jueves, 18 de febrero de 2010

El PSRM emplaza al alcalde de Murcia a que explique "por qué no ha rehabilitado el monumento del Cristo de Monteagudo"

MURCIA.- El secretario de Coordinación del PSRM-PSOE, Francisco Javier Oñate, aseguró hoy que es el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, quien tiene que explicar "por qué no ha rehabilitado el monumento del Cristo de Monteagudo".

En respuesta a las declaraciones que realizó la senadora del Partido Popular por Murcia, Mª José Nicolás, quien recordó que el PSOE "votó en el Senado en contra de una enmienda, que presentaron los senadores murcianos del PP a los Presupuestos Generales del Estado de 2010, para la restauración y rehabilitación del conjunto histórico del Castillo y Cristo de Monteagudo de Murcia", Oñate consideró que es "una burda manipulación".

En este sentido, manifestó su tristeza "por contar en la Región con uno de los últimos reductos del tardo-franquismo político, el PP al frente del Gobierno regional".

Así, acusó al partido de "no tener empacho ni la menor vergüenza personal en mezclar religión y política con el intento mezquino de sacar algunos votos más en esta Región, incluso falseando y contando mentiras".

Y es que, a su juicio, "intentar asociar esto a la polémica de la permanencia del Cristo resulta absolutamente manipulador, malintencionado y además mentira, porque es el Gobierno de España el que se ha negado a admitir lo que hasta hoy sólo es una demanda de aventurerismo jurídico por parte de alguien que seguramente intenta notoriedad con causas que tengo la convicción de que van a estar perdidas".

"En todo caso, y si quieren referirse a la rehabilitación del castillo de Monteagudo o del Cristo, hay que recordar que el Gobierno de España se lo intentó ceder al Ayuntamiento", recordó Oñate, quien opinó que "bien hubiera hecho Cámara en aceptarlo y, con los cuantiosos fondos que el Estado le ha dado a través del Plan E, haberlo rehabilitado".

Para Oñate, a quien primero interesa rehabilitar el castillo y el Cristo de Monteagudo "es a los propios murcianos, aunque sea con dinero del Estado".

"Por tanto, que el PP no eche balones fuera ni intente manipular", aseveró en un comunicado.

El TSJCM estima el recurso del Gobierno de C-LM contra la compraventa de agua para Levante

TOLEDO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha estimado el recurso interpuesto por el Gobierno regional contra la resolución de junio de 2006 de la Confederación Hidrográfica del Segura, en la que se suscribían contratos de compraventa de agua con destino a Levante.

La sentencia, con fecha de el miércoles, avala el posicionamiento del Ejecutivo castellano-manchego en contra de la suscripción de contratos de compraventa de agua entre particulares, en tanto en cuanto no se cumplan exhaustivamente todos los requisitos que la Ley exige para que se puedan producir dichos contratos.

En junio de 2006, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha decidía recurrir la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura que aprobaba el contrato de cesión temporal de derechos al uso privativo de aguas que, en mayo de 2006, suscribieron diferentes comuneros individuales de zonas regables tradicionales del Segura y el presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

En el recurso presentado, Castilla-La Mancha alegó como principal motivo impugnatorio que la Confederación del Segura, antes de autorizar los contratos de cesión, debió de controlar el cumplimiento de determinados requisitos imprescindibles en este tipo de contratos.

Ahora, la sentencia estipula que la cesión de agua entre Regantes del Segura y la Mancomunidad del Taibilla obvió la reglamentación establecida que regula la legalidad de los contratos de cesión de derechos sobre el uso de agua.

En este sentido, la sentencia establece que se deberá determinar si dicho incumplimiento ha sido esencial, impidiendo al acto administrativo alcanzar su fin. Así, el TSJCM hace referencia Reglamento de Dominio Público, aprobado por Real Decreto 848/1986 del 11 de abril.

Dicho decreto exige, para que se pueda conceder la autorización de la cesión previa, que el cedente y el cesionario tengan debidamente inscrito su derecho legítimo al uso privativo del agua; procediendo a su denegación cuando el cedente o el cesionario no tengan debidamente inscrito este derecho, requisito que "es legalmente necesario o inexcusable" para el caso de los cedentes.

Además, la sentencia afirma que las inscripciones fueron requeridas por la Dirección General del Agua de la Junta a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura y que no fueron expedidas. Igualmente, el TSJCM establece que, en el periodo probatorio, se reclamó la certificación de zonas regables de iniciativa pública.

Frente a este hecho, la sentencia señala que los comuneros no tienen derecho inscrito de su título y que, sin embargo, en los contratos de cesión aparecen nominalmente los cedentes de agua, "quedando constatado el incumplimiento del control formal de los contratos de cesión con sus requisitos formales".

