domingo, 25 de julio de 2010

¿Venganza de Mendoza contra la Diócesis de Cartagena?

MURCIA.- «La Fundación es un don de Dios, que nos ha costado a mi mujer, a mí y a mi familia muchos sinsabores. Pero siempre quisimos que fuera para bien de la Iglesia». José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, gestora de la Universidad Católica, sorprendía la pasada semana al anunciar una reforma en los estatutos de la fundación para que, «llegado el momento, todos los bienes pasen a la Diócesis de Cartagena y al Vaticano».

La decisión, que podría significar el adiós de Mendoza a la UCAM, ha sido recibida con cautela y escepticismo en la Iglesia murciana. Porque hay muchas lagunas detrás de la noticia. ¿Abandona Mendoza la UCAM? ¿Por qué ahora? ¿Qué se esconde detrás de esta decisión?, se pregunta hoy 'La Verdad'.

En Murcia no sorprende que este hombre hecho a sí mismo, católico, miembro del Camino Neocatecumenal, casado y con 14 hijos, que vivió en las misiones y que ya trató de hacer realidad su sueño de crear una Universidad en Elche antes de recalar en el Monasterio de los Jerónimos, se lo deje todo a la Iglesia. Pero sí causa perplejidad que, después de años de polémica en torno a la titularidad de la UCAM, Mendoza recoja su 'testamento' en los mismos estatutos de la obra.

El propio Mendoza aclara que todo su patrimonio, y el de sus hijos, pasará a manos de la Iglesia cuando finalice «el proyecto educativo. No me voy a ir ni hoy ni mañana, incluso mis hijos podrían seguir si yo falto. Aquí lo que se deja claro es que la Universidad la hicimos para la Iglesia, y que todo lo que hemos invertido -el patrimonio de la UCAM ronda los 60 millones de euros- será para los pobres y para los seminaristas».

Sin embargo, no siempre fue así. Hace menos de dos años, la Santa Sede tuvo que intervenir en el conflicto generado entre Mendoza y el entonces obispo de Cartagena-Murcia, Juan Antonio Reig Pla, por la titularidad de la Universidad.

Tras varios encontronazos, que acabaron con el 'destierro' de Reig a Alcalá, el Vaticano, a través del cardenal Bertone y de la Signatura Apostólica, confirmaba que la Universidad pertenecía a la Fundación San Antonio (Mendoza), y no a la Diócesis. Una gran victoria para un laico frente a un obispo, con el apoyo jurídico de la Conferencia Episcopal -el dictamen definitivo fue elaborado por el asesor jurídico del Episcopado, Silverio Nieto, y firmado por el presidente de los obispos españoles, cardenal Rouco Varela-. Una historia sin terminar.

«En la Iglesia, un laico puede derrotar a su obispo. Pero no humillarle», apuntan desde el Vaticano. Y lo cierto fue que, tras la salida de Reig, muchas cosas cambiaron para Mendoza. En primer lugar, una separación del Camino Neocatecumenal, así como de algunos de sus principales valedores en España y Roma, como el cardenal Cañizares, ahora prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El último gran acto organizado por la Universidad en homenaje a Juan Pablo II estuvo marcado por las polémicas declaraciones del cardenal Castrillón, quien queriendo defender el pasado casi llegó a acusar a Juan Pablo II de complicidad con los abusos sexuales de Marcial Maciel. «Las interpretaciones sesgadas son una muestra más de la presencia del Diablo en el mundo», asegura Mendoza cuando se le pregunta por los escándalos.

En segundo término, la sensación de que su etapa al frente de la UCAM estaba acabada. El nombramiento de José Manuel Lorca Planes como nuevo titular de la Diócesis pareció llevar la calma a Murcia. Mendoza aparecía como claro ganador de la batalla por el poder en la UCAM y, de hecho, en octubre de 2009, obispo y laico suscribían un acuerdo por el que la Diócesis reconocía públicamente que la Universidad pertenecía a la Fundación San Antonio.

El prelado volvía a ejercer de canciller de la Universidad, a la que se garantizaba su catolicidad. De paso, la Diócesis evitaba oficialmente cualquier subsidiariedad sobre la UCAM. Se acababa, o eso parecía, el conflicto generado entre Mendoza y el obispo Reig. Sin embargo, a los pocos días se filtraba que Mendoza estaba meditando seriamente abandonar el barco. Una decisión que, meses después, se está haciendo efectiva.

