martes, 19 de enero de 2010

Fomento lanza un plan de formación para elevar la competitividad del transporte por carretera

MADRID.- El Ministerio de Fomento presentó hoy el Plan de Impulso y Mejora de la Formación del Transporte por Carretera (Plan Imforte) 2010-2012 en su apuesta por la formación como instrumento clave para mejorar la profesionalización y competitividad del sector, informó hoy el departamento.

El plan recoge un total de catorce proyectos y cincuenta medidas diseñadas a partir de un estudio del mapa formativo del sector y de los análisis y propuestas formuladas por instituciones, entidades y agentes del ramo.

Para el ejercicio 2010 el plan contempla el desarrollo de un portal de Internet del transporte por carretera, la puesta en marcha de una biblioteca técnica, la constitución de un observatorio permanente y la articulación de un sello o certificación de excelencia formativa.

La futura comisaria de Interior impulsará una reglamentación europea sobre trabajadores inmigrantes

BRUSELAS.- La futura comisaria de Interior, la sueca Cecilia Malmström, defendió hoy la necesidad de contar con medios legales para organizar los flujos de trabajadores inmigrantes como una forma de luchar contra la inmigración irregular durante la audiencia celebrada en el Parlamento Europeo, que deberá evaluar su idoneidad para el puesto en el futuro Ejecutivo comunitario.

Además, se comprometió a presentar en unos meses nuevas propuestas para mejorar el funcionamiento de la Agencia europea de control de fronteras (Frontex). Entre otras cosas, Malmström pretende que la Agencia pueda trabajar en el futuro con otros organismos y pueda comprar su propio equipo para facilitar la planificación de las operaciones.

La ex ministra sueca de Asuntos Europeos puso de relieve ante los eurodiputados la importancia de los inmigrantes en la economía europea y su aportación a la riqueza cultural de los países y adelantó varias propuestas para regular la llegada de trabajadores temporales y en prácticas.

"Hay que encontrar los medios legales de organizar esta inmigración porque es también un medio de luchar contra la inmigración ilegal. Hace falta que los trabajadores inmigrantes sepan que desde que entran en Europa adquieren toda una serie de derechos", apuntó. En la misma línea, recordó que los inmigrantes, "irregulares o legales" tienen "derechos humanos" y que corresponde a la UE "defenderles siempre".

La candidata a comisaria y antigua eurodiputada salió airosa del examen de la Eurocámara y sólo tuvo que hacer frente a las críticas del eurodiputado italiano de la Liga Norte, Mario Borghezzio, que la acusó de defender una "inmigración masiva". Malström replicó que todos los países de la UE necesitarán en el futuro mano de obra inmigrante para que la economía siga a flote y para pagar las pensiones.

"Y para ello --agregó-- tendrá que haber una reglamentación europea sobre la manera de gestionar todo esto y eso es lo que voy a proponer". Así, apostó por crear instrumentos jurídicos para los trabajadores temporales y una legislación para garantizar que quienes llegan a Europa de manera legal se beneficien de los mismos derechos que los ciudadanos europeos.

Admitió en todo caso que en la actualidad estos derechos --como el acceso a la sanidad o a la educación--varían mucho en función de los Estados miembros, pero de momento no se puede prever una legislación común a nivel europeo al tratarse de una cuestión "muy sensible". Malmström avanzó igualmente que presentará una propuesta sobre inmigrantes menores no acompañados.

Por lo que respecta a Frontex, su idea es que la Agencia compre sus propios equipos para no depender de los Estados miembros, que tenga secciones especializadas, trabaje en colaboración con diferentes mecanismos de control de fronteras de los Estados miembros y se ocupe de la formación jurídica del personal encargado de las labores de control. Eso sí, dejó claro que para la puesta en marcha operativa de Frontex, todo seguirá dependiendo de los Estados miembros.

Entre sus prioridades citó igualmente la puesta en marcha un régimen común de asilo e inmigración con un enfoque global que tenga por objetivo la gestión concertada de los flujos migratorios en colaboración con terceros países. "Tenemos que instaurar un régimen de asilo único que se apoye en la solidaridad, la previsibilidad y la responsabilidad común, con arreglo a los convenios internacionales y que respete plenamente el derecho de asilo", dijo.

