lunes, 24 de mayo de 2010

Camps traslada su enhorabuena al presidente de la CAM por su gestión para la constitución de un SIP

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha trasladado su enhorabuena en su nombre y en el de todo el Gobierno valenciano al presidente de la CAM, Modesto Crespo, por su "excepcional gestión" para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP) de la Caja con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Camps, en un comunicado, se expresó de esta manera tras conocer que Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria han firmado un protocolo de intenciones para integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) para reforzar la solvencia y patrimonio de cada una de ellas.

Chaves dice que nunca hubo un contacto formal de CajaSur con Caja Murcia

MADRID.- El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, precisó hoy que el inicio sobre un posible proceso de fusión de la entidad cordobesa con Caja Murcia "casi nunca se planteó".


"Se habló pero no hubo contacto formal para llevar a cabo un proceso de fusión con Caja Murcia", aclaró Chaves, quien recordó la "sorprendente" decisión adoptada por "los representantes de la Iglesia" de negarse a fusionar la entidad cordobesa con Unicaja "incluso" cuando ya se había llegado a un acuerdo sobre "el aspecto más problemático que era el tema laboral".

Apuntó la "responsabilidad" que tienen "los canónigos de la Catedral de Córdoba" en el "agujero de más de 500 millones de euros" abierto en CajaSur y por lo que, dijo, previsiblemente el Banco de España expedientará a sus administradores.

"Cuando se ha abierto un agujero de más de 500 millones de euros como mínimo, que es lo que parece que va a ser, el Banco de España abrirá un expediente para determinar si efectivamente existen responsabilidades como consecuencia de una mala gestión", aventuró Chaves en declaraciones a Telecinco.

A su juicio, la responsabilidad no hay que buscarla en el PP ni en el PSOE sino en "los canónigos de la catedral de Córdoba" que votaron en contra de la fusión con Unicaja.

Valcárcel ha dejado de crear 20.000 empleos en la Región

CARTAGENA.- La diputada regional socialista Teresa Rosique afirmó hoy que desde 2008 la licitación de obra pública del Gobierno regional ha sufrido una caída de 530 millones de euros, “que supone 16.500 empleos menos en la Región”. Y criticó que “este escenario se produzca cuando nuestra Comunidad Autónoma sufre las mayores cifras de paro conocidas, por lo que necesitaría un mayor esfuerzo inversor de Valcárcel”.

“Si a esos 16.500 empleos les sumamos los 3.750 perdidos por los incumplimientos del Gobierno regional del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación en el año 2009, nos da un total de 20.250 empleos menos”, añadió.

Rosique hace estas cuentas basándose en las declaraciones del propio consejero Ballesta, quien decía en marzo de este año que con una inversión de 160 millones de euros en obra pública se creaban 5.000 empleos.

“Con esa misma regla de tres, si el Gobierno regional hubiese sacado a contratación los 530 millones de euros tendríamos 16.500 empleos más”.

“Y a esto hay que sumar el empleo que se ha perdido por los incumplimientos del Gobierno regional del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 209-2012. Alrededor de 3.750 empleos, 1.600 de las viviendas de nueva construcción que se han quedado fuera del Plan y 2.150 de las actuaciones en materia de rehabilitación integral”.

En 2008, el Gobierno regional licitó 91 millones de euros menos que en 2007, y dejó sin gastar 69 millones de lo presupuestado. En 2009, no se sacaron a contratación 151,49 millones de euros del capítulo de Inversiones, a lo que hay que sumar 30 millones de euros que fueron licitados ese año y que todavía no han sido adjudicados.

En 2010, el Presupuesto de Inversiones sufre una caída de 157,95 millones de euros. Y a marzo de este año, se habían licitado 26 millones de euros menos que en el mismo período del año pasado.

Por otra parte, 4,5 millones de euros de subvenciones concedidas a los ayuntamientos en 2009 para obras en materia de arquitectura no se pagaron y han sido deslizados a 2010, sin que hasta la fecha se hayan hecho efectivos los pagos.

La diputada recordó que “la licitación tiene relación directa con esfuerzo inversor, y los datos demuestran que el Gobierno regional se esfuerza poco a pesar de la crisis”. Y que “el bajo esfuerzo inversor incide directa y negativamente en la creación de empleo”.

