerdá, "pueda influir en la sectorial, y se comprometa para que el sector no sufra este varapalo".
   Si los cálculos se realizan sobre las cuantías satisfechas por el pago de la ayuda las reducciones son "aún más relevantes", según el conjunto de los productores, quienes insistieron en señalar que esta disminución se lleva a cabo "cuando se atraviesa una mala situación, ya que los precios del sector de frutos secos han caído drásticamente en los últimos años, hasta un 58 por ciento entre 2005 y 2009".
   "Si a esto le sumamos la reducción de los PGE, el sector sufrirá un grave varapalo en esta campaña", según los productores.
   Los productores y agricultores también están pendientes de la puesta en marcha del denominado 'Artículo 68' que contempla la entrega de una ayuda de tipo agroambiental que "podría permitir la supervivencia de las explotaciones más desfavorecidas, la mayoría de ellas en la Región de Murcia".
   El Ministerio del ramo propuso esta ayuda el 19 de diciembre de 2004 en una reunión con los productores de frutos secos, pero esta subvención "aún está por desarrollar" porque el sector "no se pone de acuerdo, ya que cada zona tiene unas características, y se desconocen qué instrumentos quiere el Gobierno para su puesta en marcha".
   No obstante, los productores han presentado propuestas que "no ha sido tomada en valor por el MARM durante dos años seguidos, lo que supone perder 24 millones de euros que no sabemos si vamos a poder recuperar", denunció Paredes.
   No obstante, a juicio de COAG, el establecimiento de posibles ayudas específicas al sector a través del 'Artículo 68' tal y como se plantea en la aplicación del Chequeo Médico de la PAC para España, "no debe suponer justificación alguna para eliminar el complemento estatal y comunitario de la ayuda actual a la superficie en el sector".
   "Sobre todo, teniendo en cuenta la dificultad de la puesta en marcha de la citada ayuda del 'Artículo 68', por entrar en posibles conflictos con las ayudas agroambientales de las distintas comunidades autónomas y no cubrir más que una parte reducida de la superficie de frutos secos del Estado", destacaron.
   Específicamente, en los PGE para 2011 la partida destinada al Programa de mejora de frutos de cáscara y algarrobas se sitúa en 12 millones de euros, mientras que en 2010 se presupuestó en 16,3 millones de euros y en 2009 en 17,3 millones de euros. Es decir, en 2011 se reduce el presupuesto en un 26,4 por ciento respecto a 2010 y en un 30,6 por ciento respecto a 2009.
   Gálvez Caravaca, criticó que con la reducción de las ayudas previstas en los PGE, el Ministerio "estaría incumpliendo el acuerdo que firmó con el sector el 22 de diciembre de 2004 en la persona de la anterior ministra, Elena Espinosa".
   En virtud de este acuerdo, el Gobierno español que comprometía a conceder anualmente una ayuda a todas las explotaciones, que cubriera la mitad de la diferencia entre la cifra de 241,50 euros por hectárea y la ayuda comunitaria que correspondiera cada año.
   Además, el Ministerio también se comprometía a conceder un complemento a los agricultores profesionales titulares de explotaciones de frutos secos. El montante total máximo al que se comprometía a aportar el MARM era de 60,375 euros por hectárea.
   Gálvez Caravaca manifestó que el subsector "tiene una gran importancia desde el punto de vista socioeconómico y ambiental en la Región de Murcia". 
De hecho, Paredes señaló que el almendro "ocupa zonas en las que no se puede plantar ningún otro cultivo, y permite mantener la población en las pedanías y pueblos pequeños, las zonas más deprimidas, y lucha contra la desertización, entre otras cosas".
   Alarcón, subrayó que la ayuda que reciben los productores de frutos secos "está plenamente justificada y cumple con todas las exigencias. La función es la de permitir la continuidad de las ayudas en zonas desfavorecidas, es el cultivo más extenso de la Región de Murcia, y es una contribución a la lucha contra la desertificación, contra los incendios, y a las rentas de los productores".
   Belmonte resaltó que toda la producción de almendra "se consume" y España es el tercer país productor de España, a pesar de que "está siendo sobrepasada por California (Estados Unidos) y Australia".

Caixa Penedès, la nueva socia de Cajamurcia en Mare Nostrum, gana un 57% menos hasta septiembre

BARCELONA.- Caixa Penedès, la nueva socia de Cajamurcia en Mare Nostrum, ha obtenido un beneficio neto consolidado de 18 millones de euros hasta septiembre, un 57,31% menos que en el mismo periodo del año anterior, ha informado la caja de ahorros, que ha atribuido el descenso a la "política conservadora de provisiones".

