martes, 26 de octubre de 2010

España, a favor de medidas de apoyo al sector porcino frente a la crisis

LUXEMBURGO.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado la necesidad de adoptar medidas que den "seguridad" al sector porcino ante las dificultades del mercado, al tiempo que se mantienen las ya existentes para la gestión de los mercados.

   "Es importante mantener las medidas de gestión del mercado. La materia prima es esencial para el desarrollo del sector", ha dicho en rueda de prensa al término del primer consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE en el que participa desde que asumió el cargo.
   Durante la reunión, varios Estados miembros, entre ellos España, Francia, Polonia y Rumanía, han pedido a Bruselas más apoyo para el sector, afectado por la subida de los precios de cereales y piensos.
   En esta línea, la presidencia belga de la UE ha planteado a las delegaciones la celebración de una jornada dedicada a esta cuestión a finales de noviembre o principios de diciembre, una idea que ha sido bien recibida por España.
   Aguilar ha apoyado esta propuesta que interpreta como la apertura de un inicio de reflexión a nivel comunitario sobre el futuro del sector porcino, principal sector ganadero en España, con el objetivo de dotarle de más estabilidad ante situaciones de crisis.
   El porcino es un sector "estratégico" para España y por ello participará "activamente" en la jornada europea, ha recalcado la ministra, para avanzar "seriamente" hacia la adopción de medidas "que permitan dar seguridad al porcino".
   Por otra parte, la ministra española ha recordado que la Comisión Europea prevé presentar una comunicación sobre la política agraria común (PAC) el próximo 17 de noviembre, con ideas para su reforma.
   A este respecto, ha adelantado que tan pronto como se publique dicho informe, el Ministerio convocará "con prontitud y celeridad" a las Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias, con el objetivo de buscar el consenso para una futura PAC que garantice la "sostenibilidad, la competitividad y la eficacia" de la agricultura europea. Una agricultura que --ha dicho la ministra-- tiene que ser "verde".

El papa Benedicto XVI afirma que toda persona tiene derecho a emigrar

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI ha afirmado que toda persona tiene derecho a emigrar a la búsqueda de un futuro mejor y ha denunciado que muchos emigrantes sufren acciones "dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas". 

El Pontífice ha hecho estas manifestaciones en su mensaje con motivo de la 97 Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que se celebrará el 16 de enero de 2011, que presentó hoy en el Vaticano el arzobispo Antonio María Veglió, presidente del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes.
El lema de esta jornada es "Una sola familia humana" y en su mensaje, el Papa exhortó a los fieles a abrir sus corazones a los emigrantes, para que en el mundo se imponga la justicia y la caridad, "columnas para la construcción de una paz auténtica y duradera".
Tras referirse a las diferentes situaciones que obliga a las personas a emigrar, el Obispo de Roma precisó que los movimientos migratorios hay que verlos también dentro del fenómeno de la globalización, de la que dice que "no es sólo un proceso socioeconómico, sino que conlleva también a una humanidad cada vez más interrelacionada", que supera fronteras geográficas y culturales".
"La Iglesia no cesa de recordar que el sentido profundo de este proceso histórico (la globalización) y su criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su desarrollo en el bien. Por ello, todos, tanto emigrantes como las poblaciones que los acogen, forman parte de una sola familia y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuyo destino es universal", afirmó.
Benedicto XVI agregó en su mensaje que el bien común universal abarca toda la familia de los pueblos, por encima de cualquier egoísmo nacionalista.
"En ese contexto se debe considerar el derecho a emigrar. La Iglesia lo reconoce a todo hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida", subrayó.
Al mismo tiempo, precisó el Papa, los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de todo ser humano.
Los inmigrantes, prosiguió en su texto, tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional.
Se trata -subrayó- de conjugar la acogida que se debe a todos los seres humanos, en especial si son indigentes, con la consideración sobre las condiciones indispensables para una vida decorosa y pacífica, tanto para los habitantes originarios como para los nuevos llegado.
Benedicto XVI también se refirió en su mensaje a los refugiados y demás emigrantes forzados, para los que exigió el respeto de sus derechos, así como su seguridad y cohesión social.
"El mundo de los emigrantes es vasto y diversificado. Conoce experiencias maravillosas y prometedoras, y, lamentablemente, también muchas otras dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas", denunció el Papa.
Señaló que para la Iglesia, esta realidad evidencia aún más la vocación de la humanidad a formar una sola familia.
El Pontífice también se refirió a los estudiantes extranjeros e internacionales, de los que dijo que son parte de los futuros dirigentes de sus países y que constituyen puentes culturales y económicos entre estos países y los de acogida.
Gabriele Ferdinando Bentoglio, subsecretario del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes, que participó en la presentación se refirió al asunto de los refugiados de los que dijo que hay 15 millones, de ellos 10,4 millones están bajo el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).
Bentoglio dijo también que el número de personas evacuadas en sus propios países es de 27 millones.