El obispo perdió la batalla, fue sancionado por la Santa Sede y alejado de Murcia. La apuesta de Juan Antonio Reig fue dura, y la perdió. «Yo hice lo que en conciencia creí que debía hacer. Y estoy muy tranquilo», afirma, desde su nuevo destino en Alcalá de Henares. Es el único obispo de Murcia que no ha vuelto a su sede tras el conflicto ni, por supuesto, ha pisado la Universidad.

«Don Juan Antonio fue un buen obispo y es una gran persona, pero estuvo muy mal asesorado», acierta a decir José Luis Mendoza sobre el anterior prelado murciano. Un combate sobre la titularidad de la Católica que, en realidad, iba más allá, y cuyos orígenes fueron mucho más mundanos: el obispo recibió una serie de informes que alertaban de posibles corruptelas en la gestión de la Universidad, así como de un agujero fiscal que podría superar los seis millones de euros.

Mal aconsejado, el obispo quiso hacerse con las riendas de la Universidad. Midió mal las fuerzas, únicamente acompañado por antiguos empleados de la Universidad y por el PSOE murciano, que presentó una demanda contra la titularidad del centro docente.

El fallecimiento en diciembre de 2008 de su promotor, José Ramón Jara, llevó al archivo de la misma, y el Gobierno regional acababa aprobando los estatutos de la UCAM sin entrar en el debate sobre su propiedad.

Mendoza lo tenía todo muy atado desde que en 1996 el obispo Azagra le cediera el Monasterio de los Jerónimos y le concediera permiso para construir su proyecto universitario. La legislación vaticana -la famosa Ex Corde Ecclesiae- ampara a los laicos a crear iniciativas de educación católica, que sólo precisan del aval diocesano. El Vaticano y la Conferencia Episcopal apostaron fuerte por el laico, quien salió rotundamente vencedor de la batalla. Ureña, Cañizares, Rouco, hasta el secretario de Estado Bertone le dieron la razón.

Antes de que Reig fuera trasladado, José Luis Mendoza, «para evitar el escándalo», propuso entregar la Universidad a la Diócesis, a cambio de una 'compensación' que tasó en 30 millones de euros. Ahora, sin embargo, la ofrece gratis. ¿Por qué?Estamentos eclesiales dudan de la buena voluntad de José Luis Mendoza, y temen que tras la decisión se esconda la 'quiebra técnica' de la Universidad, que ya el año pasado se salvó de la suspensión de pagos gracias al cobro de las matrículas de los más de 6.000 alumnos.

«Ahora volvemos a estar en riesgo, pues al poner por estatutos la herencia, Mendoza le está regalando a la Iglesia no sólo un dineral, sino un posible saco de deudas, que la Diócesis habrá de afrontar si desaparece el presidente», argumentan responsables eclesiales de la Diócesis. Algunas fuentes aseguran que los seis millones de euros de deuda de los que hablaba Reig -apenas el 10% del patrimonio que Mendoza cederá a la Iglesia- se han multiplicado, y que la donación de la UCAM no es más que «un regalo envenenado».

Por si esta situación pudiera darse en el futuro, hace un tiempo que estamentos civiles y eclesiásticos trabajan en torno a un 'plan b' que evite que, llegado el momento, la marcha de Mendoza lleve a la Diócesis a la ruina. Un acuerdo tácito, que según distintas fuentes conoce el propio José Luis Mendoza -él lo niega públicamente, al tiempo que asegura que la Fundación está saneada-, y que conllevaría tres condiciones previas.

Primera: que a la UCAM no se le concediera el campus en Cartagena -Mendoza anunció la pasada semana que se retiraría del proyecto si no se le concedía en exclusiva Magisterio en esa ciudad, que se suma a la no concesión de la Facultad de Medicina-, lo que unido a la no recalificación de los terrenos abriría un agujero económico de difícil solución.

Segunda: que si hubiese alarma social las instituciones de Murcia harían frente, incluso, a la acogida del alumnado de la UCAM.

Y tercera: que entidades eclesiales se pudieran hacer cargo de la Universidad, ahora o cuando Mendoza la ceda, para que ésta no desaparezca. En esta tesitura, el papel del Opus Dei -que hace dos años se negó, pero ahora podría estar sopesando aceptar la solicitud- y de la Universidad San Pablo CEU -cuyo patrocinio aparece en el Año Santo de Caravaca-, se antoja imprescindible.