La adquisición de activos inmobiliarios disimula parte de la mora de la banca española, según 'FT'

LONDRES.- La tasa de activos en riesgo de mora de los bancos españoles, especialmente en aquellos cuyo mercado se ciñe principalmente a España, registraría un pronunciado aumento si se contabilizasen como préstamos fallidos los activos inmobiliarios adquiridos por las entidades, según apunta un informe elaborado por Nomura, recogido por el diario británico 'The Financial Times'.

En un artículo de opinión titulado 'Costa del subprime', el rotativo británico advierte de que "las apariencias pueden resultar engañosas" y recuerda que, si bien los bancos españoles parecen haber capeado las turbulencias de la crisis financiera mejor que sus rivales anglosajones, también es porque las entidades españolas estaban "más preocupadas" con el colapso y la caída en picado del mercado inmobiliario doméstico.

Las provisiones anticíclicas contra los préstamos fallidos acumuladas durante los años de bonanza ayudaron a las entidades españolas, recuerda 'FT', que, sin embargo, apunta que el reciente descenso del 28% en el beneficio neto de Banesto en 2009 por el acusado incremento de las provisiones sugiere que "este mayor aprovisionamiento puede estar también en las cartas de otros bancos".

A este respecto, el periódico señala que el sector inmobiliario representa la mayor fuente de presión para los resultados de las entidades y advierte de que, aunque los datos oficiales sugieren que el descenso en el sector residencial se frenó a finales de año, a pesar del evidente exceso de inmuebles, los precios aún parecen altos en comparación con las bajadas registradas en otros países como Irlanda.

"Los bancos han tratado de mantener bajos los préstamos en riesgo de mora mediante su refinanciación, la conversión de deuda en patrimonio o mediante la adquisición de los activos subyacentes", señala el periódico.

A este respecto, la firma japonesa de corretaje Nomura advierte de que si estos activos inmobiliarios adquiridos por los bancos españoles fueran contabilizados como préstamos fallidos se observaría un incremento en la tasa de activos en riesgo de mora de las entidades, especialmente en el caso de las más enfocadas al mercado nacional.

Bajo esta premisa, el informe señala que el ratio de activos en riesgo de mora del Popular, que adquirió en el tercer trimestre propiedades valoradas en 2.900 millones de euros, pasaría del 5,43% al 8,43%, mientras que en el caso del Sabadell, que adquirió propiedades por valor de 1.900 millones, la tasa de mora pasaría del 3,87% al 6,82%.

En cuanto a Banesto, filial del Santander que adquirió propiedades por importe de 1.400 millones de euros en el tercer trimestre, su ratio de activos en riesgo de mora sería del 4,93%, frente al 3,02% actual.

"2010 será un año duro para los bancos ceñidos al mercado español", advierte el periódico por la amenaza del aumento del paro y las crecientes presiones en los márgenes de las entidades a la vez que cae el volumen de préstamos.

Por contra, el documento constata que la distorsión es mucho menos significativa en el caso de las grandes entidades como Santander y BBVA, cuya actividad internacional representa parte importante de sus cuentas, ya que el banco presidido por Francisco González contaría con una mora del 4,20%, frente al 3,78% actual, y el dirigido por Emilio Botín registraría una subida de 67 puntos básicos, hasta el 3,97%.

Asimismo, 'FT' destaca el impacto positivo "por ahora" para ambas entidades por su exposición al 'boom' de la economía latinoamericana.

Alicante se asegura el AVE antes de que la crisis impida su 'congelación' presupuestaria

ALICANTE.- El ministro de Fomento, José Blanco, anunció hoy a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que durante el primer trimestre de 2010 el Ministerio licitará las obras de la primera frase de los accesos a Alicante de la Alta Velocidad (AVE), y la redacción de los proyectos para completar su integración en Alicante, en el marco de la segunda fase de las obras, que incluye el soterramiento ferroviario y la construcción de una estación definitiva, según informaron hoy en un comunicado el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Alicante.

Durante una reunión celebrada hoy en Madrid con la alcaldesa alicantina, Blanco expresó su compromiso con la llegada de la Alta Velocidad a Alicante en 2012, así como con la posterior ejecución de la segunda fase de las obras, consistentes en la integración ferroviaria.

Asimismo, el ministro apuntó que su departamento está redactando los proyectos de la variante de Torrellano, una variante de trazado en vía doble electrificada y ancho internacional, que incluye una nueva estación al aeropuerto. La variante de Torrellano permitirá, una vez finalizada, que no haya ninguna vía en superficie para que desaparezca el actual paso a nivel y las vías de primera línea de mar.

