lunes, 27 de septiembre de 2010

Diego de Ramón justifica la ubicación del Cristo de Monteagudo en el propio devenir de la Historia de España


MURCIA.- La ubicación de un Cristo superpuesto al castillo fortaleza-árabe de Monteagudo, en Murcia, no representa ningún tipo de confesionalidad impuesta desde un trasfondo político de derechas ni de izquierdas, sino que corresponde a un actio ex consuetudine derivado de un uso que hunde sus raíces desde 1492, con la presencia de los Reyes Católicos como bastión conformante de la unidad territorial y cultural que configura hasta nuestros día la nación española, según las alegaciones presentadas por el letrado Diego de Ramón a las pretensiones de la Asociación Preeminencia del Derecho sobre la ubicación del Cristo de Monteagudo.

A juicio de este letrado, "la cruz, ya sea representada como tal o en la figura de un Cristo con los brazos extendidos implica una representación iconográfica que se halla presente en los cinco continentes y se ha convertido además en símbolo representativo de los lugares en los que se halla ubicada. Ello de tal modo que la población entera y en muchos casos el país se identifica con la imagen del Cristo, al que se le otorga un carácter icónico alejado de cualquier credo o pensamiento político. De hecho su presencia se extiende en países en los que confluyen distintos credos religiosos, en muchos casos de mayoría musulmana, como el Líbano, o no confesionales como Brasil y Cuba". 

En este sentido la estatua del Cristo de Monteagudo "se identifica con el Cristo Redentor con los brazos abiertos El Cristo de la Habana, El Cristo de la Concordia que domina Río de Janeiro desde lo más alto del cerro Corcovado en Brasil, en lo que respecta a su contribución iconográfica al lugar geográfico donde se halla ubicado. El de Brasil, dominando la ciudad de Río de Janeiro y el de Murcia, sobre el paisaje de la huerta y la Vega baja". 

"Es loable el que cualquier ciudadano nacional, pueda pedir como derecho humano -incluido dentro del ejercicio libre del pensar y sentir de un individuo- al propio Estado, como titular de ese bien, el que se quite dicha estatua", dice De Ramón en su escrito de alegaciones presentado este mes.

"Pero el Estado, que representa a casi 45 millones de españoles, de 17 comunidades autónomas diferentes, y de una población inmigrante incipiente, es susceptible de adoptar un criterio legal y legitimador desde el punto de vista colectivo mayoritario, en las ideas, pensamientos y creencias religiosas, para no seccionar de forma indiferente , sin mirar a los colectivos mayoritarios, al establecer una resolución en contra de la Ley y de su interpretación legal".



Dicha estatua, fue puesta en octubre del año 1926, antes que la aprobación de nuestra Constitución Española vigente, y de nuestra incorporación a la Unión Europea en 1986, "así pues los derechos son anteriores a lo mandado constitucionalmente", aparte de que "nadie ha presentado ninguna petición en tal sentido, hasta ahora", recuerda Diego de Ramón en su escrito, donde añade que se valora aquí un símbolo religioso "que en el arranque de nuestro Estado moderno unificado de los Reyes Católicos se defendió como instrumento de unidad, en la creencia,  tradición y visión de modo de actuar día a día".


Más adelante, el letrado aclara el extremo de que, en Octubre de 1951, se ordenó construir un nuevo Cristo por parte del Estado. 

"No es cierto, fueron colectivos de ciudadanos, en esa época y en la actual, con unas creencias, los que legitimaron ese levantamiento. Hacemos interpretación de que existía un Decreto de 22 de abril del año 1949 sobre protección de castillos, pero se ha de indicar, que en esa época no pertenecía a ningún ente público o del Estado porque era propiedad privada. Se puede saber que pertenecía al Marqués de Espinardo, y recordar que no se encontraba declarado de B.I.C."   

Por tanto, concluye aquí De Ramón, " la estatua no es propiedad del Estado, ni de los Marqueses de Espinardo anteriormente, sino de propiedad privada comunal, ya que fue realizada mediante suscripción popular".

Pero añade, incluso, que "aunque, no se recoja la estatua en el documento, es obvio que pertenece como un bien comunal, al ser realizada mediante suscripción popular de la ciudadanía murciana, con independencia de quien gobernase, y por la prescripción adquisitiva, es patrimonio del colectivo murciano, totalmente definido como instituto jurídico de adquisiciones de bienes al haber transcurrido más de treinta años" en un lugar que el letrado califica de 'consolidación religiosa'.

Item más, argumenta el letrado que, "a día de hoy, la construcción monumental de la cruz como símbolo común entre los pueblos y habitantes de distinta confesión, que conviven en una mismo territorio, es un hecho común que continúa efectuándose en la actualidad con objetos estructurales de dimensiones colosales que identifican su carácter simbólico porque aúna culturas y credos". 

Y otro ejemplo a considerar, a su juicio, es que "desde donde comienza históricamente la cultura de la civilización, geográficamente el extremo más occidental de Europa, en el Cabo da Roca (no se habla de religión), se encuentra la cruz blanca, que simboliza el comienzo del territorio de esa cultura". 

En la última parte de sus alegaciones, De Ramón las fundamenta, a modo de resumen, en que el Cristo de Monteagudo:

1.-No daña ni transgrede el art. 16.3 de la Constitución Española,

2.-Se ha consolidado la adquisición de la estatua objeto de esta litis de un bien comunal de todos los murcianos, por haber sido suscrita con aportaciones populares de donativos, por haber transcurrido más de treinta años, y aquí es donde debería dar permiso o autorización dicha sociedad civil murciana. 