Desde la Santa Sede, además, han cambiado los vientos. Hasta Cañizares parece haberse alejado del entorno de Mendoza desde que se conociera que la UCAM había concedido óbolos por importe de 23 millones de euros a varios obispos y cardenales, entre los que se encontraba el ex cardenal de Toledo.

Mendoza, no obstante, continúa como miembro del Pontificio Consejo de los Laicos y de la Familia, y ha sido recibido hace pocas fechas por Benedicto XVI. «Todo lo que tengo es para la Iglesia», asegura Mendoza. Una donación de un hombre entregado a la fe… o un regalo envenenado por las deudas.

Un campus clave

José Luis Mendoza aseguró que paralizará la construcción del Campus de Cartegena, en el antiguo cuartel de Los Dolores, si finalmente el Consejo Interuniversitario autoriza impartir Magisterio al Instituto Superior de Enseñanzas (ISEN), un centro privado concertado con la Universidad de Murcia. Esta posibilidad crearía un serio problema a la UCAM, que ha invertido alrededor de seis millones de euros en el antiguo cuartel de Los Dolores para la instalación del campus universitario de Cartagena, donde Mendoza pretende implantar las carreras de Magisterio, Enfermería y Medicina.

Sin embargo, no ha conseguido la autorización para esas titulaciones del Consejo de Universidades, que no tiene previsto reunirse este mes, ni de la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad (Aneca).

En el Gobierno regional se cree que las cuentas empiezan a no cuadrarle a Mendoza con la posible paralización del proyecto de Cartagena, lo que explicaría sus últimos movimientos, incluido la posibilidad de emprender medidas legales contra la Consejería de Universidades en caso de que se autorice finalmente Magisterio al Instituto Superior de Enseñanza (ISEN).

El futuro inmediato del proyecto de José Luis Mendoza en Cartagena está pendiente de que sea debatido en los próximos días por el Consejo Interuniversitario de Murcia. De ahí que las recientes declaraciones del presidente de la UCAM han sido interpretadas desde el Ejecutivo regional como un intento de presión de cara a esa reunión, que será decisiva para los planes de Mendoza.

Entra en concurso de acreedores el popular restaurante 'Ranga'

MURCIA.- Los Juzgados de lo Mercantil de Murcia han declarado en situación de concurso de acreedores a dos empresas de la construcción y a una de seguridad, entre otras, aparte de la sociedad limitada propietaria del popular restaurante 'Ranga', según resoluciones conocidas hoy.

Por uno de estos acuerdos se indica a los acreedores de la constructora "Juconsa 2001" que en la secretaría pueden consultar el plan de liquidación de los bienes y derechos de la misma.

Otra resolución judicial indica que ha sido declarada en concurso de acreedores la mercantil "Valencia Construcciones, S.A.", para la que se ha nombrado administrador judicial a Carlos Conesa Fontes, abogado.

En cuanto al expediente que afecta a la empresa "Segur Hispania, Sistemas de Seguridad" se ha acordado la designación como administrador concursal del economista Carlos Briones.

Por otros dos acuerdos judiciales han sido declarados en concursos voluntarios el "Restaurante Ranga, S.L." y la cooperativa "Verduras Selectas del Campo de Cartagena".

Rosique pide a Valcárcel que dé la cara en la Asamblea y explique la caída estrepitosa de las inversiones regionales

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista exige a Valcárcel y su gobierno “que den la cara en la Asamblea y expliquen la estrepitosa caída de las inversiones públicas de la Comunidad autónoma”.

La responsable de Infraestructuras, Teresa Rosique, señaló que mientras el Ministerio “ha sido honesto y ha dicho la verdad a los ciudadanos, Valcárcel los engaña con promesas de inversiones que carecen de presupuesto”.

Rosique enfatizó que el Ministerio de Fomento ha dado la cara y ha explicado con claridad el recorte de inversión en materia de obra pública, como consecuencia de la crisis económica, al tiempo que ha garantizado, pese a esta situación, infraestructuras básicas e imprescindibles para el paso a la modernidad de nuestra Región, como ocurre con el mantenimiento del compromiso de la llegada del AVE en 2014.