La primera fase consistirá en soterrar dos tramos, uno de 70 metros, sentido Madrid, y otro de 300 metros, sentido Alicante, a continuación del tramo soterrado ya existente. El AVE saldrá en superficie junto a la actual Estación, por el lado de la calle Bono Guarner.

Por otro lado, la licitación del proyecto de la segunda fase del soterramiento permitirá completarlo totalmente. El proyecto consistirá en soterrar por completo las vías, y se hará por el lado más cercano al borde litoral --opuesto a Bono Guarner-- así como los andenes intermedios.

El importe total estimado de la actuación asciende a cerca de 170 millones de euros, de los cuales en torno a 40 millones de euros correspondería a la nueva estación.

Además, Blanco avanzó que durante el presente año serán licitadas las obras de la variante y detalló que la actuación permitirá, una vez finalizadas las obras, el establecimiento de servicios AVE de tipo lanzadera entre el centro de Alicante y la nueva terminal del aeropuerto.

Por otro lado, la alcaldesa de Alicante preguntó al ministro de Fomento sobre el aeropuerto de El Altet y su inclusión o no dentro del nuevo modelo de gestión aeroportuaria. A ese respecto, el responsable de Fomento indicó que "lo primero es aprobar la ley" y apuntó que una vez aprobada, se "iniciará una ronda de conversaciones con todas las comunidades autónomas".

Desde su punto de vista, el aeropuerto de El Altet, "en principio parece reunir los requisitos necesarios" aunque "es algo que se decidirá en las negociaciones que se van a llevar a cabo".

Espinosa pide a las CCAA que colaboren con el Gobierno en medidas para paliar la crisis del campo

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se ha dirigido a todos los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para que algunas de las iniciativas que pondrá en marcha el Gobierno para hacer frente a la crisis del sector agrario sean medidas "compartidas" por ambas administraciones.

Preguntada en rueda de prensa acerca de la dotación económica que requerirán las ayudas previstas para afrontar la situación que atraviesa el sector, la ministra afirmó que aún no hay valoraciones, porque parte de la información debe ser remitida por los gobiernos autonómicos.

"Hay préstamos que son concebidos con acuerdos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero hay otros, relacionados con instrumentos financieros de la UE, que pusieron en marcha las comunidades autónomas", comentó Espinosa.

En este sentido, indicó que se ha dirigido a los consejeros no sólo para que "colaboren en esa labor de facilitar información", sino también para que "las propias medidas puedan ser compartidas por las comunidades autónomas y ayudar a salir de esta situación".

Espinosa compareció hoy tras entrevistarse con el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Hugo Morán, para abordar las prioridades de la Presidencia española de la UE en materia de agricultura, que se centran en el mantenimiento de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2013, en la competitividad del sector agroalimentario y en el papel de la mujer en el medio rural.

Según afirmó, estos tres ejes no son elementos "divergentes", sino que "caminan hacia ese gran objetivo de situar al sector agroalimentario como un sector estratégico" para Europa.

En relación con la mujer rural, señaló que la Presidencia española pretende poner en marcha actuaciones legales que permitan una discriminación positiva en la concesión de ayudas comunitarias, como actualmente existe para los jóvenes. España ya ha introducido este tipo de discriminación en los fondos nacionales para financiar seguros agrarios, pero los fondos europeos no lo permiten.

Se trata, según la ministra, de desarrollar políticas que permitan "mantener vivo" el mundo rural, un espacio donde situó a la industria agroalimentaria, a la que el Gobierno pretende "hacer más competitiva, para que pueda exportar cada día más y ayude también a ese desarrollo de economía sostenible" que promueve el Ejecutivo.

Además, apuntó que la industria requiere de las materias primas que producen agricultores, ganaderos y pescadores, que a su vez necesitan el mantenimiento de la PAC a partir de 2013. Espinosa indicó también que agricultores y ganaderos están llamados a contribuir al cumplimiento de los "objetivos del Milenio".

Preguntada acerca de las críticas de consejeros de Agricultura del PP acerca de la ausencia de la PAC entre las prioridades de la Presidencia, Espinosa consideró que "determinados consejeros pueden ser muy vagos y no leen la documentación, porque es el epígrafe que ocupa mayor volumen".