ES MAS SE ENCUENTRA CONSOLIDADO EL USO INDEFINIDO DE SU POSICION O LUGAR AL HABERLO CONSENTIDO LA PROPIEDAD PRIVADA CUANDO SE LEVANTÓ DICHA ESTATUA, y por tanto el Estado la adquirió CON ESA CARGA O GRAVAMEN REAL.

3.-El espacio público fue anteriormente propiedad privada de los marqueses de Espinardo, y solo cuando se pasó en el año 2006 al Estado, adquirió el bien (ruinas del castillo, no la estatua) esa condición.

4.-Fue levantado antes que se aprobase la Constitución de 1978 en España, y antes que se incorpora el Estado Español a la Unión Europea en 1986.



En cuanto a la jurisprudencia, De Ramón se remite a la propia dada por la parte demandante, porque "la referenciada en la dada por el Constitucional, en nada desvirtúa lo antedicho por esta parte".

La Consejería de Sotoca pisotea ahora el derecho de los profesores interinos a una mejor plaza

MURCIA.- El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) señala en nota de prensa que la incorporación de los últimos docentes interinos a sus respectivos centros de trabajo se está realizando de manera "lenta" y creando "situaciones injustas" para el personal interino de la Consejería de Educación, que detenta el subinspector manchego Constantino Sotoca. 


   Y es que, explican, en el segundo acto ordinario de adjudicación de este curso, que se celebra este lunes, 27 de septiembre, se han convocado 213 plazas vacantes para todos los cuerpos de la enseñanza pública no universitaria. En total, 213 puestos docentes sin cubrir desde el inicio de las clases; 113 plazas son vacantes de plantilla (cuya duración llega hasta el 31 de agosto de 2011) a jornada completa. 

   Al ser publicadas ahora, señalan, muchos interinos situados a la cabeza de sus respectivas listas y que participaron obligatoriamente en actos anteriores (adjudicación en julio, readjudicación a primeros de septiembre) tuvieron opción a plazas en peores condiciones (vacantes de plantilla a jornada parcial, vacantes de sustitución, localidades lejanas, plazas itinerantes) que quienes hoy van a disfrutar de plazas sustancialmente mejores a pesar de estar situados muy por detrás en el orden de lista. 

   Algún docente que optó por una plaza parcial o sustitución en su centro como única posibilidad ve llegar ahora a otro interino con plaza completa.

   Algunas de esas 213 plazas pueden ser fruto de ampliaciones de plantilla de última hora debido a plazos de matrícula más prolongados (FP, EOI). Sin embargo, muchas son resultado de una elaboración y ajuste tardíos de los cupos de plantilla de los centros. 

   Otras, añaden, son conocidas con suficiente antelación por los responsables de la Consejería de Educación, como el caso de las plazas que surgen al cumplir su titular alguna función externa a la docencia como alto cargo de la administración, político, asesor, función sindical. Así, en esta última adjudicación se convocan las plazas de algún responsable municipal, director general de la Comunidad autónoma o presidente de Consejo.

   A juicio del sindicato, "es evidente la indignación entre los docentes interinos afectados por esta irregularidad que se hace muy palpable por segundo año consecutivo y elimina por la vía de los hechos el orden de preferencia establecido en las listas de interinos". 

   Por no hablar, destacan, "del desgaste de algunos equipos directivos reclamando personal docente para sus centros durante semanas o del esfuerzo sobrehumano del escaso personal de administración de la Consejería por atender la sobrecarga de trabajo".

   La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia este hecho "que altera los derechos de elección de plazas de muchos docentes, recogidos en el Acuerdo de Interinos", y reclama al consejero de Educación, Constantino Sotoca, que "intervenga de manera decidida para que no se repita en el próximo inicio de curso".

El cartagenero que sabía corromper

MADRID.- Una calle de Marbella. El policía municipal ordena detener el vehículo, cuyo conductor ha realizado una maniobra prohibida. La multa correspondiente se paga con fondos reservados del Ministerio del Interior unos días después. El coche es de alquiler para no levantar sospechas. El infractor es un policía nacional que evita identificarse como tal. Nunca se habían extremado tanto las precauciones para investigar a un hombre y su círculo de intereses. Ni siquiera las más altas autoridades policiales de Málaga están al tanto de lo que se está cociendo: agentes llegados desde Madrid, que viven en pisos francos y evitan pisar una comisaría, vigilan cada movimiento de un empleado municipal de Marbella llamado Juan Antonio Roca. Lo cuenta 'El País'.

Roca no es un asalariado cualquiera. Ni siquiera es un gerente de Urbanismo cualquiera. En ese invierno de 2005, Roca es el hombre más importante de Marbella. "Tengo todo el poder", se atreve a confesarle a un abogado. "El Ayuntamiento soy yo", dice.

Casi cinco años después, Roca es memoria viva del principal caso de corrupción urbanística conocido en España. Hoy está previsto que comience el juicio del caso Malaya. Será el mayor celebrado hasta la fecha, con 95 acusados en el banquillo y un sumario de 200.000 folios ordenados en 196 tomos. Muchas son las voces que pronostican la dificultad de gobernar un juicio semejante, que puede alargarse más de un año. Marbella exportó un modelo de urbanismo en el que arraigaron el cohecho y la prevaricación. Y su gestor fue Roca. Desde entonces hasta hoy, numerosos casos de corrupción salpican España.