“Por el contrario, Valcárcel y su gobierno están ocultando ante la opinión pública la caída estrepitosa e imparable de la inversión pública desde el año 2008, año en que empezó la crisis”. Rosique dijo que son más de 500 millones de euros los afectados por esta caída, lo que supone una pérdida de creación de puestos de trabajo de unos 8.000 empleos.

Agregó que a esta caída en la inversión pública del Gobierno regional, se suman los incumplimientos sobre infraestructuras prometidas desde hace 10 años como ocurre con la autovía Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla.

Rosique recordó que las obras de esa autovía deberían haberse iniciado antes de 2006, fundamentalmente, en el tramo Jumilla-Venta del Olivo que el Ejecutivo autónomo fijó en el Plan Estratégico 2000-2006, con un presupuesto de 336 millones de euros. Esta autovía ni se ha iniciado ni tiene presupuesto para su ejecución.

Para la diputada “este es un claro ejemplo del cinismo de Valcárcel y su gobierno que se rasgan las vestiduras porque el Gobierno de España ha anunciado la paralización de las obras del Reguerón, con un presupuesto de 240 millones de euros, cuando ellos han incumplido el compromiso de construcción de esta autovía con un presupuesto superior”.

El Gobierno regional tiene que explicar también a los ciudadanos en la Asamblea en qué consiste la reprogramación de inversiones que ha comunicado al Gobierno de España; una reprogramación, que según el Ejecutivo regional, “debe adecuar su ritmo de ejecución a las disponibilidades reales de financiación”.

Teresa Rosique concluyó que los recortes en inversiones son medidas difíciles, en absoluto agradables de aplicar y que vienen forzadas por una situación de crisis económica de la que debemos salir cuanto antes.

“No es de recibo es que mientras el Gobierno de España da la cara y le dice la verdad a los ciudadanos, Valcárcel y su gobierno oculten la realidad de sus inversiones y de sus incumplimientos e intenten taparlos con promesas de futuro, vacías de compromiso presupuestario”.

El PSOE denuncia que las campañas del consejero Cruz perjudican al turismo regional

CARTAGENA.- El responsable de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Martínez Bernal, denunció que las campañas del consejero Pedro Alberto Cruz no sólo hacen daño al oído sino que perjudican al turismo regional.

Todos los datos, incluidos las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, así como las que elabora el propio sector turístico ponen en evidencia la nefasta política de promoción turística del Gobierno regional.

Martínez Bernal declaró que “los experimentos del consejero están erosionando los débiles cimientos del sector turístico regional y en lugar de afianzar las políticas puestas en marcha en años anteriores y trabajar conjuntamente con el Ministerio y el sector, utilizando la marca España y destacando y diferenciando nuestros valores autóctonos, lo que hace es despreciar la labor llevada a cabo por sus antecesores, despreciando el trabajo del Ministerio y de los empresarios del sector y erigiéndose en un adalid de la modernidad”.

Martínez Bernal añadió que a eso hay que añadir que el Gobierno regional ha destinado pocos recursos a la promoción turística, al tiempo que se ha invertido el poco dinero que había, en campañas vacuas, con dudosa rentabilidad y hechas a espaldas de los empresarios del sector, que son quienes están arriesgando y llevan reclamando planes estratégicos consensuados que ayuden a superar la situación actual.

Como demuestran los datos del informe de Exceltur, nuestra Comunidad se sitúa a la cola de la cola del ranking español en competitividad turística, siendo superados incluso por aquellas comunidades que no tienen las excelencias y las cualidades que se dan en esta Comunidad tanto naturales como culturales. “Lo que no se puede hacer es cambiar de política turística a capricho, ir por libre y obviar las demandas del sector”.

Agregó que los datos “vuelven a poner en evidencia a un gobierno denostado, desorientado, con un sector que todo el mundo reconoce podría ser uno de los motores que ayudaran a tirar de la economía regional”.

Los socialistas alertan de la desprotección sanitaria del turista en La Manga

CARTAGENA.- Tras los últimos cambios en la organización del SMS (Servicio Murciano de Salud) y la llegada de un nuevo Sub-Director Asistencial para Cartagena, D. Alfonso de Miguel, las promesas del anterior gerente en el sentido de ampliar para este verano los servicios del Consultorio de El Estacio, que desde hace dos años y por iniciativa del Ayuntamiento de San Javier, viene prestando atención médica a los vecinos y turistas de La Manga-Norte, así como de mantener los servicios en los otros centros asistenciales de la zona, a día de hoy están siendo incumplidas, según un comunicado del PSRM-PSOE.