"El PP critica sin ningún tipo de base, usa la demagogia y trata de desacreditar al Gobierno en cualquier ámbito de acción", lamentó.

España apuesta por coordinar la política turística y medioambiental

MADRID.- El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, defendieron hoy la coordinación entre sus departamentos en el desarrollo de la legislación que afecta a ambas materias, puesto que su colaboración "va más allá del conocimiento de las estrategias respectivas".

En el marco de su intervención en el V Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, Mesquida subrayó que ambas secretarías mantienen "interacciones muy importantes", con una colaboración "continua y constante" en diversos temas, como el desarrollo sostenible o los planes de recualificación integral de destinos maduros.

El secretario de Estado de Turismo recalcó que aunque la Ley de Economía Sostenible no aborde concretamente ninguna industria en concreto, sus tres ejes centrales --mejora del entorno, de la competitividad y de la sostenibilidad-- también son aplicables al sector turístico.

Dentro de este último eje se incluye un fondo de 5.000 millones de euros a disposición de los ayuntamientos, con los que han establecido contactos para priorizar las inversiones de carácter turístico. Un segundo fondo, de 20.000 millones de euros entre 2010 y 2011, incluye explícitamente el ámbito del turismo sostenible, así como las infraestructuras de transporte.

Además, indicó que los planes 'Future y 'Renove' de ayuda al Turismo han incidido en aspectos que esta ley pretende mejorar, entre las que destacó el ahorro energético y de recursos, la accesibilidad y la consecución de certificados medioambientales.

Durante su intervención, el responsable de Turismo señaló también que aunque dentro del sector la "joya de la corona" es el 'turismo de sol y playa', en los últimos años se ha llevado a cabo una diversificación en la que ha cobrado fuerza la difusión de la riqueza natural nacional, un proceso "para el que trabajaron con el ministerio de Medio Ambiente".

Ante el problema del deslinde de playas y chiringuitos, Mesquida indicó que el Ministerio procederá a ello "teniendo en cuenta los usos en materia turística", por lo que "se analizará caso por caso y se hará una interpretación flexible".

"La problemática de los chiringuitos se ha mitigado bastante", añadió.

Por su parte, Ribera destacó la creciente importancia del compromiso ecológico de las empresas como un "valor intangible" que permite diferenciar los productos de calidad de otros que "quizás no son tan valientes y eficientes".

El Gobierno español se compromet a impulsar el corredor ferroviario del mediterráneo

MURCIA.- El ministro de Fomento, José Blanco, se comprometió anoche con Ferrmed a impulsar el corredor ferroviario del mediterráneo, desde la frontera francesa a Algeciras, para que la Unión Europea lo incluya como proyecto prioritario de las redes transeuropeas de transporte.

El presidente territorial de la CAM, Ángel Martínez, que asistió a esta reunión como miembro fundador de la asociación ferroviaria europea Ferrmed y en representación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, afirmó que "durante todo el encuentro el ministro ha tenido muy buena disposición y ha demostrado tener un profundo conocimiento de la trascendencia de un eje ferroviario que una el sur de la península con Europa".

Martínez aseguró en comunicado de prensa que le expuso al ministro la necesidad de que este eje ferroviario "esté articulado con todos los puertos españoles para hacer de España una plataforma intermodal de las mercancías de Europa con África y Asia". Además solicitó que este corredor tenga doble vía desde Lorca hasta la frontera para el transporte de mercancías y pasajeros y vía mixta entre Lorca y Almería.

Para promover este gran eje ferroviario, que uniría el sur de la península con y la cuenca mediterránea occidental con el centro y el norte de Europa, a través de los valles del Rin y del Ródano, y lograr su declaración de proyecto prioritario la junta directiva de Ferrmed presentó al ministro un estudio socioeconómico que estima que la puesta en marcha de este eje supondría una mejora en la rentabilidad del transporte de mercancías, así como una reducción de la siniestralidad y de la contaminación que, por ejemplo en el periodo 2016-2045, supondría una reducción de emisión de 900.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Martínez aprovechó el encuentro para entregarle al ministro de Fomento el estudio 'El desarrollo del Arco Mediterráneo Español. Trayectoria y perspectivas', realizado por el Ivie por encargo de Caja Mediterráneo. Un informe que, entre otros aspectos, defiende la necesidad de una mayor inversión pública en infraestructuras de transporte, entre ellas la creación de un corredor ferroviario que vaya desde Algeciras hasta el norte de Europa y reafirma la transcendencia socioeconómica de la cuenca mediterránea española.