Por todo ello, declara la nulidad del acto administrativo impugnado por ser contrario al ordenamiento jurídico, al haberse otorgado la autorización administrativa sin cumplir con los requisitos formales previos exigidos por la normativa aplicable para definir la capacidad de los contratantes y los límites de los volúmenes cedidos.

Medio millar de funcionarios piden a gritos la dimisión de Valcárcel

MURCIA.- Medio millar de personas, según Policía Local, se movilizaron hoy en Murcia convocados por los sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública, CCOO, UGT, CSIF y Cemsatse, en defensa de la calidad de los servicios públicos y contra la "intransigencia" y "prepotencia" del Gobierno regional.

Con el lema 'Menos mentiras, más soluciones' y pancartas como 'Por el derecho a la negociación colectiva. Los pactos son para cumplirlos', 'Acuerdos, solución ya' y 'Por unos servicios públicos de calidad, no a las privatizaciones' pidieron ante en el Palacio de San Esteban la dimisión del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, así como de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, en la Avenida teniente Flomesta --donde se ubica su Consejería--.

El coordinador del Área Pública de CCOO, Juan Carlos Meseguer, explicó que reclaman "lo que creemos que es justo, sentarnos a negociar y poder avanzar un poco y desbloquear la situación".

En cualquier proceso de negociación, aseguró, "todo el mundo debe dejar algo en al camino y estamos dispuestos a ceder, pero hay que llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes y los empleados públicos no pierdan derechos que es lo que suele pasar habitualmente".

Al tiempo que afirmó que el Gobierno regional "todavía no nos ha citado, nos ha llegado la voluntad de convocarnos para la semana que viene, pero estamos a jueves y aún no sabemos nada". "A la espera estamos", apostilló, "y es que llevamos siete meses de negociación y hasta ahora no hemos avanzado nada".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José López, que mostró su rechazo ante la actitud que está manteniendo el Gobierno regional, exigió "el cumplimiento de lo acordado, aunque estamos dispuestos a negociar, siempre que la propuesta sea asumida por todos".

Asimismo, a preguntas de los medios de comunicación, afirmó que los empleados públicos están "afectados por la crisis como cualquier otro colectivo ciudadano, directa o indirectamente. Hacemos y estamos dispuestos a hacer esfuerzos igual que todos porque al fin y al cabo formamos parte de esta sociedad que sufre la crisis".

El sindicato Sterm-Intersindical acudió a la manifestación --transcurrida por San Esteban, Gran Vía y Avenida Teniente Flomesta--, aunque no se encuentra en la Mesa General de la Función Pública, porque la Comunidad Autónoma "no está cumpliendo los compromisos adquiridos y está desprestigiando al empleado público y aquí seguiremos hasta que sea necesario y el Gobierno regional entre en razón", señaló su portavoz, Alicia Poza.

Y es que, añadió, "esto refunda en perjuicio de los servicios públicos de la Región y favorece el desarrollo de las privatizaciones. Supone una falta de equidad para los murcianos". "Estos incumplimientos pueden poner en cuarentena otros acuerdos firmados con la Comunidad", apostilló Toni Carrasco, coordinador intersindical.

Mientras, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia (A.P.S.RM La Intersindical) destacó que esta situación afecta al personal del Servicio Murciano de Salud (SMS) puesto que "no podrá solicitarse ninguno de los cuatro tramos de carrera profesional o la promoción profesional, disminuirán las pensiones de jubilación y la pérdida de poder adquisitivo".

"El Gobierno regional está generando de esta forma una discriminación salarial entre profesionales que tienen la misma titulación, funciones, puesto de trabajo y distintas retribuciones", enfatizó.

Bajo los gritos de 'Valcárcel firma ya' o 'Inma para ya', el presidente de ANPE, Clemente Hernández, quien también se unió a la concentración junto con una veintena de compañeros, explicó que "apoyamos y apoyaremos las siguientes movilizaciones con el fin de hacer un llamamiento a la Administración regional para que rectifique o modifique el camino que está siguiendo para resolver los problemas de la función pública".

"Somos 50.000 funcionarios que también queremos participar en la recuperación de esta Región, pero disponiendo de los medios, recursos y condiciones necesarias", matizó Hernández quien aseguró que esperan que la respuesta de la Consejería de Presidencia "sea la de abrir una verdadera negociación porque hasta ahora no se ha demostrado esa voluntad para llegar y cerrar acuerdos". A su juicio, "hoy hubiera sido deseable una respuesta del Gobierno regional".

Está previsto nuevas movilizaciones para la próxima semana en Cartagena y Murcia y una manifestación ante la Consejería de Educación, ya que "es el Ejecutivo murciano el que tiene actuar, responder y dar el siguiente paso", concluyó.