Rosa Aguilar defiende el acuerdo agrícola Unión Europea-Marruecos

LUXEMBURGO.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha defendido que no hay "ningún motivo para decir que no" al acuerdo agrícola entre la UE-Marruecos que está pendiente de ratificación en la Eurocámara y ha acusado al Partido Popular de criticar el convenio para "crear incertidumbre" y obtener rédito electoral.

   "En lugar de trasladar la verdad del convenio, lo que se quiere es crear incertidumbre, generar confrontación política y sacar rentabilidad electoral", ha lamentado la ministra en rueda de prensa en Luxemburgo, al término del primer consejo de Agricultura y Pesca de la UE en el que participa.
   Aguilar respondía así a las críticas del líder de los 'populares' andaluces, Javier Arenas, que el lunes criticó en Bruselas al Gobierno central y a la Junta de Andalucía de descuidar los intereses de España y Andalucía ante la UE, especialmente por el acuerdo de asociación cerrado con Marruecos y su posible efecto en el sector del tomate.
   En concreto, el acuerdo incluye una ampliación del calendario y los cupos de entrada de producción de tomate marroquí al mercado comunitario, lo que ha sido fuertemente criticado por los agricultores españoles, especialmente de Andalucía y Murcia.
   Pero la ministra ha afirmado este martes que se trata de un acuerdo renovado sobre "las mismas bases y mismos fundamentos" que el acuerdo que existía anteriormente entre las partes y que Arenas, cuando era vicepresidente del Ejecutivo de José María Aznar, "dijo que no afectaba al sector del tomate ni al sector de las hortalizas en España, porque era un buen acuerdo".
   Aguilar ha abogado por "dejar" al Parlamento Europeo que se pronuncie sobre el pacto, pero ha insistido en pedir "responsabilidad" a la oposición porque "este tipo de acuerdo no se puede analizar desde la perspectiva partidaria y electoral, con la que generar incertidumbre".
   La ministra, además, ha querido dejar claro que el sector puede estar "plenamente tranquilo" y ha asegurado que no hay motivo "en ningún caso" para la incertidumbre ante este acuerdo. "Es malo para los agricultores cuando se busca usar políticamente un tema que es de importancia", ha censurado, para terminar calificando de "irresponsables" las críticas.

Marcelino Camacho se encuentra en estado grave pero no ha muerto

MADRID.-   Comisiones Obreras ha aclarado esta noche que el histórico dirigente y fundador del sindicato, Marcelino Camacho, de 92 años, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Madrid en estado grave pese a que el coordinador general de EUiA y diputado del Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, ha afirmado en un comunicado que había muerto.



El sindicato CC.OO. desmintió poco después que el histórico dirigente del sindicato hubiera fallecido, tal y como anunció esta noche ese otro comunicado anterior, según informó el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

Desde el sindicato, tras contactar con la familia de Camacho, se negó rotundamente este extremo, según la versión del propio hijo del histórico activista.

Posteriormente, la formación política EUiA ha lamentado haber anunciado través de un comunicado, remitido a todos los medios sobre las 22.00 horas, la "información errónea" del fallecimiento de Marcelino Camacho, histórico dirigente de CCOO.

   Una vez desmentida la información, la propia EUiA ha emitido un segundo comunicado a las 22.57 en el que lamentaba la confusión, que ha sido reproducida por la mayoría de ediciones digitales de los periódicos.

