MURCIA.- A continuación, vamos a enumerar todos los casos de presunta corrupción (no sólo urbanística) denunciados e investigados en la Región de Murcia en los últimos años, lo que supone un claro ejemplo de la generalización de las conductas ilegales o al menos irregulares entre los mandatarios municipales y entre algunos autonómicos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de investigaciones están sub iudice, por lo que la situación de los mismos podría variar.
Entre las detenciones destacan la del ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués (que también había sido Consejero de Sanidad y Delegado del Gobierno, y que actualmente sigue dirigiendo HEFAME, una de las empresas más importantes de la Región), imputado por el caso de La Cerrichera en el municipio de Águilas; la del ex-alcalde socialista de Lorca Miguel Navarro, que también fue presidente de la Asamblea Regional, segunda autoridad murciana después del presidente Ramón Luis Valcárcel; y la del concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, por un caso de corrupción que puede tener muchas ramificaciones: el de Nueva Condomina.
Los casos que vamos a enumerar afectan a 23 de los 45 municipios de la Región de Murcia. Casi todos ellos gobernados por el PP, excepto el de Ojós (gobernado por un grupo independiente), y los de Los Alcázares, Ceutí y Lorca (gobernados en su momento por el PSOE). En total, dos ex-alcaldes y otros tres alcaldes en activo han sido, por el momento, detenidos por la Policía y la Guardia Civil.
ABANILLA. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos solicitados por el Grupo Municipal Socialista son verídicos o han sido falseados, para lo cual llamó a declarar en calidad de imputados al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia, José Enrique Pérez González. Este funcionario redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el Pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denunció la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.
ABARÁN. El alcalde de Abarán (PP) y dos concejales, el de Personal y el de Hacienda, así como otros miembros del consistorio, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cieza, que investiga una presunta malversación de fondos a raíz de una denuncia de UGT.
ÁGUILAS. Hubo tres detenidos (entre ellos, el ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués) y una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez Soto (PP), así como dos ex-directores generales de la Consejería dirigida por Marqués. Se investiga todavía la reclasificación de un espacio protegido: La Cerrichera.
ALCANTARILLA. Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado (PP), al que le pide seis años de prisión por contaminar el río Segura. No hay información reciente de la celebración o archivo del caso.
CARAVACA. El Fiscal Anticorrupción investiga la reclasificación de un terreno en beneficio de la empresa Golden Sky, relacionada con la trama destapada en Librilla.
CARTAGENA. Un juzgado de Cartagena investigaba hasta hace unos meses el intento de reclasificación de la finca de Lo Poyo, en cuya intermediación participó Roca, el principal imputado en la Operación Malaya de Marbella, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 240 millones antes de ser urbanizable. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que era una situación anormal. En el caso de Novo Carthago, terreno aledaño al anterior de Lo Poyo, la empresa investigada por la Justicia es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja Mediterráneo (CAM).
CEUTÍ. Un juzgado investiga al ex-alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, por prevaricación. En estos momentos, este político, que perdió las elecciones municipales de 2007, es senador.
CIEZA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo (PP), por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los cuales se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.
FORTUNA. Un juzgado de Cieza ha decidido imputar al actual alcalde del PP y a dos ediles más, después de que la concejala de su mismo partido, María Dolores García, les acusara públicamente, ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio en 2003, a cambio de empleos municipales y vales de comida. En estos comicios, el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.
FUENTE ÁLAMO Y TORRE PACHECO. En esta trama hay 14 imputados, entre ellos Daniel García Madrid (PP), alcalde de Torre Pacheco. Éste fue detenido junto a un funcionario tras aprobar una permuta que perjudicó económicamente al Consistorio. La magistrada de San Javier sigue investigando en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto, siendo el empresario Facundo Armero (socio fundador de Polaris, junto con Pedro García Meroño, a quien luego vendió su participación en la empresa) el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción.
Los últimos acontecimientos parecen demostrar la presunta existencia de financiación corrupta del PP en el municipio de Fuente Álamo, pese a que inicialmente se había archivado esta parte de la causa. Uno de los escoltas del empresario Armero reconoció haber llevado importantes sumas de dinero a los alcaldes de Fuente Álamo y de Mazarrón. Llama la atención, a modo de curiosidad, que quien fue durante tres años guardaespaldas de Armero, se encargara también de vigilar y ocultar en 2003 a los tránsfugas de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez, que posibilitaron la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
LIBRILLA. En la Operación Biblioteca hubo cinco detenidos, entre los que se encontraban el alcalde, Pedro Martínez, y el teniente alcalde y edil de Urbanismo, Pedro García, por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de los funcionarios encargados de contratarlas. Al igual que en el punto anterior, en esta operación de la Guardia Civil aparece la financiación corrupta del PP. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones de obra pública, Domingo Peñalver fue detenido, y en la declaración ante el juez se auto inculpó del delito de cohecho al asegurar que realizó diferentes pagos al alcalde de Librilla y al concejal de Urbanismo para financiar el Partido Popular de este municipio, entre otras cosas.