Rosique destacó que “desde 2008 la caída en inversión de obra pública del Gobierno regional ha sido imparable, ya sea porque se licita menos que en ejercicios anteriores, o porque se licita menos que lo que se presupuesta”.

La Región de Murcia tiene, según la EPA 170.100 parados, lo que supone el 23,17 por ciento de la población activa, frente al 20,05 de media nacional. Si la población activa regional (734.300 trabajadores) tuviese la tasa de paro media nacional habría aquí 147.227 parados. “Es decir, 22.873 parados murcianos deben su situación a la mayor tasa de paro de la Región”.

“El escaso esfuerzo inversor del Gobierno regional arroja un balance de 10.000 empleos menos al año desde 2008, 20.000 familias en total perjudicadas”, finalizó.

Los ayuntamientos no podrán endeudarse a largo plazo hasta 2012

MADRID.- El Real Decreto Ley de medidas antidéficit establece una serie de medidas para garantizar la contribución de las entidades locales a la reducción del déficit público, entre ellas la prohibición de endeudarse a largo plazo desde el martes, fecha de la entrada en vigor de la norma, hasta el 31 de diciembre de 2011.

En concreto, el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.

Asimismo, la norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.

El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011.

Hay que tener en cuenta que la reducción media en un 5% de los salarios de los empleados públicos (reducción que afectará tanto al salario base como a los complementos) será de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que, según el Gobierno, "supondrá un importante ahorro" para las comunidades autónomas y corporaciones locales debido al importante peso del empleo público en las mismas.

Así, como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones.

Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).

Asimismo, y dentro de las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.

El FMI pide que las cajas tengan menos influencia política

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) incide en la necesidad de acelerar la consolidación en el sector financiero español y llevar a cabo reformas en las cajas de ahorros que incluyan una reducción de la "influencia política", impulsar su capacidad para aumentar capital y ofrecerles "la oportunidad de convertirse en sociedades tenedoras de acciones".

En las conclusiones de la revisión del Artículo IV, el FMI señala que el marco legal de las cajas de ahorros "debe ser actualizado al nuevo contexto económico" e insiste en que esta reforma debe llevarse a cabo "lo más rápidamente posible para que estas entidades puedan tener todas las opciones para reunir capital tan pronto como sea posible".

En esta línea, señala que el comportamiento financiero de las cajas es "altamente variado" y que, dado que es un sector que tiene "un papel importante que jugar" en la economía del país, la actual estructura legal "no se adapta bien a las necesidades futuras de España".

Asimismo, la institución dirigida por Dominique Strauss-Kahn ve necesario acelerar "la reducción la sobrecapacidad y la construcción de instituciones más sólidas". Subraya que los progresos realizados, en el marco de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han sido "demasiado lentos", aunque el reciente acuerdo en este sentido entre los dos principales partidos políticos del país es "esperanzador".

En este sentido, ve necesarios más progresos antes de que concluya el FROB en junio y cree que el Banco de España debe estar preparado para intervenir "rápidamente" en caso de que persistan señales de debilidad. "Con este fin, y para mejorar la confianza de los inversores, un 'diagnóstico' banco por banco exhaustivo y transparente basado en hipótesis conservadoras sobre la valoración de activos y perspectivas podría ser útil", agrega.

Asimismo, el FMI reconoce que el sector es "sólido", pero alerta de que se encuentra bajo presión. Recalca que, pese al incremento de los activos deteriorados durante la crisis, los bancos españoles presentaron un capital robusto, apoyados por un fuerte marco supervisor, aunque alerta de que los riesgos siguen siendo elevados y distribuidos de forma desigual entre instituciones, especialmente centrados en las cajas de ahorros.

Así, subraya que las condiciones del mercado para obtener liquidez siguen siendo "difíciles y de acceso limitado", a la que se podría añadir una retirada de las medidas de liquidez excepcionales aprobadas por le BCE" y la intensa competencia de depósitos. "Estas dificultades de financiación, junto a una menor ganancia debido a la debilidad en el crecimiento del crédito, a la provisión de activos problemáticos y a la sobrecapacidad del sistema, aportaría más presión a la rentabilidad", advierte.

La CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria se fusionan

MADRID.- Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria se integrarán en una 'fusión fría' para reforzar la solvencia y patrimonio de cada una de ellas, informaron este lunes las entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estas cajas han firmado un protocolo de intenciones para integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) que se articula como un banco con sede en Madrid, encargado de las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios de todas ellas.