En opinión de Salvador Martínez, responsable socialista en la zona, “ha sido una desagradable noticia conocer que el Centro de Salud El Estacio ha dejado este verano de prestar servicio en jornada de tarde y la UME (ambulancia medicalizada) asignada siempre a La Manga-San Javier ya no presta sus servicios a los vecinos y turistas de La Manga-Norte, con el consiguiente agravamiento en el colapso del Centro Costa Cálida (a 11 km de Veneziola) y la consiguiente rebaja en la calidad de los servicios de urgencia".

Los socialistas también denuncian la eliminación de un médico y un ATS en el Centro Cavanna en la jornada de tarde, así como la necesidad de ampliar en el Centro de Salud de Los Belones el servicio de Pediatría, que en estos momentos de alta incidencia turística “sólo atiende dos horas al día” y es a todas luces muy deficiente. Incluso se tiene constancia del aumento de las reclamaciones de los usuarios ante estos ridículos horarios.

Según Martínez , "ya es hora de que nuestros políticos regionales y locales dejen de aplicar recortes en los servicios sanitario– asistenciales , sobre todo en zonas como La Manga y su zona de influencia, donde ya tenemos todos los hoteles repletos de turistas y la ocupación durante los fines de semana de playas y locales de hostelería roza el completo".

En el mismo sentido, los socialistas se solidarizan con las últimas denuncias de la AAVV-La Manga en el sentido de no comprender como se elimina de esta zona el necesario servicio prestado hasta ahora por la UME medicalizada del 112, con profesionales altamente cualificados con medios propios de una UVI móvil, muy alejados de los medios de los que disponen las ambulancias asistenciales de Protección Civil.

Reclaman la vuelta urgente de la UME a La Manga- Norte, y el refuerzo de los servicios médicos a desplazados en los centros asistenciales de La Manga durante los fines de semana para absorber con las garantías suficientes el aumento de pacientes y la necesaria coordinación con servicios helitransportados que permitan el transporte urgente de enfermos a los hospitales comarcales mientras el Ayuntamiento de Cartagena no soluciona el problema de las caravanas de tráfico a la salida y entrada de La Manga con nueva regulación semafórica y mayor presencia policial.

La paradoja murciana / Patricio Hernández (*)

Uno de los efectos más significativos del estado de las autonomías es la constitución de esferas políticas regionales diferenciadas y con dinámicas propias, dotadas de gran estabilidad por cuanto el poder político, cualquiera que sea su signo, maneja bastante bien los resortes de control social que le permiten mantener su hegemonía por muy largos periodos. Murcia es un buen ejemplo de lo que decimos.

El último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (enero-marzo 2010) ha vuelto a dejar constancia de que el presidente Valcárcel goza de una salud electoral excepcional que lo coloca a la cabeza —inmediatamente detrás del presidente cántabro– de los presidentes mejor valorados, con un 55,5% de aprobación y sólo un 22,7% de ciudadanos que lo desaprueban.

Este hecho no es nuevo y se conocía por diferentes sondeos electorales que vienen señalando la posibilidad de que, después de quince años de gobierno con mayorías absolutas, el PP murciano rompa nuevamente su techo electoral y hunda aun más, —llegando ya a niveles de humillación— a su depauperado rival político más directo. Han de tener muy sólidos motivos los ciudadanos de la región, tenemos sin remedio que pensar, para estar tan satisfechos con su Gobierno autonómico. Pero estos últimos meses se han publicado también diversos y muy solventes estudios que contradicen los fundamentos de esta idea.

Según estos estudios la región de Murcia habría fracasado en los años del gobierno de Valcárcel y el PP en la consecución de nuestro gran objetivo colectivo de acercarnos a los promedios españolas en bienestar y calidad de vida, abandonando nuestra secular pertenencia a la España más atrasada. Es esta contradicción —un amplísimo respaldo político frente a una muy mediocre e incompetente gestión— la que nos permite hablar de ´la paradoja murciana´. Los datos económicos son incontestables.