   En este sentido, las dotaciones han sumado 180 millones, cifra prácticamente igual a la de los primeros nueve meses de 2009, ya que el aumento de la morosidad se ha compensado con la reducción de la cartera de inmuebles, han explicado fuentes de la entidad.
   La caja ha mantenido la inversión crediticia en 17.142 millones, y la morosidad se ha situado en el 5,4%, frente al 4,77% de hace un año.
   El ratio de solvencia total es del 14,53%, y todos los márgenes han caído, concretamente un 52,51% el de explotación, un 24,16% el de intereses y un 9,1% el margen bruto.
   La caja ha destacado que el SIP del que forma parte, Mare Nostrum, superó los test de estrés realizados a entidades financieras europeas, con un Tier 1 del 9,7% en el escenario esperado y del 7% en el más adverso, por encima del mínimo recomendado del 6%.

La patronal mantiene una red de asociaciones para captar ayudas

MADRID.- El acta de constitución de la CEOE, entregado el 29 de junio de 1977, ya iba firmada por 27 patronales (13 territoriales y el resto sectoriales). Al calor de las subvenciones para formación y tras más de tres décadas, las raíces se han bifurcado, subdividido y entrecruzado hasta perderse en unas 5.000 agrupaciones cuyo número exacto no conoce ni la propia CEOE, revela hoy 'Público'. 

Su división mantiene una estructura básica, la misma que las ayudas públicas para la formación: hay patronales sectoriales que funcionan a nivel nacional y patronales regionales. ¿A qué se dedican, qué estructura tienen, qué hacen sus 35.000 empleados? Desde el Gremio de Curtidores de Igualada a la gigantesca Confemetal, desde las que cuentan con una secretaria como única trabajadora a las que replican la estructura de una empresa mediana, todas negocian los convenios colectivos y gestionan los fondos de formación (entre otras subvenciones) que reciben. Luego, desde la labor de lobby de las más grandes, a la asesoría en materia laboral o fiscal a pymes, pasando por servicios conjuntos para los socios, como la depuradora común de los curtidores de Igualada, cada una defiende la relevancia de su función.
No hay duplicidades, aseguran todas las consultadas. Está plenamente justificado que Confemetal, por ejemplo, una de las agrupaciones más fuertes de la CEOE, esté formada a su vez por 15 asociaciones nacionales y 68 regionales. Y que dentro de estas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), por ejemplo, esté formada por otras nueve agrupaciones (Asociación Gallega de Industriales de Ferralla, Asociación Empresarial Gallega de Ascensores...) y la Confederación de Empresas de Albacete (FEDA), por otras 100. Y que dentro de las 83 patronales (15 nacionales y 68 regionales) reunidas en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se incluyan agrupaciones que, como Ancop (Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas), reúne a otras 12 patronales más 11 empresas con representación directa. Por cada autonomía existe otra patronal que reúne a tantas subpatronales como provincias, y estas se dividen por subsectores, municipios, etc.
Llegar a asociaciones que estén integradas por empresas (y no por otras asociaciones de menor tamaño) no siempre es fácil. Las excepciones pertenecen a sectores tan poderosos como el sector eléctrico (Unesa), la banca (AEB) y las cajas (CECA), la tecnología (Ametic), la distribución (Anged) o los fabricantes de automóviles (Anfac).
Los fondos estatales destinados a formación que adjudica la Fundación Tripartita a las patronales ascienden a 178 millones de euros. A través de las autonomías disponen de otra cantidad similar, aunque en este caso el reparto no es muy transparente.
Las subvenciones van desde los 20.000 euros al año para formación que recibe la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad (Apecs) a los más de 20 millones de euros que reciben las patronales de la Confederación Española del Comercio, el Metal y la Construcción.
La actividad ordinaria (al margen de la formación) de todas las patronales se nutre sobre todo de las cuotas de los socios, que también financian la sede o sedes que casi todas tienen en propiedad.
Apecs, por ejemplo, tiene sede propia a pesar de contar con una secretaria (con un sueldo de unos 15.000 euros al año) como única empleada. Las labores de asesoramiento a sus 90 asociados (todos empresas directamente) las tiene subcontratadas con una asesoría. Los cinco miembros de la junta directiva no cobran salario. Sólo les cubren las dietas, algo también común en las patronales, desde la junta de la CEOE hasta las más pequeñas. Apecs recibe entre 12.000 y 20.000 euros al año de fondos de formación, además de 100.000 euros del Plan Avanza de adaptación a nuevas tecnologías del Ministerio de Industria.
Muy diferente en tamaño es la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), que agrupa a 38 asociaciones, desde los talleres de reparación de automóviles (más de 400 empresas) a las empresas de muebles de oficina (8). Tiene empleadas a 14 personas (un abogado laboralista y otro mercantil y tres ingenieros técnicos que cobran una media de 30.000 euros al año, y el resto, administrativos con un sueldo de unos 15.000 euros). Con los profesores llegan a sumar 40 trabajadores. 
La sede es en propiedad, comprada hace 27 años, parte con las cuotas y parte con bonos vendidos a los socios. El volumen de subvenciones para formación ha sido este año de 800.000 euros. Femepa no sólo está en Confemetal, sino también en la Confederación Canaria de Empresarios.
La Federación Española de Hostelería (FEHR), sectorial que opera a nivel nacional y agrupa a otras 75 patronales, tiene 22 empleados con un sueldo medio de 30.000 euros. Doce de ellos trabajan en el departamento de formación, fin para el que recibe 7,7 millones. Además de al menos una asociación por provincia, la FEHR incluye agrupaciones de subsectores como Fehrcarem, que agrupa a 23 empresas (VIPS, McDonalds, Ikea, Arias, Ribs o Telepizza...).
Fehrcarem tiene cuatro empleados (un abogado, uno para marketing, uno para asuntos internacionales y el secretario general), con un sueldo medio de 25.000 euros al año. Comparte sede con la FEHR, y ha recibido cerca de 200.000 euros para formación este año y fondos del Plan Avanza. Además, cuenta con convenios con otros ministerios como el de Sanidad, que derivó en la salida de Burger King de Fehrcarem ante la amenaza de la entonces ministra de Sanidad y hoy vicepresidenta económica, Elena Salgado, de anular las ayudas si se seguía promocionando el consumo excesivo de comida.