Además del eje de mercancías, en la se han abordado asuntos relacionados con la reducción de los costes logísticos de transporte en la Unión Europea para mejorar la competitividad o con el impulso de la interoperabilidad de la red ferroviaria.

Un 20% de las remesas que los inmigrantes envían a sus países desde España viaja por cauces informales

MADRID.- Un 20% del dinero que los inmigrantes afincados en España envían a sus países de origen viaja por cauces ilegales que no están sujetos al control de los organismos reguladores, lo que empuja a los extranjeros a una situación de "marginalidad financiera" y perjudica tanto a la economía de destino como a la de origen del dinero, según el estudio Inmigración y Remesas informales en España presentado hoy en Madrid.

El trabajo, elaborado por el investigador Iñigo Moré, está editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración y fue introducido en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien destacó que esta horquilla, que se calcula en el 20% de irregularidad es una "estimación", dado que se trata de "un universo opaco y no formalizado" y, por tanto, difícil de medir.

Según explicó Moré, en el año 2007, cuando los inmigrantes enviaron 8.100 millones de euros a sus países de origen por los cauces autorizados y bajo control del Banco de España, al menos 1.600 millones de euros cruzaron la frontera por hasta 17 mecanismos irregulares distintos, principalmente el autotransporte.

No en vano, en 2008 se interceptaron en las aduanas a 421 viajeros que llevaban encima más dinero en efectivo del autorizado y no lo habían declarado, conforme explicó Moré.

Con estos cálculos, durante los tres primeros trimestres de 2009, cuando los inmigrantes enviaron 5.217 millones de euros según el Banco de España, al menos 1.000 millones lo hicieron en efectivo a bordo de autobuses, en las guanteras de vehículos particulares o en las carteras de quienes viajaban a su país con la cantidad ahorrada.

El estudio afirma que "existen factores en la regulación española que favorecen las remesas informales, como la asimetría entre las cantidades que uno puede llevar consigo de forma anónima cuando abandona el país, 10.000 euros, y la que puede remitir como máximo en las mismas condiciones, sólo 3.000 euros", y destaca que "cumplir con la regulación española sobre remesas es más difícil que realizar el servicio".

Este fenómeno "no está generalizado" entre toda la población extranjera, sino que, según Moré, afecta especialmente a determinadas nacionalidades. Atendiendo al volumen de personas que utilizan estas vías al margen de la ley, el autor del estudio señaló que Venezuela encabeza el ránking, porque más del 70% de su población en España se sirve de estos mecanismos. Le siguen Gambia, con un 50%, Ucrania y Polonia, que rondan el 40% y Marruecos, con un porcentaje similar.

No obstante, en función de la cantidad de dinero que llega por cauces irregulares, el primer país en recibir flujos ilegales es Marruecos, seguido de Rumania y de Portugal, ya que, según explicó Moré, las mayores cuantías "no van a los países más pobres, sino a países del entorno de España, como Rumania o Polonia, y a economías emergentes, como Venezuela".

Con todo, el informe de Moré incide en que "el inmigrante ignora que la red de remesas informales en la que deposita su confianza es ilegal. Salvo algunos casos, no es consciente de estar recurriendo a un proveedor de servicios informal y cree que enviar dinero en el autobús es igual de legal que enviar un paquete, la maleta de ropa o ir él mismo", por lo que reivindica un "esfuerzo de información" sobre este asunto a las autoridades.

Según el autor del estudio, las principales consecuencias negativas de esta práctica son para los propios usuarios, que "se han colocado en la marginalidad financiera más absoluta" poniéndose en manos de "la ley de la selva". Es un "subdesarrollo financiero" que "les condena a tener una vida de efectivo" por lo que las remesas informales "son la forma más peligrosa de no integración", concluyó.

Bruselas impone límites a las ayudas a las cajas de ahorro españolas

BRUSELAS.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, confirmó este martes que la Comisión Europea ha limitado las ayudas públidas que podrán recibir las cajas de ahorros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al 2% de los activos ponderados por riesgo. No obstante, aclaró que puede haber excepciones para fusiones que requieran más capital, pero deberán notificarse caso por caso a Bruselas para lograr autorización.