El PP recuerda que el PSOE votó en contra de la rehabilitación del conjunto histórico del Castillo y Cristo de Monteagudo

MURCIA.- La senadora del Partido Popular por Murcia, Mª José Nicolás, recordó hoy que el PSOE "votó en el Senado en contra de una enmienda, que presentaron los senadores murcianos del PP a los Presupuestos Generales del Estado de 2010, para la restauración y rehabilitación del conjunto histórico del Castillo y Cristo de Monteagudo de Murcia".

Así, Nicolás indicó que fue el pasado 16 de diciembre cuando los senadores socialistas, y con ellos los murcianos, votaron en el Pleno del Senado "en contra" de esta enmienda dirigida al Ministerio de Cultura para rehabilitar el Castillo de Monteagudo, "catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) como sitio histórico desde 2004, lo que afecta desde el Cristo hasta el último chinarro", sostuvo.

Es por ello por lo que puso de manifiesto que "al parecer, el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, no sabe qué votan sus senadores y, sobre todo, no sabe o no quiere saber, si votan algo en contra de los intereses de los murcianos, porque no le preocupa".

En esta línea, señaló también que el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, "tampoco parece saberlo, puesto que se dedica a repetir lo que le dicen desde Madrid, pero como delegado tampoco se ha interesado en que el Ministerio de Cultura contribuya a rehabilitar el Castillo y el Cristo de Monteagudo".

"Mientras tanto, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma llevan cinco años invirtiendo en la rehabilitación de este sitio histórico a través del consorcio Murcia, Cruce de Caminos", reprobó la senadora 'popular'.

A su juicio, según fuentes del PP, de nuevo "los socialistas dicen una cosa en Murcia y hacen la contraria en Madrid"; una situación que, opinó, "es consecuencia de una sentencia del Tribunal del Derechos Humanos de Estrasburgo que el pasado 2 de diciembre se reflejó en una Proposición no de Ley, apoyada por socialistas y republicanos, para eliminar los crucifijos en las aulas y que contó con el rechazo de PP y CiU".

Cajamurcia se presenta como una 'excepción' en plena crisis financiera internacional

MURCIA.- El presidente ejecutivo de Cajamurcia, Carlos Egea, destacó durante su intervención hoy en la XXVII Convención de Directivos de la entidad, celebrada en el Auditorio de la capital regional, que "la buena posición de partida y la decidida actuación de la entidad en los momentos de crisis han sido las claves que le han permitido mantenerse entre las mejores cajas de ahorro del país".

En su intervención, Egea hizo también mención al compromiso con las regiones que opera y con sus gentes, tanto a través de la excelencia en la vertiente financiera como en la social. "Un compromiso -dijo- sin el que nuestra entidad no tendría razón para existir", según informaron fuentes de la propia entidad de crédito en nota de prensa..

Asimismo explicó que "la situación de crisis actual ha constituido para Cajamurcia una oportunidad de la que, sin duda, va a salir fortalecida, ya que se han puesto en valor su solvencia, eficiencia y rentabilidad".

Finalmente, Egea felicitó al conjunto de las personas que forman parte de la entidad "por la profesionalidad, diligencia y esfuerzo con los que han asumido los retos del entorno económico y financiero", a la vez que les animó a "profundizar en los mismos valores para mantenerla entre las mejores entidades de ahorro españolas".

Al parecer, la agencia internacional de calificación, Fitch Ratings, de la que Cajamurcia es cliente, la ha situado entre las cuatro mejores cajas de ahorro de España.

La CECA reconoce la poca confianza en las cuotas participativas de las cajas de ahorro

MADRID.- El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, pidió anoche una modificación del régimen de las cuotas participativas que permita a las cajas captar capital en un momento de caída del negocio bancario y de fuertes aumentos de las provisiones que consumen los recursos de las cajas.


"Para apoyar contundentemente cualquier signo de recuperación de la economía española creemos que deberíamos contar con instrumentos más eficaces para captar capital en el mercado que las actuales cuotas participativas. Pedimos que sean un instrumento útil de verdad para captar recursos de verdad", dijo Quintás durante la presentación de las cifras anuales de las cajas correspondientes a 2009.

A 30 de junio, las cajas terminaron con un 'core capital' del 7,1 por ciento desde el 6,9 por ciento a finales de 2008.

Las nuevas exigencias de Basilea barajan que se pueda establecer en un 8 por ciento el requisito de capital básico.

Las cuotas participativas son instrumentos de capital que tienen derechos económicos pero no otorgan derechos políticos.

A diferencia de los bancos, las cajas no pueden acudir al mercado a realizar ampliaciones de capital para fortalecer sus recursos propios.

Quintás consideró que las cuotas participativas se habían visto con mucha desconfianza por algunas fuerzas políticas.

Entre otros inconvenientes citó el límite del 5 por ciento establecido para eventuales tenedores de cuotas participativas.

El máximo ejecutivo de las cajas insistió en la ineficiencia del actual instrumento y consideró que las cuotas deberían estar enfocadas "como un instrumento de captación de recursos propios en los mercados".