viernes, 22 de enero de 2010

Sospechan que las cajas españolas de ahorro enmascaran pérdidas inmobiliarias en sus balances

BARCELONA.- El Partido Popular sospecha que las cajas españolas de ahorro pueden estar ocultando en sus balances pérdidas derivadas de sus negocios inmobiliarios y por este motivo están emprendieron procesos de fusión para acceder a los recursos públicos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Fuentes 'populares' expresaron su sospecha de que muchas cajas están optando por fusiones para enmascarar su "situación de debilidad" y evitar de esta forma tener que presentar un plan de viabilidad al Banco de España, tal y como estipula el decreto ley que regula el FROB.

Por contra, al emprender un proceso voluntario de fusión, cuentan con la ventaja del apoyo financiero por parte del FROB, una posibilidad que, sin embargo, la norma no permite si las entidades presentan problemas de solvencia.

Esta es la razón por la que el PP, tal y como recordó este viernes su presidente, Mariano Rajoy, quiere que el FROB condicione su apoyo a las fusiones a que las entidades "saquen al mercado" el 'stock' de viviendas, ya que así se verían obligadas a sanear la situación de sus balances y revelar su verdadero estado.

En la clausura de la Escuela de Invierno del PP catalán, Rajoy afirmó que en este caso las cajas deberían vender las viviendas que son de su propiedad a un precio real, porque es la "única forma" de sanear el sistema.

Esta medida no requeriría una modificación del decreto del FROB, sino que bastaría con un desarrollo reglamentario de la norma que lo regula que "clarifique" los diferentes supuestos desde los que las entidades pueden acometer su reestructuración. El PP quiere que se especifique qué cajas tienen problemas de viabilidad o están en riesgo de tenerlos.

Asimismo, el PP recuerda que el decreto estipula claramente que es la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la que tiene la última palabra a la hora de autorizar o no el apoyo financiero del FROB a las fusiones, por lo que es "responsable" si se aplican a entidades no viables. "No se puede escudar tras el Banco de España", inciden los 'populares'.

Polémica designación de Francisco Camps como 'hijo adoptivo de Torrevieja'

TORREVIEJA.- El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja acordó este viernes, con los votos mayoritarios del equipo de gobierno del PP, el nombramiento como 'hijo adoptivo de la ciudad' del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por "sus importantes méritos personales y por sus extraordinarios servicios prestados a Torrevieja y a los torrevejenses", según informó este viernes en un comunicado el Consistorio.

En un pleno extraordinario iniciado a las 8.00 horas de este viernes, los 14 miembros del equipo de gobierno popular sacaron adelante la propuesta formulada por el alcalde Pedro Hernández Mateo, que contó con el voto contrario de los 7 ediles del PSOE, y de los dos concejales de cada una de las formaciones de Izquierda Unida y Los Verdes.

Esta moción reconoce las "extraordinarias cualidades personales, y su permanente atención" a la ciudad y destaca que aunque "nació en Valencia, lleva a Torrevieja en su corazón".

Según el texto de la moción, "desde cualquiera de los cargos públicos que ha ejercido durante su dilatada trayectoria política", Camps ha ejercido para la ciudad una actividad que "le hacen sin duda merecedor de la consideración expresa como torrevejense ilustre".

"Muestra inequívoca de su ligazón, respeto, cercanía y admiración hacia nuestra ciudad, fue el simbólico mensaje de Navidad de diciembre de 2003, por ser el primero que dedicó como Molt Honorable President. Sin duda no fue una casualidad que eligiera Torrevieja como sede, imagen y tornavoz desde el cual felicitó a todos los valencianos por primera vez en su nueva condición", añade la moción.

También resalta su "compromiso permanente" con la ciudad y sus habitantes, hasta el punto de que su gestión "consigue casi borrar del recuerdo de los ciudadanos aquellos periodos en los que nuestra ciudad no era ni tan siquiera considerada como parte de la Comunitat Valenciana".

En la misma sesión plenaria, y previo al debate de esta moción, el grupo de Los Verdes presentó una moción, que fue rechazada con los votos del Grupo Popular, en la que solicitaba la dimisión de Francisco Camps, así como la disolución de las Corts Valencianes y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Así mismo, el pleno aprobó también una moción planteada por el concejal de Turismo, Tomás Arenas, para que se inste al Consell a iniciar los trámites oportunos para declarar la prueba deportiva 'Fórmula 1 del Mar' como acontecimiento de excepcional interés público.