LORCA. En la Operación Reciclaje o Caso Limusa, el ex-director de los servicios de la empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, fue detenido como supuesto autor de un delito de fraude al utilizar las dependencias municipales para la gestión de sus empresas. Unas 70 sociedades están siendo investigadas. Posteriormente, fueron arrestadas otras siete personas en relación a esta trama, entre ellas el ex-alcalde socialista Miguel Navarro.
LOS ALCÁZARES. En la Operación Ninette, hay seis detenidos. Entre las dos personas que tuvieron que abonar fianza para eludir la cárcel está el ex-alcalde del PSOE Juan Escudero, que pagó 60.000 euros. En esta operación declaró el cartagenero Juan Antonio Roca, detenido en Marbella como principal acusado en la Operación Malaya, y con importantes intereses en su región natal. En esta trama, hay otros catorce imputados. Entre los detenidos está el empresario Valero Garcerán, que aparece en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en la investigación del ayuntamiento de Torre Pacheco, exigiendo que el alcalde dejara una obra desierta para después adjudicársela modificando el proyecto en su beneficio.
MAZARRÓN. El juez investiga, de momento, a concejales de la oposición por compra de votos. Ellos implicaron, a su vez, a varios miembros del equipo de Gobierno municipal del PP.
MULA. El ex-concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos (PP), fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos que habían sido de su propiedad.
MURCIA. En este municipio, que es la capital de la Región, hay al menos tres causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía lo denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de familia desde su puesto de funcionario. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Y, por último, en la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010, han sido detenidas tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo, e imputadas otras cinco, entre ellas el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
OJÓS. El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, de los independientes, fue detenido por presunta corrupción de menores (fotografías pornográficas). La familia del joven implicado recibía ayudas sociales del consistorio.
SAN JAVIER. El ex-alcalde de San Javier, José Hernández (PP), fue detenido junto a dos empresarios del municipio. Por el caso de Puertomayor, en el municipio de San Javier, están imputados también los ex-directores generales Antonio Alvarado y Marcos Ortuño Soto, siendo este último concejal del PP de Yecla.
SANTOMERA. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra el presidente de la empresa Áridos del Mediterráneo, Pedro García Balibrea (presidente de la Cámara de Comercio de Murcia), y contra el ex-alcalde de Santomera, José Antonio Gil Sánchez (PSOE), por delitos medioambientales ocasionados por la explotación de la cantera ‘El Zacacho’ sin licencia.
TOTANA. En la llamada Operación Tótem se investiga una trama de corrupción de la anterior corporación del PP y de la actual, por la presunta exigencia de comisiones ilegales para recalificar terrenos. Hay catorce detenidos y cuatro imputados más. Entre los arrestados estaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que permaneció dos meses en prisión, de la que salió tras abonar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados se encuentra el diputado expulsado del PP Juan Morales, ahora en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional. Una docena de imputados en la Operación Tótem, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Totana, se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados, según se les ordena en un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
ULEA. El alcalde, José Bolarín Cano (PP), fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad de su suegro. Además, se le investiga en relación a la Operación Biblioteca de Librilla.
VILLANUEVA DEL SEGURA. El alcalde, José Luis López de Ayala (PP), fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
Los casos que vamos a enumerar afectan a 23 de los 45 municipios de la Región de Murcia. Casi todos ellos gobernados por el PP, excepto el de Ojós (gobernado por un grupo independiente), y los de Los Alcázares, Ceutí y Lorca (gobernados en su momento por el PSOE). En total, dos ex-alcaldes y otros tres alcaldes en activo han sido, por el momento, detenidos por la Policía y la Guardia Civil.
ABANILLA. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos solicitados por el Grupo Municipal Socialista son verídicos o han sido falseados, para lo cual llamó a declarar en calidad de imputados al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia, José Enrique Pérez González. Este funcionario redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el Pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denunció la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.
ABARÁN. El alcalde de Abarán (PP) y dos concejales, el de Personal y el de Hacienda, así como otros miembros del consistorio, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cieza, que investiga una presunta malversación de fondos a raíz de una denuncia de UGT.