»EL DESPACHO DE ROCA. El centro del poder. Es una habitación amplia, funcional, al fondo de la sede de Planeamiento 2000, SL, la empresa municipal que gestiona el urbanismo de la ciudad, en la avenida de Ricardo Soriano, la principal arteria de Marbella. La oficina tiene dos puertas. Una comunica con la antesala donde trabajan sus secretarias. La otra conecta directamente con el exterior. Es una salida discreta, reservada para las visitas que no deben pasar por el acceso principal. Sobre la mesa, Roca llega a tener alineados hasta nueve teléfonos móviles. Algunos se los ha facilitado su asesor de seguridad, Jaime Hachuel Fernández, apodado El Coronel, según algunas fuentes un antiguo miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Uno de los terminales es un modelo inglés que utiliza una línea cifrada para evitar que alguien pueda interferir sus comunicaciones, pero Roca no tiene suerte en ese aspecto: a veces, su interlocutor se olvida de apretar un determinado botón, el sistema no funciona, y la conversación puede ser escuchada.

Demasiada gente llama a Roca a su despacho. Por cualquier motivo, no solo para pedir dinero. Le telefonean incluso para pedirle permiso para intervenir en un programa de televisión, para recibir instrucciones sobre lo que hay que decir sobre la situación en Marbella. Son frecuentes las llamadas del jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. Posiblemente le informó de que sus hombres habían detectado dos coches camuflados de la Policía Nacional cerca de su domicilio. Para eso necesitaba nueve teléfonos móviles: nada importante pasaba en Marbella sin su conocimiento. "Cada uno tiene su función", llegó a explicarle a un empresario.

Tiempo atrás, la policía trató de convertir a Roca en confidente. Su colaboración era fundamental para investigar al alcalde Jesús Gil, que había fundado un partido (Grupo Independiente Liberal, con las siglas de su apellido) cuyo objetivo no era otro que trasladar el modelo implantado en Marbella a otros lugares de la costa, dos de ellos tan sensibles como Ceuta y Melilla. Y Gil estaba teniendo éxito. Roca colaboró un tiempo. No mucho. Luego lo dejó. Se sintió más cómodo colaborando con dos funcionarios del CNI que se hacían llamar Tomás e Ignacio. Esa información llegó a oídos del juez Miguel Ángel Torres: en todo caso, fue determinante para que se adoptaran por parte de la Policía precauciones excepcionales en la investigación. 

Quizás Roca pensaba que con el CNI estaría más protegido, que podía gozar de mayor inmunidad y seguir incrementando su riqueza a costa del patrimonio de Marbella. Estaba seguro de que alguien le avisaría de cualquier contrariedad.

La Operación Malaya no nació por casualidad. Formalmente, todo empezó el 13 de octubre de 2005, cuando Jorge González, un funcionario marginado de sus funciones como jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, acudió a testificar sobre unas irregularidades en las obras del hotel Guadalpín. En un momento dado, González habló de Roca y explicó que "actuaba como si fuera el alcalde en los temas urbanísticos".

"Es la persona que decide absolutamente", dijo. Y añadió que en Marbella se cumplía "al 99%" todo lo que decidía Roca. Al final de su testimonio, González advirtió que temía que pudiera sucederle algo después de lo que había declarado. Para el joven juez Torres, que había adquirido cierta notoriedad en la investigación de la Operación Ballena Blanca, donde afloraron algunas cosas que estaban sucediendo en Marbella, ese testimonio fue suficiente para abrir unas diligencias y judicializar una investigación que llevaba unos meses esperando una oportunidad. En términos policiales, se había realizado un trabajo de "inteligencia" previo a la puesta en marcha de la operación. Lo que no sospechaba Torres era que uno de sus compañeros, con quien comentaba algunos casos y con quien había compartido piso meses atrás, el juez Francisco Javier de Urquía, había recibido presuntamente dinero de Roca para comprarse un piso.

Sin esa información previa, la Operación Malaya quizás habría sido un fracaso. Aún hoy, pocos se han preguntado cómo una investigación que provocó más de cien detenciones y un auténtico terremoto en la Costa del Sol se fraguó en tan solo cinco meses, un tiempo récord para una operación de tanta envergadura. Sin esa información previa, sin esa inteligencia preliminar, no habría sido posible.

La estrategia se diseñó desde Madrid. Se formó un equipo entre la Policía, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. Se incorporó al equipo a los mejores expertos policiales en blanqueo de capitales y esos no eran otros que quienes habían trabajado en su día contra los narcotraficantes gallegos. Se dispuso un reparto de tareas muy estricto: todas las labores de vigilancia se realizarían desde Madrid, con policías enviados desde la capital, con coches alquilados para no levantar sospechas una vez que se detectó que la Policía Local de Marbella hacía labores de contravigilancia en favor de Roca. Se alquilaron pisos francos, se constituyeron empresas pantalla para dar cobertura al trabajo de algunos agentes, se evitó acudir a las notarías de la Costa del Sol o a los registros de la propiedad para no levantar sospechas. Solo un pequeño grupo de agentes de Málaga, al mando de un comisario, investigaría el patrimonio de Roca en la Costa del Sol, pero no se informó de ello a las altas instancias policiales de la provincia.

Y a pesar de todo ello, cuando fueron a detener a Roca a su domicilio, este no se sintió sorprendido. "Les estaba esperando", dijo a los agentes. En su casa de Murcia, a donde se desplazaba con frecuencia en helicóptero, no encontraron un solo papel. Una de sus secretarias, Ainoa C. G., en una declaración posterior ante el juez, dijo: "A partir de noviembre de 2005, cambió de actitud. Nos hizo quitar documentación sobre Maras Asesores, Marqués de Velilla, Condeor, Marbella Airways, Masdevalia y One Properties. Creo que dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas y porque quería abandonar Marbella".

Roca tuvo la certeza de que le estaban investigando. Quizás pensó que no llegarían tan lejos. O estaba convencido de que funcionaría la "protección".