No obstante, cada caja de ahorros mantiene su personalidad jurídica, implantación regional de negocio minorista, y órganos de gobierno y obra social independientes, por lo que la red comercial seguirá operando en cada territorio con la marca actual de cada entidad en su territorio natural.

Así, Caja Cantabria, Caja Mediterráneo, Caja Extremadura, Cajastur, y Caja Castilla-La Mancha (CCM) -en proceso de integración en la asturiana- mantendrán sus insignias.

Esta fusión 'fría o virtual' dará lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a 135.000 millones de euros, un volumen de negocio de unos 177.000 millones de euros, y un ratio de solvencia del 12,1%.

El nuevo grupo contará con una red comercial de 2.300 oficinas y una plantilla conjunta que ronda los 14.000 empleados, mientras que su cartera de participadas tiene un valor de 4.000 millones de euros en el balance agregado.

La nueva entidad tendrá un consejo de administración de doce miembros, presidida por Modesto Crespo, actual presidente de Caja Mediterráneo, y con Manuel Menéndez (presidente de Cajastur) de consejero delegado.

Por su parte, Víctor Bravo (presidente de Caja Extremadura) será vicepresidente primero y Enrique Ambrosio (presidente de Caja Cantabria) será vicepresidente segundo.

Las entidades integrantes del grupo asumen un compromiso recíproco de solvencia de la totalidad de los recursos propios de cada entidad participante y de liquidez, mediante la creación de un sistema de tesorería global.

El SIP, que nace con vocación de duración indefinida y en el que las cajas pondrán en común el cien por cien de los beneficios, estará participado por Caja Mediterráneo en un 40%, al igual que por Cajastur (40%), mientras que Caja Extremadura y Caja Cantabria contarán con una participación del 11% y del 9%, respectivamente.

Los presidentes y directores generales de las entidades suscribieron hoy un protocolo de intenciones que ha sido presentado al Banco de España y que será sometido a aprobación por los respectivos consejos de administración, con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Una vez aprobado por los respectivos consejos de administración y tras la obtención de todas las autorizaciones administrativas pertinentes, se iniciarán las actividades para formalizar el grupo y el desarrollo del proyecto conjunto.

El SIP permitirá reforzar la oferta de servicios a los clientes de las entidades en todo el territorio nacional y la inversión crediticia en sus territorios tradicionales, indicaron las cajas.

La agrupación de estas entidades presenta una diversificación de riesgos, tanto geográfica como sectorial, y una ausencia de solapamiento de clientes, lo que permitirá mayores oportunidades para empresas y familias en sus territorios de origen.

La complementariedad de redes comerciales y oficinas supone un reforzamiento de la actividad en mercados relevantes como Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia, y uno de los factores positivos del acuerdo es que cada entidad participante mantiene su personalidad y niveles de empleo en sus redes naturales.

BBK afirma que hubo negociaciones con CAM para una fusión fría pero que están "definitivamente rotas"

BILBAO.- BBK confirmó que ha venido manteniendo negociaciones con Caja Mediterráneo para acometer una fusión fría, pero que éstas han quedado "definitivamente rotas", ya que CAM pretendía contar con la mayoría en la nueva entidad, según confirmaron fuentes de la caja vizcaína.

La entidad vizcaína señaló que se llevaba un tiempo en contacto con CAM para abordar su proyecto de unión a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP) o fusión fría.

No obstante, estas negociaciones han quedado "definitivamente rotas" este fin de semana, debido a la pretensión de CAM de contar con la mayoría en la nueva entidad resultante.

Este planteamiento no ha sido aceptado por BBK, lo que ha derivado en una ruptura "definitiva" del proceso negociador con la caja vizcaína, que precisó, por otra parte, que no ha mantenido ninguna negociación con Cajastur a pesar de las informaciones que apuntaban en este sentido.

'Huermur' denuncia en la Fiscalía entubamientos de acequias posiblemente irregulares

MURCIA.- La asociación HUERMUR ha presentado ante la Fiscalía especial de medio ambiente de Murcia una denuncia por el Proyecto de entubamiento llevado a cabo en las acequias Puxmarina, Don Pedro y Rosquillas, según un comunicado de dicha asociación en defensa de la Huerta de Murcia.