ÁGUILAS. Hubo tres detenidos (entre ellos, el ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués) y una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez Soto (PP), así como dos ex-directores generales de la Consejería dirigida por Marqués. Se investiga todavía la reclasificación de un espacio protegido: La Cerrichera.
ALCANTARILLA. Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado (PP), al que le pide seis años de prisión por contaminar el río Segura. No hay información reciente de la celebración o archivo del caso.
CARAVACA. El Fiscal Anticorrupción investiga la reclasificación de un terreno en beneficio de la empresa Golden Sky, relacionada con la trama destapada en Librilla.
CARTAGENA. Un juzgado de Cartagena investigaba hasta hace unos meses el intento de reclasificación de la finca de Lo Poyo, en cuya intermediación participó Roca, el principal imputado en la Operación Malaya de Marbella, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 240 millones antes de ser urbanizable. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que era una situación anormal. En el caso de Novo Carthago, terreno aledaño al anterior de Lo Poyo, la empresa investigada por la Justicia es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja Mediterráneo (CAM).
CEUTÍ. Un juzgado investiga al ex-alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, por prevaricación. En estos momentos, este político, que perdió las elecciones municipales de 2007, es senador.
CIEZA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo (PP), por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los cuales se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.
FORTUNA. Un juzgado de Cieza ha decidido imputar al actual alcalde del PP y a dos ediles más, después de que la concejala de su mismo partido, María Dolores García, les acusara públicamente, ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio en 2003, a cambio de empleos municipales y vales de comida. En estos comicios, el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.
FUENTE ÁLAMO Y TORRE PACHECO. En esta trama hay 14 imputados, entre ellos Daniel García Madrid (PP), alcalde de Torre Pacheco. Éste fue detenido junto a un funcionario tras aprobar una permuta que perjudicó económicamente al Consistorio. La magistrada de San Javier sigue investigando en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto, siendo el empresario Facundo Armero (socio fundador de Polaris, junto con Pedro García Meroño, a quien luego vendió su participación en la empresa) el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción.
Los últimos acontecimientos parecen demostrar la presunta existencia de financiación corrupta del PP en el municipio de Fuente Álamo, pese a que inicialmente se había archivado esta parte de la causa. Uno de los escoltas del empresario Armero reconoció haber llevado importantes sumas de dinero a los alcaldes de Fuente Álamo y de Mazarrón. Llama la atención, a modo de curiosidad, que quien fue durante tres años guardaespaldas de Armero, se encargara también de vigilar y ocultar en 2003 a los tránsfugas de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez, que posibilitaron la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
LIBRILLA. En la Operación Biblioteca hubo cinco detenidos, entre los que se encontraban el alcalde, Pedro Martínez, y el teniente alcalde y edil de Urbanismo, Pedro García, por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de los funcionarios encargados de contratarlas. Al igual que en el punto anterior, en esta operación de la Guardia Civil aparece la financiación corrupta del PP. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones de obra pública, Domingo Peñalver fue detenido, y en la declaración ante el juez se auto inculpó del delito de cohecho al asegurar que realizó diferentes pagos al alcalde de Librilla y al concejal de Urbanismo para financiar el Partido Popular de este municipio, entre otras cosas.
LORCA. En la Operación Reciclaje o Caso Limusa, el ex-director de los servicios de la empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, fue detenido como supuesto autor de un delito de fraude al utilizar las dependencias municipales para la gestión de sus empresas. Unas 70 sociedades están siendo investigadas. Posteriormente, fueron arrestadas otras siete personas en relación a esta trama, entre ellas el ex-alcalde socialista Miguel Navarro.
LOS ALCÁZARES. En la Operación Ninette, hay seis detenidos. Entre las dos personas que tuvieron que abonar fianza para eludir la cárcel está el ex-alcalde del PSOE Juan Escudero, que pagó 60.000 euros. En esta operación declaró el cartagenero Juan Antonio Roca, detenido en Marbella como principal acusado en la Operación Malaya, y con importantes intereses en su región natal. En esta trama, hay otros catorce imputados. Entre los detenidos está el empresario Valero Garcerán, que aparece en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en la investigación del ayuntamiento de Torre Pacheco, exigiendo que el alcalde dejara una obra desierta para después adjudicársela modificando el proyecto en su beneficio.
MAZARRÓN. El juez investiga, de momento, a concejales de la oposición por compra de votos. Ellos implicaron, a su vez, a varios miembros del equipo de Gobierno municipal del PP.
MULA. El ex-concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos (PP), fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos que habían sido de su propiedad.