   "Lamentamos la nota de prensa anterior donde informábamos de la muerte del fundador de la Confederación Sindical de CCOO, Marcelino Camacho. Hemos recibido una información errónea donde se informaba de su muerte pero, actualmente, Camacho sigue ingresado en el hospital", ha afirmado el EUiA.

El fiscal implica en el 'caso Brugal' a Vicente Sala, ex presidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante

Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos, según recoge 'El País'.
El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.
Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.
El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.
El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.
La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.
Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución.
En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

Por su parte, el diario 'Levante' informa hoy que el alcance del caso Brugal trasciende a la alcaldesa de Alicante, a su antecesor Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz. El sumario, que contiene varios informes policiales, implica en el escándalo de presunta corrupción a un total de 21 personas. Entre ellas, al ex presidente de la CAM Vicente Sala, a la mujer de Ortiz, a directivos de Bancaja y de la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como a empleados y amigos del constructor y a un hermano de la alcaldesa de Alicante.

El jefe de la elaboración del Plan General también estaría implicado en la trama, según el acusador público. Además, otro de los que están salpicados por el caso Brugal es el hijo del anterior alcalde Luis Díaz Alperi.

­Informe de la Unidad de Blanqueo

La policía reclamó para poder hacer frente a la investigación los datos fiscales de 25 empresas a la Agencia Tributaria, muchas de ellas vinculadas a Enrique Ortiz. Entre estas firmas, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pidió a Hacienda los movimientos de ingresos y pagos de la firma Salvetti Abogados y Consultores SLP, creada por Javier Gutiérrez Miguélez —colaborador externo del equipo de redactor del PGOU de Alicante— y José Luís Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo.

La investigación apunta a que esta mercantil estaría colaborando de manera irregular con Enrique Ortiz para la obtención de beneficios por parte de éste en relación a las modificaciones en el citado plan.

Entre la relación de firmas figuran también tres mercantiles –Verass Operadores Publicitarios, Obras Profesionales Alicante y Mas Pcovein– vinculadas a uno de los hijos del ex alcalde Luís Díaz Alperi, sobre las cuales Ortiz habría aportado patrimonio, tanto para su constitución y contratación como, supuestamente, para la continuación de unas obras, según consta en uno de los informes policiales adjuntos.

Entre el listado también se citan varias empresas de Ortiz, entre ellas Enrique Ortiz e Hijos, principal mercantil de contratación de obra pública del grupo Cívica.

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales destaca que ha sido adjudicataria de carreteras y un tramo del TRAM de Alicante por parte de la Conselleria de Obras Públicas a cambio, según la Policía, de una aportación al Mar Alicante de Balonmano Femenino.

Un campeón de rallies medió entre Ortiz y la administración del PP

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pone de manifiesto diversas aportaciones de Ortiz a empresas de Miguel Ángel Fuster, campeón de España de Rallies, como contraprestación a su labor de intermediación entre el empresario alicantino y diferentes instancias de la administración autonómica.

Asimismo, «parecen registrarse», según cita el documento, «abonos al despacho de abogados en el que trabajaría el padre de Ricardo Costa» como contraprestación a supuestas gestiones llevadas a cabo por su hijo. También se pidió información sobre empresas de Ángel Fenoll y Rafael Gregory, así como del Hércules SAD.

Entre las firmas también destaca Cala Merced, filial de Ecisa y promotora de los pisos que presuntamente Ripoll adquirió como contraprestación a su presunta mediación en el Plan Zonal; o Tabarka Media y Canal 37 de Televisión, las empresas en las que, supuestamente, Ángel Fenoll inyectó dinero a instancias de Ripoll para compensar su presunto apoyo en el plan zonal de residuos.

IU-LV propone la creación de oficinas municipales para atender a afectados por embargos y desahucios

MURCIA.- Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV) de Murcia ha presentado al Pleno del próximo jueves, 28 de octubre, una moción por la que solicita al ayuntamiento que elabore junto a la Comunidad Autónoma un convenio para la creación de oficinas que atiendan a los afectados por embargos y desahucios.