Dicho proyecto fue presentado en octubre de 2008 por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, y firmado por un ingeniero técnico agrícola. El proyecto hacía referencia a que fue aprobado en un Juntamento de la Junta de Hacendados celebrado el 3 de noviembre de 1995, es decir, 13 años antes.

La obra, que ha contado con financiación de Fondos Europeos FEADER del Desarrollo Rural, va a ser denunciada también ante diversas instancias europeas, para que investiguen si la aplicación de fondos para desarrollo agrario en esta obra supone alguna irregularidad de las apuntadas, ya que estos fondos deberían aplicarse en proyectos que palien la grave situación de nuestros agricultores en vez de en obras de dudosa legalidad.

El entubamiento comprendía 2.892 metros de cauces, lo que suma menos de tres kilómetros, y que afectaba a una zona de riego de 185 hectáreas, en las que la clasificación del suelo es mayoritariamente urbano o urbanizable. Las obras, que se ejecutarían por la empresa estatal TRAGSA, contaron con un presupuesto de 1.143.111,94 €

Las distintas posibles irregularidades detectadas por el equipo técnico de HUERMUR y que han sido denunciadas, son las siguientes, según HUERMUR:

-La justificación para la realización del proyecto hace que este no pueda estar acogido al Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 ni beneficiarse de su financiación.

-Incumplimiento de las disposiciones, reglamentos y normas, que el propio autor reconoce en el proyecto que le son de aplicación.

-Emisión de informes por parte de determinados funcionarios que contienen graves irregularidades con la afirmación de que el proyecto cumple la normativa aplicable y sobre la solicitud de inicio de este proyecto.

-Falta de Resolución con la aprobación del Programa de ejecución de las obras correspondientes al proyecto.

-Incumplimiento de los requisitos de la medida 125 del Programa de Desarrollo Rural FEADER de la Región de Murcia 2007-2013:

Incumplimiento de los objetivos.

Inexistencia de un Plan de Modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia.

Incumplimiento de la normativa regional, estatal y europea en materia de medio ambiente por la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental o pronunciamiento del órgano competente en la materia.

Incumplimiento del Plan Nacional de Regadíos y de la Ley de Aguas.

Destrucción del regadío tradicional.

Gasto económico en un proyecto de modernización de regadío injustificado por no beneficiar al desarrollo de ninguna zona agrícola, ni ser la beneficiaria de la actuación la Comunidad de Regantes.

Incumplimiento de la condición de que la ejecución del proyecto se llevará a cabo mediante la celebración del correspondiente contrato administrativo.

-Incumplimiento de las Ordenanzas que regulan la Comunidad de Regantes Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia con la irregular disposición de los terrenos donde se ha ejecutado el proyecto.

"Por todo esto, y considerando que las distintas irregularidades detectadas en la realización y proyecto de este entubamiento podrían suponer un falseamiento de las condiciones requeridas para la concesión de los fondos estatales y comunitarios en juego, así como ocultar aquellas circunstancias que las hubieran impedido, especialmente en materia hídricos, ambiental y paisajística, HUERMUR ha presentado esta denuncia para que la Fiscalía investigue los hechos y tome las medidas oportunas, y así se puedan esclarecer los hechos y los presuntos delitos.

En ellos están relacionados el Presidente de la Junta de Hacendados, Sigifredo Hernández, y miembros de la Dirección General de Regadíos. Una vez más, Sigifredo aparece relacionado con oscuros comportamientos, movimientos de grandes cantidades de fondos, y entubamientos de acequias. Comportamientos que ya le han causado problemas como la imputación por un supuesto delito contra el patrimonio, sanciones urbanísticas ya dictadas, recursos por irregularidades en Juntamentos, entubamientos indiscriminados, y una larga lista que se agranda día a día", reza el comunicado de HUERMUR.

Desde HUERMUR se considera que no debería continuar ni un día más al frente de esta institución que representa a miles de huertanos, dejando de manchar su nombre y retirándose a resolver sus distintos problemas legales: “Creemos que ha llegado el momento del cambio, el momento de que savia nueva y renovada tome las riendas de la Junta de Hacendados para que vuelva a ser operativa, vigile el cumplimiento de la ley en los cauces y sea un ejemplo de defensa de las tradiciones, el patrimonio y el regadío”.