Citando la literalidad de la última Memoria del Consejo Económico y Social (CES) comprobamos que «la economía murciana no ha podido converger al nivel de desarrollo medio español durante los años expansivos, incluso se ha alejado levemente, y la crisis económica amplía significativamente la divergencia». La renta per cápita murciana, dirá por su parte La Caixa en su reciente diagnostico económico de la región, «sigue encontrándose a una distancia similar a la brecha que la separaba del conjunto de España en 1995, 18 puntos porcentuales».

Valcárcel —aunque la responsabilidad no sea exclusiva de su Gobierno— nos habría conducido finalmente a donde empezó: una aguda crisis económica que esconde otras crisis (la del modelo de desarrollo, donde debemos incluir una crisis ambiental, y una fuerte crisis social) con altas tasas de paro, fuerte precarización social, graves desigualdades y extendida corrupción (que ha alcanzado las mayores cotas desde la recuperación de las libertades).

El paro ha terminado el periodo batiendo todas las marcas —según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2010, un 23,17% y 140.000 parados—, lo mismo que la temporalidad del empleo o la abultada economía irregular. Sin jugar al catastrofismo debemos reconocer que persisten también los datos muy negativos referidos al nivel relativo de los salarios y las pensiones, la productividad, etc.

Hemos fallado también en la lucha contra el fracaso escolar, desarrollamos mal la Ley de Dependencia, perseveramos en mantener tanto las desigualdades de género como los desequilibrios territoriales, vamos a la cola en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC) y la Sociedad del Conocimiento (somos una de las cuatro comunidades que no cumple ninguno de los objetivos de Lisboa, según el Informe E-España 2010 de la Fundación Orange), seguimos lejos de la inversión media española en I+D +i, no levanta cabeza la apuesta turística (ocupamos un triste puesto 13 en el más reciente estudio de competitividad turística de Exceltur), y —después del último ataque de modernidad transgresora— los indicadores culturales regionales nos siguen colocando invariablemente a la cola del país (Anuario de Estadísticas Culturales 2009).

Todo esto vendría a ser confirmado por el que podemos quizás considerar el más completo estudio sobre desarrollo regional español comparado, el Informe Desarrollo Humano en España 1980-2007 que acaba de hacer público Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), y que coloca en 2007 a la región en el puesto tercero por la cola (tras Extremadura y Andalucía) en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) , que es el indicador sintético más completo que ha elaborado Naciones Unidas, ya que combina la esperanza de vida al nacer (salud) con la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación (educación), y con el PIB per cápita (bienestar material).

Aunque el IDH ha mejorado para todo el país en estos años, en relación con el nivel promedio español nuestra situación era en 2007 peor que en 1980, y lo razonable es pensar que ha empeorado aun más en estos últimos tres años.

Si añadimos a esto que las previsiones de crecimiento son negativas y peores que las nacionales (por ejemplo, las recientes de Hispalink para 2010), la sola enunciación de los objetivos de la nueva ´estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador´ para 2020 anunciados por la Comisión Europea (75% de los adultos entre 20 y 64 años empleados; 3% del PIB en I+D; reducción de las emisiones en un 30%; abandono escolar inferior al 10%, y al menos un 40% de la población más joven con estudios superiores completos, etc.) aparecen como remotos e inalcanzables para una región con el actual rumbo y ritmo de la nuestra.

La explicación de esta ´paradoja murciana´ hay que buscarla en la hegemonía mediática y social del discurso de la derecha, con sus componentes de populismo hidráulico y victimismo político, en la falta de una correcta información sobre nuestra situación entre los ciudadanos, en la percepción distorsionada que éstos tienen respecto de la atribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno según sus competencias, y en otros rasgos de nuestro subsistema político regional, empezando por la debilidad extrema y el autismo político de la principal fuerza de la oposición.

(*) Presidente del Foro Ciudadano, ex concejal del PSOE e IU, y funcionario municipal en Cartagena

CAM, sexta y penúltima oportunidad / Javier Cuartas *

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) afronta mañana una cita trascendental con su propio futuro y con la estabilidad del sistema financiero español. El consejo de administración de la entidad alicantina, la cuarta caja española en tamaño hasta el reciente proceso de fusiones, volverá a debatir el lunes la aprobación o no del contrato de integración en el grupo de cajas que lidera Cajastur, y del que también forman parte Caja Extremadura y Caja Cantabria, tras haber rechazado el texto el pasado día 15.