   La concejala de la coalición de izquierdas en la capital, Esther Herguedas, ha indicado en rueda de prensa que en el municipio hay unas 1.600 personas que a consecuencia de la crisis se han quedado sin trabajo y no pueden hacer frente a su hipoteca, por lo que se ven obligadas a abandonar sus hogares.
   Según Herguedas, parte de estos afectados suscribieron préstamos con entidades bancarias en condiciones contractuales "abusivas", llegando a tener que pagar una mensualidad por la hipoteca de 800 euros cuando se encontraban en situación laboral de riesgo y cobraban unos mil euros al mes.
   A esto, ha añadido la edil, se suma la "mala" regulación del sistema bancario español, que obliga a mantener la deuda con el banco a los hipotecados tras haber sido desahuciados, y la rebaja de la tasación de las viviendas, que conlleva que los embargos no sirvan para suplir la deuda con la entidad financiera.
   "Las personas hipotecadas se han convertido en víctimas de un fraude hipotecario generalizado. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas en situación de riesgo, los que sobrevaloraron la tasación de la vivienda, inflando el precio y aumentando la deuda contraída".
   Herguedas ha acusado a las administraciones públicas de "no poner ninguna solución" al respecto, y de desarrollar una legislación "que sólo ha promovido el acceso a una vivienda en régimen de propiedad, lo que ha supuesto el sobreendeudamiento de las familias, abandonando otras alternativas como el alquiler".
   Por ello, ha solicitado al consistorio murciano que cree oficinas de asesoramiento jurídico a los afectados sobre las condiciones de sus hipotecas, que haga la tarea de mediación con las entidades prestatarias para buscar soluciones y la evaluación de sus necesidades sociales.
   Por otro lado, María Jesús Martín, colaborada de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca creada en la pedanía de El Palmar, ha puesto de relieve la inexistencia de ayudas para desahuciados y ha destacado que muchos de los afectados son inmigrantes sin familiares a los que acudir en estos casos.
   Otro de los perjudicados, Jon Taibo, padre de cuatro hijos, ha hecho hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas se impliquen para solucionar la "difícil" situación por la que pasan las personas que se ven obligadas a abandonar sus viviendas tras quedarse en paro por la crisis.

Ecologistas propone una red de acceso a Internet por cable frente a la opción del wifi

MURCIA.- Ecologistas en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Murcia con la propuesta de la creación de una red municipal de acceso a Internet por cable (coaxial o de fibra óptica).

   Y es que, a su juicio, "supone una ventaja comparativa respecto a los sistemas wifi, por ser técnicamente más segura, desarrollar una mayor velocidad de transmisión de datos, no tener caídas ni pérdidas de señal, no tener interferencias de otras redes inalámbricas, y no exponer innecesariamente a la población del municipio a Campos Electromagnéticos (CEM) de microondas pulsantes de una manera residencial y continua, que puedan suponer un riesgo para la salud pública".
   La organización ha valorado así negativamente la instalación de antenas emisoras/receptoras de wifi en semáforos y farolas del casco urbano y de algunas pedanias, puesto que, señalan, "suponen un aumento de la Contaminación Electromagnética en los edificios cercanos a estas antenas".
   El sistema wifi, frente a la opción más segura de acceso a Internet por cable, "contribuye al aumento de la electropolución que se suma a la contaminación electromagnética existente por la proliferación desordenada, descontrolada y caótica de las antenas-estaciones base de telefonía móvil GSM, DCS y UMTS", añaden las mismas fuentes en nota de prensa.
   La organización ecologista cita las recomendaciones de Conferencias internacionales de investigadores sobre campos electromagnéticos, como la Benevento (Italia) que en su resolución proponen: Promover las alternativas a los sistemas de comunicación sin hilos, por ejemplo el uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales.
   Y recuerda que en septiembre de 2007, la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) señala que es necesario cuestionar los límites de exposición actuales a los CEM, incluidos los emitidos por los sistemas Wifi, de acuerdo con el Grupo de Trabajo BioInitiative.
   Así como que, en abril de 2009, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que insta a la Comisión Europea a reconocer la, cada vez mayor, preocupación pública y científica sobre los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos, señalando "que la tecnología de los dispositivos inalámbricos (teléfono móvil, Wifi-Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija 'DECT') emite CEM que pueden producir efectos adversos para la salud humana".
   Ecologistas en Acción ha propuesto así, frente al sistema inalámbrico wifi, el establecimiento de una red municipal de acceso a Internet por cable, cuyas ventajas comparativas son mayores que los sistemas de acceso inalámbricos "porque permite una velocidad mayor de acceso a Internet, aumentan la capacidad de transmisión e intercambios de datos, no tiene caídas e interferencias de la señal y, sobre todo, no exponen innecesariamente a la ciudadanía de Murcia a campos electromagnéticos de microondas pulsantes de una manera residencial y continua".