MURCIA. En este municipio, que es la capital de la Región, hay al menos tres causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía lo denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de familia desde su puesto de funcionario. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Y, por último, en la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010, han sido detenidas tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo, e imputadas otras cinco, entre ellas el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
OJÓS. El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, de los independientes, fue detenido por presunta corrupción de menores (fotografías pornográficas). La familia del joven implicado recibía ayudas sociales del consistorio.
SAN JAVIER. El ex-alcalde de San Javier, José Hernández (PP), fue detenido junto a dos empresarios del municipio. Por el caso de Puertomayor, en el municipio de San Javier, están imputados también los ex-directores generales Antonio Alvarado y Marcos Ortuño Soto, siendo este último concejal del PP de Yecla.
SANTOMERA. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra el presidente de la empresa Áridos del Mediterráneo, Pedro García Balibrea (presidente de la Cámara de Comercio de Murcia), y contra el ex-alcalde de Santomera, José Antonio Gil Sánchez (PSOE), por delitos medioambientales ocasionados por la explotación de la cantera ‘El Zacacho’ sin licencia.
TOTANA. En la llamada Operación Tótem se investiga una trama de corrupción de la anterior corporación del PP y de la actual, por la presunta exigencia de comisiones ilegales para recalificar terrenos. Hay catorce detenidos y cuatro imputados más. Entre los arrestados estaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que permaneció dos meses en prisión, de la que salió tras abonar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados se encuentra el diputado expulsado del PP Juan Morales, ahora en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional. Una docena de imputados en la Operación Tótem, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Totana, se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados, según se les ordena en un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
ULEA. El alcalde, José Bolarín Cano (PP), fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad de su suegro. Además, se le investiga en relación a la Operación Biblioteca de Librilla.
VILLANUEVA DEL SEGURA. El alcalde, José Luis López de Ayala (PP), fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
En un comunicado hecho público por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en marzo de 2009, se intentaba acotar el número de casos que hasta ese momento se mantenían ‘vivos’ en cualquiera de las fases judiciales. Entre ellos no se encontraba, claro está, la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010.
Después de recordar que el número de denuncias archivadas en la Fiscalía a responsables de ayuntamientos del PP había ascendido a 51 hasta esa fecha (21 en 2006, 21 en 2007 y 9 en 2008), la Junta de Fiscales precisaba que en relación al PSOE solo se habían presentado 11 denuncias, siendo archivadas 8 por el Ministerio Público.
En relación a las querellas formalizadas por la Fiscalía en los distintos Juzgados de Instrucción, las que afectaban a responsables de ayuntamientos gobernados por el PP eran 8 (ahora, con el caso de Nueva Condomina, serían ya 9), lo que sumado a las 3 que afectaban al PSOE hacía un total de 11 (ahora, harían un total de 12).
Además, hasta marzo de 2009, la Fiscalía había formalizado tres escritos de acusación: uno contra el alcalde de Alguazas, por delito contra la ordenación del territorio, pendiente de celebración de juicio; otro contra el ex-alcalde de Santomera, por delito medioambiental, igualmente pendiente de la correspondiente vista oral; y un tercero contra el alcalde de Mazarrón y otros (entre los que se encontraba un afiliado al PSOE), que tras celebración de juicio dio lugar a una sentencia absolutoria, en contra de la petición de la Fiscalía.
* Los subapartados 4.1 y 4.3 de este capítulo han sido redactados por el periodista Tono Calleja, que actualmente trabaja en el diario El País e investiga sobre la corrupción política en España.
(Datos publicados en "El otro estado de la región. Informe 2010". Capítulo sobre la situación política, de la que son autores Antonio Campillo y Tono Calleja)
... y ahora algunos de los sueldos de los políticos murcianos
GOBIERNO DE LA REGIÓN (PP) 8.000 millones de pesetas año en gratificaciones, asesores personales, material de oficina y llamadas de teléfono.
EDUARDO CONTRERAS (Alcalde Molina. PP)
14.089.234 pesetas sueldo año más gastos protocolo.
FRANCISCO BLAYA (Alcalde Mazarrón. PP)
13.976.424 pesetas sueldo año.
MAZARRÓN. 7 CONCEJALES DEL PP LIBERADOS A RAZÓN DE
7.578.882 pesetas sueldo año cada uno.
FRANCISCO GARCÍA (Concejal PSOE Mazarrón)
En la oposición
7.578.882 pesetas sueldo año.
JOSÉ LUIS LÓPEZ AYALA (Alcalde de Villanueva. 2.000 habitantes.PP)
197.000 pesetas mes. 14 pagas.