El Gobierno y la Comisión todavía no han acordado el interés que deberán pagar las entidades por el capital recibido, según explicó Salgado. España notificó oficialmente el FROB a Bruselas este lunes y espera lograr su aprobación antes de que la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, abandone su cargo a finales de enero.

"Lo que hemos presentado, y lo que la Comisión previsiblemente va a aprobar, es el esquema general, es decir, un esquema que permite que las operaciones que estén dentro de ese esquema no tengan que pasar por ninguna comunicación anterior a realizarse", señaló Salgado a la entrada de la primera reunión de ministros de Economía de la UE de la presidencia española.

La vicepresidenta explicó que este "esquema estándar" es el que prevé que las ayudas no puedan superar el 2% de los activos ponderados por riesgo de las cajas. "Eso es lo que hemos acordado con la Comisión", dijo.

No obstante, aclaró que si una fusión supera estos límites no quedará automáticamente excluida de las ayudas, sino que se deberá notificar por separado a la Comisión, y "por anticipado", para lograr autorización. "Si hay una operación que requiere más capital, tendremos que comunicárselo a Bruselas, explicar por qué esa operación en concreto exige una aportación mayor y esperar su aprobación", afirmó.

Salgado consideró que el límite impuesto con Bruselas es "suficiente" para permitir la reestructuración de las cajas españolas.

Al ser preguntada por si existe ya un acuerdo entre el Gobierno y la Comisión sobre el interés que deberán pagar las entidades por el capital recibido, la vicepresidenta económica se limitó a señalar que "estamos en ello".

La primera reunión del Ecofin presidida por Salgado tendrá como punto fundamental en su agenda el debate sobre un paquete de normas para combatir la evasión y el fraude fiscal, que están bloqueadas por el veto de Luxemburgo y Austria.

La vicepresidenta explicó que para España estas normas son una "prioridad".

"Somos conscientes de que es necesaria la unanimidad, y que por tanto va a ser un debate que nos va a llevar tiempo, pero nos parece importante que el conjunto de los países sepan que para nosotros la transparencia fiscal es una prioridad", señaló.

El BBVA ve "factible" reducir el déficit público español al 3% en 2013

MADRID.- El BBVA ve "totalmente factible" reducir el déficit público hasta niveles cercanos al 3% en 2013, tal y como se ha comprometido el Gobierno, si bien advierte de que es necesario que todas las administraciones públicas adopten el "firme compromiso" de llevar a cabo con determinación un estricto control del gasto público, que tendrá que reducirse en torno a 5,5 puntos porcentuales para situarse en cifras cercanas al 41% del PIB.

En su último Observatorio Económico, el Servicio de Estudios del BBVA indica que para llegar a dicho objetivo, que sería "todo un éxito" de la política fiscal, el ajuste del déficit no debería ser menor a 1,5 puntos porcentuales al año, teniendo en cuenta que el déficit público alcanzó el 11,5% del PIB en 2009, según las estimaciones de la entidad bancaria.

Según el BBVA, las medidas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 podrían suponer un aumento de los ingresos impositivos ligeramente por encima de un punto porcentual del PIB. Además, añade que la recuperación económica durante los próximos años permitirá recobrar una parte de la caída de los ingresos públicos a que ha dado lugar la "sobrerreacción" que se ha producido en 2008 y 2009 de algunas de las bases impositivas, como el IVA o Sociedades.

Ambos efectos, considera BBVA, podrían llegar a suponer unos 3 puntos de ingresos impositivos, aproximadamente la mitad de la caída de la ratio de ingresos públicos sobre el PIB observada entre 2007 y 2009, hasta situarse al final del periodo de consolidación alrededor del 38% del PIB, un nivel similar al promedio observado entre 1995 y 2003.

Por el lado de los gastos, estima que la evolución de algunas partidas está determinada por la dinámica geográfica, por lo que queda poco margen de actuación, como es el caso del gasto en pensiones (que verá incrementada su participación en el PIB alrededor de un punto) o los gastos por intereses, que podrían incrementarse en torno a 1,2 puntos.

En cuanto al gasto en prestaciones por desempleo, éste podría reducirse en los próximos años en medio punto porcentual en un escenario en el que la tasa de paro se irá reduciendo de forma consistente con el aumento de la actividad económica.