El Vaticano devuelve a la Diócesis de Cartagena las competencias de vigilancia de la identidad católica de la UCAM

MURCIA.- La Secretaría de Estado del Vaticano ha devuelto a la Diócesis de Cartagena las competencias en lo que respecta a la vigilancia y custodia de la identidad católica de la UCAM; atribuciones éstas que con anterioridad se confiaron al Nuncio en España, Manuel Monteiro de Castro, como consecuencia de la "controversia" surgida entre el anterior obispo, Juan Antonio Reig Pla, y el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza.

   En concreto, estas desavenencias se habrían producido por "la titularidad y la propiedad de dicha fundación", según ha explicado el presidente de esta institución académica, quien ha dejado claro que desde el momento en que la Fundación creó la mencionada universidad al amparo de los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano, erigida según el artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae que concede esa potestad a un fiel laico, se tuvo conocimiento de que tanto la titularidad como la propiedad "pertenecen a la Fundación".
   Por contra, Mendoza ha recordado que el anterior obispo "puso en tela de juicio que la titularidad fuera de la Fundación al pensar que correspondía a la Diócesis", al tiempo que también Reig Pla mostró su preocupación "por la posible responsabilidad subsidiaria que podría tener la Diócesis en caso de quiebra de la universidad".
   Sin embargo, ha recalcado Mendoza, "resulta que la Diócesis no es la propietaria, sino que es desde el primer momento de quien crea la universidad, la Fundación San Antonio", presidida por esta misma persona.
   Esta noticia ha sido comunicada al obispo Lorca Planes por carta, fechada el 10 de agosto de este año aunque remitida en septiembre, del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarsicio Bertone, que en nombre del Papa, atribuye la normativa canónica al obispo diocesano relativa a que vigile que se imparte la catolicidad en esta institución docente.
   No obstante, tanto antes como ahora la Diócesis de Cartagena sigue quedando excluida de cualquier responsabilidad civil, directa o subsidiaria, sobre esta universidad en caso de descalabro económico.
   Esta decisión del Vaticano viene motivada, según se expone en esta carta de la que ha dado conocimiento Mendoza, por el hecho de que el nuevo obispo, José Manuel Lorca Planes "ha favorecido el sereno curso de la universidad y puesto al día el convenio de colaboración del 13 de junio de 1998 firmado con el obispo".
   Según la Santa Sede, con Lorca Planes "ha vuelto la normalidad total a la Diócesis", y aunque entiende que entre la Fundación San Antonio y el Obispado siempre han existido "buenas relaciones", con la llegada del nuevo obispo "ha desaparecido toda polémica".
   Desde la UCAM, su presidente ha mostrado la satisfacción por la decisión del Vaticano, "al suponer una alegría muy grande".
"El tema está aclarado y cerrado", ha concluido.
Por otra parte, el ex-presidente del Gobierno y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, será investido Doctor Honoris Causa por la UCAM el próximo 11 de noviembre con motivo del Acto de Apertura del Curso Académico de esta institución, según han informado fuentes de la institución docente en un comunicado.
   De este modo, Aznar pronunciará la lección inaugural que lleva por título 'Discurso sobre la nación española'. Además, el nuevo Doctor será apadrinado por el ex-rector de la Universidad Católica, Antonio Montoro.
   Momentos antes de comenzar el acto académico, se celebrará la Eucaristía que estará presidida por el prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Antonio Cañizares, y concelebrada por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El 6,12% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Murcia son autónomos

MURCIA.- El 6,12 por ciento de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Murcia son autónomos, según la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (Conae).