Compatible con negocio de asesoría.
JOSÉ BOLARIN (Alcalde Ulea, 800 habitantes. PP)
690.502 pesetas mes.
MIGUEL ANGEL CANDEL (Alcalde Ricote. 1.300 habitantes.PP)
549.074 pesetas sueldo mes.
166.000 pesetas mes gastos sociales.
A tiempo parcial para atender sus clínicas veterinarias en Archena y Blanca
5 concejales del PP con sueldos de 83.193 pesetas mes.
MIGUEL ÁNGEL CÁMARA (Alcalde de Murcia. PP)
13.000.000 pesetas sueldo año.
60.000.000 pesetas año gastos alcaldía.
JUAN RAMÍREZ (Alcalde Águilas. PP)
10.500.000 pesetas año.
CLARA VALVERDE (Concejala PP Águilas)
5.600.000 pesetas año
RAMÓN ROMÁN (Concejal Águilas PSOE)
En la oposición
4.900.000 pesetas año.
EDUARDO CONTRERAS (Alcalde Molina. PP)
14.089.234 pesetas sueldo año más gastos protocolo.
FRANCISCO BLAYA (Alcalde Mazarrón. PP)
13.976.424 pesetas sueldo año.
MAZARRÓN. 7 CONCEJALES DEL PP LIBERADOS A RAZÓN DE
7.578.882 pesetas sueldo año cada uno.
FRANCISCO GARCÍA (Concejal PSOE Mazarrón)
En la oposición
7.578.882 pesetas sueldo año.
JOSÉ LUIS LÓPEZ AYALA (Alcalde de Villanueva. 2.000 habitantes.PP)
197.000 pesetas mes. 14 pagas.
Compatible con negocio de asesoría.
JOSÉ BOLARIN (Alcalde Ulea, 800 habitantes. PP)
690.502 pesetas mes.
MIGUEL ANGEL CANDEL (Alcalde Ricote. 1.300 habitantes.PP)
549.074 pesetas sueldo mes.
166.000 pesetas mes gastos sociales.
A tiempo parcial para atender sus clínicas veterinarias en Archena y Blanca
5 concejales del PP con sueldos de 83.193 pesetas mes.
MIGUEL ÁNGEL CÁMARA (Alcalde de Murcia. PP)
13.000.000 pesetas sueldo año.
60.000.000 pesetas año gastos alcaldía.
JUAN RAMÍREZ (Alcalde Águilas. PP)
10.500.000 pesetas año.
CLARA VALVERDE (Concejala PP Águilas)
5.600.000 pesetas año
RAMÓN ROMÁN (Concejal Águilas PSOE)
En la oposición
4.900.000 pesetas año.
LÁZARO MELLADO (Alcalde Alcantarilla.PP)
12.000.000 pesetas sueldo año.
55.000.000 pesetas protocolo alcaldía.
12.000.000 pesetas sueldo año.
55.000.000 pesetas protocolo alcaldía.
PILAR BARREIRO (Alcaldesa Cartagena. PP)
249.579 pesetas por cada asistencia a pleno municipal, más sueldo de diputada del Congreso.
ANTONIO TAMAYO (Alcalde de Cieza. PP)
9.117.953 pesetas sueldo año.
MIGUEL NAVARRO (Alcalde Campos del Río. 2.000 habitantes. PSOE)
7.395.858 pesetas sueldo año.
6 comentarios:
En euros nos entendemos mejor ya...
El día que alguien tire de la manta, DEJA A TODO EL PP DE MURCIA EN BRAGAS!
TIRAD DE LA MANTA TIRAD!!!!!!!!
http://www.abc.es/20101222/economia/diputados-senadores-rechazan-tocar-20101222.html
Me resulta incomprensible que para no tocar las pensiones de los politicos si se pongan de acuerdo PSOE y PP, verdad…?
Va a resultar que sois todos iguales, con ustedes los políticos la Democracia está en serio peligro. La gente está muy quemada y acabará por no votar, al tiempo…
Ese es el ejemplo que dan sus “señorías”…? del PSOE y PP…?
Parado Angustiado
Algunas señorías tienen sueldo doble. ¿Qué ética es esta? Señora Barreiro, Señor Jódar, y otros que ni aparecen por la Asamblea Regional o cuya función en la misma querríamos saber cuál es más allá de levantar la mano y perfumar esta institución de vez en cuando.
Pues fijénse que los políticos son el tecer problema de los españoles, por delante del terrorismo. Según las encuestas.
Los "Paco Marqués" van a la oficina
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