Valcárcel destaca que la nueva Ley Ambiental permitirá a las empresas agilizar los trámites administrativos

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, afirmó hoy que la nueva Ley de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que entró en vigor el pasado 2 de enero, ofrecerá a los empresarios murcianos un modelo de gestión ambiental "coordinado e integrado" entre todas las administraciones, organismos e instituciones que permitirá agilizar los trámites burocráticos.

Valcárcel realizó estas declaraciones junto al presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), Miguel del Toro, en el acto de clausura de la 'Jornada sobre la entrada en vigor de la Ley 4/2009 de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada: Conclusiones finales-mesas de trabajo 2009-Plan de Acción 2010'.

De este modo, recalcó que esta normativa constituye un "marco regulatorio" que pretende favorecer la eficacia administrativa y empresarial en la gestión y control de actividades, planes y proyectos.

El nuevo texto legal, que consta de 160 artículos, permite coordinar y sistematizar todos los permisos ambientales con un sistema de ventanilla única, para que cualquier empresa que pretenda instalarse en la Región pueda obtener todos los permisos ambientales mediante un único acto de intervención administrativa.

Al respecto, subrayó que el diseño de esta Ley es fruto de "un intenso pero eficaz trabajo" en beneficio de las empresas murcianas y del medio ambiente. Un esfuerzo "inmerso en la senda del impulso a la competitividad y a un crecimiento sostenible del tejido industrial murciano", según Valcárcel.

Asimismo, manifestó que la finalidad de esta normativa, cuyos objetivos prioritarios consisten en la integración y simplificación de trámites aplicando la mayor agilidad posible dentro del marco legal estatal y europeo, reside en "evitar cargas administrativas superfluas" para que las empresas de la Región se desenvuelvan "en un marco administrativo sencillo, simple y efectivo, con una sensible reducción de los plazos de tramitación en aquellos procesos de escasa o nula incidencia ambiental".

Y es que, la Comunidad ha trabajado con los sectores empresariales, organismos e instituciones implicados para que esta nueva regulación tienda a aplicarse "íntegramente y de manera dinámica" en los diferentes ámbitos productivos.

En su opinión, en materia de medio ambiente "no cabe dispersión alguna", por lo que señaló que "ha sido necesario articular numerosas mesas de trabajo dedicadas en exclusiva a facilitar el conocimiento y comprensión" de esta nueva disposición legal.

De estos foros de debate se han extraído importantes conclusiones que serán tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan de Acción durante 2010", apuntó.

Igualmente, subrayó el trabajo realizado también en "transferir los detalles y las particularidades" de esta disposición legal "en tiempo y forma", con la celebración de una veintena de mesas sectoriales y jornadas temáticas en las que han participado más de 200 personas.

En esta misma línea, destacó la coordinación existente entre los ayuntamientos y la Administración regional para el desarrollo de esta nueva Ley a través de la puesta en marcha, en un breve plazo, de una Comisión de Coordinación Medioambiental que permitirá "unificar criterios y fomentar la acción común en campañas y proyectos ambientales", lo que propiciará además el ahorro de recursos humanos, técnicos y económicos.

El jefe del Ejecutivo regional remarcó el apoyo del Gobierno regional a los distintos sectores de actividad de la Región, "en consonancia con las normas de respeto ambiental" y en base a los principios de "seguridad jurídica, transparencia, simplicidad y eficacia".

Por último, mostró su confianza en que la aplicación de esta Ley "será un éxito para todos y aportará los beneficios esperados tanto al sector empresarial como a la propia Administración".

FSP-UGT solicita a Valcárcel que se paralice el proceso de transferencias de Justicia "hasta que haya dinero"

MURCIA.- La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Murcia remitió hoy una carta al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, en la que solicita la "paralización" del proceso de transferencias en curso para la gestión de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia "hasta que las arcas regionales estén más saneadas y haya, por tanto, más dinero".

En esta línea, UGT recordó que entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de diciembre "figuraba la suspensión de los acuerdos salariales para los empleados públicos de la Región, suscritos con los sindicatos, argumentando la escasez de recursos económicos y la necesidad de priorizar la inversión en producción y políticas sociales".

Es por esta razón por la que FSP-UGT Murcia consideró que "sería una verdadera temeridad proseguir el proceso de las transferencias sin un estado de cuentas solvente, teniendo en cuenta el Plan para la Modernización de la Justicia y la implantación de la Nueva Oficina Judicial".