»LA ALCALDÍA. No es acorde con el presunto glamour de Marbella. Decoración descuidada, no exenta de un toque de austeridad. No es un espacio generoso. Una mesa de madera noble con un sillón a juego preside la estancia. A la izquierda, un tresillo en tonos amarillos algo desgastado. Así era en el invierno de 2005. En realidad, nunca fue el centro del poder municipal. Gil gobernó casi siempre desde la sede del Club Financiero Inmobiliario, una empresa de su propiedad. Cuando hubo de abandonar la alcaldía en 2003, el despacho lo ocupó Julián Muñoz, un concejal que en tiempos fue camarero y regentó algún negocio de hostelería. Julián Muñoz hizo carrera en la prensa rosa tras un romance con la tonadillera Isabel Pantoja. 

Ganó las elecciones por mayoría absoluta y, desde ese momento, comenzó a tener ideas propias en materia de urbanismo, aconsejado por la cantante, según fuentes políticas. Muñoz se atrevió a destituir a Roca. Sobre su mesa de la alcaldía tenía una foto de su nieto y otra de Isabel Pantoja.

Pero el poder siguió en manos de Roca y la noche del 31 de julio de 2005 una moción de censura acabó con el Gobierno de Muñoz. Nunca hubo duda de que Roca movió todos los hilos para colocar a Marisol Yagüe, ex cantante rociera, como alcaldesa, y asegurarse el respaldo de Isabel García Marcos, la cabeza de lista del PSOE, nombrada teniente de alcalde. Para entonces, los deseos de enriquecimiento de los ediles superaban toda prudencia.

"Roca se reunía todos los lunes y los martes con la alcaldesa y el resto de concejales", explicó ante el juez otra de sus secretarias, María José L. H. "Él nunca se desplazaba a ver a nadie, pero cuando llamaba a la alcaldesa, a algún concejal o al jefe de la Policía Local venían inmediatamente a despachar con él. Roca no recibe en ningún caso instrucciones de los concejales. Más bien creo que es al contrario".

En las semanas previas al despliegue policial, el ambiente político en la ciudad estaba muy cargado. La entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, que suplía su incapacidad de gestión con altas dosis de populismo, había sido denunciada por impago por un constructor que había reformado su chalé, La Madrugada. El constructor, Alberto Piñana, había contado al juez que la regidora le debía cerca de 950.000 euros por las obras -que incluyeron, según él, tirar y levantar el mismo tabique una decena de veces- y que Yagüe había tratado de abonar los trabajos con fondos municipales. La publicación de este escándalo alarmó a Roca, que ya sospechaba que la Policía andaba tras sus pasos. En una conversación telefónica incluida en el sumario, Roca le confiaba al entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo: "Es que yo no sé cómo esta chica... Yo voy a hablar muy seriamente con ella".

Otros concejales tenían conciencia de que sus días felices estaban contados. El 3 de enero de 2006, el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, ya fallecido, hablaba con el empresario de grúas Ismael Pérez Peña, con quien supuestamente amañaba el contrato de retirada de vehículos al depósito municipal:

-Vamos primero a lo de la grúa, a dejarlo bien, y después a por el dinero, que esto se acaba.
-Ya. Coger pisos o lo que sea.
-Lo que te den. Coge lo que te den, que esto se acaba, Ismael. Lo que tienes que hacer es coger pisos donde sea porque lo puedes hacer calderilla.

La ex socialista Isabel García Marcos, otrora azote de los gilistas, y que se pasó con armas y bagajes al lado oscuro tras la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz, también dejó su frase para la historia de la corrupción. El 24 de febrero de 2006 García Marcos hablaba con el también edil José Jaén sobre el proyecto de unos empresarios para levantar una residencia de ancianos de lujo en Marbella: "Quiero cobrar provisión de gastos, porque si no, no trabajo; quiero cobrar el ítem uno, quiero cobrarlo porque nada más sobre el papel yo genero una plusvalía muy importante (...) No muevo un papel, no muevo nada, ni siquiera me pongo a leer si no tengo dinero".

Apenas un mes después de que los policías grabaran esta jugosa conversación, se inició la primera fase de la Operación Malaya. Para detener a la teniente de alcalde García Marcos los agentes tuvieron que esperar un par de días a que regresara de su luna de miel en Rusia. Sin embargo, la espera mereció la pena: en su domicilio, en el barrio de El Limonar, en Málaga, los agentes hallaron 378.000 euros en billetes de 500. "Es el fruto de mi trabajo, una herencia de mi padre y mis regalos de boda", afirmó.

De nada habían servido los consejos de Roca a los concejales sobre la necesidad de no hablar de ciertas cosas por teléfono.

Para entonces, el ayuntamiento de Marbella había llegado al paroxismo. Existía el grupo mixto A, el B, el C, el D, el PSOE, el PP, el Grupo Socialista y el PA: 17 de los 27 concejales estaban imputados en diferentes causas. Desde 1991, ocho concejales y el alcalde Gil fueron condenados por causas relacionadas con la corrupción. Cuando se destapó finalmente la operación y se practicaron las primeras detenciones, el Consejo de Ministros tuvo que intervenir el 6 de abril de 2006 el Ayuntamiento y colocar una junta gestora que presidió el abogado Diego Martín Reyes, ocupante también de aquel despacho de la alcaldía. Martín Reyes todavía recuerda que se encontró con un Ayuntamiento que "tenía unos ingresos corrientes de 300.000 euros y unos gastos de 13 millones".

