MURCIA.- La Sala de lo Penal del Alto Tribunal se ha declarado competente para encausar al político murciano y senador socialista Manuel Huertado por la contratación, aparentemente ilegal, de las obras de construcción de un complejo deportivo en Ceutí.
En la resolución, notificada ayer y que está en poder de 'La Verdad', los magistrados Juan Saavedra Ruiz, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca exponen que han estudiado la Exposición Razonada que les remitió la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura, Joaquina Parra, quien ha investigado el caso, y que los hechos que se imputan a Manuel Hurtado «podrían, en principio, ser constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad documental, lo cual se establece a los únicos efectos de valorar la consistencia de la imputación».
Hasta este momento, Hurtado había logrado eludir su imputación y el paso por los juzgados debido a que, por su condición de senador, disfruta de un fuero especial y sólo puede ser encausado por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Pero, con el paso que acaba de dar este órgano judicial, asumiendo su competencia y apreciando de forma inicial la apariencia delictiva de los hechos, su próxima declaración en calidad de imputado se da por descontada.
La instrucción de la causa ha recaído ya en el magistrado Carlos Granados Pérez, que será quien previsiblemente dirija el interrogatorio de Hurtado y decida la suerte última de la causa: si finalmente corresponde archivarla o si abre juicio contra el senador socialista.
Los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen a quien fue alcalde socialista de Ceutí durante casi 30 años se produjeron entre los años 2003 y 2004, periodo en que se construyó e inauguró el complejo deportivo 'Juan Antonio Camacho' de Ceutí. El único caso conocido en la historia de la Administración local en que una obra municipal es abierta al público antes de ser formalmente adjudicadas las obras.
Según el relato realizado por la juez de Molina de Segura, que se resume en la Exposición Razonada que emitió el pasado 8 de julio y que este periódico publicó en exclusiva, recoge que en fecha no determinada, pero anterior a diciembre del 2003, Manuel Hurtado encargó verbalmente a una empresa la construcción del complejo deportivo de Ceutí.
En el expediente de contratación de esas obras no constaba, tal y como certificó en el 2008 el secretario municipal, ni la publicación en el BORM de la licitación de la obra, ni acto de apertura de plicas, ni las ofertas presentadas, ni la ficha patrimonial del polideportivo ingresando en el inventario del patrimonio municipal, ni el acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando el pliego de condiciones. Más aún, en el 2003 ni siquiera existía partida presupuestaria destinada a ese proyecto.
Pese a todo ello, el 10 de diciembre del 2003 se celebró la inauguración oficial de las instalaciones, que presidió el alcalde y a la que asistieron personalidades y periodistas.
No fue hasta 2004 cuando empezó a documentarse todo el expediente de contratación. La juez incluyó en su escrito algunas declaraciones que parecen inculpar al senador socialista, como la del ingeniero técnico municipal, quien admitió en el juzgado que «una vez terminada la obra se le pidió por Manuel Hurtado que verificase que las obras ejecutadas se correspondían con las facturas aportadas y después se documentó la obra», y añadió que una vez terminada la obra, el alcalde le pidió que documentara el proyecto; que le pareció extraño que se documentara una obra que ya estaba terminada, pero que lo hizo a petición de Hurtado. «Es la única vez que he actuado de ese modo», confesó el técnico municipal.
Con esa forma de proceder, no fue hasta el 1 de abril del 2004, cuatro meses después de inaugurado el pabellón, cuando el alcalde de Ceutí y la constructora firmaron el contrato para realizar las obras. El acta de recepción del complejo deportivo se firmó el 11 de octubre del 2004.
La juez sostuvo que de la investigación se desprendía que si se redactaron los documentos relativos a la construcción del complejo, todos ellos con fecha posterior a su construcción, fue porque el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Federación de Fútbol y necesitaba presentar un expediente. Y acabó la Exposición Razonada con una declaración del secretario municipal, quien admitió: «Creo que no hubo licitación pública de la obra».
Será ahora el Supremo quien determine si esos indicios de delito que se vislumbran acaban siendo confirmados y si Hurtado debe responder por ellos o no en un juicio.
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