Además, resaltó que Murcia "ha sido elegida como ciudad piloto para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, lo que requiere una importante inversión y no admite incumplimientos de los acuerdos en materia retributiva a los funcionarios de Justicia".

A tenor de los hechos, la Federación de Servicios Públicos de UGT Murcia insistió en la necesidad de aplazar estas transferencias "hasta un momento en el que los recursos económicos públicos así lo permitan", informó el sindicato en un comunicado.

Renovado el acuerdo con el CGPJ para la formación de jueces y magistrados en la Región de Murcia

MURCIA.- El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy, la celebración del protocolo para 2010 del convenio marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la formación de jueces y magistrados que prestan sus servicios en la Región de Murcia.

Entre las novedades para este ejercicio destacan las acciones dirigidas al desarrollo y funcionamiento de la nueva Oficina Judicial, que se puso en marcha como proyecto piloto en la Región de Murcia el pasado mes de diciembre.

Este año está prevista la participación de 104 jueces y magistrados como alumnos y de 29 ponentes, también de la carrera judicial, lo que suma un total de 133 jueces y magistrados que ampliarán sus conocimientos y compartirán iniciativas orientadas a la mejora y modernización de la Administración de Justicia.

El presupuesto para el desarrollo de estas acciones formativas asciende a 36.216 euros, de los que la Comunidad aporta 20.000 euros y el Consejo General del Poder Judicial los 16.216 restantes.

El protocolo autorizado hoy se incluye en el convenio firmado en 2009 y cuya vigencia abarca hasta 2012, en el que se establecen las bases y se articula la colaboración permanente entre la Comunidad y el CGPJ en la formación territorial descentralizada de jueces y magistrados con destino o que presten servicios en la Región.

Mediante la suscripción de este convenio, ambas instituciones consolidan de manera permanente la cooperación iniciada en esta materia. La colaboración se materializa a través de protocolos anuales que contienen el programa de actividades formativas y los compromisos de financiación.

La coordinación de las actividades de formación previstas en cada protocolo corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), a través de un Magistrado Coordinador.

La colaboración entre Comunidad y CGPJ para la formación de jueces y magistrados se remonta a hace 18 años, cuando se suscribió el primer acuerdo con la finalidad de atender las necesidades formativas específicas de la judicatura en Murcia.

En el marco de este acuerdo de colaboración, el pasado año se celebraron diferentes actividades formativas especializadas en los ámbitos penal, contencioso-administrativo, social y de instrucción, en los que participaron 110 jueces y magistrados.

Entre ellas, la Región albergó unas jornadas sobre Sanidad y Justicia, un Encuentro Jurisdiccional de Jueces de lo Penal de la Región de Murcia y otro del área de Instrucción, así como de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

Además, se celebró el IV Foro de la Oficina Judicial, que reunió a 33 jueces y magistrados de todos los órdenes jurisdiccionales y a 17 secretarios judiciales y fiscales.

Cultura incoa el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó hoy la resolución de la Dirección General de Bellas y Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que incoa el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor de los restos arqueológicos del arrabal de la Arrixaca Nueva ubicados en San Esteban.

Según fuentes del BORM, la decisión fue adoptada tras consultar a la Comisión de expertos constituida para el estudio y valoración de los restos arqueológicos de San Esteban sobre la conveniencia de la iniciación del expediente de declaración como bien de interés cultural del conjunto urbano de época andalusí localizado en el antiguo arrabal.

La Consejería determinó la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural al yacimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, la Consejería resolvió describir el yacimiento para su identificación, delimitando la zona afectada, y seguir con la tramitación del expediente, según las disposiciones vigentes.

De la misma forma, la Dirección General decidió dar traslado de esta resolución al Ayuntamiento de Murcia y hacerle saber que "todas las actuaciones que hayan de realizarse en la zona arqueológica cuya declaración se pretende, no podrán llevarse a cabo, sin la previa autorización expresa de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales".

Así pues, quedarán en suspenso, en su caso, "los efectos de las licencias ya otorgadas, así como la prohibición del otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas, salvo que se trate de obras por fuerza mayor, las cuales precisarán también la autorización de esta Dirección General". Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o símbolo.

Igualmente, el BORM explica que la resolución publicada "no pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación".

Las excavaciones arqueológicas efectuadas en el antiguo jardín de San Esteban permitieron evidenciar una ocupación que puede remontarse a fines del siglo XI con un desarrollo progresivo que alcanza hasta mediados del siglo XIII, según explica el Boletín.