Por tanto, BBVA señala que el esfuerzo de contención del gasto debería concentrarse en reducir la participación en el PIB de la remuneración de asalariados, los consumos intermedios y otros gastos corrientes a los niveles alcanzados a comienzos de esta década. En concreto, apunta que es necesario que los gastos en remuneración de asalariados se sitúen nuevamente en niveles cercanos al 10% del PIB y el gasto corriente, en el 6,6% del PIB.

Estas previsiones de BBVA están basadas en un escenario de ajuste económico en el que la tasa de crecimiento del PIB real converge hacia su tasa potencial del 2% y, a partir de 2012, las condiciones cíclicas permiten incluso un crecimiento superior al 2% durante algunos años. Según la entidad financiera, escenarios de crecimiento cercanos al 1% tienen una probabilidad "muy reducida" de que ocurran.

Para conseguir este objetivo de reducción del déficit, BBVA cree que sería conveniente introducir un techo de gasto para las comunidades autónomas, así como otras medidas adicionales que permitan controlar de forma efectiva el porcentaje del PIB destinado a algunas partidas presupuestarias, como el gasto corriente, el de personal y de pensiones.

Igualmente, ve necesaria la adopción de reformas estructurales en el mercado laboral que permitan reducir con mayor celeridad el gasto en prestaciones por desempleo y, para ello, apuesta por introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral que "alivie" la presión que el envejecimiento de la población tendrá sobre las cuentas públicas.

El BBVA indica que alcanzando el objetivo de consolidación fiscal propuesto por la Comisión Europea (del 3% en 2013), España tampoco tendría problemas de sostenibilidad de la deuda pública, que en términos relativos al PIB, se situaría en torno al 73% del PIB, claramente por debajo de los niveles de Grecia, Irlanda o Portugal.

Por último, la entidad financiera destaca los beneficios de volver a la estabilidad presupuestaria, entre los que destaca el "plus de credibilidad" que conseguirían las administraciones públicas, el menor coste de las primas de riesgo de la deuda española y la posibilidad de afrontar con un mayor margen de maniobra los efectos sobre las cuentas públicas del aumento del gasto en pensiones y en sanidad asociados al envejecimiento de la población española.

"De no haberse planteado el inicio de la consolidación fiscal en 2010 (el Gobierno ha subido algunos impuestos), para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en el futuro hubieran sido necesarios aumentos impositivos y reducciones de gasto mayores que los que ahora son necesarios en este escenario de consolidación fiscal", subraya BBVA.

Fitch advierte de que la deuda de las CC AA aumentará más de lo esperado

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings advierte de que el déficit presupuestario de las comunidades autónomas puede exceder evetualmente en 2010 de los límites establecidos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque señala que esta circunstancia ya está recogida por la perspectiva 'negativa' de la nota de la mayoría de las CCAA calificadas por la agencia, que prevé un deterioro del presupuesto y un incremento de la deuda a medio plazo.

"Un límite de déficit agregado del 2,5% del PIB podría resultar, en opinión de Fitch, un objetivo complicado de alcanzar", apunta Guilhem Costes, director senior del equipo de finanzas públicas internacionales de Fitch.

Así, la calificadora de riesgos señala que desde el punto de vista de los ingresos, Fitch espera que la recaudación fiscal de las regiones en 2010 baje un 18,6% (unos 15.000 millones de euros), que sólo serán compensados en una pequeña parte por la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Por otro lado, se ha presupuestado un incremento del 1,4% de los gastos operativos en 2010, su menor subida desde 2004, aunque la calificadora de riesgos considera estos límites "muy difíciles" para las CCAA debido al reciente repunte de la población y al uso intensivo de fuerza laboral en el desempeño de sus responsabilidades.

Además, la agencia destaca que a pesar de esta contención de costes, el balance actual será negativo y se espera un déficit de 3.000 millones, frente al saldo positivo de 12.100 millones de 2009. La deuda neta podría crecer en 26.900 millones de euros durante 2010, frente a la media de 4.000 millones de los últimos cinco años.

Asimismo, Fitch también destaca que se espera que la deuda bruta de las CCAA para 2010 alcance los 32.000 millones, frente a los 15.000 de 2009 y los 5.100 millones de 2008, gran parte de la cual deberá ser financiada en una momento en el que las instituciones del sector público realizan significativas emisiones y el sector financiero español también pretende captar más capital para su reestructuración.