»EL TRIÁNGULO DE CORULLA EN MADRID. La sede del bufete de Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en la calle de Fernando VI. No muy lejos, dos oficinas más, una en la calle del Príncipe de Vergara, 47, la otra a un centenar de metros, en Goya, 59. Ese era el triángulo en el que se movía Montserrat Corulla, una joven y ambiciosa abogada que administraba algunas sociedades,entre ellas, Condeor. Si el poder político de Roca estaba en Marbella, su poder económico lo tenía desplazado en Madrid. A efectos fiscales, Roca era un empleado del Ayuntamiento con un sueldo de gerente y una sola cuenta corriente, cuyos gastos se limitaban a pagar el colegio de su hija. No había otra propiedad a su nombre. Los intereses de Roca fuera de España los llevaba, según el fiscal, el abogado marbellí Juan Germán Hoffmann.

Los abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor gestionaban las sociedades bajo las que Roca supuestamente ocultó su patrimonio, y la red de presuntos testaferros que figuraban como administradores del entramado mercantil. El fiscal atribuye al ex asesor urbanístico inversiones por 136 millones de euros en inmuebles: sus adquisiciones principales son una finca de 130 hectáreas en San Roque (Cádiz), llamada La Morisca; otra en Marbella, bautizada como La Caridad; los palacios de Saldaña, Villagonzalo y de Tepa (en Madrid); hoteles en El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia), y pisos y chalés en Marbella, Sevilla, Sotogrande y Baleares. También adquirió obras de arte y objetos de lujo por valor de 27 millones y gastó otros 31 millones en reformar y amueblar sus viviendas.

Montserrat Corulla gestionaba parte de ese capital y ello le permitió llevar un alto nivel de vida. Una mujer guapa y elegante que se movía bien en despachos oficiales. Se hizo popular cuando durante la pasada campaña electoral, el hoy ministro Miguel Sebastián, entonces candidato socialista a la alcaldía, interpeló al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Para entonces, Corulla había tenido una experiencia dramática: había pasado varios meses en prisión preventiva por el caso Malaya. Ahora, su defensa la presenta como una mujer engañada por Roca, cuya firma fue falsificada en muchos documentos mercantiles.

La policía está convencida de que Roca nunca sospechó que habían conseguido desentrañar su red madrileña. Esa fue su sorpresa. Desde allí operaban más de cien sociedades que gestionaban sus recursos, una minucia al lado de las que operaban alrededor de Maras Asesores, su otro despacho en Marbella, un sexto piso en un inmueble apenas unos metros próximo a la sede de Planeamiento 2000. La información obtenida en Maras Asesores fue incompleta porque Roca había decidido ir destruyendo pruebas, pero, con el paso de los meses, la Policía halló una pista clave en ese despacho.

Entre los papeles incautados al economista Salvador Gardoqui, supuesto contable de las empresas de Roca en Marbella, había un lápiz informático de memoria. Los agentes lo enchufaron al ordenador. Al ver su contenido entendieron por qué Gardoqui era el detenido que parecía más abatido moralmente. Allí estaba toda la contabilidad de sobornos de Roca, "una ganga para la investigación", según el fiscal Juan Carlos López Caballero.

Las hojas de Excel de Gardoqui, que tenía su despacho junto al de Roca en la oficina de Maras Asesores, explicaban todo el circuito del dinero. Supuestamente, empresarios con intereses en la ciudad pagaban fuertes cantidades a Roca a cambio de recalificaciones de parcelas, aumentos de edificabilidad, ventas de terrenos municipales a buen precio. Otros buscaban prebendas no estrictamente urbanísticas, como la concesión de la grúa municipal, un negocio que se ha demostrado muy lucrativo, o la estación de autobuses. Por las hojas de cálculo comenzaron a desfilar nombres e iniciales de los promotores más potentes de Andalucía: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez, Sandokán, Aifos... Todos ellos iban asociados a "aportaciones" en metálico.

Roca se embolsaba la mayor parte del soborno, según algunas fuentes el 35%, y repartía el resto entre los concejales del equipo de gobierno encargados de dar el visto bueno político a decisiones contrarias al planeamiento urbanístico vigente en la ciudad. Las tarifas de los ediles variaban en función de su rango en el Consistorio; y las entregas de dinero negro, en ocasiones de hasta un millón de euros, se fraccionaban por cada acto administrativo necesario para la edificación: una parte a la firma del convenio urbanístico que permitía modificar el planeamiento, otra con la licencia de obras, y la última cuando la construcción estaba terminada. El fiscal calcula que los 19 empresarios procesados aportaron a la "caja única" de Roca un total de 33,3 millones de euros.

»CIUDAD DE LA JUSTICIA EN MÁLAGA. La vista oral más poblada de la historia judicial española arrancará hoy en la Audiencia Provincial de Málaga con un procesado protagonista, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y otros 94 acusados más o menos secundarios, entre ellos, los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos. El banquillo se completa con una ristra de concejales rasos, abogados, promotores, economistas, marchantes de arte y demás personajes en los que Roca se apoyó para, supuestamente, amasar y blanquear una fortuna que la Fiscalía cifra en 245,1 millones. Presidirá el juicio el magistrado José Godino Izquierdo, un hombre apacible y sonriente de 58 años, que se enfrenta al hecho más relevante en sus 27 años de carrera.

El juicio, para el que están acreditados 300 periodistas, arrancará con el estudio, durante un mes, de las llamadas cuestiones previas. Entre ellas, las presentadas por Roca, quien ha cambiado de abogado porque, al parecer, no podía abonar su minuta. ¿Una táctica dilatoria más? Hay especulaciones de todo tipo, entre ellas las de quienes opinan que lo más rentable para él sería negociar con la Fiscalía y decir la verdad. "Para él hay solicitada una pena de 30 años. Puede negociar una considerable rebaja y dejar el juicio resuelto. Ya lo hizo con el juez Urquía: confesó haberle prestado dinero", comenta uno de los investigadores del caso.