El crecimiento demográfico que conoció la medina a lo largo de esta centuria, propició la expansión del área urbana ocupando el arrabal denominado Arrixaca Nueva que en origen constituía, según las fuentes, un espacio constituido por grandes residencias y áreas de jardines y huertos.

Así pues, en el siglo XIII el espacio fue ocupado en su totalidad consecuencia fundamentalmente del traslado de la población musulmana al arrabal con la conquista cristiana, hecho conocido a través de las fuentes documentales y que ha podido documentarse en las actuales excavaciones arqueológicas.

Hasta ahora, el BORM determinó que se ha registrado unas 60 viviendas y un conjunto más complejo, formado por seis grandes recintos residenciales denominado complejo palacial en la memoria de la excavación, que mantienen un mejor estado de conservación conectados por una amplia red de calles con trazado ortogonal.

Aunque el estado de conservación es desigual, el conjunto excavado supone una importante aportación al conocimiento de la trama urbana del antiguo arrabal de La Arrixaca. Asimismo, las plantas de las casas son reflejo de los modelos característicos islámicos, con patios centrales incluso en las más modestas, lo que les da un valor tipológico como muestra de una vivienda tradicional islámica del arrabal murciano del siglo XII-XIII.

Por otra parte, el conjunto de viviendas que rodea al actual palacio de San Esteban son de mayores proporciones y en algún caso presentan una buena conservación de la fase del siglo XIII y permite la lectura de las fases precedentes.

Junto a las viviendas, el BORM recoge que resulta destacable la existencia de un sector de carácter religioso, ubicado en el extremo noroeste del área en excavación, con una zona de necrópolis y un pequeño oratorio o mezquita.

Por consiguiente, el interés de conjunto del área excavada, tanto por su gran extensión y por la fácil lectura de las viviendas documentada, así como disponer de un amplio sector de la trama urbana del arrabal medieval justifica, en opinión de la Comisión de expertos reunida el pasado día 11 de enero de 2010, la incoación de expediente de Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica.

La delimitación abarca a toda la zona excavada, delimitada por las calles Callejón de Berruezo, Jerónimo de Roda, y Portillo de San Antonio, desde aquí, por la calle Acisclo Díaz hasta la cabecera de la iglesia de San Esteban, continúa bordeando la iglesia y actual Palacio de San Esteban hasta alcanzar de nuevo el Callejón de Berruezo.

Detenido el presidente de la Asociación de Argelinos en Murcia por vender contratos presuntamente falsos a inmigrantes

MURCIA.- La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia ha desarticulado una red que ofrecía y vendía contratos de trabajo fraudulentos para que los inmigrantes los pudieran utilizar en sus trámites de regularización. La operación se ha saldado con tres detenidos, entre los que se encuentra el presidente de la Asociación de Inmigrantes Argelinos en Murcia (Aiam), considerado el 'cabecilla' de la red.

Las investigaciones se iniciaron hace unos dos meses, cuando los funcionarios de la Oficina Única de Extranjería de la Región detectaron un elevado volumen de contratos de trabajo pertenecientes todos ellos a una misma empresa.

A tenor de estos hechos, que levantó sospechas, se puso en marcha un dispositivo de investigación que culminó el pasado lunes con el arresto de tres integrantes de la red, según confimaron fuentes policiales.

En concreto, se trata del principal cabecilla, de nacionalidad argelina; así como un empresario de la construcción, español; y un intermediario, también argelino. A todos ellos se les imputa un presunto delito de favorecimiento de inmigración ilegal y falsedad documental.

Aunque la operación continúa abierta, de momento los agentes han conseguido identificar más de medio centenar de afectados que pagaban cantidades que oscilan entre los 300 y los 1.500 euros para conseguir estos contratos que les proporcionaban el arraigo en el país.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, donde su titular ya decretó el pasado martes prisión preventiva para el presidente de la Asociación de Inmigrantes Argelinos en Murcia y el empresario español de la construcción.

Tras pasar a disposición judicial, el tercer integrante de esta red, considerado el intermediario, que ofrecía contratos de trabajo fraudulentos para que los inmigrantes los pudieran utilizar en sus trámites de regularización ha quedado en libertad, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Las detenciones, efectuadas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia, se realizaron el pasado lunes tras dos meses de investigación. La operación continúa abierta.