   En concreto, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración referidos a la afiliación media de ciudadanos extranjeros en el Régimen Especial de la Seguridad Social del mes de septiembre de 2010, la Región de Murcia registró un total de 5.130 autónomos afiliados al RETA, tres menos que el pasado mes de agosto.
   Por sectores, comercio (31,59%), construcción (13,55%) y Hostelería (22,79%) registran los mayores datos de afiliados extranjeros al RETA de la Seguridad Social.
   Por procedencias, un total de 2.234 autónomos extranjeros son de países de la Unión Europea (sobre todo de, Reino Unido, con 868; Rumanía, con 302 y Francia, con 208) y un total de 2.896 proceden de países no pertenecientes de la UE (destacando China, con 825; Ecuador, con 406, y Marruecos, con 626).
   Salvador García Torrico, presidente de la Confederación Nacional de Autónomos (Conae) explica que, "a pesar de que a nivel nacional se arrojen cifras positivas, con un aumento de 496 autónomos extranjeros más que hace un mes, a nivel regional los incrementos son mínimos y muchos siguen sufriendo bajas".

Tres detenidos por emplear irregularmente a 40 inmigrantes en Murcia a los que pagaban 20 euros por jornada

MURCIA.- Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, han detenido a tres ciudadanos españoles como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores.

   Estas detenciones son consecuencia de las labores de investigación de la referida Brigada, encaminadas a la protección de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros, según han informado fuentes policiales.
   Así, en fechas recientes se pudo comprobar que una empresa del sector agrícola de la Región de Murcia se encontraba empleando personas extranjeras, la mayoría de ellas en situación de estancia irregular en nuestro país, trasladándolas a fincas agrícolas de nuestra región o provincias limítrofes para trabajar en las mismas, sin ningún tipo de contrato o protección laboral, con salarios ínfimos o muy por debajo del convenio que regula este tipo de actividades
   Una vez realizadas las gestiones necesarias, el pasado 19 de octubre, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Murcia, se llevó a cabo una inspección en la citada finca, situada en el término municipal de Alhama de Murcia, donde se identificó a 45 personas, de las cuales 40 carecían de permiso de residencia y trabajo, encontrándose por tanto en situación de estancia irregular en España.  
   De estos, 32 son nacionales de Paraguay, uno de Bolivia, otro de Burkina Faso, dos de Guinea Conakry, uno de Nicaragüa, uno  de Guatemala, uno de El Salvador y otro de Costa de Marfil. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales como detenidos por infracción a la ley de extranjería y al objeto de incoar los correspondientes  expedientes de expulsión.
   La inspección permitió comprobar que las personas que trabajaban en la explotación agrícola investigada carecían de contratos de trabajo y de cualquier tipo de protección social, lo que se aprovechaba para remunerarles con cantidades muy inferiores a las estipuladas en los convenios del sector.
   Las remuneraciones recibidas por los trabajadores de la empresa que se encontraban en esta situación de precariedad, se han estimado en una media de 20 euros por una jornada de trabajo de ocho horas.
   Por todo lo anterior, el pasado día 21 de octubre, se procedió a la detención del gerente de la citada empresa y de dos trabajadores de la misma, encargados de la captación de los trabajadores entre colectivos de inmigrantes en situación administrativa irregular. A todos ellos se les imputan delitos contra el derecho de los trabajadores.

La CEOE confirma la candidatura del murciano Banegas para presidir la patronal

MADRID.- El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, ha confirmado que "hay formalmente dos candidatos" que optan a la Presidencia de la CEOE, el presidente de Fomento del Trabajo, Joan Rosell, y el presidente de Aetic, Jesús Banegas, y dejó la puerta abierta a que también presente su candidatura Santiago Herrero, el presidente de la patronal andaluza. 