Sometida a una fuerte presión y vigilancia por el Banco de España, que le emplaza a decir sí al proyecto con Cajastur, la entidad alicantina negocia «in extremis» una reformulación del artículo que establece el liderazgo ejecutivo y gestor en la caja asturiana para vencer las fortísimas reticencias que el texto suscita entre sus consejeros.

CAM llega a la reunión del lunes sometida a dos tensiones antagónicas muy fuertes. Una, interna, que le impulsa a rechazar la hegemonía asturiana y a no sucumbir al liderazgo rector de una entidad norteña que apenas representa la mitad de su tamaño, y otra, externa, que le emplaza a aceptarla para sortear la crisis económica y reforzar su solvencia en plena etapa de turbulencias.

Las resistencias internas fueron aplastantes en el consejo del día 15, cuando todos sus integrantes (incluido el presidente de CAM, Modesto Crespo, que se sumó al no, en contra de su criterio, para no quedar solo en el máximo órgano gestor de la entidad) rechazaron el texto propuesto.

Pero la presión del Banco de España, que en modo alguno ve factible que CAM continúe en solitario, y el temor a una eventual intervención futura por el supervisor financiero han motivado un cambio gradual de posición en algunos consejeros, sin que exista plena garantía de que el sí vaya a ganar el lunes. Las admoniciones del Banco de España, que en apenas una semana ha llamado al menos dos veces a consultas a la cúpula de CAM, han estrechado el ya escaso margen de maniobra de la caja mediterránea.

Para que el proyecto salga adelante se precisa al menos el respaldo de 11 de los 20 consejeros. Pero el no del día 15 al liderazgo ejecutivo de Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, fue tan rotundo que los sectores minoritarios de CAM más proclives a virar tratan ahora de apurar las horas que restan hasta la sesión del lunes para ganar adeptos al sí, sin saber con certeza cuál será la correlación definitiva de fuerzas. Al tiempo, se trata de consensuar una nueva redacción del artículo que regula los poderes del consejero delegado que permita disipar las suspicacias y temores que se fueron agigantando en las últimas semanas contra lo que se ha llegado a ver como una anexión pura y dura y la entrega de la segunda mayor caja de la Comunidad Valenciana y la tercera más relevante de todo el litoral mediterráneo a Cajastur.

El resultado de la prueba de esfuerzo y resistencia ante un hipotético escenario de empeoramiento de la crisis que difundió el viernes el Comité de Supervisores Financieros Europeos (CEBS) puede actuar como un argumento adicional a favor del sí.

El test evidencia que la fusión virtual de Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria, sometida a un escenario de empeoramiento muy adverso de la economía, aún mantendrá una ratio de solvencia del 7,8%, 1,8 puntos por encima del 6% que se adoptó como nivel mínimo. Pero el grupo llega al 7,8% porque la aportación del FROB (1.493 millones) contribuye, según el CEBS, con 1,8 puntos. En caso contrario, la «fusión virtual» hubiese obtenido un aprobado raspado (6%), y ello merced al exceso de solvencia de Cajastur, que con un 12,7% de capital básico duplica los requerimientos, con un superávit de recursos propios de 860 millones. Sin estas dos aportaciones (la del FROB y la de Cajastur), el SIP se hubiera quedado por debajo de la cota mínima.

Todo ello son indicadores que apuntan a que el proyecto de fusión con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria puede ser una buena opción para la entidad alicantina, cuyo mayor problema no es tanto de solvencia como de liquidez. El propio consejo de CAM del día 15 expresó su inequívoca intención de seguir adelante con la integración, pero la resistencia a aceptar el liderazgo ejecutivo de Cajastur y los poderes del consejero delegado, Manuel Menéndez, colocaron el proyecto al borde del precipicio.

Para Cajastur no hay fusión posible si se intenta diluir, socavar o ningunear los poderes ejecutivos que le son inherentes a un consejero delegado. Cajastur se siente fuerte, además, en su exigencia en la medida en que a estas alturas ya es un secreto a voces que el Banco de España exige que Cajastur, y en especial Manuel Menéndez, lidere el que está llamado a ser el quinto grupo financiero del país y el tercero de mayor tamaño entre las cajas de ahorro. Una fuente que conoce las interioridades del Banco de España y el clima que se respira en el señorial edificio de la calle Alcalá, frente a Cibeles, aseguró: «Esta casa tiene plena confianza en Manuel Menéndez y en su gestión en Cajastur y debe ser quien dirija el proceso».