El PP pagó 70.000 euros a Trillo por asesorar en la sombra a imputados del 'Yak-42' y 'Gürtel'

MADRID.- El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de "coordinación [de] defensas". Este bufete se dedica al "asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes; y organización de actividades y establecimiento de las relaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades de consultoría jurídica", y sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, revela hoy 'El País'.

Según algunas fuentes conocedoras de este pago, el concepto "coordinación [de] defensas" que figura en la factura 37/09 corresponde, en realidad, al asesoramiento a los militares acusados en el caso Yak-42, que se juzgó en la Audiencia en marzo de 2009. El PP lo niega. A pesar de los intentos de los abogados que representaban a familias de las víctimas, Trillo -ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía)- nunca fue citado a declarar, ni siquiera como testigo; entre otras razones porque el principal acusado, el general Navarro, ya fallecido, evitó responsabilizarle de la orden de repatriar a toda prisa los cuerpos de los 62 militares muertos en el accidente de mayo de 2003, lo que llevó a la identificación errónea de 30 cadáveres. La propia sentencia -que condenó a tres años de cárcel al general Navarro y a 18 meses a sus subordinados, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- subrayó que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Trillo porque no entraba en su competencia juzgar "la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".
Aunque no apareció por la sala del juicio, Trillo tuvo una activa participación entre bambalinas, entrevistándose no solo con el general Navarro sino incluso con algún destacado testigo en vísperas de que acudiera a declarar.
Un portavoz del PP ha reconocido a El País la autenticidad de la factura y el hecho de que su destinatario último es el despacho del responsable de Justicia e Interior del partido, pero ha negado que el pago esté vinculado a su intervención en el caso Yak-42. "Trillo ha tenido contactos y ha ayudado todo lo que ha podido a la gente del Yak-42", explicó dicho portavoz, en alusión a los tres militares que se sentaron en el banquillo, "pero siempre a título personal y no cargando al partido ninguna factura por esa labor", aseguró.
¿Qué servicios se recompensaban entonces? Según el mismo portavoz, la factura correspondería a la coordinación de defensas por otros asuntos en los que está inmerso el PP, como "el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel". Es poco probable que el pago correspondiera a la sentencia del Estatuto, que no se ha producido hasta el pasado julio y en la que no hay acusados ni, por tanto, defensas a las que coordinar. El estallido del caso Gürtel sí se produjo en 2009, pero en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el PP está personado como acusación, lo que resulta incompatible con la "coordinación [de las] defensas". Portavoces del PP tampoco pudieron precisar qué informe jurídico se había abonado al bufete de Federico Trillo y se limitaron a señalar que el partido "contrata con quien le parece oportuno y mejor". No todos en las filas populares son de la misma opinión. Federico Trillo no solo cobra su sueldo de diputado -incrementado con un plus por ser portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso-, sino que además percibe unos 4.000 euros netos mensuales como coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, lo que hace más incomprensible, según estas fuentes, que facture a través de su despacho, del que son administradores sus hijos, por trabajos de carácter privado.
En cualquier caso, Trillo intervino personalmente en varias maniobras para obstaculizar la investigación del caso Gürtel. Por ejemplo, intentó sin éxito desacreditar a José Tomás, el empleado de la tienda donde la trama corrupta compraba trajes para regarlos a dirigentes del PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El pago del PP a las defensas de los imputados de esta trama de corrupción no es, sin embargo, novedoso. Hasta abril pasado, el partido abonó la abultada minuta de Miguel Bajo, letrado del ex tesorero popular Luis Barcenas, a razón de 300 euros por hora de asistencia legal.