La información que poseía Roca se ha convertido en una leyenda urbana en Marbella. No es de extrañar siendo como fue el hombre cuya palabra se convirtió en ley, el gerente que puso y quitó alcaldes, el alto funcionario a quien todo el mundo pedía consejo hasta para saber qué es lo que tenía que decir en público. 

Todavía hoy en día, hay personas que especulan con la identidad de ciertas iniciales y cifras manuscritas en algunos de sus cuadernos de notas. Roca tuvo entre sus habilidades la capacidad de ponerle precio a la voluntad de muchas personas en la ciudad. Ha sido guardián de muchos secretos de Marbella. Y hay quien sostiene que el día que hable temblarán los cimientos de Andalucía".

Los implicados

-»JUAN ANTONIO ROCA NICOLÁS. Cartagena (Murcia), 1953. Es el supuesto cerebro de la corrupción en Marbella. El fiscal pide para él 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación, fraude y cohecho. Es el único acusado que está en prisión, desde 2006, condenado por el 'caso Saqueo'. Su esposa y su hija también están acusadas.

»MARISOL YAGÜE REYES. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1954. Alcaldesa de Marbella entre agosto de 2003 y marzo de 2006. Según el juez instructor, Miguel Ángel Torres, era una simple "marioneta" en manos de Roca. Tras seis meses en prisión preventiva, abrió un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel.

»ISABEL GARCÍA MARCOS. Salamanca, 1954. Ex teniente de alcalde expulsada del PSOE por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Al salir de la cárcel retomó su puesto de inspectora médica de la Junta de Andalucía. Se enfrenta a 12 años de prisión.

»JULIÁN MUÑOZ PALOMO. Arenal (Ávila), 1947. Ex alcalde de Marbella con el GIL. Implicado en medio centenar de causas por delito urbanístico. El fiscal le reclama 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa.

»PEDRO ROMÁN ZURDO. Salamanca, 1942. Ex teniente de alcalde, considerado "la sonrisa del gilismo". Defraudó a Hacienda 2,4 millones de euros. Le piden 21 años de cárcel.

»MANUEL S. ZUBIZARRETA. Segovia, 1944. Jefe de los abogados que gestionaban las sociedades tras las que Roca ocultaba su patrimonio. En su despacho se encontraron 800.000 euros en metálico. Se enfrenta a seis años de cárcel por blanqueo.

»JESÚS RUIZ CASADO. Talveila (Soria), 1959. Dueño de la promotora Aifos, una de las más potentes de Andalucía antes de la crisis. Se le acusa de dar a Roca 4,8 millones de euros a cambio de favores urbanísticos. El fiscal pide para él seis años de cárcel.

»JOSÉ ÁVILA ROJAS. Granada, 1943. Constructor. Su empresa pagó en diversas entregas cinco millones de euros a Roca. Piden para él 10 años de cárcel y 55 millones de multa por cohecho y blanqueo de capitales.

La Pantoja, el juez Urquía y los 30 hijos del 'caso Malaya'

Los investigadores del caso Malaya encontraron un hilo de corrupción mucho más largo del que se podía abarcar en un único sumario, por grande que este fuera. Los dos jueces instructores de la causa, Miguel Ángel Torres y Óscar Pérez, apoyados por el fiscal Juan Carlos López Caballero, realizaron una labor de minería y clasificación del material que ha dado origen a 30 procedimientos nuevos. Estos casos se desgajaron de la causa principal, cuyo juicio arranca hoy en Málaga, para no hacer eterna la instrucción que ha llevado más de cuatro años.

La mayoría de las causas pendientes, que la Audiencia Provincial de Málaga ha aceptado investigar, corresponden a supuestos delitos de blanqueo de capitales y a resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Marbella que favorecen a los empresarios que pagaron sobornos al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca Nicolás.

Sin embargo, la pieza malaya más conocida popularmente, y que la prensa del corazón ha identificado sistemáticamente con la causa principal sin pertenecer a ella, son las diligencias previas 3.517/07. Bajo este número figura la investigación por blanqueo de capitales contra la cantante Isabel Pantoja, para quien el fiscal pide tres años y medio de prisión.

El 2 de mayo de 2007, en una operación televisada casi en directo pese a las prevenciones policiales, la tonadillera fue detenida. Los documentos incautados en julio de 2006 a su anterior pareja, el ex alcalde Julián Muñoz, acabaron salpicando gravemente a la artista. Según la Fiscalía, Pantoja hizo pasar como suyos 1,8 millones de euros que supuestamente había recibido su ex novio como sobornos de promotores.

En su escrito, el fiscal López Caballero explica que entre 1991 y 2003, años en los que fue concejal y alcalde del Grupo Independiente Liberal (GIL), amasó una fortuna ilícita de 3,5 millones de euros. Según los cálculos del ministerio público, el ex alcalde y su familia gastaron al menos 310.051 euros más de los que consiguieron ganar de forma legal, como las rentas del trabajo.

El ex regidor se apoyó en su popular novia para ocultar el dinero. Entre otras operaciones, una sociedad de Pantoja, Franbel Artis, adquirió un apartamento en el famoso hotel Guadalpín de Marbella, propiedad del grupo Aifos. Sin embargo, en la investigación quedó patente que en las cuentas de la sociedad solo había 15 euros, y que de las cuentas personales de la cantante no salió ni un solo euro para esta operación. 

El fiscal considera que el lujoso apartamento, valorado en 353.695 euros, fue abonado íntegramente por Muñoz "con cargo a fondos ocultos de procedencia delictiva". Además, la cuenta desde la que se pagaba la hipoteca del chalé de Pantoja en Marbella se nutría indirectamente con fondos en efectivo de Julián Muñoz.