En contra de CAM juega también su tortuoso proceso de noviazgos abandonados. CAM ha estado intentando eludir, una tras otra, todas las alianzas que se le plantearon, mientras el Banco de España, inquieto por esa deriva, ha ido acrecentando sus indicaciones, cada vez más insistentes, para que tome una decisión de integración.

La alicantina CAM nunca vio con buenos ojos la fusión con la valenciana Bancaja, como se llegó a sopesar, porque existen muchas redundancias de red entre ambas y porque las dos entidades reproducen en sus órganos de gestión hegemonías muy distintas de dos sectores enfrentados del PP de la comunidad: los partidarios de Zaplana y los de Camps.

También CAM huyó de Caja Madrid, otra pareja que se le había propuesto y a cuya oferta sí se acabó rindiendo la valenciana Bancaja. La entidad alicantina vio en ello el abrazo del oso y se retrajo. Con Cajamurcia intentó dos veces una unión, pero en las dos fracasó por lo mismo que luego también rompió las conversaciones con BBK y por la misma causa que ahora dio un paso atrás con Cajastur.

CAM, consciente de su tamaño, de su presencia nacional e internacional, de su participación en el capital de tres bancos (dos españoles y uno marroquí), del poderío de sus 999 oficinas -repartidas por todas las comunidades autónomas-, de sus 7.000 empleados, de sus activos por valor de 75.532 millones y de ser la única caja que cotiza en Bolsa (lo hacen sus cuotas participativas), no asume que sus socios potenciales, todos ellos de menor tamaño, le exijan, como precio a la fusión, la renuncia a dirigir el grupo resultante.

Cajamurcia, BBK y Cajastur, mucho más solventes que CAM, aunque más pequeñas, exigieron en todos los casos la dirección del proyecto como condición ineludible para poner su solvencia al servicio de las necesidades coyunturales de la caja alicantina, cuyo raudo crecimiento en la época de bonanza se nutrió en una alta dosis de una elevada exposición al negocio inmobiliario que ahora es su principal debilidad.

Fuentes conocedoras del sentir del Banco de España aseguran que CAM ya ha desistido de demasiadas operaciones de fusión y que el tiempo se agota. Los miembros del consejo de la caja alicantina más temerosos de indisponer al supervisor temen que, de volver a rehusar CAM ahora la integración con Cajastur, Extremadura y Cantabria, se vea abocada a una fusión a muy corto plazo pero impuesta por el supervisor financiero y bajo la amenaza de intervención de la entidad en caso de resistencia. En el sector aún se recuerda la reconvención del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando alertó de forma genérica que actuaría contra aquellas entidades que, precisando fusionarse, no lo hiciese en el plazo convenido.

Frente a la exigencia de la caja asturiana -que cuenta para ello con la anuencia de los dos otros dos socios y con el apoyo del Banco de España- de dirigir el futuro grupo, CAM y amplios sectores alicantinos han invocado la defensa de los valores e intereses provinciales desde una premisa humanamente comprensible: la dificultad de aceptar que una circunstancia crítica sobrevenida por el pinchazo de la «burbuja inmobiliaria» la vaya a obligar a renunciar a la soberanía plena sobre su propio proyecto financiero y la obligue a acatar la dirección de una entidad de mucho menor volumen, que hasta hace unas semanas ocupaba el vigésimo puesto en el «ranking» de cajas de ahorros españolas.

Pero en el sí o no de CAM a Cajastur España se juega más que la autoestima de una comunidad. Tras superar con éxito las pruebas de esfuerzo del comité europeo de supervisores, el sistema financiero español podría volver a quedar bajo sospecha y a expensas de la reacción de los mercados si CAM opta por romper no una fusión menor, sino la que iba a dar lugar al quinto grupo financiero nacional y al tercero de las cajas de ahorros españolas por tamaño. Y con la incertidumbre añadida en ese caso sobre el futuro inmediato de una entidad como CAM, con más de 75.000 millones de activos.

Éste el dilema en el que ahora se debaten los consejeros de CAM en su trascendental decisión del lunes: optar entre lo preferible y lo factible.

(*) Periodista económico asturiano y autor de 'Biografía de El Cortes Inglés'