Los partidos salvarán de la quiebra a las concesionarias de las autopistas Alicante-Cartagena-Vera

MADRID.- Cinco años más de vida para las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid, con dinero público. Y eso a pesar de que los Presupuestos del Estado de 2011 obedecen a una idea fuerza: la austeridad. El Ministerio de Fomento y el de Economía han acordado ya dar solución a la desastrosa situación económica de las autopistas de peaje con escaso tráfico, según 'El País'. 

Fuentes parlamentarias dan por hecho que, como sucedió el pasado año, el rescate de las constructoras y concesionarias concitará una rara y práctica unanimidad de los partidos. La fórmula de rescate aún está en el aire, pero podría consistir en una cuenta de compensación -por el dinero que dejen de ingresar las concesionarias si las autopistas no alcanzan el tráfico previsto cuando se adjudicaron-, más créditos participativos por importe de hasta 250 millones de euros.
El acuerdo en el seno del Gobierno se refiere a la decisión de intervención estatal en sí y al modo de articular la ayuda a través de la citada cuenta de compensación, según las mismas fuentes. CiU ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado en ese sentido, que se mantiene para buscar una transaccional de cara a aprobar la medida en el Congreso el día 16. Hasta entonces, el Gobierno prevé mantener sigilo sobre los detalles del arreglo.
Las autopistas que se podrían beneficiar de esa cuenta serían en principio las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista del aeropuerto de Barajas, la de Madrid-Toledo, la Alicante-Cartagena, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En el accionariado de las concesionarias participan las empresas más importantes de la construcción y los servicios (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere).
La enmienda de CiU propone que cuando las autopistas no alcancen el 80% del tráfico previsto en la documentación sobre la que se basó la adjudicación (durante el gobierno del PP), el Estado pague la diferencia. CiU plantea en su texto que esa cuenta de compensación dure entre 10 y 20 años, pero según las fuentes consultadas, finalmente, se optará por un periodo menor: cinco años como máximo, mientras se espera a que escampe el diluvio de malas noticias económicas.
El principal escollo estriba en que según la enmienda de CiU, esa medida computaría como déficit público, de modo que se están aquilatando los mecanismos para que afecte lo menos posible. Incluso se apunta a que tenga un efecto neutro sobre las cuentas públicas, si bien nadie adelanta cómo. El grupo catalán postulaba que las concesionarias se apuntasen como ingreso la diferencia entre su facturación real y el 80% de la prevista cuando se adjudicó la autopista. Si el tráfico real supera el previsto, se apuntaría como menor ingreso la mitad de la diferencia. Cada cinco años se saldaría la cuenta, con intereses. Es decir, si se preveían 20.000 coches diarios y solo hay 10.000, el Estado paga por 6.000 coches hasta el 80% de lo previsto. Si pasan 30.000 vehículos diarios, la concesionaria pagará al Estado por 5.000.
Es improbable que se supere el tráfico previsto. Tanto que los bancos apremian a buscar una solución que dé viabilidad a las concesionarias, que suman una deuda de entre 4.000 y 5.000 millones. Las empresas aducen que el Estado tendría que asumir ese agujero si quiebran, ya que en último término es el dueño de las autopistas. Algunas son reacias a que el Estado asuma el rescate de las autopistas con un coste de unos cientos de millones en los próximos años como mal menor frente a la opción de nacionalizarlas.
Los detalles se cerrarán esta semana. Las cifras finales no serán las de CiU, que ha defendido la cuenta de compensación como "un buen mecanismo" de solución del problema, según el diputado Pere Macías. Ya en los Presupuestos de 2010 se introdujeron mecanismos de ayuda a las autopistas, fruto de una visión expansionista -cuando no especulativa- de las infraestructuras. Pero en forma de créditos participativos (200 millones) y por los sobreprecios que hubo que pagar por las expropiaciones de terrenos que, con la ley del Suelo del PP, pasaron de eventuales trigales a virtuales chalés adosados (al convertirse en urbanizables). El grupo socialista ya ha presentado una enmienda este año para aumentar hasta los 250 millones (en el proyecto inicial eran solo 135) esos créditos participativos.
El sector concesional, que presume de tener líderes mundiales, no se da por satisfecho con el dinero destinado a los créditos y está a la espera de comprobar si con la cuenta de compensación "se conseguirá refinanciar" a las empresas afectadas, en palabras del presidente de la Asociación de Concesionarias, José Luis Feito.