   En rueda de prensa para presentar sendos documentos de análisis de la CEOE sobre la reforma de las pensiones y de los Presupuestos de 2011, Lacasa ha matizado que la candidatura de Rosell ha sido "formalmente" presentada, si bien dio por "anunciada hoy" la de Banegas, después de que en declaraciones a Europa Press, así lo haya insinuado.
   Además, ha indicado que hasta que se cierre el plazo para presentar nuevas candidaturas, el próximo 14 de diciembre, "habrá otras más", empezando por la de Herrero, "ya que lo órganos de gobierno de su organización así los han manifestado", ha añadido.
   A la espera de que esta candidatura también sea oficial, Lacasa ha recordado que la CEOE celebrará una nueva Junta Directiva el próximo 3 de noviembre, en la que se cerrará la composición de la Asamblea General, la Electoral y las demás juntas directivas.
   "Yo no voy a ser miembro de la Asamblea General, por lo que yo no juego en esa carrera", ha asegurado el secretario general de la patronal al ser preguntado por si piensa presentarse a las elecciones del 21 de diciembre.
    Según ha argumentado, en toda organización empresarial debe haber una serie de personas que encarguen la línea representativa, las que marcan las estrategia de la organización, y otras, entre las que se encuadró, encargadas de ejecutar y "llevar a buen puerto" la decisión de los órganos de gobierno, entre otras funciones. "No es bueno que una línea invada otra línea ni viceversa", ha sentenciado.

COMFIA-CCOO pide mayor transparencia en torno a los reajustes en las cajas integradas en el SIP con CAM

ALICANTE.- El secretario general de COMFIA CCOO, José María Martínez, ha reclamado una "mayor transparencia" en torno al proceso de reestructuración previsto en la entidades integradas en SIP de Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, y que los reajustes sean voluntarios para los 2.000 trabajadores que tendrán que salir de la plantilla.

   En un encuentro informativo ofrecido este martes en Alicante, coincidiendo con la reunión que mantiene en Madrid la mesa única laboral con la dirección del grupo, José María Martínez ha hecho hincapié en que "lo fundamental" es que "el ajuste de plantilla sea un proceso negociado y no traumático".
   "Lo básico para CCOO es que las personas tengan las mejores condiciones y que sea voluntario", ha remarcado, al tiempo que ha apostado por que las "restricciones se produzcan mediante un acuerdo intergeneracional, con una salida digna para los trabajadores de mayor edad".
   Así mismo, ha reclamado que la dirección sea "absolutamente transparente" y determine la dimensión de la reestructuración que pretende abordar, y que afectará a 2.000 de los 14.000 trabajadores que conforman la plantilla de las cajas integradas en el SIP --sin contar a las empresas de los grupos--.
   Por otra parte, interrogado sobre la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional por CGT-CAM contra la mesa única, por la que este miércoles se celebrará el juicio, José María Martínez ha considerado que con esta medida "las secciones sindicales que rechazan la mesa no quieren atender la propia realidad".
   En su opinión, este miércoles cabe esperar que la Audiencia Nacional les comunique que "su demanda no tiene posibilidades de prosperar e intente obligarles a una conciliación, o entrar a juzgarlo, y que la sentencia salga en uno o dos meses".

La apertura de muchas investigaciones para depurar responsabilidades estanca la corrupción urbanística

MADRID.- La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, después de cinco años de incremento, debido a la menor inversión inmobiliaria por el pinchazo de la burbuja urbanística y a la apertura de numerosas investigaciones para depurar responsabilidades en ese sector. 

Esta es la conclusión que se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional (TI), que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, España ha mantenido este año la nota cosechada en el ejercicio anterior (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". 

Lizcano destaca en el Mapa Mundial de Corrupción, que los países que aparecen en rojo son los más corruptos pero que a tal corrupción contribuyen las empresas de países desarrollados, que aparecen en amarillo y con menor índice de corrupción. TI lleva a cabo también un índice de trasparencia en los ayuntamientos y está cerrando otro sobre las comunidades autónomas.

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también ha explicado que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. 

"Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes, había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", ha dicho Villoria, que ha añadido que en la actualidad la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios.

Villoría ha citado la percepción del Eurobarómetro de la Unión Europea de 2009: el 75% creía que en su país había corrupción: en España se elevaba al 89% el porcentaje, porcentaje similar al de quienes consideraban que hay corrupción en los ayuntamientos. 

"Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabiliza 750 investigaciones con políticos implicados; 1.000 personas implicadas y más de 3.000 millones de euros incautados en casos en casos de corrupción", anotó Villoria va a tomar parte en una investigación que financia la Unión Europea para evaluar la calidad de la democracia en 27 países: empezarán por analizar los medios de comunicación.

En la presentación del índice, el jurista Antonio Garrigues Walker ha denunciado que España no tiene en cuenta la importancia de este y otros índices, como el de la innovación, a pesar de que hay herramientas para que los inversores decidan si apostar o no por un país.

Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.

"Espero fervientemente que nos encontremos en un punto de inflexión" ha dicho el máximo responsable de Transparencia Internacional en España, que ultima un estudio sobre la corrupción en las Comunidades Autónomas. Los miembros de la organización también han confiado en que se mejore la inversión en personal especializado en la lucha contra la corrupción porque esas actuaciones siempre "dan resultados".

A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente la clasificación que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur. Por regiones, en Europa suspenden ocho de 22 países mientras que en Asia Central y Europa del Este, suspenden todos.

El profesor Jesús Sánchez-Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de TI, ha recordado que España viene descendiendo en su puntuación desde 2004. "Que sólo mantenga su puntuación y se sitúe en el puesto 30 de un total de 179 países es insuficiente al tratarse de la octava potencia mundial y ser la corrupción una de las mayores lacras mundiales". 

A su juicio, países como Islandia, Estados Unidos y Suecia desciendan posiciones arrastrados por impacto de la crisis y el comportamiento de los sistemas financieros, especialmente por la presencia de activos tóxicos procedentes del mundo inmobiliario.

En el lado contrario, suben posiciones Haití, Singapur y Chile. En el primer caso, por la presencia internacional y en los otros dos "por sus destacados esfuerzos en la lucha contra la corrupción". 

El país americano, rodeado de algunos de los más corruptos del mundo, ha incorporado a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; una medida que también incorporará la reforma del Código Penal español que llega a contemplar la liquidación de la empresa implicada en procesos de corrupción. 

"Si bien requiere reforma procesal para que se aplique y no dará frutos en la lucha contra la corrupción hasta dentro de seis o siete años", según Sánchez-Lambás.

Los empresarios piden que los nuevos funcionarios tengan "remuneraciones variables"

SANTANDER.- El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, ha reclamado que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan remuneraciones variables y una estabilidad laboral similar a la de los trabajadores de la empresa privada. 

   Andic ha apostado por "una retribución variable y una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la empresa privada, de cara a las nuevas incorporaciones porque se entiende que los derechos adquiridos no se pueden tocar", aclaró anoche en el marco del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
   El presidente de Mango, que sustituye a Simón Pedro Barceló tras dos años en el cargo, ha matizado que las remuneraciones de los empleados públicos deben ser "variables para ganar eficacia y rentabilidad" en la administración pública.
   Andic ha adelantado algunos de los objetivos de su programa al frente del IEF y ha solicitado una mayor flexibilidad laboral, la reducción de las cotizaciones sociales, mejorar el marco fiscal para facilitar la exportaciones de las empresas españolas al extranjero y ayudas fiscales a la contratación de los jóvenes para que estén dos años exentos de cotizar a la seguridad social.
   Además, el presidente de IEF ha pedido al Gobierno que aumente el gasto destinado a educación y formación profesional para preparar a los jóvenes y luchar para que el abandono escolar baje del actual 30%. Andic también ha destacado la importancia de fomentar el inglés entre los jóvenes como sucede en países como Francia y Alemania.
   Por último, Andic ha pedido al Gobierno que lleve a cabo "sin dilación" todas las promesas económicas que "tenía hechas" y ha alabado el reciente cambio del Ejecutivo porque "da confianza".
   En este sentido, el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Fernando Casado, ha añadido que el Gobierno "tiene que adelantar las reformas, decir cómo van a desarrollarse" para "dar confianza a las entidades financieras extranjeras porque la necesidad de España está en la financiación".