Otro personaje que se hizo tristemente famoso a la sombra de Roca fue el ex magistrado Francisco Javier de Urquía. Este juez fue condenado por cohecho después de que el ex asesor urbanístico admitiera que le había pagado 73.800 euros a cambio de que prohibiera la emisión de un programa de televisión que indagaba en su fortuna. 

El Tribunal Superior andaluz condenó a Urquía en primera instancia a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa por prevaricación y cohecho. Finalmente, el Supremo anuló el cargo de prevaricación y dejó la condena en 21 meses de suspensión para el cargo de juez y multa de 73.800 euros.

Urquía, ex titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, recibió después otra nueva condena por cohecho y prevaricación. En este caso, se consideró probado que el ex juez cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo, que instruía Urquía, a cambio de dejarle en libertad tanto a él como a su esposa y su hijo.

'Hostemur' constata el fracaso turístico de la temporada veraniega en el litoral murciano

CARTAGENA.- La presidenta de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Soledad Díaz, ha reconocido el fracaso de la temporada turístico-veraniega en el litoral murciano al no sobrepasar el 70% de ocupación hotelera media durante el mes de agosto.


"Éste, señaló, ha sido el verano "que mejor ha escenificado la crisis, tanto la que sufre el país como las familias", ya que la campaña turística de este verano en la Región de Murcia ha sido "atípica e inestable", en la que los establecimientos hoteleros de la Costa Cálida registraron una ocupación media del 70% en agosto.

 Además, según Soledad Díaz, "los empresarios constatan que ya no se produce el consumo masivo de antes de la crisis, porque el turismo está muy relacionado con el dinero sobrante".

Piensa que una mayor precariedad de las familias, "repercute en todos los sectores productivos, desde los hoteles hasta los restaurantes". 

Y ha reclamado una vez más una "total implicación" de los alcaldes de los municipios costeros con el objetivo de mejorar la imagen de las playas murcianas, así como su colaboración para "hacer más promoción turística".

   Finalmente subrayó la necesidad de una "inyección" de actividades en los meses de verano en los distintos municipios de la Región de Murcia. "Hay que recurrir a la imaginación y al ingenio para atraer a la gente a Murcia", apostilló Díaz.

La Región de Murcia pierde el 17% de sus empresas a lo largo de la crisis

MURCIA.- La Región de Murcia ha perdido un 17% de sus empresas a lo largo de la crisis, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre empresas de alta en la seguridad en cada comunidad autónoma, que son las que emplean trabajadores.   

Sin embargo, la tasa es la mitad de la nacional que es del 10,2 por ciento. La Región es la primera comunidad en reducción de empresas con trabajadores.

Pero el 44,5 por ciento de los murcianos declara encontrarse en una situación económica similar a la del año pasado y un 38,2 por ciento afirma estar incluso peor. De hecho el 67,1 por ciento de los encuestados por el Consejo Económico y Social de la Región (CESRM)  piensa que la situación de la economía regional ha empeorado, aunque también es cierto que este dato ha disminuido con respecto al pasado año, en el que así lo opinaba un 79,4 por ciento de los murcianos.

   De hecho, mientras en diciembre de 2007, un 25,5 por ciento afirmaba estar mejor que un año atrás, en junio de 2010 ese porcentaje bajó al 6,4 por ciento; en relación con los que se encuentran en una situación peor, si en diciembre de 2007 un 22,3 por ciento opinó haber empeorado respecto a un año atrás, en junio de 2010 ese porcentaje ha subido al 38,2 por ciento.

   Y es que la situación económica regional en la actualidad (a junio de 2010) frente a la nacional arrojaba una valoración del 3,69 sobre diez y para el conjunto nacional la puntuación otorgada era de 3,57. Respecto a la pasada edición la puntuación correspondiente a la Región ha aumentado en 0,34 puntos, mientras que para España la media experimenta un ligero descenso de 0,03 puntos.

   Mientras los empresarios o profesionales por cuenta propia ofrecen una puntuación de 3,71 y de 3,54 para la situación de la Región y en el conjunto nacional, respectivamente, los asalariados del sector público puntúan con un 3,65 y 3,83 a ambos ámbitos geográficos. Los asalariados del sector privado sin embargo conceden un 3,67 en el ámbito regional y un 3,43 en el nacional.

   Por su parte los parados ofrecen a la economía murciana un 4 y los jubilados un 3,50 frente al aprobado de junio de 2009. Una nota algo superior en el ámbito nacional, ya que parados y jubilados valoran con un 4,50 y 3,50 respectivamente la situación económica actual del país mientras en junio de 2009 la puntuación fue un cuatro.

  Igualmente sucede con la situación económica prevista hasta diciembre, para la que la puntuación media correspondiente a la Región es un 3,81 por un 3,77 para España, por lo que supone una expectativa de mejora tanto a escala regional como nacional, aunque se mantendrá por debajo del aprobado.

   En concreto, la situación económica es valorada al alza en el corto plazo, tanto a escala regional como nacional, según el CES. Así la situación económica regional recibe una valoración ligeramente superior a la nacional, tanto en junio (0,12 puntos) como hasta final de año (0,04 puntos).

   Aunque el grupo que en una mayor proporción declara encontrarse en una mejor situación económica que un año antes, es el de asalariados del sector público (8,7%), un 7,6 por ciento de los profesionales por cuenta propia y un 6,9 por ciento de los asalariados del sector privado.

   Por el contrario, el 56,5 por ciento de los asalariados del sector público declaran encontrarse en peor situación que un año antes. En segundo lugar, los asalariados del sector privado (37,9%), seguido de los empresarios por cuenta propia (37,3%).

   De hecho, los asalariados del sector público que declaran encontrarse peor ascienden hasta un 50,6 por ciento de los encuestados, respecto al 20,7 por ciento que así lo declaraban en junio de 2009.

Por otra parte, en los empresarios por cuenta ajena y los asalariados del sector privado destaca que más de la mitad de los mismos dicen tener una situación económica igual que hace seis meses y desciende el porcentaje de encuestados que se encuentran mejor con respecto al año pasado.

   En relación con las expectativas de crecimiento por sectores productivos, en una escala de cero a diez, sobre los que recaen las expectativas más favorables de crecimiento son Turismo, ocio y hostelería con una puntuación de 5,41, seguido de cerca de Servicios sanitarios, salud y atención social (5,26), Nuevas tecnologías de la información y del conocimiento con un 5,12 e Industria agroalimentaria con un 5,04.

   La Agricultura desciende ligeramente, abandonando su posición de aprobado de hace dos ediciones y el sector Construcción y urbanismo continúa a la cola de las expectativas, si bien experimenta un aumento de 46 centésimas respecto a 2009.

   Por lo que destaca el estancamiento de la mayoría de los sectores, a excepción de Nuevas Tecnologías de la información y comunicaciones y turismo, ocio y hostelería que continúan creciendo desde diciembre de 2008, y la lenta recuperación del sector de la construcción y urbanismo, que anda recuperándose desde la abrupta caída sufrida entre junio 2007 y diciembre de ese mismo año, aunque se sitúe como sector con la puntuación más baja para el total de encuestados.

   Para los empresarios y asalariados del sector privado, el podio corresponde a Industria agroalimentaria, Servicios sanitarios, salud y atención social, Turismo, ocio y hostelería. Mientras que para los trabajadores del sector público, las tres primeras posiciones corresponden a los sectores Nuevas tecnologías de la información y comunicación, Turismo, ocio y hostelería y Servicios sanitarios, salud y atención social. Para todos los colectivos, el sector que presenta unas expectativas más sombrías es el de Construcción y urbanismo.

   Por otra parte, la situación económico-financiera de las empresas ofrecen una leve mejoría, aunque sigue estando muy por debajo del aprobado con 2,36 puntos, lo mismo pasa con la de las familias murcianas con un 2,4 de valoración. Más de la mitad de los encuestados aseguran que la situación seguirá igual en los próximos meses.

   Según el barómetro del Colegio a junio de 2010, un 46 por ciento de los entrevistados consideraba que la demanda de consumo por parte de las familias sufrirá una disminución y un 38,6 por ciento emite la misma opinión en relación con la compra de viviendas.

   Por lo que consideran necesario una serie de reformas estructurales que pasan por las administraciones públicas, el sistema financiero, la reforma del mercado de trabajo y en menor medida la reforma del sistema de pensiones. 

   Así como reducir el número de entidades públicas o semipúblicas, un mayor control del gasto sanitario, congelar las plantillas de las administraciones y en último lugar subir los impuestos indirectos.
 
Según las previsiones del Boletín de Coyuntura Económica de la Región elaborado por Croem, el comercio exterior debe compensar las caídas que todavía se observan en la demanda interna y que todas las previsiones apuntan que mantendrán un tono depresivo durante los próximos meses.
 
   Es prioritario, por tanto, señala, "redoblar esfuerzos en la internacionalización de la empresa regional, como salida de la crisis, pero también como decisión estratégica".

   Y es que la Confederación aseguraba en junio que la Región concluirá el año 2010 con una bajada del 0,6 por ciento en el Producto Interior Bruto (PIB) y el paro por encima del 20 por ciento.

   En lo que concierne a la dinámica sectorial Croem consideraba ya en junio que la construcción, "lejos de tocar fondo, continuará en una recesión profunda". Así como que la paralización de la inversión estatal en infraestructuras generará también problemas coyunturales.

   Sobre la actividad industrial destacaba que las ramas manufactureras habían frenado drásticamente sus descensos en los primeros meses del año, "con especial protagonismo de las actividades con mayor vocación exterior -como la química y agroalimentaria".

   Aunque aseguraba que el sector Servicios comenzaba a percibir "leves" síntomas de mejora, "si bien el desempleo prosigue en aumento". Las previsiones, remarcaban, "apuntan que el sector terciario cerrará el ejercicio 2010 en positivo".

   En cuanto a Agricultura, Croem apuntaba que es el sector que mejor ha afrontado la crisis y que también será el primero en encarar la recuperación. De hecho, estima un notable crecimiento para el año 2010, del 2,7 por ciento.

  Tras lo que la Confederación reiteraba la "urgencia" de las medidas estructurales a adoptar por el Gobierno central, en especial la reforma laboral. En cualquier caso, remarcaba que "es preciso redoblar esfuerzos desde el ámbito autonómico".

   A juicio de la Confederación de Empresarios, el incipiente Pacto por el Empleo, que actualmente negocian centrales sindicales, Croem y Gobierno regional, "debe contribuir a la satisfacción del objetivo prioritario, que no es otro que la creación de puestos de trabajo".

   En resumen, el Boletín de Coyuntura destacaba que la economía regional "estará afectada en 2010 por los mismos problemas que la nacional, siendo la coyuntural del mercado la principal preocupación por las dramáticas consecuencias que está generando".

   En cualquier caso, la Confederación indicó que "es preciso redoblar esfuerzos desde el ámbito autonómico, siendo la contención de los gastos corrientes, particularmente los capítulos presupuestarios I y II, un aspecto esencial que procure un mayor margen para el gasto productivo".